Médico Cirujano, Especialista en Neurocirugía, Magíster en Neurociencias, Doctor en Medicina, Expresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales - ANGR, Gobernador Regional de Junín, Secretario General Nacional del Partido Político Nacional Perú Libre.
Entrevista del diario El Dato de Lambayeque [25-10-24].
¿Cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a abandonar Perú?
Me encuentro en el corazón del pueblo peruano, jamás podríamos abandonar la causa que consideramos justa lucharla. El contacto es permanente con el avance de la tecnología, hoy es imposible estar distante. A donde vaya el Perú siempre estará conmigo, no tiene sentido esa interrogante.
¿Por qué decidió huir en lugar de enfrentar las acusaciones en el país?
He enfrentado todas las acusaciones, me considero ser el peruano más investigado de todos estos tiempos en el país. Me han acusado de todo, desde corrupto hasta terrorista y desde el 2011 hasta el 2024, me han abierto un total de 220 casos penales, de los cuales al día de hoy están en giro solo un promedio de 15, lo que demuestra que al haberse archivado el 93 % de ellos, en realidad, lo que existe es una persecución político judicial, sin tregua. Muchos corresponden al período después de que Perú Libre ganó las elecciones generales el 2021. Estoy librando la batalla judicial más grande que Goliat, contra un David pequeño, pero imbatible, producto del cual me sentenciaron en dos ocasiones. La primera sentencia fue anulada después de cinco años por ser arbitraria y la segunda se encuentra pendiente de fallo en un proceso de casación, del cual espero salir bien. Así que mi conclusión es que no huyo de la justicia, sino, como he ido demostrando, de la injusticia.
¿Cómo responde a las acusaciones de corrupción en su contra?
Como patrañas jurídicas. En el último caso, me sentenciaron por colusión simple, en el intento de construcción de un aeropuerto para la región Junín, del cual fui su gobernador dos veces. No se gastó un solo centavo del erario público, ni de la empresa privada que tenía el interés de ejecutar con sus propios recursos, pero se forzó un fallo para sentenciarme por un supuesto “daño potencial” inexistente, en un contrato que, inclusive, fue declarado nulo. Se me impuso una reparación civil millonaria, impagable, con tal de inhabilitarme políticamente, cuando no hay nada que reparar al Estado.
¿Qué opinión tiene sobre el sistema judicial peruano y su imparcialidad en su caso?
Por principio dialéctico no existe en el mundo nada independiente de nada, todo responde a los intereses de clase. Nuestro sistema capitalista es natural que cree un sistema judicial para defender su estructura y por ende para contrarrestar lo que considere una amenaza. Recuerde que el Poder Judicial, se constituye aparentemente como un árbitro neutral, pero como decía Mariátegui: todo testigo cumple una misión. Así, como dice Lenin, el sistema judicial en todos los estados, constituye un “cerrojo del sistema”.
¿Cómo ha afectado su situación actual el apoyo de sus seguidores y del partido Perú Libre?
Mientras el Partido tenga la capacidad académica, profesional y política de analizar sesudamente esta única sentencia, por el cual me persiguen, con la acuciosidad que amerita, se irá convenciendo cada vez más de mi transparencia e irá consolidando su moral de lucha. Está demostrado que no soy ningún delincuente, siendo la misma razón que me permite resistir con la esperanza y la fe convicta de victoria.
¿Cómo ve su relación con otros líderes políticos en el país mientras se encuentra en la clandestinidad?
Sé que están a la expectativa de cómo se resolverá finalmente este caso, porque ningún político que quiera el cambio estructural del país podría estar tranquilo, sabiendo que en cualquier momento irán por ellos. Si hacemos un mapeo de los políticos de izquierda nos vamos a dar con la sorpresa de que muchos están en similares circunstancias, por ejemplo, Gregorio Santos está preso, Walter Aduviri está en la clandestinidad, mi persona también está en la clandestinidad, y hay algo curioso, los tres fuimos gobernadores, proveníamos del sector popular, teníamos ideas afines a la izquierda, somos candidatos presidenciables, pero, fuimos enjuiciados y destituidos de los cargos al que accedimos por la voluntad popular. También tenemos perseguidos a miembros de la dirección de nuestro partido como Arturo Cárdenas Tovar, Waldir Vilcapoma Manrique, José Bendezú Gutarra y Eduardo Reyes Salguerán, quienes actualmente se encuentran encarcelados, acusados de integrar una organización criminal que la misma policía y fiscalía inventaron para criminalizarnos después del triunfo electoral del 2021 y con eso conseguir que los cuadros del Partido no asuman espacios claves del gobierno.
¿Cómo ha cambiado su perspectiva sobre la política y la justicia tras su experiencia?
En nada. Mi diagnóstico de la política y la justicia, siguen siendo lo mismo, es más, todo aquel que haya estudiado materialismo histórico, podría reafirmarlo. La justicia no está al servicio del pueblo, sino al servicio del sistema, del cual obtienen dividendos económicos, privilegios y un estado de excepcionalidad, por sus servicios aparentemente democráticos. El Poder Judicial y la Policía, tienen por prioridad la defensa del sistema, del Estado neoliberal, siendo que, la búsqueda de justicia y la seguridad ciudadana, solo son temas para pretextar su existencia, un tema secundario para las tribunas populares.
¿Qué implicaciones tiene su situación para la estrategia y futuro de Perú Libre?
El enemigo cree que al neutralizarme o impedir mi postulación, el Partido podría sufrir un revés y estaría condenado a desaparecer, pero se equivoca. Mientras subsistan las causas que dieron origen a Perú Libre, es imposible que desaparezca, podrán retenerlo, atrasarlo, conspirarlo, pero siempre estará latente esperando el momento propicio para lanzarse como una saeta sobre el blanco y para ese día, como decía Vallejo, debemos preparar el alma.
¿Cómo cree que el público en general percibe su situación y qué impacto tendrá eso en su imagen?
Al inicio lo percibía con dudas sobre mi inocencia, aunque no quiero decir que esta percepción ha desaparecido del todo, pero las últimas acciones de hostigamiento sobre mi núcleo familiar, mis partidarios y amigos, como el allanamiento por sexta vez a la casa de mi señora madre, pone en evidencia la persecución política judicial. Estos actuados van dilucidando las dudas en el pueblo, acerca de nuestra culpabilidad o inocencia, llegando a la conclusión que se trata de un lawfare.
¿Cómo ve su caso en comparación con otros políticos que han enfrentado situaciones similares en Perú?
Creo que tengo una ventaja, sin igual, haber constituido la principal herramienta política: el Partido. Sin esta organización sería difícil enfrentar esta situación, porque esta explica a nivel nacional las verdaderas causales de la persecución, difunde nuestro programa e ideario, se solidariza por diferentes medios y han permitido mantener vivo lo que es una prioridad liquidar para nuestros enemigos, nuestra organización clasista. Es el Partido, además, que puede habilitar los relevos respectivos, cuando haya una situación de emergencia.
Foro de Sao Paulo: Reunión del Grupo de Trabajo Ciudad de México, 29 de septiembre de 2024 Declaración final
Los partidos y movimiento políticos miembros del Grupo de Trabajo del Foro de São Paulo, reunido el 29 de septiembre de 2024 en Ciudad de México, agradecemos al Partido del Trabajo y al MORENA por auspiciar la realización de esta exitosa actividad.
En esta reunión, hemos constatado que las luchas de nuestras fuerzas políticas por la democracia siguen urgentes en nuestros países, con la amenaza creciente del extremismo de derecha, del neofascismo y del imperialismo, y que es fundamental la unidad de las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias, así como levantar la bandera de la paz, la integración soberana y la justicia social en nuestra región.
Vivimos un momento de graves agresiones a la paz y a seguridad del planeta, con la persistencia de los ataques a Palestina por parte de Israel, con apoyo de sus aliados, y más recientemente el bombardeo al Líbano. En esta oportunidad, declaramos nuestra condena al genocidio y la limpieza étnica del Gobierno Netanyahu de Israel contra el pueblo de Palestina, e invitamos los países a unirse a la demanda de Sur África en La Haya para declarar como criminal de guerra a Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Galant, así como invitamos a los países a congelar relaciones con Israel y su presencia en la ONU hasta que cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas. La escalada de la guerra hacia Líbano, matando a más de 1500 civiles y líderes políticos y promoviendo el desplazamiento forzado de cerca de 1 millón de personas, solo demuestra que el gobierno israelí no respeta ninguna norma o estructura internacional y comprueba su inocultable interés de provocar un conflicto en toda la región al buscar involucrar a Irán.
Igualmente, a pesar de las propuestas e intentos de una salida política al conflicto en Ucrania, especialmente por parte de Brasil y China, la OTAN permanece como una fuerza de agresión y amenaza constante a los pueblos del mundo.
Actualmente se registra el fortalecimiento de la extrema derecha en el mundo, como han dejado claro los resultados de las elecciones para el Parlamento Europeo, el crecimiento de la extrema derecha en las legislativas en Francia y, más recientemente, en las regionales en los Estados de Sajonia y Turingia, en Alemania. Este ascenso de la derecha trae consigo, entre otras medidas, una defensa incondicional de perversas políticas ultra neoliberales y conservadoras, especialmente contra la inmigración, los derechos de las mujeres y la diversidad de género, así como la negación de los efectos del cambio climático. Este discurso representa una amenaza no solamente a nuestros pueblos, sino a todo el planeta.
Una característica del repunte de la extrema derecha es su coordinación a nivel global, con los distintos grupos en diversos países intercambiando estrategias y, no menos importante, el financiamiento desde grupos económicos interesados en influenciar la política y los destinos de los pueblos desde el punto de vista de los intereses del capital financiero internacional y las transnacionales, a costo de la vida de la gente, de la humanidad y del planeta.
Resaltamos, asimismo, que se afianza la tendencia global de una creciente multipolaridad, lo que hace que el imperialismo estadunidense tenga como prioridad frenar la influencia de China y Rusia en América Latina y el Caribe, región por ellos considerada su “patio trasero”, en su búsqueda por fuentes de recursos naturales y mercados. En ese marco, todas las iniciativas de las fuerzas populares y gobiernos progresistas para el avance de nuestra soberanía e independencia pasan a ser combatidas por innúmeros mecanismos ya conocidos: bloqueos económicos, sanciones económicas unilaterales, guerra mediática y judicial (lawfare), y una creciente presencia militar del Comando Sur de EE.UU.
Ante la actuación de la extrema derecha, se convierte en un imperativo para nuestras fuerzas políticas hacer un llamado a respetar la institucionalidad democrática de Venezuela y la autodeterminación del pueblo venezolano con relación a los resultados electorales que dieron la victoria al presidente Maduro.
Saludamos el reciente Congreso Mundial contra el Fascismo, el Neofascismo y Expresiones Similares, los días 10 y 11 de septiembre en Caracas como también la creación de la Internacional Anti-Fascista. La realización de esta actividad en Venezuela tiene una importancia transcendental, debido a la coordinación internacional y el trabajo conjunto de las fuerzas de extrema derecha para atacar los resultados de la elección presidencial venezolana y la victoria del presidente Nicolás Maduro.
Saludamos la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 1 de octubre de 2024, que dará continuidad al segundo piso de la 4ª Transformación y celebramos la aprobación en el Congreso Mexicano de la Reforma Judicial promovida por el presidente AMLO, en el sentido de fortalecer en el país el Estado de Derecho mediante los procedimientos democráticos de la Constitución mexicana. En ese sentido, rechazamos las declaraciones injerencistas, arrogantes y extemporáneas del Departamento de Estado estadunidense sobre esta reforma.
En Ecuador, apoyamos la postura de las bancadas legislativas de Pachakutik, Revolución Ciudadana y de los partidos, movimientos y organizaciones sociales, indígenas y populares, en rechazo a la intención de reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa, que busca la instalación de una base militar estadounidense en territorio ecuatoriano, abandonando la soberanía nacional.
