Médico Cirujano, Especialista en Neurocirugía, Magíster en Neurociencias, Doctor en Medicina, Expresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales - ANGR, Gobernador Regional de Junín, Secretario General Nacional del Partido Político Nacional Perú Libre.
Tía María es el nombre del proyecto minero cuprífero (incluye dos yacimientos Tía María y La Tapada), que pretende explotar la transnacional Southern Copper Corporation, del Grupo México, situado muy cerca al Valle de Tambo, involucrando a los distritos de Cocachacra, Mejía y Dean Valdivia, provincia de Islay, departamento de Arequipa.
Se calcula extraer un total de 425 millones de TN de cobre en La Tapada y 225 millones de TN de cobre en Tía María en 21 años. El valor comercial de 1 TN de cobre está alrededor de 11 mil dólares USD. De éstas ganancias, la Southern Copper Coprporation, se quedará con el 70% y solo el 30% para el Estado peruano. En la práctica, la comunidad de Valle de Tambo luchará contra dos “privados” la Southern y el propio Estado peruano, quienes son los directos beneficiarios de la explotación.
La transnacional ha prometido utilizar agua de mar desalinizada, pues necesita 235 litros/segundo, para su operación minera, sin embargo, Southern Copper Corporation, cuenta con un prontuario de incumplimientos que ya nada es creíble por la comunidad, sus dirigentes, ni el pueblo peruano. Más aún, si consideramos el mal antecedente del problema de Las Bambas donde otra transnacional prometió construir un mineroducto y jamás lo hizo. Lo más probable es que se utilicen las aguas subterráneas.
Pese a que la minera grita a los cuatro vientos que los yacimientos no están en el valle, todos saben que sus efectos ambientales, a tajo abierto, serán catastróficos no solo para la agricultura, sino para la propia salud humana. Experiencias al respecto no hacen mayor falta en un país minero como el Perú.
Esta es la razón del por qué, el 2009 que se realizó una consulta vecinal por las autoridades locales el 95% rechazó el proyecto, sin embargo, esto contrasta con la siempre comedida neoliberal Ipsos Perú que asegura que el 59% de la población está a favor, pese a que el conflicto hasta ahora ha conllevado a la pérdida de 7 vidas de agricultores y 1 de un policía.
Una vez construida la mina, en realidad se dará trabajo directo en solo 650 puestos de trabajo, aspecto que colisiona con los más de 20 mil agricultores del Valle de Tambo conformado por Cocachacra con 8,984 pobladores, Deán Valdivia con 6,619 y Punta de Bombón, con 6,477, según INEI al 2015. En otras palabras, tendremos a más 19 mil agricultores desempleados y sin capacidad para sostener económicamente a sus familias, cuya protección es deber irrenunciable del Estado peruano.
La nueva ley de minería anunciada por el presidente Martín Vizcarra, no tendrá ningún efecto sobre el proyecto Tía María, al que ya se le otorgó la licencia de funcionamiento, debido a que las leyes no son retroactivas, salvo los casos penales cuando favorece al imputado y éste no es el tema.
El pueblo de Arequipa en su conjunto está luchando de manera decidida para defender el Valle de Tambo y sus áreas aledañas. Ha dicho: ¡Tía María, No Va!, y habiendo dilucidado lo anteriormente expuesto, ésta es la postura del Partido Perú Libre, por lo que apoyamos todas sus luchas encabezadas por su gobernador regional, quienes iniciarán un paro indefinido este 5 de agosto, en contra del abuso de la transnacional minera.
La Constitución de 1993 tiene su sustento ideológico en el Consenso de Washington, reunión donde participaron los organismos y poderes mundiales de facto. Este acuerdo consigna despojar al Estado de todas sus facultades, deberes y derechos y transferírselos a las empresas mediante privatizaciones, cuyos dueños en la mayoría son norteamericanos.
Al lograr privatizar la educación, la salud, el transporte, la energía, las pensiones, los medios de comunicación, la banca, etc., simplemente Norteamérica gobierna todos nuestros sectores estratégicos y no estratégicos, sin haber disparado un solo tiro.
Al minimizar el Estado, éste se despoja de sus obligaciones que le representen «gasto» público, como las pensiones, educación y salud pública, fondos previsionales, etc., los mismos que quedan desfinanciados conllevando a incrementar la pobreza y dependencia del pueblo.
Un ejemplo palpable es la reducción o eliminación de la tropa de nuestro ejército, no tenemos ni los glóbulos blancos para resistir a cualquier infección militar extranjera, porque le genera “gasto” al Estado.
Esta es la razón del por qué debemos marchar hacia una Nueva Constitución mediante Asamblea Constituyente y luchar desde el plano parlamentario y extraparlamentario.
GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA Vladimir Cerrón Bien pudo haber crecido Bolivia en indicadores macroeconómicos y microeconómicos, trayendo prosperidad a su pueblo, pero si el pueblo no es consciente que ese bienestar se debe a un factor ideológico que impulsó determinadas políticas públicas, como la nacionalización de sus recursos, no sabrá valorar ni conservar las conquistas. Tras los fallidos intentos de los EEUU de rendir a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a punta de bloqueo e invasiones militares, el imperio llegó a la conclusión que la amenaza extranjera era contraproducente, porque exacerbaba el nacionalismo y por ende la compactación del gobierno con su pueblo, traduciéndose en la conformación de milicias. Evo Morales expulsó a la DEA, cerró la embajada de los EEUU, nacionalizó empresas transnacionales, solicitó visa a los norteamericanos que ingresaran a Bolivia y modificó su Constitución, lo que le permitió imponer nuevas reglas a la inversión extranjera, además de repatriar varios yacimientos mineros, gasíferos e hidroenergéticos. Bolivia comenzó a vivir un mejoramiento envidiable de su economía y era el país que mejor crecía a nivel latinoamericano. La misma prensa derechista utilizaba su imagen para su propio interés, pues Bolivia era el buen gobierno zurdo, mientras que a Venezuela era lo malo. A la par, el gobierno boliviano trabajaba arduamente en temas como la lucha contra el colonialismo, el imperialismo, el racismo y el machismo. El vicepresidente García Linera dijo que el trabajo sobre la superestructura era fundamental y llamó a crear un hegemonismo cultural y político a favor del socialismo. Pero, cuando Bolivia llega a la estabilidad económica, descuida el plano subjetivo, porque pensaron que hacer obras y tener buen índice de crecimiento eran suficientes para que el pueblo lo siga apoyando y abandonaron la lucha de las ideas. Acostado en los laureles Morales dedicó últimamente sus esfuerzos a incursionar más frecuente en la política internacional, estableciendo convenios con países como China y Rusia, descuidando el interior. La CIA vio esta vulnerabilidad ideológica no solo en el pueblo sino en los altos mandos militares y policiales y no es que la CIA sea tan fuerte como se pinta, pues su éxito radica en dependencia de la cantidad de felipillos que tenga el país. ¿Cómo podríamos entender que Venezuela bloqueado económicamente, aislado, amenazado militarmente con una invasión y con una conspiración mediática internacional brutal haya resistido y vencido a diferencia de Bolivia? Sencillamente Maduro y Chávez consideraban que las fuerzas armadas eran insuficientes para resistir y vencer ante una agresión a gran escala, además porque podrían ser infiltradas, por lo que debían organizar militarmente al pueblo y adoctrinarlo para neutralizar al enemigo externo e incluso interno. Hoy Venezuela cuenta con tres millones de milicianos y el imperio ha decidido el cese temporal de la agresión. Morales no lo entendió así, por el contrario, redundó en el error de Allende, lejos de armar al pueblo lo desarmó. Así, el golpe de Estado tenía todo el viento a su favor, pues para que a la par la policía y el ejército solicitaran la renuncia de Morales es porque fueron vulnerados ideológicamente, lo que explica el trabajo fino desarrollado por las organizaciones de fachada al servicio de la CIA. Para coronar el triunfo, la OEA jugó siempre su rol pro imperialista, fue la primera que indujo a la duda, sugirió una segunda vuelta, insinuó un fraude que posteriormente lo afirmó y recomendó nuevas elecciones, pero en realidad querían la renuncia o el magnicidio de Morales. Aun así, ahora Evo está derrocado, pero no derrotado y conforme lo vaticinó Túpac Katari volverá y será millones.
El Puente Comuneros fue una obra reclamada por nuestros pueblos hace más de 60 años, prometida por muchos políticos de todo orden, nivel y pelaje, alcaldes, diputados, senadores e inclusive presidentes de la República que es mejor no nombrarlos. Pero el intento más serio corresponde al exalcalde Pedro Morales Mansilla quien logró colocar unos pilotes de concreto sobre el río Mantaro los cuales finalmente fueron arrasados por sus aguas en una crecida de corriente, pese a este “fracaso” no podemos dejar de considerar el mejor propósito hasta entonces.
Hace más de medio siglo todas las generaciones fueron burladas, tras las falsas promesas muchos dejaron de existir anhelando ver esta obra. Quién no recuerda de niño los anuncios de la pronta ejecución del Puente Comuneros, una y otra vez, y cuando supuestamente estaba a un paso de cristalizarse, todo era mentira. Los pueblos de la margen derecha del río Mantaro fueron los que más lo sintieron al tener que dar una vuelta olímpica de horas para llegar a su destino, que de haber puente, lo harían en pocos minutos.
Como anécdota puedo contemplar en estas líneas un recuerdo paternal. Cuando niño, a los 10 años de edad, le pregunté a mi padre frente al “malecón” de la urbanización La Ribera, cuasi a orillas del río Mantaro, en circunstancias que nos alistábamos a cruzarlo al día siguiente y observando el puente artesanal hecho de madera: “¿Papi, cuándo van a construir el Puente Comuneros?”, mi padre, maestro de profesión, me respondió en son irónico o predictivo: “Cuando tú seas presidente, hijo”, esa fue su escueta respuesta. Hoy me convencí de que no era una ironía de su parte. También recuerdo que muchas vidas se perdieron cruzando en botes artesanales de madera ese caudaloso río Mantaro, murieron decenas de estudiantes, isabelinos y rosarinas, mayoritariamente.
Lo dicho por mi padre siempre anduvo rondando mi cabeza, bastó ese punzante recuerdo para que sea el motor de mis empeños, el estímulo de la sana obsesión, la llave que permite abrir la compuerta, la chispa que mueve el pistón o el motor que mueve la locomotora.
Una vez asumida la presidencia regional, una de las primeras acciones realizadas fue la solicitud de los estudios acerca de tan importante proyecto, prácticamente no había nada. Aquí conté con la acción diligente de nuestro joven gerente, Lic. Henry López Cantorín, quien se puso al ritmo nuestro y ordenó los primeros estudios de preinversión.
Revisando los documentos sobre las construcciones de los puentes en el Perú nos dimos cuenta de que la empresa pionera en construcción de puentes metálicos era SIMA (Servicios Industriales de la Marina), pues había construido cerca del 90% de los puentes del Perú. Inmediatamente nos constituimos al Callao para establecer reuniones de coordinación, luego los invitamos a Huancayo, para finalmente firmar un convenio de colaboración interinstitucional en la que ellos elaboraban el expediente técnico y luego ejecutaran la obra. SIMA, al ser una empresa del Estado peruano, no requería adjudicarse la obra por licitación, sino mediante este convenio conforme ampara la ley.
Como gobierno descentralizado asumimos ser la unidad ejecutora de este proyecto y una vez concluidos los estudios, iniciamos esta obra de largo aliento el 16 de diciembre del 2011 en medio de un jolgorio popular. Inicialmente se elaboró el expediente para que la obra tenga 300 metros de luz, sin embargo, una necesidad posterior extendió el proyecto de los accesos metálicos entre ambas márgenes en cerca de 200 metros más, conllevando a que el puente tenga una luz promedio de 5 cuadras de longitud.
Para lograr el presupuesto tuvimos que abordar en Palacio de Gobierno al presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, quien estaba recién electo. Para dicha reunión se mandó a confeccionar una réplica en plata de la maqueta del Puente Comuneros en miniatura, trabajado por los orfebres del distrito de San Jerónimo de Tunán, con lo que el presidente quedó deslumbrado y accedió al compromiso de otorgarnos el presupuesto total. Además, se trataba de una megaobra que también daría realce a su período de mandato.
