Cómo suprimir el arribismo parlamentario
Vladimir Cerrón
La Comuna de París pudo identificar en los representantes del pueblo, ante el Parlamento, los mecanismos empleados por el Estado para que estos puedan sentirse “parte de él”, “parte del sistema”, “parte del Estado” y “por encima del pueblo”, abandonando gradualmente sus compromisos con sus electores.
En primer lugar, normó que los cargos públicos tengan que ser ocupados mediante sufragio universal, extendiendo además a los cargos administrativos, judiciales y de enseñanza.
En segundo lugar, normó que todos los cargos de elección popular puedan ser revocables por los electores en cualquier momento que lo consideraran necesario.
En tercer lugar, normó que los funcionarios estatales estén remunerados como cualquier trabajador, barrera eficaz que ponía coto al arribismo y a la caza de cargos.
En cuarto lugar, normó que los diputados tengan mandato imperativo, que no es más que la obligación legal de lealtad al programa del partido con el que los ciudadanos los eligieron, para no evadir sus compromisos.
A nuestro entender estos mecanismos evitarían las designaciones de los altos cargos del Estado basados en amistades, parentescos, logias o mafias políticas, inclusive hereditarias como se ve en nuestro país.
La elección popular tampoco debe significar un cargo a plazo fijo, sino que el mismo debe estar sujeto a la revocabilidad cuando el pueblo lo considere pertinente, mecanismo que puede activarse cuando un congresista traicione al encargo popular, a su programa de partido, al acuerdo de su bancada, al centralismo democrático, etc., evitando de esta manera el transfuguismo y el cabildeo de votos.
Los sueldos elevados, los bonos, los seguros, la cédula viva, etc., que reciben los parlamentarios están pensados para “poder desclasarlos”, sobre todo a los representantes de la izquierda, quienes al ver un cambio abrupto en su estatus de vida y querer seguir manteniendo el privilegio, están en la obligación de defender el estatus quo, lo que liquida el encargo revolucionario.
La ausencia de mandato imperativo es casualmente el marco legal que les permite incumplir con el pueblo, con su promesa de campaña, con su programa de gobierno, con su consecuencia política, etc., convalidando la estafa electoral. Por el contrario, su obligación fortalecería la institucionalidad partidaria y la seriedad de la política al tener candidatos que ofrezcan lo que realmente se puede hacer y hasta dónde se pueden comprometer.