En ese marco, conocemos, denunciamos y rechazamos las declaradas intenciones del Comando Sur del EE.UU. de intensificar y ampliar las bases militares y laboratorios de armas biológicas que atentan contra la salud de nuestros pueblos y la seguridad en la región latinoamericana y caribeña, bien como la creación de la Fuerza Aérea del Comando Sur, y reafirmamos la importancia de que nuestra región siga siendo una Zona de Paz, como lo proclamó la Cumbre de la CELAC en La Habana, en enero de 2014, especialmente en un momento de escalada de guerras y conflictos militares en el mundo.
Rechazamos la articulación de Daniel Noboa con la derecha regional y nacional, minando los procesos de integración latinoamericana y de los pueblos del mundo, sus políticas neoliberales que generan un aumento de la pobreza, el desempleo y la migración forzada de ecuatorianos que huyen del modelo aplicado. Con alegría, saludamos los esfuerzos de las fuerzas de izquierda y progresistas ecuatorianas para el impulso de la unidad programática construida en el marco de la mesa de diálogo por la unidad frente al neoliberalismo y a las fuerzas de derecha.
Manifestamos el apoyo a la Presidenta Xiomara Castro, de Honduras, y a todo el pueblo en Resistencia, hoy amenazado por las mismas fuerzas violentas que dieron el Golpe de Estado en ese hermano país en 2009. Estados Unidos debe respetar la Soberanía y la Autodeterminación de Honduras y de todos los pueblos de América Latina y el Caribe. La lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción y contra el crimen en todas sus formas debe ser fuerte, pero no puede seguir siendo utilizada arbitrariamente cómo herramienta injerencista y desestabilizadora, escondiendo los intereses imperiales de sus promotores. Los pueblos merecen justicia, no lawfare. Acompañamos a Honduras en su valiente lucha contra los golpistas de siempre.
Denunciamos la violación sistemática a los derechos humanos y la persecución política en El Salvador; a cada día, la democracia salvadoreña se ve reducida por el régimen autoritario, neofascista y de ultraderecha que gobierna de manera ilegítima en El Salvador.
Expresamos nuestra condena enérgica contra el uso de la justicia para aniquilar a exponentes de la lucha democrática en la región y hacemos votos por la inmediata liberación del compañero Pedro Castillo, del Perú, y Jorge Glass, del Ecuador, así como expresamos nuestra solidaridad con el Dr. Vladimir Cerrón, víctima de lawfare, y muchos otros perseguidos de nuestra región, quienes sufren la condena por abrazar la convicción de hacer de sus naciones territorios libres y soberanos.
Reiteramos nuestra solidaridad al presidente colombiano Gustavo Petro, que sufre los intentos de un golpe por parte de poderes económicos, políticos y mediáticos mediante la utilización del Consejo Nacional Electoral y de la justicia dos años después de las elecciones. Rechazamos los movimientos que buscan sabotear el Gobierno Petro, impedir la concreción de las reformas populares por las que su gobierno fue elegido, y manifestamos nuestra solidaridad con las fuerzas políticas de izquierda y progresistas que integran su gobierno y los esfuerzos unitarios del Pacto Histórico y otros sectores progresistas indispensables para mantener y profundizar el proyecto del cambio. Asimismo, manifestamos nuestro apoyo a sus enormes esfuerzos para avanzar en los diálogos y conquistar la Paz Total en Colombia.
Rechazamos las amenazas contra la vida del presidente Petro, que se recrudecen con la denuncia presentada por el mismo presidente de una compra fraudulenta y mafiosa del software espía Pegasus, a Israel. Este software fue utilizado por el gobierno de extrema derecha en Colombia para reprimir la movilización social y atentar contra la vida de líderes y lideresas sociales.
Alertamos a los gobiernos del continente para que investiguen sobre este instrumento de espionaje, fabricado por la poderosa industria bélica de Israel.
En Argentina, el Gobierno de extrema derecha de Javier Milei sigue un proceso cada vez más profundo de destruir el país y acabar con la posibilidad de un estado justo y democrático, que garantice los servicios mínimos a su población.
Actuando junto al Congreso, Milei logra aprobar medidas que crean aún más dificultades sociales y económicas en el país. Apoyamos la lucha del pueblo argentino y sus grandes manifestaciones por defender un Estado actuante y garante de políticas sociales y económicas que se busquen el bienestar de la población.
En Brasil, aunque la extrema derecha haya sido derrotada en las elecciones de 2022, en las que triunfó el Presidente Lula, ella sigue buscando fortalecerse y dificultar los éxitos del gobierno brasileño, que viene logrando sacar el país del mapa del hambre, con crecimiento económico y distribución de ingresos y expresivo aumento de los índices de empleo y de derechos sociales. En un grave momento de calor y sequía debido al cambio climático, los incendios y quemadas se han intensificado en un 40% y hoy tienen cuatro a cinco veces más probabilidades de ocurrir, habiendo fuertes sospechas de una acción criminal orquestada para provocar esta situación.
Este mes de octubre, Brasil realizará elecciones locales y la disputa se dará entre las mismas fuerzas políticas de 2022: la izquierda democrática y la extrema derecha golpista. La lucha será contra las amenazas y ataques constantes de grupos que no aceptan el juego político democrático, actúan a través de fake news por medio de un ecosistema de redes sociales de extrema derecha, tal cual 2018 y 2022.
También en Uruguay se realizarán elecciones generales, con la posibilidad del retorno del Frente Amplio al gobierno del país, después de un periodo de retrocesos sociales y económicos resultantes de políticas neoliberales adoptadas por el Gobierno de Lacalle Pou. Deseamos éxitos a las fuerzas de izquierda y progresistas en estas elecciones, y el retorno del Uruguay al grupo de países donde las políticas sociales y el bienestar de la población deben ser el principal objetivo de un gobierno verdaderamente democrático.
Deseamos éxitos también a las fuerzas populares de izquierda y progresistas de Chile en las elecciones locales para alcaldías, concejales, consejeros y gobernadores, que se realizarán los días 26 y 27 de octubre de 2024.
Seguiremos firmes en nuestra lucha e incondicional apoyo al pueblo cubano. Por ello, reiteramos la exigencia de la exclusión inmediata de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y condenamos y demandamos el levantamiento incondicional del criminal y recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Exigimos el fin de las sanciones contra Nicaragua y Venezuela y rechazamos los intentos imperialistas de controlar las naciones latinoamericanas.
Manifestamos nuestra preocupación por la situación en Haití y extendemos nuestra disposición a promover la cooperación solidaria, sin injerencias externas, para el beneficio y el cumplimiento de las necesidades del pueblo haitiano.
También seguimos nuestra lucha contra el colonialismo y la defensa del derecho a la soberanía y autodeterminación de Puerto Rico, Aruba, Guadalupe, Martinica, entre otras naciones caribeñas y de todo el mundo. Los desafíos del mundo actual son de gran complejidad y dificultad.
Hacemos un llamado a superar las diferencias, construyendo la unidad más amplia en la diversidad de partidos, movimientos sociales y populares e intelectuales progresistas y de izquierda dentro de cada organización, país y continente, para juntos encontrar los caminos para promover la soberanía y el progreso de los pueblos de América Latina y el Caribe.
¡Viva la Unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe por la Paz y la Autodeterminación! Grupo de Trabajo Foro de São Paulo Ciudad de México, 29 de septiembre de 2024.
La modalidad criminal que ha ido en ascenso sostenido, especialmente en Lima, es la extorsión, orientada a todo pequeño y mediano negocio, sobre todo al sector transporte. Esto se da en pleno apogeo de la ley contra la criminalidad anterior, refrendado en el Decreto Legislativo 635; la Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado; y la Ley 27379, Ley de Procedimiento para Adoptar Medidas Excepcionales de Limitación de Derechos en Investigaciones Preliminares, promulgadas hace una década, por lo que es imposible que se haya dado durante la vigencia de la Ley 32108 Ley de Crimen Organizado, recientemente promulgada el mes de agosto de 2024.
La Ley 32108, determina las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal, exigiendo a la fiscalía cumpla los estándares para no hacer abuso de la norma que anteriormente era general y abierta, lo que se prestaba para incriminar a cualquiera de pertenecer a una organización criminal, procesarlo, imponerle medidas restrictivas y sentenciarlo.
Los órganos de justicia, han pegado un grito al cielo, porque esto les quita una herramienta con lo que podían convertir a cualquier asociación incómoda en una organización criminal, como a los gremios, cooperativas, financieras o partidos políticos, razón de por qué en el Perú, no hay ningún partido sin esa imputación. Con esto último, ellos logran “limpiar la cancha política” para no contrarrestar al Estado caviar oculto, el cual funciona independientemente de cualquier gobierno de turno.
También precisamos que, con la legislación anterior, el Ministerio Público no ha desmantelado ninguna organización criminal emblemática relacionada con la trata de personas, la minería ilegal, la tala ilegal, el sicariato, la extorsión, ni el tráfico de drogas. Es más, en esta última, durante el apogeo de las leyes anteriores hemos pasado de exportar de 80 a 1000 toneladas al año de cocaína refinada, situándonos en el segundo país en el continente.
Está de más concluir que los políticamente afectados son los caviares que controlan el Ministerio Público y el Poder Judicial, por lo que, aprovechando la movilización de los transportistas contra los extorsionadores, sus operadores políticos y mediáticos han persuadido al gremio con la idea de que la culpable de todo el ascenso extorsivo es la actual legislación, por lo que habría que derogarla, incorporándola en su plataforma de lucha.
Así, se degeneró la esencia del genuino reclamo y el paro fue al fracaso. Frente al nefasto resultado, entonces fueron a plantear el cierre del Congreso y exigir nuevas elecciones, ingresando a una plataforma exclusivamente política, concluyendo lo que ya se sabía que la derogatoria de la Ley 32108 era solo el chivo expiatorio.
Esta sospecha, de instrumentalización caviar, se consolida cuando observamos que frente a la extorsión sistemática no existe, de parte del gremio de transportes, ningún reclamo a las instituciones ejecutoras de la lucha contra este delito, que son el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional el Perú. Más claro, ni el agua.
Crítica a la tesis Dar el salto: estrategias de construcción del partido político Perú Libre entre los años 2015-2021
Vladimir Cerrón
En el año 2023, la licenciada en ciencias políticas por la PUCP, Milagros María Badillo Palomino, presentó la tesis: “Dar el salto: estrategias de construcción del partido político Perú Libre entre los años 2015-2021”, cuyo asesor fue Ricardo Martín Tanaka Gondo. Puesto que se trata de una tesis que investiga el fenómeno político de nuestro partido, me permito hacer algunas acotaciones al respecto.
Ciertamente, se trata, como la investigación misma concluye, de un hecho político de carácter excepcional en el país, refiriéndose al salto dialéctico de la conversión de movimiento político de alcance regional a un partido político de alcance nacional, que ellos lo llaman nacionalización, para no confundir conceptos.
La investigación pretende demostrar que el avance de Perú Libre se debe fundamentalmente a las redes sociales preexistentes no propias. Nosotros debemos precisar que la única red preexistente, que apoyó decididamente al partido desde que era movimiento, era el magisterio, más por una identificación clasista, que por otras motivaciones.
Paradójicamente, al liderazgo del líder regional, médico de profesión, el gremio médico fue un tenaz opositor a su mandato cuando este decide instaurar la especialización hospitalaria y la construcción de nuevas infraestructuras. Posteriormente, cuando fuimos gobierno nacional, el Colegio Médico del Perú abanderó la oposición, que devino en el cese de nuestro ministro militante, precipitado por un factor clasista y racista.