La cultura individualista y mercantilista introducida por el neoliberalismo, hace que algunos crean innecesaria la solidaridad latinoamericana con el pueblo de Bolivia tras el golpe de Estado racial, empresarial, patriarcal y clerigal, cuando en realidad es vital para nuestras actuales y futuras generaciones. Nuestra sensibilidad humana frente al abuso de otros pueblos, nos permite tener una experiencia en cuerpo ajeno para que no la permitamos más adelante en el nuestro. Aquí es cuando el nacionalismo pierde fuerza histórica y política frente al internacionalismo. Ningún medio de comunicación alineado con la derecha internacional habla de golpe de Estado, hablan de fraude, de perpetuación en el poder, en su misión de seguir engañando al pueblo latinoamericano.
Nuestro partido tiene como principio el internacionalismo y es miembro del Foro de Sao Paulo, por tanto tiene la tarea de defender el socialismo mundial.
Los Congresistas de la República del Grupo Parlamentario Perú Libre, impulsados por el único afán de que los hidrocarburos nacionales sean utilizados a precios justos para el beneficio de las familias peruanas y la industria nacional y libre de las ataduras de las grandes corporaciones que solo buscan incrementar sus ganancias a expensas del bienestar de todos los peruanos, presentan a consideración del Congreso de la República el siguiente Proyecto de Ley:
PROYECTO DE LEY QUE GARANTIZA LA PROPIEDAD ESTATAL DE LA EMPRESA PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ
El Congreso de la Republica;
CONSIDERANDO:
Que, Petróleos del Perú – PETROPERÚ, es una empresa nacional eficiente, que ha redituado importantes ingresos para el Estado Peruano durante todos los años que ha existido.
Que, Petróleos del Perú – PETROPERÚ, es una empresa pública cuyas acciones son íntegramente del Estado peruano, tal como se estipula en el Decreto Legislativo N° 43 del mes de julio de 1981, estando autorizada a transferir como máximo hasta un veinte por ciento (20%) de las acciones representativas de su capital social, con la finalidad de captar recursos del sector privado, tal como se establece en la Ley 29817 del mes de diciembre del 2011.
Que, la privatización de parte importante de esta empresa ocurrida en el año 1995, cuando se vendió la refinería de La Pampilla y otras importantes secciones de ella, desmembrándola y reduciendo su actuación gravemente, no ha traído ningún beneficio para el país sino que por el contrario ha ocasionado consecuencias muy negativas para la seguridad energética de la Nación, habiendo disminuido la producción nacional de petróleo crudo en un 50% en los últimos 15 años, reduciéndose de 118 mil a 67 mil barriles por día.
Que, esta reducción de la producción de petróleo continúa en nuestros días y no se prevé que pueda interrumpirse, pues las empresas transnacionales encargadas de la exploración disponen de campos en otros países que son prioritarios para ellas, sea por que pueden explotar esos yacimientos con menores costos o por que siendo empresas públicas de otras naciones, tienen otras prioridades dictadas por sus respectivos gobiernos.
Que, el Gobierno del señor Ollanta Humala ha expedido la Ley N° 30130, llamada de Modernización de PETROPERÚ, que establece en su articulado la autorización para colocar en el mercado financiero hasta el 49% del capital social de la empresa para financiar este proceso.
Que, la privatización de la exploración y explotación de los yacimientos petrolíferos del Perú, ha significado que los precios de los combustibles y lubricantes que se producen en el país, han multiplicado sus precios encareciendo todos los procesos productivos del país.
Que, es fundamental que el Perú, tal como lo han hecho los países vecinos que disponen de importantes reservas de hidrocarburos, disponga de una empresa estatal que participe activamente en los procesos de exploración, producción, distribución y comercialización del petróleo y sus derivados, para que la industria nacional y los hogares peruanos puedan disponer de combustibles y lubricantes a precios equitativos y no sean sometidos a la voracidad de empresas transnacionales cuyo único fin es el lucro y no servir a la nación.
Que, es importante que PETROPERÚ recupere, a medida que vencen los contratos de concesión y revierten a poder del Estado, los yacimientos petroleros disponibles y desarrolle su capacidad para emprender proyectos de explotación de los yacimientos, en la medida que la rentabilidad del negocio petrolero está precisamente en esa fase y solo en muy pequeña medida en la refinación.
Que, por lo señalado, consideramos que es necesario desarrollar a Petróleos del Perú – PETROPERÚ como una empresa estatal integrada, es decir que trabaje en las diferentes etapas del proceso productivo y comercial de la industria del petróleo y la petroquímica, no solo en una de sus fases.
Que, los que suscribimos la presente iniciativa legislativa la presentamos en el marco del Artículo 107 de la Constitución Política del Estado de acuerdo al siguiente texto.
FÓRMULA LEGAL
LEY QUE RESTITUYE LA INTANGIBILIDAD DEL CAPITAL ACCIONARIO DE LA EMPRESA PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ COMO EMPRESA ESTATAL Y LA RECUPERACIÓN DE SU CAPACIDAD PARA INTERVENIR EN TODOS LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS
Artículo 1.- Objeto de la Ley
La presente ley restituye la intangibilidad del capital accionario de la empresa Petróleos del Perú – PETROPERÚ, como empresa 100% estatal– y recupera su capacidad para intervenir en todos los procesos de la producción, refinación y comercialización de los hidrocarburos y sus derivados.
Artículo 2.- De la propiedad de las acciones de la empresa Petróleos del Perú – PETROPERÚ
Petróleos del Perú – PETROPERÚ, es una empresa pública de propiedad del Estado peruano, el cual posee el cien por ciento del capital accionario. Las acciones de esta empresa no podrán ser vendidas o comprometidas con terceros, en ninguna circunstancia. Esta condición no impide que esta empresa pueda concertar con otras empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, acuerdos destinados a fortalecer su capacidad para intervenir en cualquiera de las fases de exploración, explotación o comercialización de hidrocarburos.
Artículo 3.- De los planes de inversión, modernización o actualización empresarial
La ejecución de los planes de modernización o actualización de la empresa Petróleos del Perú – PETROPERÚ, no afectarán la estructura de la propiedad pública de la empresa. Todas las inversiones requeridas para este efecto, serán realizadas sin afectar la propiedad de su accionariado.
Artículo 4°.- De la modernización de la refinaría de Talara
El proyecto de Modernización de la Refinaría de Talara, aprobado mediante la Ley N° 30130, deberá adecuarse a lo dispuesto en esta Ley, de tal manera que los convenios que pueda realizar Petróleos del Perú – PETROPERÚ, para ejecutarlo no alteren la naturaleza de la propiedad de su accionariado.
