Vladimir Cerrón
El Presidente de la República habla de la necesidad de refundar y construir un sistema político para mejorar la vida del país, pero cree que solo puede hacerse con medidas de carácter unilateral, es decir, eliminando la inmunidad parlamentaria y evitando que postulen sentenciados en primera instancia.
No hace referencia a la raíz de nuestra desgracia, el sistema neoliberal, que ha engendrado la corrupción, la injusticia y la pobreza.
Ha reconocido que tenemos instituciones débiles, obvio que es así, más aún si hacemos una comparación con instituciones como la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, entre otras. No reconoce que nuestra debilidad institucional parte de nuestra dependencia neocolonial y de la existencia de una oligarquía al que le ha cedido muchos millones en esta pandemia.
Efectivamente en el referéndum se aprobaron algunas medidas, entre ellas el rechazo a la bicameralidad, resultado que el mismo Ejecutivo ha querido desconocer pretendiendo imponer esta ampliación parlamentaria.
Es cierto que el pueblo está en contra de la inmunidad parlamentaria, pero no saben que también otras autoridades están investidas de este privilegio con sucedáneos como el antejuicio político, así como el no investigarlos por delitos no contemplados en el informe final de una comisión investigadora, así lo existiese. Además de la inmunidad al proceso y al arresto.
No es justo que solo a los parlamentarios se les prive de esa prerrogativa. ¿Qué hay del Presidente de la República, miembros del Tribunal Constitucional, ministros de Estado, jueces supremos, fiscales supremos, vocales supremos, diplomáticos, defensor del pueblo, contralor de la República, miembros del BCR, entre otros? Nada.
Respecto a los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos, se sabe que es inconstitucional, pues se viola un derecho fundamental que es la presunción de inocencia y la pluralidad de instancias. ¿Qué garantías tendríamos frente a un Poder Judicial bastante cuestionado para absolver o sentenciar? Ninguna. Si el Presidente no tuviera inmunidad, es posible que estuviera sentenciado o preso por procesos dolosos en su gobierno regional, los que no afirmo sean ciertos o no, sino que pudieron concluir en resoluciones arbitrarias. Entonces, si realmente queremos que sea así, no queda otra que cambiar la Constitución del 93.