Según Meléndez, referente al que recurre la tesista: “los que constituyen movimientos regionales nacen de un perfil: élites constituidas de las gestiones locales, la cátedra universitaria y las administraciones regionales”. En el caso de Perú Libre, ninguna de estas tres condiciones se cumple en su génesis, quizás se acerque tangencialmente la cátedra universitaria de manera indirecta.
La comparación con Alianza Para el Progreso (APP), no es dable, puesto que esta responde a un grupo empresarial, donde el partido es solo un elemento, como la propia universidad, que ellos dirigen. APP no es un movimiento, ni un partido genuino, que nace a partir de una postura ideológica o que abrace alguna propuesta de cambio, sino que es un proyecto político complemento del ente empresarial, ambos orientados a sostener la superestructura neoliberal que consolida el statu quo.
El Partido Descentralista Fuerza Social, que aparentemente nace de una conglomeración de movimientos regionales, no es así. Este intento se trata de un plan centralista, si consideramos que la gran parte de sus líderes regionales eran gente allegada a la Defensoría del Pueblo, que fueron destacados a regiones para hacerse de los gobiernos regionales, constituyéndose en el embrión del Estado caviar oculto. Tampoco tiene una génesis política genuina del Perú profundo, causa de su extinción inmediata.
La autora refiere que al carecer de antecedentes en la literatura política sobre casos como el de Perú Libre, existen vacíos para identificar un verdadero derrotero que lleve a una organización política del campo a la ciudad de manera exitosa, sobre todo cuando se trata de un partido de izquierda. Para nosotros, justamente, ese “veto” se convirtió en nuestra fortaleza.
El proyecto se lleva adelante a partir de una estrategia con dos brazos, el político y el social. Primero, abrimos la escuela política del partido, un espacio fundado el 2005, mucho antes de inscribir el movimiento, donde podíamos hablar de lo que “está prohibido” en el «terreno prohibido», de marxismo puro, sin ambigüedades. Las irrefutables conclusiones del materialismo nos dotaron de credibilidad, militantes y simpatizantes comenzaban a “abrir los ojos”. Segundo, abrimos un espacio social, basado en la atención médica gratuita, desde el 2002 hasta el 2010, fecha en que ganamos las elecciones regionales, casi una década cimentando la base propia.
La tesis identifica un caudillismo personal, que es cierto, pero solo fue, como diría Vygotsky: “una condición inicial”. No hay que verlo mal, ni avergonzarse, puesto que para ganar no solo basta un caudillo, sino un pueblo caudillista que lo apoye. Esto se ve reflejado en el triunfo del líder regional como gobernador, pero sin un alcalde provincial electo, pesando más el factor caudillista que partidario.
Considerar a la cátedra universitaria como una red preexistente de apoyo directo tampoco es cierto. A pesar de que la muerte del exvicerrector de la UNCP, Jaime Cerrón Palomino, fue un suceso que impactó en la comunidad huanca, la cátedra en la Facultad de Medicina y la Facultad de Educación, donde el líder, su madre y su hermano ejercían la docencia, estas tuvieron una influencia tangencial. Además, debemos acotar que Perú Libre no solo recibió como herencia el apoyo indirecto de algunos amigos, simpatizantes y alumnos de Jaime Cerrón, sino también hereda a sus enemigos políticos, quienes manejan el diario Correo y la radio 15-50, los medios de mayor influencia en la macrorregión central.
Punto aparte, debemos resaltar al magisterio discípulo de Jaime Cerrón, quien fuera asesinado a sus treinta años de servicio docente, lo que se traduce en décadas de promociones de maestros trabajando en el campo, quienes indudablemente apoyaron al naciente movimiento, motivados por la admiración y la solidaridad tras su muerte. Este es un elemento vital, pues en lugares recónditos, donde el líder regional era un desconocido, ocurría que: “a donde llegábamos, nos decían que eran alumnos de Jaime”.
También se alude una red de compañeros de estudios de las facultades de Ingeniería Eléctrica en la UNCP e Ingeniería Civil en la UPLA, aspecto que tampoco compartimos, puesto que el paso fue efímero de un año y meses, además que los ingenieros son más proclives a la derecha. Más contundente fue la compactación inmediata, durante la campaña y el gobierno regional, de la promoción colegial del líder regional, egresados del Colegio Nacional Santa Isabel, un soporte activo hasta la actualidad.
Cabe mencionar que el partido Perú Libertario es el mismo Perú Libre, solo que adopta esta denominación por una emergencia, debido a que el JNE no acepta una “duplicidad” de nombre con el movimiento. Haber escogido la palabra “Libertario” fue un doble desacierto, confundió al partido socialista con el anarquismo, pudo haber sido otro, pero fue un paso obligado para luego adoptar el nombre final.
Asimismo, el símbolo de Perú Libertario fue suicida, improvisado y una mala copia del Partido del Trabajo de México, tomado en la emergencia electoral. El JNE dijo al inicio que el partido en inscripción podía llevar el símbolo del lápiz, que no existía incompatibilidad con el movimiento, pero llegado el momento se retractó. Por ello, más adelante, tuvimos que recurrir a la fusión por absorción, entre el movimiento y el partido, siendo la primera y única experiencia exitosa en el país.
Es cierto que Huancayo y Chupaca, siempre han sido bastiones de Perú Libre: “en las buenas y en las malas”, demostrado en todos los procesos electorales locales, regionales y nacionales, absolutamente en todos, lo que concluye que el pueblo ha demostrado fidelidad como cuna del partido.
El movimiento aumenta su arraigo en toda la región, para las elecciones venideras del 2018, debido a sus obras tangibles como hospitales, puentes, carreteras y programas sociales, siendo una prueba irrefutable la reelección del líder con un porcentaje mayor al que fue electo el 2010, a pesar de que en la provincia de Jauja solo obtiene el 2 %, causado por el problema aeroportuario, lo que puso en evidencia lo fuera del foco político en que se situaba esta provincia.
Considero un acierto que, en las elecciones generales del 2021, se sumaron los gremios magisteriales y ronderiles, pero esta fue más por la causa gremial que la partidaria, por ello su desarticulación también fue rápida tras la caída de Castillo. El magisterio llega al partido con sus propias mañas y taras, querer ser todos líderes, asaltar las dirigencias, aplicar el asambleísmo para legitimarse, intentar un “golpe de Estado” a la dirigencia, creerse los lúcidos revolucionarios, etc., pero chocan con el núcleo duro del partido, no logrando sus pretensiones.
En cuanto a las entrevistas, se toman escasamente cuatro referencias. Noel Jaimes Tarazona, estudiante, exsecretario de juventudes del partido en los primeros momentos de incursión a la capital, es decir, en los tiempos de improvisación. Su trabajo fue tan malo que no tuvimos contacto con las federaciones estudiantiles secundarias ni universitarias. Gregorio Cerrón, dirigente magisterial, con quien nunca se mantuvo un contacto directo, ni cercano, allegado al Fenatep, quien expresa el pragmatismo gremial: utilizar al partido, sin comprometerse con sus ideales ni su militancia. Zaira Arias, comerciante, renuncia al partido al no ser electa candidata a la primera regiduría de Lima. Yuri Castro, profesor, secretario general de Lima, sería, en realidad, la única voz autorizada en la investigación.
Lo que causó un impacto importante que sobresaltó a la derecha fue el encuentro “Voces del Cambio” en enero del 2019 en Huancayo, luego en junio del 2019 en Cusco, a partir del cual se comienza a planificar una persecución a Perú Libre, principal promotor de esta unificación nacional de la izquierda, lo que llevó a la destitución de la gobernación al líder del partido, tras una sentencia arbitraria, con la consiguiente frustración del encuentro planificado para el mes septiembre del 2019 en Chiclayo. Aunque debemos agregar dos componentes más que precipitaron estos sucesos: la inscripción de Perú Libre como partido nacional y el viaje de su líder a Venezuela.
A partir de esta persecución, se comenzó a percibir la contradicción entre la izquierda caviar y la popular. La moralista izquierda caviar cuestiona a la izquierda popular, aprovechando el lawfare, sumándose al ataque de la derecha con la intensión de “despejar la cancha”, con lo que intenta frustrar la consolidación del partido a nivel nacional. Ante esta situación, Perú Libre declara que la principal amenaza a la izquierda popular es la infiltración del imperialismo y la burguesía financiera a través de una “oposición” creada por ellos mismos, ese reformismo mediocre, socialismo domesticado y democracia farisea, del que hablaba Mariátegui.
El partido premia la consecuencia y la lealtad, asimismo castiga lo contrario. Los camaradas que en la primera gestión regional desempeñaron bien sus cargos, han sido ascendidos en la organización y continuaron en los cargos de confianza para la segunda gestión, con lo que el partido demuestra una reciprocidad con su militancia, además de esa forma mantiene el espíritu combativo para el que fue creado. Lo mismo se mantuvo en el breve gobierno del Ejecutivo y el Legislativo.
El partido no cobra las candidaturas, por ser una columna de la moral socialista, pero en un mundo neoliberal esto es inverosímil, que los disidentes y tránsfugas creen que, por no cobrárseles, ellos han sido convocados por sus cualidades propias e inclusive que le han hecho un favor al partido. Si les hubiera costado la candidatura, quizá pensarían mejor al abandonar el partido que “les ha costado”. Sin embargo, esta cualidad es religiosa, se mantiene en el partido, lo que a la larga le ha dado fuerza moral para exigir a sus autoridades consecuencia con los valores y principios ideológicos.
Los liderazgos son impulsados en el partido cuando se identifican militantes con vocación de convertirse en cuadros políticos. El objetivo es que Perú Libre no tenga un solo referente que, hasta hace poco, era solo el líder fundador. Contrariamente, hemos visto que, cuadros impulsados por el partido, luego de tomar cuerpo y ganados por el individualismo optan por la disidencia, con fines de formar su propio partido, para luego terminar en el ostracismo, hasta ver su realidad: “eran frutos del partido y sin él no son nada”.
Como dice la tesista, creo que el aporte y legado cultural, aunque también creemos político, de Perú Libre a nuestra sociedad es haber rescatado la autoestima del provinciano en la capital, habiendo demostrado que tenemos la fuerza necesaria para llegar por lo menos al gobierno, confirmando que los cholos sí podemos entrar a Palacio, aunque, por ahora, todavía no al poder.
Un factor preexistente que la tesista no le toma la importancia vital es la pandemia del Covid-19. Para nosotros esta fue como el terremoto de Managua para el FSLN. La naturaleza, a pesar de sus males, se puso de nuestro lado, evidenciando que, mientras el pueblo se moría en cada esquina, los ricos tenían el privilegio de ir a vacunarse a EE. UU. o hacerlo a escondidas, como el caso de Hernando de Soto o el presidente de la república y su séquito ministerial, respectivamente.
Las escuelas y academias cerraron y frente a esta circunstancia, el partido creó la Academia Preuniversitaria Perú Libre, que tuvo una acogida masiva por las redes sociales. Todos los militantes profesionales debían dictar sus clases y así lo hicieron. Este fue un factor que cimentó nuestro prestigio en vista a las elecciones generales del 2021.
El pragmatismo del partido también ha sido puesto en cuestión, no lo negamos y lo seguiremos aplicando de ser necesario. La candidatura del derechista Ricardo Belmont el año 2016, nos permitió ingresar al mercado político limeño, algo que estaba vetado para un partido de izquierda y peor de origen provinciano. Esto permitió que el partido “meta la nariz en la Lima” y se haga conocido, poco a poco, paso a paso.
La elección de candidatos el partido lo realiza mediante delegados, democracia indirecta, método congruente al principio leninista: el centralismo democrático. No somos partícipes del asambleísmo, ni de la democracia directa, que nos ha pasado factura muchas veces, improvisando candidatos, quienes creyendo tener un apoyo “sobrenatural” de las bases condicionan sus prerrogativas, además de desconocer el liderazgo, la dirección, la jerarquía y la disciplina del partido.