Artículo 5°.- De la reversión de los yacimientos de hidrocarburos en explotación y los lotes en exploración, cuyos contratos vencen próximamente
Los yacimientos de hidrocarburos que están siendo explotados en la actualidad por empresas concesionarias o los lotes asignados para exploración, cuyos contratos culminen próximamente revertirán a Petróleos del Perú – PETROPERÚ. Esta empresa podrá, mediante convocatoria pública, licitar la explotación o exploración según sea el caso o en su defecto, realizarlas por cuenta propia.
Artículo 6°.- Del desarrollo de la red de comercialización de hidrocarburos y derivados del petróleo de Petróleos del Perú – PETROPERÚ
Se autoriza a la empresa Petróleos del Perú – PETROPERÚ– a desarrollar empresarialmente su red de comercialización de hidrocarburos y otros derivados del petróleo en el país, participando activamente en el mercado nacional de sus productos sin ningún género de limitaciones.
Artículo 7°.- Disposición derogatoria
Deróguese o adecúese según sea el caso, todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.
Lima, marzo del 2020
Firma de los Congresistas de Perú Libre
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente propuesta legislativa es presentada con el propósito de que la empresa pública Petróleos del Perú – PETROPERÚ–, sea nuevamente una empresa estatal en su totalidad y no parcialmente, tal como se ha establecido en la Ley 30130, del 17 de diciembre del 2013, que declara de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la modernización de la refinería de Talara para asegurar la preservación de la calidad del aire y la salud pública y adoptar medidas para fortalecer el gobierno corporativo de Petróleos del Perú – PETROPERÚ.
La mencionada norma, establece en el inciso 3.2 del Artículo 3, que, para proceder a ejecutar el plan de modernización de la refinería de Talara, PETROPERÚ debe realizar un proceso de emisión o venta de acciones hasta un 49 % del total de su capital social en circulación. Esto significa que el comprador o los compradores, podrán poseer prácticamente el 50 % de la empresa con lo que su control, en términos reales, será un hecho consumado.
La propuesta establece no únicamente la eliminación de la proposición contenida en el referido literal 3.2 de la mencionada Ley, sino establecer que en ningún caso PETROPERÚ podrá dejar de ser una empresa cuyo capital social pertenezca íntegramente al Estado, que responda a los intereses de todos los peruanos y no a los intereses de empresas privadas, cuyos intereses primordiales estriban en el lucro y no en el servicio a la Nación.
La seguridad energética del país, requiere una empresa pública potente que gobierne la exploración, extracción, transformación y comercialización de los hidrocarburos. Los peruanos que suscribimos la presente propuesta legislativa, estamos seguros que nuestra situación en el proceso de desarrollo del país exige que se adopte políticas públicas que permitan que los precios de los derivados del petróleo puedan ser ofrecidos en el mercado nacional a precios justos, que no sean inflados artificialmente por intereses
PRECIO DEL LITRO DE GASOLINA EN DÓLARES DE LOS EEUU EN DIVERSOS PAÍSES(marzo 2014)
Como se puede observar, el precio de la gasolina en el Perú es uno de los más altos del mundo, comparable al precio que pagan países como Japón y Chile, que no producen una gota de petróleo y muy lejos del precio de la gasolina que se paga en países como Ecuador o Bolivia, que autoabasteciéndose de petróleo tienen un precio que deja importantes utilidades a sus empresas públicas y aun así, es menor en más de un 50 % que el precio de la gasolina del Perú.
La política del gobierno de Humala, a la postre, no ha sido precisamente la de fortalecer a PETROPERÚ. Si bien inicialmente el gobierno anunció que se tomaría el camino de recuperar las funciones que se habían privatizado en la década fujimorista, lo cierto es que después se retomó la senda de la privatización sin ningún embozo. Ahora, con la dación de la Ley 30130, se avanza aún más en este proceso de privatización, disponiendo la venta al sector privado hasta el 49 % del capital social de la empresa, con el propósito de lograr la modernización de la refinería de Talara, proyecto fundamental para el país que el gobierno pretende condicionar a la venta del capital social de la empresa.
Los firmantes de esta propuesta legislativa sostenemos que el Estado peruano puede ejecutar el proyecto de modernización de la refinería de Talara, sin necesidad de vender la empresa y aceptar que empresas públicas de otros países se apropien de la nuestra.
La propuesta del gobierno no es otra cosa que la continuación de la política petrolera del gobierno fujimorista, que descuartizó PETROPERÚ, que ha amenazado la seguridad energética de la nación. Hoy somos importadores netos de petróleo, llegando a comprar a precios internacionales crecientes un aproximado de 140 mil barriles diarios de petróleo, que equivalen a un aproximado de 14 millones de dólares diarios.
La seguridad energética de un país no estriba únicamente en su capacidad de contar con fuentes de suministro de energía permanentes, sea de fuentes internas o externas. Se trata también, de que esta energía pueda ser ofrecida a precios razonables a las familias y las unidades productivas del país.
La inseguridad energética se produce cuando un país es incapaz de controlar el volumen de energía disponible, cuando las fuentes de ésta son inseguras o cuando la energía que se ofrece tiene precios tan elevados que no pueden ser adquiridos con oportunidad y eficiencia por los consumidores.
El hecho de que el Perú tenga una de las gasolinas más caras del planeta, superior incluso a los precios de la China y los EEUU de Norte América, países que gobiernan el mercado mundial, hace que nuestros productos tengan mucho menores posibilidades de competir que los de estos grandes titanes de la economía mundial.
“El concepto de seguridad energética se refiere a los riesgos a los que está expuesta una sociedad, y que les impidan el acceso a fuentes de energía, en forma oportuna, eficiente y a precios razonables, para satisfacer su demanda”. Esta definición, planteada por el Ingeniero Adolfo Chiri en el artículo “La Problemática de la Seguridad Energética”, en “La Seguridad Energética, un reto para el Perú el Siglo XXI”, Colegio de Ingenieros del Perú, 2008, recoge los aspectos centrales que nos preocupan.
Por su parte, el Ing. Alberto Ríos V., señala en su ensayo “La cruda realidad del petróleo en el Perú”, que El Perú no es un país productor de petróleo. La máxima producción se alcanzó en los años 80 cuando apenas se superaron los 200 mil barriles diarios. Hoy se comprueba que la dependencia externa de crudo asociada a la brecha entre producción y demanda nacional se incrementa, lo que puede resultar angustiante y condicionar seriamente las actividades económicas del Perú.