Los métodos de campaña están en utilizar todos los medios al alcance, desde los más tradicionales hasta los más modernos, desde las tácticas legales hasta las alegales, desde el “boca a boca” hasta la televisión nacional. Cualquier método por más arcaico que sea funciona, desde el humilde “mosquito” hasta la red social más potente. No se escatima absolutamente nada.
La tesis en cuestión adolece de una investigación acerca de la persecución judicial del que sigue siendo víctima el partido por parte de los órganos de justicia, los servicios de inteligencia estatal y los medios de comunicación nacional, elementos que en conjunto constituyen el uso de instrumentos bélicos no convencionales en la guerra jurídica o lawfare, digitados desde el poder empresarial y financiero del país. Esta circunstancia, en alguna ocasión, se convirtió en un boomerang a favor nuestro, pero también ha dejado secuelas de encarcelamientos a los dirigentes nacionales.
Una falencia de la tesis es no haber resaltado que el financiamiento de la campaña lo hizo el propio pueblo, con sus aportes directos a sus comandos de campaña, partidarios o ajenos, desde el volante hasta la gigantografía más modesta, la gente de a pie se cargó la mochila, fue un suceso sui géneris. La “base central” del partido, contrariamente a lo que afirma la investigación, jamás envió financiamiento a las provincias, ni siquiera del fondo público, los mismos que se centraron al pago de los medios nacionales en Lima, siendo un despropósito total esta conclusión.
Si bien es cierto que las organizaciones sociales obtuvieron una plataforma para reclamar al Estado y a la vez postular a un cargo, mediante un partido inscrito ante el JNE, esto se dio a cambio del apoyo de sus bases al partido, como bien la tesista llama un “trade off”, pero sin extenderse a que Perú Libre obtuviera recursos económicos a cambio, su moral socialista siempre se impuso como rasgo distintivo.
La relativa fácil fidelización de las nuevas bases, a través de las escuelas políticas, evidencia que estamos frente a un pueblo dispuesto a escuchar el mensaje y las propuestas de la izquierda. Es más difícil llegar a un pueblo e identificarse como partido de derecha y exponer un plan empresario o banquero para el pueblo, por ello, esos partidos ocultan su identidad genética, es más, utilizan el programa de la izquierda para ganar.
Una limitación más de la investigación que no se contempla respecto al triunfo de Perú Libre es el apoyo extranjero, que todo partido nacional serio no deja de tenerlo. No hablo de apoyo económico, como se da en otras tiendas, es más, frente al ofrecimiento de algunos camaradas extranjeros, nuestra postura fue agradecer y prescindir del recurso. El no aceptar recursos económicos, a largo plazo, consolidó nuestra amistad con esos partidos y gobiernos, quienes se convencieron de que aquí hay un partido socialista y no mercantilista.
Existen otras tesis de otras universidades que han abordado el fenómeno de Perú Libre, pero desde otro problema, hipótesis y objetivos, por lo que consideramos que, a pesar de nuestras observaciones, este trabajo aporta mucho a lo que ellos mismos han identificado como un hecho excepcional, hasta ahora, en la política peruana.
Con frecuencia Perú Libre es atacado por las fuerzas derechistas en su afán de hacerle creer a la población, e inclusive a la militancia, intenciones ajenas a nuestras pretensiones socialistas. Este documento revela nuestra política económica al servicio del pueblo, aclarando que la misma responde a los intereses clasistas del obrero, del campesino, de la clase media y del empresariado nacional patriota.
Aquí precisamos los doce puntos de nuestra propuesta de modelo de producción, al que denominamos Economía Popular Con Mercados, cuyo objetivo es crear un Estado: regulador del mercado, que controle la gran economía, descentralizado, fuerte y con facultades, revisor de contratos, redistribuidor de riqueza, industrializador, nacionalizador, sin deuda pública, priorizador de la demanda interna, estabilizador de la microeconomía y enteramente soberano.
De su lectura, podrá deducirse que el Partido no tiene en su programa, con relación al pueblo, la confiscación de empresas, apropiarse de sus bienes, intolerancia a la mediana o pequeña inversión privada, enemistad con las concesiones justas o con el propio mercado. Por el contrario, es la derecha capitalista la que aplica estas premisas contra el pueblo, sin dejarlo desarrollarse, boicoteando sus iniciativas, sin permitir la competencia limpia, creando monopolios, concertando precios, recurriendo al dumping, etc., convirtiéndonos en una sociedad de consumo y no productiva.
Este documento debe ser de dominio de la militancia, sobre todo de los dirigentes orgánicos y representantes gubernamentales, para poseer una claridad al persuadir y educar al pueblo, en el proceso de su integración a la brega emancipadora, pero, además, como herramienta vital para la polémica con los adversarios en el campo de la economía.
¡No más pobres en un país rico!
Lima, octubre de 2024
Vladimir Cerrón Rojas
Secretario General Nacional
Líder Fundador
ECONOMÍA POPULAR CON MERCADOS
12 puntos del modelo económico del Partido
El Partido tiene la misión de invertir las relaciones de dominación del capital sobre el trabajo, de la economía sobre la política y del mercado sobre el Estado, para ello recurre a experiencias mundiales, continentales y nacionales, afines a su pensamiento y objetivos. Nosotros lo denominamos resumidamente: Economía Popular Con Mercados.
Al hablar de economía, estamos haciendo mención del nervio que garantiza la materialización de las proyecciones estatales. Es popular porque está al servicio del pueblo, de las clases mayoritarias, de los intereses clasistas, del obrero, del campesino, de la clase media y del empresariado nacional patriota. No descarta el mercado, como legado de la humanidad y no un patrimonio del capitalismo.
Los planteamientos vertidos no son una creación genial del Partido, sino del pueblo latinoamericano, cuyas experiencias hemos acogido, adaptándolos a nuestra realidad concreta, de la experiencia gubernamental de la República Plurinacional de Bolivia y de la República del Ecuador, del gobierno de Morales y Correa, respectivamente. El primero se refiere al Modelo Social Económico Comunitario Productivo y el segundo al modelo de la Revolución Ciudadana. Además, se agregan experiencias propias fruto de nuestro gobierno regional, parlamentario y nacional. Es necesario precisar que nuestro país es plurinacional, por ello hemos planteado fórmulas económicas de carácter general y no particular, válido para todas las regiones, incluyendo la capital.
Estado regulador del mercado. El Estado está enteramente regulado y sometido a la supremacía del mercado, que en la práctica instaló una dictadura de mercado, condición lamentable que define nuestras políticas nacionales, regionales y locales.
Como en todo mercado prevalecen sus dos leyes supremas, la oferta y la demanda, que han logrado desnaturalizar los valores de nuestra sociedad, al extremo de convertirnos en mercancía como “capital humano”.
El Estado reducido cede a los grandes empresarios la exclusividad del mercado, su presencia oligopólica, la concertación de precios, el dumping para quebrar la empresa nacional y la exoneración de impuestos. La Constitución ampara la iniciativa empresarial privada, pero no la mixta y menos la pública, sin garantizar el pluralismo económico. El Estado no debiera estar ajeno a los beneficios del mercado.
En conclusión, necesitamos recuperar la supremacía del Estado, regulando el mercado en función del bienestar popular, transitando de la sociedad de mercado a una sociedad con mercados privados, mixtos y públicos, logrando una patria democrática, descentralista, inclusiva, internacionalista, soberana y humanista.
Estado que controle la gran economía. Sustitución del Estado ajeno al control de la economía por un Estado que controle la gran economía del país (mineros, petroleros, gasíferos, hidroenergéticos y comunicacionales), permitiendo y estimulando a la vez que la mediana, pequeña y artesanal economía pueda ser privada, mixta o pública.
Estado descentralizado. El Estado centralista es propio de las oligarquías, es decir, de los pequeños grupos de ricos que gobiernan un país. La economía producida por los pueblos se concentra en la capital, desconociéndose los derechos de quienes realmente la generan. El Perú profundo produce, los pueblos son explotados, contaminados, reprimidos y mal pagados, mientras en el Perú oficial, especialmente en Lima, radica el cajero.
Históricamente, el Gobierno Central se asigna un promedio de 70 % del presupuesto, el 18 % para los 25 gobiernos regionales y el 12 % para las 4385 municipalidades, incluyendo centros poblados. Así, el centralismo se expresa en la opulencia económica de algunas ciudades y la pobreza extrema de otras.
Las empresas que desarrollen actividades económicas en regiones debieran garantizar el empleo de sus habitantes hasta en el 60 % del total de sus trabajadores, transferir tecnología con capacitación y equipamiento, adquirir bienes y servicios que brindan las pequeñas y medianas empresas regionales impulsando sus actividades económicas y generando empleo, señalar su domicilio fiscal en la sede productiva y no en región distinta, para contribuir a la descentralización fiscal y tributaria.
En conclusión, debemos sustituir al Estado centralista que beneficia económicamente a la iniciativa privada por un Estado central, unitario, de orden vertical, pero descentralizado en los planos económico, fiscal y tributario, que beneficie al sector privado, mixto y público. No somos partícipes del Estado federalizado, de orden horizontal, por ser proclive a la anarquía.
Estado fuerte y con facultades. El Estado ha sido reducido por las grandes empresas nacionales y transnacionales a tal punto que han llegado a sustituirlo en la mayoría de sus facultades. En realidad, estamos frente a dos estados, uno restringido y el otro ampliado.
El Estado restringido, minimizado, es casi imperceptible, moribundo, solo es vigilante, supervisor, recaudador, frente al otro Estado que actúa de facto en la sombra, pero que es fuerte y tiene toda la ventaja, aplicando una férrea dictadura de mercado.
El Estado débil no puede regular los precios a los especuladores oligopólicos, así estemos en emergencia nacional, como en la pandemia del Covid-19, donde murieron cerca de 300 mil peruanos. Las cadenas de farmacias y clínicas se enriquecieron y osaron en solicitar préstamos al Estado con Reactiva Perú. El Estado débil no pudo defender a su pueblo de estos crímenes y la corrupción siempre estuvo de la mano. Hasta ahora no se sabe cuánto costaron las vacunas.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado pasivo, vigilante, supervisor, contemplativo y recaudador, por un Estado activo, fuerte e interventor a todo acto lesivo, planificador del futuro nacional, innovador del conocimiento científico, promotor del talento humano, con facultad empresarial, competidor con el sector privado y protector de su pueblo.
Estado revisorde contratos. El Perú es uno de los pocos países en el mundo que tiene contratos con rango de ley, nos referimos a los contratos ley, blindados por la Constitución fujimorista (art. 62), los mismos que no pueden ser modificados por el Parlamento.
Los contratos ley en realidad son la libertad para saquear nuestras riquezas, logrando que la gran corrupción en el país tenga rango y protección constitucional. Revisarlos permitirá invertir la proporción en el reparto de utilidades, en las que las transnacionales se llevan hoy el 70 % y el Estado el 30 %, en clara desventaja para nuestro desarrollo.
El Estado no debe dar privilegios constitucionales al capital transnacional, perdiendo soberanía e impidiéndose su revisión aún sean lesivos. El Estado debe contratar con seguridad jurídica, pero sin privilegios ni inmunidades legislativas, judiciales, financieras o tributarias.
Para revisar, renegociar o anular estos contratos ley, se necesita un ente superior al Parlamento, con mayores y amplísimas facultades, y esa institución no puede ser otra que la Asamblea Constituyente.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado que promueve el blindaje de las concesiones lesivas al pueblo, como los contratos ley, por un Estado transparente que permita la revisión, renegociación o anulación de las mismas.
Estado redistribuidor de riqueza. El Estado constantemente hace gala de contar con grandes reservas en miles de millones de dólares, lingotes de oro, presume de una alta recaudación tributaria, manifiesta que el sector minero capta mejores divisas, que no tenemos inflación, que nuestra moneda es fuerte, que estamos en bonanza y crecemos como ejemplo continental, etc., sin embargo, los sueldos siguen congelados y las protestas sociales continúan hace décadas. El Estado acumulador solo favorece al gran empresariado, que osa reinvertir nuestras propias reservas para beneficio propio.
El Estado debe reevaluar como fuentes redistribuibles de riquezatodas las concesiones; nacionalización de los recursos naturales; revisar los TLC; invertir la proporción del reparto de utilidades; cobrar todos los impuestos; abolir sueldos dorados; abolir el Concordato con la Santa Sede; finalizar la cédula viva de exparlamentarios; finalizar la pensión vitalicia de los presidentes; participar a las comunidades como accionistas en la explotación de sus recursos; eliminar los seguros extranjeros a altos funcionarios; etc.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado acumulador que favorece al empresariado transnacional, atentando las mejoras salariales por un Estado redistribuidor de la riqueza, para lograr una mejor infraestructura, equipamiento y recursos humanos, que fortalezca al empresariado nacional, alcanzando el descongelamiento e incremento de los sueldos.
Estado industrializador. Según la gran división mundial del trabajo, los países tercermundistas estamos restringidos a ser solo exportadores de materia prima, no podemos desarrollar industria. Somos países dependientes de las grandes potencias que se dan la licencia de ser los únicos industrializados del planeta. Estamos obligados a consumir sus productos manufacturados con el valor agregado a nuestra propia materia prima.
Un Estado primario exportador tiene enormes desventajas para su desarrollo, como no generar industria nacional, no generar empresa, no generar valor agregado, no generar su propio mercado, no generar empleo, no mejorar los sueldos, no invertir en el país, no desarrollar infraestructura ni tecnología, no captar mayores divisas, ser dependientes del poder económico foráneo y continuar con el círculo vicioso que empieza al esclavizar a nuestros jóvenes terminando con enriquecer a los extranjeros.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado primario exportador que reduce las plazas laborales por un Estado industrializador, generador de valor agregado, captador de divisas, promotor de inversiones concurrentes, generador de empleo, descongelando los sueldos y generando bienestar social.
Estado nacionalizador. No hay que temer a la nacionalización, estatización o recuperación de nuestros recursos naturales estratégicos, base fundamental para nuestro desarrollo y soberanía. Un país desprovisto de empresas e industrias, tiene que trazar su desarrollo a partir de la explotación sostenible de los mismos.
Si las compañías no aceptaran la renegociación de los contratos ley, con las nuevas condiciones planteadas a favor del pueblo, el Estado debe proceder a la nacionalización del yacimiento en cuestión, de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros.
La exclusividad del manejo de algunos recursos naturales estratégicos solo puede ser reservado para el Estado peruano en salvaguarda de los intereses nacionales en materia de economía, soberanía, seguridad, energía, alimentación y otros que lo ameriten.
En conclusión, debemos desterrar al Estado privatizador de nuestros recursos naturales y exportador de capitales, que fortalece la economía externa, por un Estado nacionalizador de sus recursos estratégicos, rescatista de nuestra dignidad y soberanía, que fortalezca la economía interna, invirtiendo sus capitales en el país.
Estado sin deuda pública. La deuda externa es impagable e incobrable por razones históricas y matemáticas, precisaba Fidel, si se continúa con la misma política impuesta por el imperialismo a los pueblos del mundo.
En la actual coyuntura nacional y mundial, somos partícipes de que toda deuda pública, externa e interna, debe ser pagada, previa renegociación de las cifras primarias.
Para el año 2023, la deuda pública continuó incrementándose a la suma de 87,769 millones USD (100 %). De esta cantidad, la deuda externa fue 42,209 millones USD (48 %) y la deuda interna 45,559 millones USD (52 %). Esto significa que nuestro país, respaldado con la complicidad estatal, se sigue endeudando cada vez más con la oligarquía nacional, quienes han logrado desplazar a los acreedores extranjeros.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado dependiente del endeudamiento público, que en el extremo otorga salvatajes al gran empresariado como al Banco Wiese o Reactiva Perú, generando déficit fiscal, por un Estado que genere sus recursos internos a partir de su soberanía sobre los recursos estratégicos, generando superávit fiscal.
Estado priorizador de la demanda interna. Nuestra producción nacional capitalista está diseñada para satisfacer las necesidades del primer mundo, más no las nuestras propias.
El mercado debe estar regulado y orientado por el Estado para resolver las demandas populares, como el alto índice de desnutrición, la mortalidad infantil, la muerte materna, el analfabetismo, la prevalencia de enfermedades infecto contagiosas, el empleo informal, la falta vivienda y saneamiento, la ausencia de seguridad social, etc., y no priorizar la demanda externa del primer mundo que goza de mejores indicadores en bienestar humano.
Para lograr mejores resultados debemos ejecutar programas bandera como los médicos de la familia, los odontólogos en los colegios, los psicólogos por colegio, la movilización por la alfabetización, residentado médico regional, creación de universidades de educación y de ciencias médicas en cada región, entre otras.
En conclusión, debemos sustituir el Estado que orienta su economía productiva acorde a la demanda externa por un Estado que oriente su economía productiva para priorizar la demanda interna, sin descuidar la externa.
Estado estabilizador microeconómico. El Estado adormece al pueblo publicitando mejoras sobre las cifras macroeconómicas, como la tasa anual de crecimiento del PBI, las RIN, inflación o desempleo, indicadores que no es de común entendimiento porque hay que tener una noción elemental.
Según Correa, la tasa de crecimiento no es el mejor indicador, porque puede aumentar, pero a la vez incrementar la pobreza por la explotación al pueblo y recorte de sus beneficios laborales en favor de los dueños de los medios de producción. Podemos vender todos nuestros recursos sin dejar nada al Estado, podemos permitir la explotación y mejorará la tasa de crecimiento, pero no el bienestar social.
Evitan hablar de indicadores microeconómicos, la que estudia el comportamiento de las empresas, hogares e individuos con el mercado, aspectos tangibles para el pueblo. Es importante porque nos permite planificar los recursos limitados y optimizarlos.
En conclusión, debemos sustituir al Estado que prefiere la estabilidad macroeconómica por un Estado que prefiera la estabilidad microeconómica del hogar, del empleo, las empresas, las microfinanzas, etc., sin descuidar la macroeconomía.
Estado soberano. Nuestra economía está sometida a fórmulas dictadas por instituciones como el Consenso de Washington, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Reserva Federal de los EE. UU., Gobierno de los EE. UU., etc.
El Gabinete ministerial está capturado y dividido en dos bloques, los sociales y los productivos. Los sociales los maneja USAID, planificando nuestras políticas en salud, educación, justicia, trabajo, cultura, inclusión social, etc. Los productivos, como son los ministerios de transportes, vivienda, producción, energía y minas, agricultura, etc., lo manejan los grandes empresarios agrupados en la CONFIEP, en contubernio con el capital transnacional.
La soberanía permite la administración total de los recursos estratégicos en mar, cielo y tierra; recuperación del suelo y subsuelo como derecho comunal; el carácter vinculante de la consulta previa; impulsar política de fronteras vivas; recuperar tierras agrícolas; revisión, regulación o anulación de los TLC; soberanía tecnológica digital, jurídica, territorial, alimentaria y militar.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado sometido a las fórmulas del Consenso de Washington, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Reserva Federal de los EE. UU., Gobierno de los EE. UU., Unión Europea, etc., por un Estado soberano sin dependencia política, con un superávit que peruanice la economía.
No cabe duda de que México marcará un nuevo rumbo jurídico en el continente, habiendo decidido poner la llave en la cerradura judicial. Todos somos testigos de que la guerra contrasubversiva “convencional” se cambió por una guerra contrasubversiva “no convencional”, que tiene como eje estratégico al Poder Judicial en todos los países subyugados.
Este poder del Estado es impuesto como un poder “autónomo”, un feudo, en cuyos dominios el señor puede disponer que sus deseos se eleven al rango de ley. Un poder que no se somete a la voluntad popular para su elección, fiscalización, revocación, ni mandato imperativo, siendo, por consiguiente, un superpoder blindado que sí tiene injerencia en los demás poderes del Estado.
Hace tres décadas que EE. UU. cambió sus escuelas militares de entrenamiento contrasubversivo por escuelas de jueces y fiscales contrasubversivos en nuestro continente, pero en la ecuación final, ambos siguen orientados al mismo objetivo: neutralizar o eliminar al enemigo político.
Para lograr este objetivo, EE. UU. entrena, capacita, beca, facilita visas, concede residencia, otorga nacionalidad, promueve roces con el poder político yankee y paga viajes de placer, a través de sus ONG, a los magistrados, sus familiares y su entorno más cercano.
Estos son los mecanismos por el cual no solo resetea la mente de los operadores de justicia, sino que obtiene fallos a su medida, pero para asegurar el éxito guarda las pruebas escritas, auditivas, fotográficas o de vídeo, de estos “beneficios” a través de sus órganos de inteligencia, asegurando extorsivamente que sus inversiones no caigan en saco roto y que los magistrados no puedan torcerse ante los compromisos.
Instalado los jueces, fiscales, procuradores, contralores, superintendentes, tribunos, defensores del pueblo o todo el sistema de justicia nacional, en función del lawfare o la guerra jurídica, estos contarán con el apoyo decidido de los medios de comunicación dominantes y de los servicios de inteligencia estatal, también infiltrados y financiados por EE. UU.
El juez que ingresa al sistema, no tiene escapatoria; si se tuerce, el mismo sistema se encarga de aplastarlo. Es como entrar a la mafia o una organización criminal que tiene sus mismos mecanismos de ajuste de cuentas.
Es a través del lawfare que en estas últimas décadas se han dado los golpes de Estado sin recurrir a los militares, sino a los jueces, amenazando a la democracia de cualquier país.
Identificado el problema, era necesario darle una solución y eso pasaba por reformar el sistema de justicia en todos los países sometidos al designio del imperialismo. Esto evidentemente implica ir contra los deseos y el poder de los EE. UU.
Rafael Correa trató de llevar una reforma judicial, pero fue revertida; Evo Morales, instaló una reforma parcial con la elección de jueces por voto popular; Alberto Fernández, hizo lo propio, con las reformas anti lawfare, pero no tuvo éxito; y finalmente, Andrés López Obrador, plantea abiertamente una reforma judicial por la vía democrática, con cambios sustanciales y mayoría parlamentaria, que equivale a la instalación de una asamblea constituyente.
Es así como México asume un liderazgo más sólido para reformar el Poder Judicial en un país que tampoco es ajeno a la manipulación jurídica de la superpotencia del norte. Ante esto, EE. UU., ha manifestado su oposición, bajo el pretexto de estar atentando contra la “autonomía” judicial en democracia.
México se pone en el epicentro antiimperialista a través de su reforma judicial, aprobada por amplia mayoría en el Senado, así como Venezuela se impuso al imperio a través de sus elecciones democráticas, triunfando una vez más la Revolución Bolivariana.
La reforma judicial del Gobierno de México propone cuatro objetivos concretos:
1. Nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia, garantizando la eficiencia, austeridad y transparencia.
2. Elección de jueces por voto popular, para investirlos de legitimidad democrática.
3. Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por órganos administrativos y disciplinarios independientes.
4. Nuevas reglas procesales, para que la misma sea expedita y con equilibrios de poderes.
Primer objetivo. La nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia: se reduce el número de magistrados de 11 a 9 miembros; se reduce el periodo de su encargo, de 15 a 12 años; se eliminan las dos Salas, se sesionará solo en el Pleno y de manera pública; se elimina la pensión vitalicia para los jueces; y sus remuneraciones no pueden ser más que para el presidente de la república.