El proyecto de ley que se presenta apunta directamente a resolver este problema, permitiendo que la empresa de petróleo del Perú afronte la tarea de invertir en todos los rubros del proceso productivo del petróleo.
MARCO LEGAL
Constitución Política del Perú, que establece:
Art. 107° El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes.
También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y los colegios profesionales. Asimismo, lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley.
RELACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL
Esta propuesta legislativa, se relaciona directamente con la afirmación de los objetivos nacionales de desarrollo y con las siguientes políticas establecidas en Acuerdo Nacional:
La propuesta que se presenta está ligada a la quinta política de Estado del Acuerdo Nacional al proponer que PETROPERU disponga de la autorización para desarrollarse empresarialmente sin ninguna traba y permita que el Estado peruano tenga en ella la herramienta clave para garantizar el acceso a los hidrocarburos del subsuelo del país. La seguridad energética es la clave para garantizar el desarrollo de nuestra economía en el siglo XXI.
QUINTA POLÍTICA DE ESTADO
Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y procedimientos transparentes
Nos comprometemos a impulsar las acciones del Estado sobre la base de un planeamiento estratégico que oriente los recursos y concierte las acciones necesarias para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, crecimiento y adecuada integración a la economía global.
También está ligada esta propuesta, a la novena política del Acuerdo Nacional que establece la adopción de una política de seguridad nacional, pues uno de sus elementos fundamentales es la seguridad energética. Ella es un instrumento fundamental para garantizar la independencia, la soberanía nacional, la integridad territorial y la salvaguarda de los intereses nacionales. Una de las mayores debilidades de nuestro país, es hoy en día la carencia de los recursos energéticos que requerimos para nuestra economía. Debemos usar los recursos que disponemos para ello, pero no será posible mientras los principales proyectos de desarrollo energético sean gobernados por intereses extranjeros, sean estos intereses empresariales o de otros gobiernos ajenos a nuestra patria.
NOVENA POLÍTICA DE ESTADO
Política de Seguridad Nacional
Nos comprometemos a mantener una política de seguridad nacional que garantice la independencia, soberanía, integridad territorial y la salvaguarda de los intereses nacionales. Consideramos que ésta es una tarea que involucra a la sociedad en su conjunto, a los organismos deconducción del Estado, en especial a las Fuerzas Armadas, en el marco de la Constitución y las leyes.
También se relaciona nuestra propuesta con la décima política de Estado del Acuerdo Nacional, que propone la adopción de políticas públicas que combatan la pobreza y la desigualdad social. Recordemos que los precios de los combustibles y lubricantes, son un factor determinante en la formación de los precios de los productos básicos.
DÉCIMA POLÍTICA DE ESTADO
Reducción de la pobreza
Nos comprometemos a dar prioridad efectiva a la lucha contra la pobreza y a la reducción de la desigualdad social, aplicando políticas integrales y mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas. Asimismo, nos comprometemos a combatir la discriminación por razones de inequidad entre hombres y mujeres, origen étnico, raza, edad, credo o discapacidad. En tal sentido, privilegiaremos la asistencia a los grupos en extrema pobreza, excluidos y vulnerables.
La propuesta que se presenta está vinculada también con el décimo sétimo política de Estado del Acuerdo Nacional, que propone como uno de los principios fundamentales de la economía nacional la participación del Estado como promotor del desarrollo.
DÉCIMO SÉTIMA POLÍTICA DE ESTADO
Afirmación de la economía social de mercado
Nos comprometemos a sostener la política económica del país sobre los principios de la economía social de mercado, que es de libre mercado, pero conlleva el papel insustituible de un Estado responsable, promotor, regulador, transparente y subsidiario, que busca lograr el desarrollo humano y solidario del país mediante un crecimiento económico sostenido con equidad social y empleo.
Finalmente, nuestra propuesta legislativa propone que el Estado peruano asuma de manera dinámica la mejora de la competitividad del país, estableciendo de manera estructural precios competitivos para nuestros productos de exportación, al adoptar como política de Estado la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos mediante el desarrollo de PETROPERÚ.
DÉCIMO OCTAVA POLÍTICA DE ESTADO
Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica
Nos comprometemos a incrementar la competitividad del país con el objeto de alcanzar un crecimiento económico sostenido que genere empleos de calidad e integre exitosamente al Perú en la economía global. La mejora en la competitividad de todas las formas empresariales, incluyendo la de la pequeña y micro empresa, corresponde a un esfuerzo de toda la sociedad y en particular de los empresarios, los trabajadores y el Estado, para promover el acceso a una educación de calidad, un clima político y jurídico favorable y estable para la inversión privada, así como para la gestión pública y privada
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
La propuesta que se presenta, no afecta por sí misma al erario público, pues únicamente propone la adopción de una política de manejo de la empresa estatal PETROPERÚ, de tal manera que no se puedan vender sus acciones a particulares, permitiendo que ella pueda solventar por la vía de sus acciones directas en el mercado de los hidrocarburos, los recursos necesarios para su modernización.
Los beneficios de la propuesta abarcan a los 33 millones de peruanos y cientos de miles de empresas que podrán realizar sus procesos productivos disponiendo de seguridad energética y de hidrocarburos a precios equitativos.
Quienes proponemos esta medida legislativa estamos seguros que permitirá a todos los peruanos mejorar las condiciones para alcanzar las metas de un desarrollo con equidad.
Los Congresistas de la República del Grupo Parlamentario Perú Libre, presentan a Consideración del Congreso de la República el siguiente Proyecto de Ley:
PROYECTO DE LEY QUE CONVOCA A UN REFERÉNDUM NACIONAL PARA APROBAR LA CONVOCATORIA A UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE QUE DICTE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.
El Congreso de la República;
Considerando:
Que, la Constitución Política del Estado que rige los destinos de la república desde el año 1993 fue elaborada por un gobierno espurio, que violentando la Constitución Política de ese entonces, destruyó las instituciones políticas y sociales del país.
Que, mediante esta Constitución Política se impuso un modelo económico neoliberal, que ha enriquecido de manera exponencial a una minoría empresarial favorecida por este sistema y ampliado inconmensurablemente la distancia entre esta minoría rica y las grandes mayorías empobrecidas de la nación.