Segundo objetivo. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Electoral, y miembros del Tribunal de Disciplina, se elegirán a nivel nacional en elecciones ordinarias a partir de candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes del Estado: El Poder Ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas, el Poder Legislativo propondrá hasta 5 candidaturas por cada Cámara (Diputados y Senadores) y el Poder Judicial propondrá hasta 10 candidaturas a través del Pleno.
Las campañas durarán 60 días, no habrá precampañas, no se permite el financiamiento público o privado, los candidatos tendrán acceso a tiempos de radio y televisión y podrán participar en foros de debate, los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial, resolverá las impugnaciones y declarará los resultados, salvo cuando se trate de sus propios integrantes, cuya resolución corresponderá a la Corte Suprema de Justicia.
En caso de ausencia definitiva de jueces, el Senado designará por mayoría calificada a una persona interina para que ocupe el cargo hasta que se realice la siguiente elección ordinaria.
Tercer objetivo. El Tribunal de Disciplina Judicial será integrado por 5 magistrados electos a nivel nacional por un periodo de 6 años, propuestos por los Poderes del Estado. Podrá recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a todo magistrado y personal judicial por actos contrarios a la ley, al interés público o a la administración de justicia, incluyendo corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, o cuando sus resoluciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia. Sus sanciones incluyen amonestación, multa, suspensión o destitución (excepto de jueces de la Corte Suprema de Justicia). Asimismo, podrá dar vista al Ministerio Público en caso de delitos, o solicitar el juicio político ante el Congreso.
El Órgano de Administración Judicial, estará integrado por 5 personas designadas por un periodo de 6 años por los Poderes del Estado. El Poder Ejecutivo nombrará 1; el Senado nombrará 1; y la Corte Suprema de Justicia nombrará 3. Será responsable de las funciones administrativas, de carrera judicial, control interno y elaboración del presupuesto del Poder Judicial.
Cuarto objetivo. Las nuevas reglas procesales incluyen: una justicia expedita, estableciendo como plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales, y de 1 año para asuntos penales. Si rebasa estos plazos, la autoridad judicial debe informarlo al Tribunal de Disciplina Judicial, que investiga y sanciona la demora. Se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. En la justicia local, los poderes judiciales de las entidades federativas establecen reglas para la elección directa de sus jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes. Los fideicomisos del Poder Judicial, una vez que concluyan los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, respetando los derechos y prestaciones de los trabajadores.
Uno de los grandes aportes de Roma al mundo fue el Derecho. Espartaco fue el primer revolucionario del mundo de quien se tienen evidencias y reportes históricos sin mayores dudas, emprendió una lucha sin cuartel enfrentando a dos clases sociales irreconciliables: esclavos y esclavistas.
Una vez derrotado fue sometido, él y su ejército, a la pena de muerte mediante crucifixión, castigo que no era para cualquier delincuente, sino para el delincuente político, para el subversivo, para el que se atreviera a levantarse contra el régimen establecido.
Cuando Jesús de Nazareth comenzó su periplo político, consciente o inconscientemente, desafió al poder del César, logrando captar adeptos. Esto comenzó a preocupar a la clase dominante que sostenía al imperio.
El Estado Romano, al ver amenazado su existencia, ante el nuevo liderazgo, no solo decide acabar con él, sino también aprovechar las circunstancias para escarmentar al pueblo en la posibilidad de que hubiera otros potenciales revolucionarios.
Los presos comunes, como Barrabás, también estaban tras los barrotes, pero sin mayor castigo que el encierro en condiciones deplorables, casi no había presos políticos, porque estos últimos eran ejecutados de manera sumaria.
Pero Jesús de Nazareth era un político químicamente puro que el César no pudo imputarle nada concreto y, ante esta orfandad y la presión del Sanedrín, decidió que el pueblo sugiera el castigo. Así, Poncio Pilatos se lavó las manos.
Cuando el César somete al escrutinio popular a Jesús versus Barrabás, la pregunta fue a quién se debía liberar, la pregunta no fue a quién debía crucificarse, esta surgió incentivado por operadores políticos infiltrados en el populorum.
No es que Jesús no tuviera pecados para el sistema opresor, claro que sí, pero estos eran del orden político. El Sanedrín lo acusaba de subvertir el orden, de oponerse al pago de los impuestos y hacerse llamar el Mesías. Es decir, eran acusaciones de orden político e ideológico.
Sin embargo, el Estado represor necesitaba darle otra figura, encontrar una “apariencia de legalidad”, justificarlo de otra manera para que no sea percibido como tal, como hasta nuestros días, una de ellas era acusar a los políticos de ladrón, malhechor o bandido. En esa época a los judíos sublevados en Jerusalén contra Roma los catalogaban como “una nueva especie de bandidos”.
Jesús fue crucificado con otros dos personajes, el “ladrón bueno” y el “ladrón malo”. Las preguntas que hasta ahora no ha respondido Roma al mundo son: ¿Por qué se crucificó a estos dos señores?, ¿Quién decidió esa pena extrema?, ¿Eran realmente ladrones o agitadores políticos? ¿Por qué escoltaron a Jesús en su muerte? Estos personajes también han trascendido por los siglos de los siglos, motivo por el cual sus casos debieron haberse dilucidado a la luz de la historia y no reducirlos al mísero adjetivo calificativo.
En realidad, no eran ladrones, sino subversivos, agitadores políticos o seguidores de Jesús, pero no los imputaron como tal para justificar la crucifixión. Fue la misma razón del porqué crucificaron a Espartaco, escoltado por su ejército, por sublevarse contra el Estado Romano.
Recordemos además que este método capital era de uso exclusivo en el imperio, instalándose en estos casos descritos, lo que podemos interpretar al día de hoy como uno de los primeros falsos positivos judiciales. Es así como el Derecho legado al mundo, también es legado con su negación: el lawfare.
Crucifixión de Espartaco y su ejército. Un crimen político.Crucifixión de Jesús y dos subversivos. Un crimen político.
Reelección de autoridades y eliminación de movimientos regionales
Vladimir Cerrón
La reelección reafirma la voluntad popular. No cabe duda de que la reelección es un mecanismo democrático de reafirmación de la voluntad popular, a través de las urnas, donde el pueblo expresa su satisfacción con la autoridad en ejercicio para nuevamente delegarle su confianza.
Permite hacer una carrera política. La reelección permite un ejercicio y capacitación continua en la gestión pública, evitando improvisados en el camino que ingresan al cargo para recién aprender a gobernar, lo que lleva al estancamiento del desarrollo de la jurisdicción a cargo, salvo excepciones.
Permite proyectar grandes obras. Existen megaobras que, por su propia naturaleza, necesitan más de un período de gobierno para su culminación, caso contrario, las autoridades se limitan a hacer obras pequeñas e intrascendentes por el temor a que la gestión entrante, generalmente un enemigo político, la boicotee sin culminarla, acarreando un desprestigio a la autoridad saliente, como el que “abandonó” o “no culminó” su obra emprendida.
Consolida el liderazgo político. La reelección permite que la autoridad brille más allá de su jurisdicción y, como es lógico, aspire a otros altos niveles de gobierno, dando el salto cualitativo en la conducción de un gobierno local a uno regional o nacional, al adquirir la experiencia necesaria. Para el statu quo esta es la mayor amenaza.
No genera corrupción. Hace algún tiempo empezó una intensa campaña contra la reelección de las autoridades políticas a todo nivel, bajo el único pretexto de que esta generaba corrupción. Creen equivocadamente que para ser corrupto hay que ser reelecto; lo cierto es que esto responde a otras motivaciones políticas, como mencionamos en el párrafo anterior, el de liquidar los liderazgos nacientes.
Antes el pretexto era el narcotráfico y el terrorismo. Actualmente, la corrupción es la palabra mágica que han encontrado los poderes fácticos para justificar la persecución a sus adversarios políticos, la que por sí sola no sería efectiva, si no fuera porque tienen los otros tres componentes esenciales, los medios de comunicación, el sistema de justicia y los órganos de inteligencia estatal, bajo su dominio.
Atrasa, desordena y paraliza la ejecución de obras. El último año de gestión, la mayoría de los alcaldes ni siquiera asisten al presupuesto participativo, menos traen nuevos proyectos para su ejecución, porque en realidad, según su lógica errada: “ese ya no es su problema”, el problema ahora le corresponde resolver a la autoridad entrante.
Obliga la postulación a otro nivel de gobierno. El alcalde que no puede ser reelecto en su mismo cargo, para continuar en el ejercicio de la política, es obligado, contra su voluntad, a postular a otro cargo de mayor jerarquía. Así, vemos exalcaldes que son electos gobernadores regionales sin tener la menor idea para qué sirve esta instancia de gobierno y gobiernan erróneamente como si estuvieran frente a un municipio grande, craso error.
La política de la fragmentación. La potencia dominante sobre Latinoamérica se encargó de infiltrar al Estado durante muchos años, mediante ONG y otros medios, siendo uno de los fines lograr en nuestro país la máxima fragmentación política posible, a esto responde la existencia de 40 partidos políticos y cientos de movimientos regionales en el país, que se comportan como pequeñas y medianas empresas, hipotecando a sus candidatos al mejor postor y debilitando a los verdaderos partidos políticos.
Eliminación de los movimientos regionales. Se debate en el Congreso de la República la eliminación de los movimientos regionales y Perú Libre está de acuerdo, pese a que tiene una génesis en un movimiento regional. Esta aparente paradoja, podemos explicarla mejor: sucede que un movimiento regional debe tener una ideología definida, una acción política real y un programa de gobierno que involucre paulatinamente a toda la sociedad, lo cual debiera convertirlo en el mediano plazo en un partido político de alcance nacional. Si estas características no se consolidan, el movimiento regional no deja de ser una caricatura política que debe desaparecer.
Perú Libre es el único movimiento que se hizo partido. En la historia del Perú, en su tránsito del campo a la ciudad, esto solamente ha ocurrido con Perú Libre; razón de por qué apoyamos la eliminación de los movimientos regionales que, pasado el tiempo suficiente, no han podido ascender al peldaño político inmediato superior.
La República Popular Democrática China, claro que sí es un Estado socialista y no debe encerrar ninguna duda frente a los cuestionamientos liberales, anarquistas o fundamentalistas. Empero, lo preocupante no es esta guerra avisada, sino la carencia o desconocimiento de elementos políticos objetivos de nuestros militantes que no les permite defender el socialismo aplicado a su realidad, lo que contribuye a perder terreno en la lucha ideológica mundial.
Para entender a China es necesario analizar su vigente constitución política, promulgada el 4 de diciembre de 1982, caso contrario, caeríamos en la duda de su esencia ideológica, política y programática, camino al que quisieran llevarnos los capitalistas. Este documento rector indudablemente se desarrolla sobre las bases ideológicas del marxismo-leninismo y se reconoce como tal.
También debemos considerar que China desarrolla el socialismo con características propias, atendiendo a su identidad cultural, política y social, dentro de China, por lo que debemos entender que, al estar en un ámbito planetario capitalista, fuera de sus fronteras tiene que adaptar su política comercial exterior atendiendo a las leyes de este sistema, lo cual es aprovechado por sus enemigos para tildarla de capitalista.
Ahora, veamos qué ocurre en la realidad china. Según el marxismo, el socialismo no es anticapitalista, sino poscapitalista, lo que quiere decir que no desecha la buena herencia que deja el modo de producción anterior, pero que, a diferencia de ello, en el período socialista el capitalismo pasa a ser de un capitalismo privado a un capitalismo estatal, es decir, todo el usufructo para la sociedad, no para el dueño de los medios de producción. Finalmente, recordemos que el mercado no es un patrimonio exclusivo del capitalismo, sino una herencia de la humanidad.
La economía se subordina a la política, en otras palabras, el capital se subordina al trabajo o, dicho en nuestro lenguaje, el mercado se subordina al Estado. Esto es marxismo puro. Para China, la primera fase del socialismo, es el capitalismo de Estado, su segunda fase es el socialismo de mercado, para aspirar a su tercera y última fase, el comunismo. Esta segunda etapa, muy controversial, por cierto, es el aporte chino a la teoría marxista en los hechos.
Engels decía que el capitalismo es un producto social y no privado, razón por la que sostenemos que el empresario no genera trabajo ni riqueza, sino que son los trabajadores que generan la riqueza, más específicamente el proletariado. La prueba es que, en la economía socialista, siempre existen trabajadores y producción de riqueza, en ausencia del usurero empresario privado.
Stalin diferenció muy bien el anarquismo del socialismo, estableciendo que el primero era federalista y el segundo apostaba por el Estado unitario con un poder centralizado. Efectivamente, el Estado chino no es una república federal, como los países de occidente, siguiendo los lineamientos marxistas, sino un Estado unitario, inclusive pueden coexistir en una sola China dos sistemas, como en el caso Hong Kong, donde la mitad del parlamento lo elige el pueblo y la otra la cámara de comercio. El caso Taiwán es otra particularidad.
En esta etapa del socialismo, aún persiste la existencia de clases sociales, por ello es que China llama a la unidad pluriclasista, la misma que está representada por el proletariado, como vanguardia, el campesinado, la pequeña burguesía y la burguesía nacional patriótica. Es esta alianza la que hace posible que el Estado socialista no quede paralizado durante la transición. Como en la bandera de la URSS, donde la hoz y el martillo representan la alianza del campesinado y el proletariado, análogamente en la bandera china se representa al partido con una estrella grande y al costado cuatro estrellas pequeñas, que representan las cuatro clases sociales aliadas.
El Estado socialista apuesta por la economía planificada, es decir, lo contrario al libre mercado, a la mano invisible del capitalismo. China aplica sus planes quinquenales, similar a los aplicados por Stalin después del comunismo de guerra y la Nueva Política Económica de Lenin. Para garantizar el éxito de este método, el Estado tiene que ser dueño del poder financiero, es decir, de todos los bancos, constituyéndose el sector estatal como la fuerza rectora de la economía, sin ella, la planificación no podría tener seguridad de éxito. El resultado desde 1953 permitió que 900 millones de chinos salgan de la pobreza.
Las grandes empresas nacionales y transnacionales son propiedad del Estado chino, propiedad del pueblo chino, como las empresas de telefonía móvil, construcción, ferrocarriles, petróleos, bancos, electricidad, etc. También existen empresas mixtas con capitales estatales y privados, además de cooperativas privadas cuyos dueños son los trabajadores, como Huawei, Sinopharm, Chinalco, Lenovo, etc., pero estas no pueden ser componentes de la gran economía, solo de la mediana y pequeña. Este control es un rasgo fundamental del socialismo, la economía supeditada a la política.
China no tiene ambigüedades al declararse constitucionalmente una dictadura democrática popular, dirigida por el proletariado en alianza con las otras clases. Su gobierno unitario tiene un gobierno nacional y gobiernos locales, toma sus decisiones en asambleas populares y aplica el centralismo democrático, para la toma de decisiones. Todo funcionario es electo, fiscalizado, revocado o ratificado por el pueblo y en gran medida está sujeto al mandato imperativo de sus electores.
En China todos los medios de producción son propiedad del pueblo, no se pueden enajenar, alquilar, prestar, etc., está prohibido la explotación del hombre por el hombre y, según el postulado marxista del Manifiesto del Partido Comunista y la experiencia de la Comuna de París, todos reciben los beneficios de la sociedad cada quien según su necesidad y según su capacidad (o trabajo en la Constitución).
Otro principio leninista aplicado es la conducción del Estado por un partido de vanguardia, el partido único que garantice la unidad del pueblo, el Partido Comunista de China, quien dirige al Ejército de Liberación Nacional y todo el sector estatal. Es decir, la unidad marxista-leninista: Partido, Ejército y Frente (Estado).
Respecto a las empresas transnacionales extranjeras, China obliga constitucionalmente la incorporación en sus directorios a sus funcionarios, quienes son técnicos militantes del Partido Comunista de China con la misión de salvaguardar los intereses del pueblo. Cuando una empresa extranjera invierte, sus derechos pasan a ser amparados solamente por las leyes nacionales y de las utilidades obtenidas, el 60 % pertenece al Estado (Ejemplo, el tratado con Mac Donalds).
China deja establecido en su Constitución que son propiedad del pueblo: los yacimientos, los minerales, las aguas, los bosques, las montañas, las praderas, las tierras vírgenes, los bancos de arena, los bancos de tierra, etc., prohibiendo a toda organización o individuo a apropiarse, excepto, la propiedad colectiva, donde los dueños son los trabajadores, prevista en ley.
La macroeconomía siempre es socialista en el Estado chino, y ningún privado puede conducirla, ni disponer de ello. En la microeconomía se permite la libertad de empresa y la promoción del sector privado, incluyéndose también la economía individual. Estas dos últimas son consideradas como un suplemento o complementaria al sector social de la economía socialista, en ningún caso están por encima del interés social.
Las tierras urbanas y las tierras del campo son propiedad del Estado, pero además existe la propiedad colectiva, cuyos dueños son los trabajadores. China protege el derecho de propiedad de los ciudadanos sobre sus ingresos, ahorros, casas vivienda y herencia. Es falso que en el socialismo nada le pertenezca al individuo, campaña de miedo y desinformación frecuentemente utilizada por el capitalismo.
La educación, la salud, la cultura, el arte, la capacitación académica continua, son garantizados por el Estado. El estudio del materialismo dialéctico e histórico, del patriotismo y el movimiento socialista, son obligatorios. Asimismo, los medios de comunicación, periódicos, radio, televisión, casas de cultura, museos, etc., son propiedad del pueblo y del socialismo.
La planificación familiar está dirigida por el Estado, para garantizar que el crecimiento poblacional coincida armónicamente con el desarrollo económico de la sociedad china, evitando una explosión demográfica que rompa ese equilibrio, conllevando escasez y regresión a la pobreza que impida salir del subdesarrollo. Todos los estados socialistas tienen esta premisa, lo que les permite lograr objetivos de buenos índices de desarrollo humano a corto y largo plazo.
El Estado controla el monopolio del orden público, reprime la alta traición y las actividades contrarrevolucionarias. No hay ejércitos privados como en los países capitalistas altamente desarrollados. Las fuerzas armadas pertenecen al pueblo y desarrollan tres misiones principales: fortalece la defensa nacional, protege el trabajo pacífico del pueblo y asume tareas de construcción en la producción social. El ejército no tiene una política injerencista sobre otros países. El Estado intensifica la revolución continua de las fuerzas armadas.
En la cúspide estructural del Estado chino se encuentra jerárquicamente la Asamblea Popular Nacional, como órgano supremo en lo político, cumple exclusivamente las funciones legislativas, constituyendo en la práctica una asamblea constituyente permanente y, debido a su magnitud, delega algunas funciones específicas en el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional que lo representa. Lo integran los diputados regionales, provinciales y distritales, pero todos subordinados al Poder Central del Partido Comunista de China y al Ejército de Liberación Nacional. Se renueva cada cinco años, mediante el voto popular.
La Asamblea Popular Nacional tiene por funciones reformar la Constitución, elabora el código penal, el código civil y las leyes orgánicas del Estado, elige al Presidente y Vicepresidente de la República, decide el nombramiento del Primer Ministro del Consejo de Estado a propuesta del Presidente de la República, a propuesta del Primer Ministro del Consejo de Estado, el nombramiento de los Viceprimeros Ministros del Consejo de Estado, Consejeros de Estado, Ministros, el Auditor General y el Secretario General del Consejo de Estado. Elige al Presidente de la Comisión Militar Central, Presidente del Tribunal Popular Supremo, Fiscal General de la Fiscalía Popular Suprema, aprueba el plan de desarrollo socioeconómico, examina y aprueba los presupuestos del Estado, ratifica la creación de provincias, regiones autónomas y municipios, decide la guerra y la paz.
El Presidente de la República Popular China, de acuerdo con las decisiones de la Asamblea Popular Nacional y de su Comité Permanente, promulga las leyes, nombra o destituye al Primer Ministro, los Ministros, Auditor General y Secretario General, otorga las condecoraciones y los títulos honoríficos del Estado, decreta la amnistía especial, impone la ley marcial, declara el estado de guerra y decreta la movilización. No puede reelegirse más de dos mandatos continuos.
La Comisión Militar Central dirige las fuerzas armadas, ejército y policía, de todo el país, está integrada por: el Presidente, los Vicepresidentes y los miembros. Practica el sistema de responsabilidad personal de su Presidente, tiene el mismo periodo de mandato que la Asamblea Popular Nacional y responde ante la Asamblea Popular Nacional.
El Estado chino tiene la concepción de que la liberación de China se tiene que dar en el mundo real y con los medios reales, no a través de subjetividades ideológicas o de otra índole. La burguesía utilizó la imprenta para liberarse del feudalismo, pese a que la imprenta fue inventada en el feudalismo, en la misma lógica, el socialismo debe utilizar las herramientas del capitalismo para combatirlo y superarlo (desarrollo tecnológico, redes sociales, telefonía móvil, etc.), aunque en realidad, es la masa trabajadora la que produce las herramientas de producción, no el feudal y menos el empresario capitalista.
La gran lección que deja China como aporte del maoísmo a la teoría marxista es su gran salto dialéctico del modo de producción feudal al socialista, sin transitar obligatoriamente por un capitalismo desarrollado, del mundo de la rueda al mundo digital. China ha sacado de la pobreza no solamente a su país, sino a las ¾ partes de la población mundial, muchísimo más que las instituciones del capitalismo como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc., los cuales tienen fines contrarios.
Frente a estos irrefutables triunfos del socialismo chino, al capitalismo no le queda más que decir que China es capitalista, con fines de opacar el acierto político y el legado de la revolución, algo que definitivamente no lo lograrán, tan cierto como la imagen de Mao Tse Tung en su moneda nacional.
DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL NACIONAL, DR. VLADIMIR CERRÓN ROJAS, CON MOTIVO DEL XVI ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE
Camaradas del Partido Político Nacional Perú Libre e ilustres invitados a esta ceremonia que conmemora el XVI año de fundación de nuestro Partido.
El mundo es testigo una vez más de la embestida del imperialismo norteamericano que desangra a la humanidad en las guerras de Ucrania, Palestina, Yemen, Libia, Siria, Irán, etc. Estos ataques tienen un objetivo común que es el apoderarse de todos los recursos naturales de los pueblos del mundo, entre ellos el recurso petrolero y gasífero, para ostentar la condición de monopolista energético mundial y con ello someter al mundo a sus designios.
Latinoamérica no es la excepción de esta regla y hace poco ha sido testigo de cómo el imperialismo pretendió dar un golpe de Estado en la República Bolivariana de Venezuela, con fines de derrocar al gobierno de la Revolución Bolivariana y controlar sus recursos petroleros, gasíferos y auríferos. El tema toma mayor relevancia cuando Venezuela es el país con mayores reservas petroleras del mundo y, algo más importante, se encuentra en una franca transición del capitalismo al socialismo.
Los países que han decidido ser soberanos como Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela, tienen que pagar un alto costo de vivir con dignidad y, en las actuales circunstancias, esto significa enfrentar un criminal bloqueo económico, comercial y energético, con fines de romper la cohesión del pueblo con sus líderes, de desmoralizarlos en sus actividades diarias, truncando los proyectos que aspiran como sociedad para ser mejores.