Que, hoy en día más de 6.6 millones de peruanos aún se encuentran en situación de pobreza, es decir tienen que vivir con menos de 22 soles diarios por todo concepto;
Que, 18 niños de cada mil mueren antes de cumplir un año de vida por razones que podrían prevenirse;
Que, no es posible atender a miles de peruanos enfermos, porque los hospitales públicos son insuficientes, carecen de médicos especialistas, equipamiento adecuado y medicinas;
Que, la educación pública que reciben nuestros niños es una de las peores de América Latina, el salario de los maestros no alcanza para que puedan vivir con un mínimo de dignidad, la infraestructura de las escuelas públicas está deteriorada al extremo y los materiales educativos son de muy mala calidad.
Que, millones de peruanos siguen viviendo en casas precarias y tugurizadas, carentes de servicios de agua potable, desagüe y electricidad.
Que, el modelo económico neoliberal que se impuso con la Constitución Política del año 1993 y que aún está vigente, lejos de atender estas necesidades básicas de la población ha servido para que las empresas extractivas extranjeras tengan carta blanca para expoliar las materias primas de la nación, sin que éstas aporten de manera efectiva al desarrollo de las provincias donde se encuentran los yacimientos.
Que, aprovechando la inacción del Estado constreñido por la Constitución Neoliberal del año 1993, las grandes empresas monopólicas han colocado los precios de los combustibles y carburantes, necesarios para el transporte de personas y mercancías, a niveles descabellados, más altos que en los Estado Unidos de Norte América o Chile, que no produce un solo barril de petróleo, sin que los órganos públicos encargados de su control puedan intervenir, pues se encuentran coactados por las disposiciones constitucionales que se lo impiden.
Que, estas ataduras también se aplican al fundamental mercado de las medicinas, las cuales cuestan en el Perú hasta 30 veces más que países desarrollados, porque aquí no es posible normar los precios de estos medicamentos fundamentales.
Que, este impedimento de acción pública aplicado a los servicios financieros nacionales, permite que las empresas financieras y comerciales, la gran mayoría extranjeras, cobren intereses usureros a los usuarios del crédito en sus diferentes formas, llegando a cobrarse hasta 300 % de interés anual lo que es evidentemente un robo legalizado por la espuria Constitución fujimorista. Luego estas empresas remesan a sus países de origen los dólares extraídos de los bolsillos de los peruanos.
Que, la Constitución Fujimorista del año 1993 impide que el Estado mediante las empresas públicas participe en los diferentes mercados ofreciendo a la población alternativas de bienes y servicios a precios racionales y así impida por regulación práctica, los grandes abusos que hoy se cometen contra la población de menores recursos.
Que, el gobierno de la nación, a pesar de los enunciados sigue estando centralizado en un Poder Ejecutivo omnímodo, que dicta desde Lima todas las disposiciones importantes para el desarrollo del país, dejando a los gobiernos regionales y locales en una posición mendicante ante el Ministerio de Economía y Finanzas, que dicta como, cuando y cuanto se destina a los proyectos de desarrollo del interior del país.
Que, los sistemas de gobierno, de representación, de partidos políticos, de elecciones y de justicia, siguen estando al servicio de la corrupción y de la explotación de los recursos nacionales por unos pocos empresarios nacionales y extranjeros, que medran y corrompen al servicio público para asegurar sus intereses.
Que, es un clamor popular amplio y urgente que se elabore y apruebe una nueva Constitución Política del Estado, que elimine las trabas para que nuestro país adopte un nuevo sistema político, social y económico que establezca un nuevo contrato social fraterno, solidario y responsable privilegiando la inclusión de todos los peruanos.
Que, el modelo económico y social establecido por el neoliberalismo, definido como capitalismo salvaje por el Papa Juan Pablo II, debe ser transformado por un sistema que proteja a los ciudadanos de los abusos del mercado y que, a la par que brinda facilidades para el desarrollo empresarial honesto, exija actuar siempre con responsabilidad social.
Que, como queda demostrado por las eclosiones sociales que se viven con diferentes matices en las repúblicas de Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia en América Latina y otras naciones en el mundo entero, es necesario un cambio hacia modelos socioeconómicos gobernados por la búsqueda del bienestar y el progreso del ser humano antes que solo por la tasa de ganancia empresarial.
Que, en nuestro país hemos vivido un inmenso conflicto social durante más de 15 años que ha tenido como caldo de cultivo la desigualdad social y que nos ha costado decenas de miles de víctimas en enfrentamientos que tenemos la obligación generacional de evitar.
Que, es necesario elaborar una nueva Carta Magna que sea un instrumento eficiente para impulsar a nuestra sociedad con orden y serenidad, pero con energía y firmeza, hacia la consecución del desarrollo con justicia social para todos.
Convencidos, que en una sociedad democrática la base del poder se encuentra en las decisiones que el pueblo adopte y que éste es libre de decidir sus destinos.
Que, en esta línea de reflexión, el Referéndum Nacional que proponemos es la única vía posible para avanzar hacia la solución de los conflictos sociales que se están gestando en nuestro país.
ACUERDA:
Artículo Único.-
Convocar a un Referéndum Nacional para aprobar la conformación de una Asamblea Constituyente, que elabore una nueva Constitución Política del Estado derogando la Constitución del año 1993. Este referéndum nacional deberá ser realizado a más tardar en el mes de abril del año 2020 y la conformación de la Asamblea Constituyente que se convoca, será establecida por una ley especial aprobada con prioridad por el Congreso de la República.
Lima, marzo de 2020
Firmas de los congresista electos de Perú Libre
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La constitución del año 1993 fue impuesta por una dictadura
En el Perú en el año 1980, la democracia fue restituida al haberse elegido un congreso y un gobierno normado por la Constitución del año 1979. Esta carta constitucional fue elaborada por una Asamblea Constituyente elegida democráticamente, después de que los gremios de trabajadores, los estudiantes, los partidos políticos y, en general, la población organizada del país, desarrollara un nutrido programa de protestas y exigencias que se realizó desde el año 1975 y duró hasta que el gobierno militar dejó el poder en Julio del año 1980. Esta Constitución, que por primera vez en el Perú incorporaba la normatividad internacional sobre los derechos de las personas, el rol activo del estado en el desarrollo económico del país, la regulación de las empresas monopólicas etc., estuvo vigente hasta el 5 de abril del año 1992, cuando se produjo el golpe de A. Fujimori y Vladimiro Montesinos.
No existía ninguna razón o circunstancia política para este golpe de estado. En ese momento y hasta ahora nadie se explicaba con claridad cuál fue el motivo real, pues el Parlamento le había concedido al Ejecutivo hasta en dos oportunidades las facultades legislativas que había solicitado y mediante decretos de urgencia podría haber aprobado todas normas que requiriese, en particular las que considerase necesario para la lucha contra el terrorismo. Lo cierto es que el golpe de estado le permitió a V. Montesinos asegurar su control del aparato estatal; fraguó la necesidad del golpe de Estado, convenció a A. Fujimori de realizarlo, capturó para su propósito a los mandos de las FFAA y desde ese punto, y realizado el golpe, se adueñó de todos los poderes públicos por toda la década de los 90 en una dictadura sangrienta, compartida con Alberto Fujimori.
En el año 1992 fue elegido el Congreso Constituyente Democrático, que aprobó la nueva Carta Magna que fue elaborada con el propósito de legitimar al gobierno fujimontesinista. Fue una Carta Magna hecha a la medida de la dictadura, que no solo diluyó muchos derechos fundamentales de la persona, redujo el rol regulador del Estado, lo sacó del mercado, dejándole un rol fundamentalmente subsidiario, válido solo cuando la actividad privada no estuviera interesada o no pudiera actuar en tal o cual sector o subsector de la actividad económica. Este cambio constitucional no fue establecido por el CCD de manera circunstancial. Fue establecido para que los sectores empresariales de mayor dimensión pudieran trabajar y establecer sus tasas de ganancia sin mayor limitación. Así desaparecieron casi todas las empresas públicas en los sectores claves de la economía nacional. La dictadura fujimontesinista privatizó, (léase vilipendió), las empresas públicas de los sectores de la energía eléctrica, la pesca, las telecomunicaciones, la minería, etc. y limitó la actividad del estado. Dicho sea de paso, del total de los recursos obtenidos por las ventas de las empresas públicas, estimados por diversos estudios en más de 8,500 millones de dólares, las acciones de control posterior a la caída de la dictadura no hallaron un solo dólar de estas privatizaciones en el erario público. Gracias a las restricciones impuestas a la acción directa del Estado por la Constitución fujimontesinista, su actividad desapareció en casi todos los sectores productivos, dejando a las empresas privadas, nacionales y sobre todo extranjeras, carta blanca para que exploten sin cortapisas la economía nacional.
Los resultados de la aplicación de la constitución fujimontesinista han sido nefastos.
Han sido diversas casas de estudios que han analizado los efectos de la Constitución del 93. Como se ha dicho una de las primeras acciones fue privatizar las empresas estatales y reducir los servicios públicos para que sean atendidos por el sector privado. Así, se vendieron la gran mayoría de las empresas públicas, que en su momento generaban más del 25 % del PBI nacional. La Universidad Mayor de San Marcos, después de 10 años de ejecutada la privatización, hizo un balance de los procesos que señala que: … Los resultados económicos en los sectores de telecomunicaciones y energía, han beneficiado enormemente a las empresas, perjudicando a los usuarios que han sufrido el deterioro sistemático y permanente de su capacidad adquisitiva como consecuencia de un crecimiento continuo del nivel de precios de dichos servicios. En otra de sus conclusiones señala que…Los precios de los servicios públicos privatizados se encuentran muy por encima de las capacidades reales de los usuarios, que en los últimos diez años han perdido en forma significativa su capacidad adquisitiva. (http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n9/evaluacion_proceso.htm.
En aplicación de la propuesta constitucional neoliberal de reducir la acción del Estado a un rol subsidiario, también se ha reducido la acción del Estado en sectores claves como la educación y la salud. En materia educativa se ha reducido en forma significativa y sistemática la acción del Estado. Si en el año 1993, cuando se aprobó la constitución fujimontesinista, el 90 % de la educación básica era pública, en el año 2018 ya era menor al 50 % del total, siendo que la educación de los colegios privados había rebasado la atención de la matrícula. La matrícula privada de educación básica, en Lima Metropolitana alcanzó el 50 % del total de la población escolar en este nivel en el año 2014. En el año 2019 avanza al 55%.
Este fenómeno no se ha dado de manera aleatoria. Los padres de familia han preferido buscar alternativas a la escuela pública porque ésta ha ido empeorando su calidad y se dan cuenta que, siendo la educación la mejor inversión para el futuro de sus hijos, se esfuerzan por conseguir mejores escuelas. El empeoramiento de la atención estatal a los colegios públicos ha sido el instrumento usado por neoliberalismo para privatizar gradualmente la educación. Esto se lo debemos a la política neoliberal impuesta por la constitución fujimontesinista y continuada desde el MEF por sus acólitos que han manejado este sector con las mismas recetas que ellos.
Lo mismo podemos decir de la salud pública. Las recetas usadas por el neoliberalismo ha sido desatender los servicios de salud de los hospitales públicos e incluso de los hospitales de la seguridad social. Hoy en día si una familia requiere tener la salud de sus miembros con cierta garantía de atención oportuna y de calidad, aun cuando tenga seguro social en salud, debe buscar tener un seguro de salud privado, pues en los sistemas públicos y de la seguridad social deberás esperar turnos que ofrecen citas de 30, 60 y hasta 90 días, nunca tienen las medicinas completas, no tienen los médicos especialistas, no tienen los equipos etc. La salud pública, de la misma manera que la educación pública, está en un permanente proceso de reducción, haciendo añicos el enunciado constitucional de que todos los peruanos tienen derecho a este servicio.
A este respecto vale la pena observar las reacciones del gremio de comerciantes farmacéuticos que se han opuesto furibundamente a la obligación de vender medicinas básicas. Ellos aducen que quien tiene obligación con la sociedad es el Estado y no los comerciantes, que solo tienen obligación con ellos mismos. Levantan su derecho a vender las medicinas al precio que quieran y eso es todo. Pues con lo que la Constitución fujimontesinista ha establecido podrán sortear la obligación de vender productos genéricos mediante acciones de amparo. Las limitaciones que la Carta del 93 establece favorecen al comerciante y no a los pacientes o enfermos que requieren las medicinas al menor precio posible.