Este bloqueo es la vieja estrategia común, aplicado a todo el que se atreva a ser un mal ejemplo para el imperio, aplicando fundamentalmente cinco mecanismos. Primero, bloquear la salida de los productos de un país hacia los mercados internacionales, impidiendo su exportación; segundo, obstaculizar la inserción del país o expulsarlo del sistema financiero mundial, con lo que restringen sus transacciones y la subsecuente captación de divisas; tercero, embargo de todos sus activos, entre las que se encuentran cuentas bancarias en moneda extranjera, barras de oro, derechos especiales de giro, etc.; cuarto, afectación a empresas públicas banderas para desabastecer el mercado interno; y, quinto, impedir la importación de mercancías, alimentos y medicamentos. El pueblo tiene que tener el convencimiento de que un bloqueo de este tipo no es un asunto de carácter bilateral, sino mundial, porque directa o indirectamente termina afectando a todos los países.
A este bloqueo debemos agregar la modalidad bélica no convencional que se utilizó hace poco en Venezuela, pero que también se utiliza constantemente en nuestro país, la denominada Guerra de Quinta Generación, estrategia del enemigo consistente en un trabajo articulado de diferentes instituciones públicas y privadas con fines de neutralizar o destruir al adversario, pero siempre bajo la dirección de los Estados Unidos.
En el Perú, la primera víctima de esta nueva artillería es, sin duda, nuestro Partido. Por ello, es necesario analizar los últimos sucesos en el continente, como lo sucedido en Honduras, Paraguay, Ecuador, Brasil, Bolivia y Venezuela, que comprenden los golpes de Estado y la persecución a los líderes y organizaciones políticas populares, para entender mejor esta perversa estrategia.
La única diferencia con el Perú, es que aquí la Guerra de Quinta Generación librada contra Perú Libre tiene un carácter profiláctico, es decir, un carácter preventivo para impedir su llegada al gobierno con militantes propios y proceder a la transición del sistema. Están convencidos, inclusive más que algunos de nuestros militantes, que el Partido es el único que garantiza el cambio.
Esta guerra empleada contra Perú Libre tiene cinco actores a tomar en cuenta, quienes en el léxico marxista constituyen el sujeto reaccionario. El primer actor lo representa el Sistema Nacional de Justicia, integrado por el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Administración Tributaria y Aduanas – SUNAT, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia.
El segundo actor, son los medios de comunicación dominantes, donde identificamos al Grupo El Comercio, que es dueño de trece periódicos y dos canales de televisión donde tiene incorporado al Grupo La República; al Grupo Latina, sostenido por las AFP o Administración de Fondo de Pensiones; y, al Grupo ATV, sumándose la prensa radial como el Grupo RPP y Grupo Exitosa. A estos medios debemos agregar con especial atención el ciberataque liderado por las redes sociales, en propiedad exclusiva de los magnates del planeta, como X (exTwitter), Facebook, Messenger, Instagram, WhastApp, Tiktok, YouTube, etc., plataformas que se utilizan políticamente para generar la desinformación, la mentira (fake news), el miedo, el pánico, el desaliento, la desmoralización, la desobediencia y la violencia, perseguir partidos y derrocar gobiernos incómodos al imperialismo, constituyéndose en nuestros días el mayor peligro existente contra la paz, la seguridad y la especie humana.
El tercer actor, son los servicios de inteligencia estatal de la Policía Nacional del Perú y del Ejército del Perú, pero además la Unidad de Inteligencia Financiera – UIF perteneciente a la Sociedad de Banca y Seguros – SBS, ambos ávidos para malinformar y procesar por lavado de activos a cualquier opositor u organización política.
El cuarto actor, lo constituyen las ONG, que son órganos de infiltración del gobierno norteamericano en nuestro país, entre los que se encuentra, por ejemplo, el Instituto de Defensa Legal – IDL, encargado de capacitar en EE. UU. a nuestros jueces, fiscales, procuradores, contralores, tribunos, etc., con todos los gastos pagos, residencias temporales y permanentes, viajes de placer y roce con el poder político yankee, de los cuales seguramente guardan las pruebas y filmaciones, con lo que se aseguran que cada actor de justicia no vaya a desconocer los compromisos asumidos.
El quinto actor, lo constituye la oligarquía nacional, representado por los empresarios agrupados en la Confiep, la Sociedad Nacional de Industria y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía; también se encuentran a los banqueros, representado por la Asociación Nacional de Bancos – ASBANC, quienes controlan el monopolio financiero en el país; y, finalmente, algo que no debe pasar desapercibido es el narcotráfico que goza de toda la protección policial, jurídica y financiera, garantizándole éxito e impunidad en nuestro país.
Estos cinco actores articulados permanentemente trabajan contra Perú Libre, no solo para procesarlo, desacreditarlo, perseguirlo, confiscar sus activos y encarcelar a sus dirigentes, producto del cual tenemos a cuatro camaradas miembros del antiguo Comité Ejecutivo Nacional, actualmente presos, y a mi persona en la clandestinidad. Esta situación difícil, es necesario enfrentarla con el decoro que amerita un partido revolucionario, mientras libramos la defensa jurídica en los tribunales burgueses.
Critican al Partido que integre la Mesa Directiva del Congreso de la República, queriendo espantarnos de un derecho que nos asiste como representantes del pueblo y, de esa manera, seguir haciendo que el mencionado nivel de gobierno permanezca como una exclusividad de la oligarquía. Perú Libre está ahí no para sacar leyes en favor de los banqueros, de los empresarios nacionales y transnacionales, de los deudores de SUNAT, de los concesionarios de nuestros recursos, de nuestros prestamistas de deuda, etc., sino, por el contrario, está para crear las universidades públicas, para restablecer derechos del personal laboral explotado, para eliminar los abusos judiciales, para impedir la privatización del agua, para luchar contra la impunidad de los violadores de derechos humanos, para oponerse al aislamiento de nuestro país frente a políticas antintegracionistas, para impedir el neocolonialismo impuesto a nuestro país, entre otras tareas.
Critican al Partido que ha disminuido su representación parlamentaria y ciertamente es un hecho tangible, que es necesario analizarlo. Hace un año, en esta misma ceremonia, dirigía a mi lado unas palabras, elogiando al Partido, la última traidora que ahora milita en las filas caviares, como otros quienes también tomaron ese camino. Ella dice que nuestra bancada partidaria estaba preparando un “paquete legislativo que atentaba contra la democracia”, supuesta causal de su alejamiento, utilizando el mismo lenguaje que los terruqueadores del pueblo, pero lo cierto es que sus motivaciones eran totalmente ajenas a las proclamadas.
Lo que llama la atención de estos desertores, quienes llegaron al Parlamento de la mano de Perú Libre, es que ahora han dado su propio salto cualitativo, de la disidencia al transfuguismo. Efectivamente, una cosa es dejar un partido y otra diferente es irse a militar a otro. En esa transición regresiva tenemos que algunos exmilitantes quienes abiertamente proclamaban, incluso ideologías extremas y querían darnos cátedras de marxismo, terminen hoy en partidos caviares y gansteriles. Lo sucedido camaradas, no debe llamarnos la atención, este es el camino natural de la mesocracia emergente, quienes, deslumbrados por una economía que nunca pudieron tener en sus manos y al no poder conquistar sus objetivos políticos, terminan arriando sus banderas revolucionarias e izando las banderas de la reacción.
En toda esta vorágine el Partido se ha fortalecido, puedo dar fe de este acontecimiento como uno de los militantes más antiguos, de algo que pudiera pasar desapercibido para la mayoría de los nuevos militantes. Es cierto de la reducción parlamentaria, pero a contraparte puedo afirmar que hoy tenemos una militancia más consciente de su tarea, una organización nacional más sólida, que no estará a la espera de la casualidad de una victoria, cuadros militantes mejor identificados, profesionales técnicos más capacitados en el manejo gubernamental de alto nivel, contacto directo con las organizaciones de los trabajadores, leyes aprobadas en beneficio del pueblo como muestra tangible de nuestra consecuencia, entre otras.
Frente a esta problemática el Partido convocó, el 10 de agosto de este año, a la Asamblea Nacional Extraordinaria cuyo encargo ha sido aprobar nuestro nuevo estatuto, constitución por la cual se rige nuestra organización, incorporando en el mismo a los peruanos en el exterior, ampliando y descentralizando la comisión política, creando la secretaría de cultura nacional, regulando los nuevos aportes económicos e integrando el centralismo democrático, mecanismo por el cual las decisiones se acatan de manera vinculante, sin espacio a la duda, la disidencia, el disenso o el transfuguismo.
Algo que no debe pasar desapercibido es que, a pesar del viento y la marea en contra, muchos de nosotros decidimos quedarnos en el Partido, para dar la misma batalla prolongada, siempre contra el imperialismo y su hermano el colonialismo, porque como dijo Fidel: “Sería traicionero de mi parte si abandono el campo de batalla. Los revolucionarios nunca abandonan el campo de batalla, los revolucionarios no se jubilan, en tanto puedan ser útiles, tanto requieran de sus servicios y de sus esfuerzos”.
La resistencia que ofrece el Partido frente a los embates de esta guerra de nueva generación, no tendría sentido si esta no nos condujera a la victoria, ni el Partido podría lograr sus objetivos. En tal sentido, crear las condiciones para que en nuestro país pueda materializarse nuestro Programa, como por ejemplo, que la educación y la salud dejen de ser un negocio mercantil para ser un derecho universal, gratuito, de calidad, descentralizado y participativo, requiere que el Partido se reorganice, aprenda a resistir, despliegue una movilización de ideas y hombres que contraataquen la ofensiva, garantizando su llegada a la cúspide, permitiendo ganar el Ejecutivo con mayoría en el Legislativo, instalando un gobierno bajo custodia permanente del pueblo para lograr sostenerse y posteriormente sucederse con los nuevos líderes populares, pero nunca más permitiendo el retorno de la oligarquía.
El Partido enfrentará las Elecciones Generales 2026, como siempre en condiciones asimétricas, pero que no tendrá otro destino diferente que el triunfo. Completaremos todas las candidaturas, pero eso no es lo suficiente, pues en los partidos del pueblo la organización es vital para su nacimiento, crecimiento y logro de sus objetivos, por eso hago un llamado a fortalecer cada comité por pequeño que parezca, incluso en el lugar más lejano que pueda situarse, los mismos que deben ampliarse hasta involucrar a todo el tejido social. Somos nosotros quienes tenemos mejores condiciones de llegar personalmente al pueblo, mientras los ricos solo lo harán a través de sus medios de comunicación; ahí está la contradicción y a la vez nuestra fortaleza.
Camaradas, para medir lo revolucionario de nuestro Partido, solo basta con identificar a nuestros enemigos políticos y sus esfuerzos denodados que siguen desplegando con tal de desaparecer del mapa a la única organización política popular, la que estamos orgullosos de militar, que, a diferencia de la izquierda falsificada o caviar, quienes gozan de toda la protección jurídica y policial, nuestro Partido debe enfrentarlo con cuatro elementos: cultura de resistencia, férrea disciplina en las tareas, lealtad a nuestros principios y permanente convicción de victoria.
Cada uno de nosotros es un dirigente, no un dirigido, cada uno de nosotros es el líder de arriba y de abajo, no hay diferencias tras el objetivo común. El triunfo de Perú Libre el año 2021, marcó un antes y un después, un hito que debemos que resaltar revolucionariamente, como el primer triunfo de la izquierda nacional de las manos de nuestro Partido, lo que quiere decir que sí puede llegarse nuevamente al gobierno por esta vía demostrada, pero lo más importante es que la gente del pueblo pueda asumir las tareas más grandes, lo que implica estar dispuesto a no elegir nunca más a los oligarcas.
¡Viva el XVI Aniversario del Partido Político Nacional Perú Libre!