Recuperada la democracia a fines del año 2000, cuando huyó del país cobardemente A. Fujimori y se comenzaron a rehacer las instituciones públicas con el gobierno de transición de Valentín Paniagua. Hubieron discusiones acerca de qué hacer con la Constitución de 1993. Unos opinaban que había que convocar a una Asamblea Constituyente o en su defecto otorgar facultades constitucionales al Congreso por seis meses. Otros que había que volver a la Constitución de 1979, a la que se le debía añadir algunas virtudes de la del 93, otros que había de hacer una modificación integral a esta Carta etc. Para este efecto se conformó una comisión de juristas que propuso la reforma integral de la Constitución del 93. Esta propuesta es la que finalmente se adoptó pero se quedó a medio camino, pues el pleno del Congreso en el 2004 la paralizó cuando ya estaba muy avanzada y se iba a entrar a debatir el régimen económico. Los intereses empresariales en esa oportunidad se movieron y fue precisamente desde la bancada del PPC que se pidió que no se siga avanzando. En resumen, este problema no ha quedado resuelto hasta ahora y es tiempo de retomarlo de una vez por todas.
Como hemos explicado urge adoptar las decisiones para el cambio de la Constitución, pues el país no puede seguir por este camino, ya que de forma gradual pero sostenida, en pocos años más tendremos servicios públicos reducidos a su mínima expresión o inexistentes y empresas privadas lucrando, educando y atendiendo la salud de los peruanos, con el sacrificio de la calidad de los servicios que reciben los más pobres, pues el mercado, ese que endiosa la política neoliberal, es nefasto para atender los servicios públicos gratuitos para la población.
Esta es la realidad que las mayorías nacionales tenemos que cambiar y todo ello pasa por cambiar la constitución fujimontesinista. No es el mercado capitalista el que debe decidir sobre si debemos o no tener una educación pública y una atención medica de calidad para todos. Si todas las viviendas urbanas y rurales deben tener servicios de agua, desagüe y electricidad. Si las empresas y consorcios privados y también los públicos por supuesto, deben ajustarse a las normas ambientales para aminorar los efectos perniciosos del cambio climático. Estas deben ser decisiones de todos los peruanos, probablemente son las decisiones más importantes que tenemos que tomar para permitirnos avanzar hacia un futuro mejor para todos nosotros.
MARCO LEGAL E INCIDENCIA SOBRE LA LEGISLACION NACIONAL
El proyecto de ley que se presenta tiene como fundamento el derecho de los ciudadanos a participar directamente en las decisiones políticas que afectan a la sociedad y cuya aplicación determinarán el éxito o el fracaso de los individuos que la conforman.
Este derecho está reconocido en todas las constituciones políticas que han regido los destinos de la república, incluso en la Constitución del 93, cuando reconoce en el Art 2°- 17 que todas persona tiene el derecho de Participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación y que los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. También en el Art. 31 establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Para concluir que (Art. 32) Pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización.
Una nueva Carta Magna equivale a suscribir un nuevo contrato social que reconozca los derechos de todos los peruanos a recibir los servicios fundamentales de la salud, la educación, la vivienda, la seguridad, etc., de manera igualitaria y que el Estado oferte estos servicios con calidad para que todos puedan acceder a ellos.
En lo referente a la incidencia de esta propuesta legislativa en las leyes del país, esta propuesta legislativa en sí misma, al convocar la realización un referéndum, no incidirá por sí misma en la legislación nacional, en tanto que la Asamblea Constituyente que se propone, de ser aprobado el proyecto de ley por el Congreso y el referéndum correspondiente si lo podrá hacer.
ANALISIS COSTO BENEFICIO
Estimamos que costo de la realización del referéndum que se debería realizar en el mes de abril del 2020 se debe asemejar al costo del referéndum sobre el FONAVI, que se realizó en todo el país en el año 2010 y que en ese momento costó aproximadamente 102 millones de soles. Considerando una inflación acumulada desde entonces en un 18 % el costo podría estimarse entre 120 y 130 millones de soles.
Los beneficios de esta medida son incalculables, sobre todo en lo que se refiere a las posibilidades de destrabar los servicios públicos básicos en educación, salud, vivienda etc. para la población de menores recursos.
Respecto de la ley de partidos políticos Se ha demostrado que la ley de partidos políticos ha fracasado, porque si su fin era obtener bancadas más sólidas instalando la valla, en la práctica tenemos un congreso más fragmentado, donde el consenso no sería más que la consolidación del lobismo. Por ejemplo, es fácil que APP de César Acuña consensúe con UPP de su hermano Virgilio Acuña, lo cual los pone en mejor posición que la “primera” fuerza congresal que es AP. Legalidad versus legitimidad Muchos congresistas ingresarán al gozar de legalidad, pero saben muy bien que no gozan de la legitimidad que se reclama en estos casos, al haber ingresado con menores votos que los que no pudieron hacerlo por un tema de valla. Esto conlleva a visualizar líderes con legitimidad, cuya opinión tenga más peso e influencia sobre el pueblo que los electos. Manipulación de las encuestas Ipsos y Datum, no previeron dos fenómenos, el triunfo de FREPAP y de UPP. La última encuesta de Ipsos realizada el día anterior al proceso electoral, no figuraban los mencionados partidos como triunfadores, algo bastante dudoso para una empresa con harta experiencia, de lo que podemos inferir que dichas encuestadoras siempre nos presentaban a un congreso como ellos hubieran querido lleno de partidos conservadores. Unidad de Izquierda Queda demostrado que, si hubiera cuajado la unidad de la izquierda, solamente con la sumatoria de Juntos por el Perú y Perú Libre, nos hubiéramos posicionado como la segunda fuerza congresal con 8,6% y si a esto se sumaba el Frente Amplio con su 6,1%, hubiéramos sido la primera fuerza. Lo que colige que en el Perú la izquierda va cogiendo fuerza. Esta suma es sin considerar los que votaron por UPP con sentimiento de izquierda. El haber prohibido que los peruanos residentes en Venezuela sean excluidos de la votación y excluir a Perú Libre de la cédula, ocurridos en Madre de Dios y Ucayali, evidencia las malas maniobras del Jurado Nacional de Elecciones, porque es un atentado directo contra la izquierda peruana. Situación de Perú Libre Perú Libre es la primera vez que se enfrenta a una contienda nacional, logró un 3,5%, cifra significativa para nuestro partido por las consideraciones siguientes. Perú Libre, quedó en primer lugar en Junín, arrasó en preferencia electoral, la cabeza de lista obtuvo más de 35,600 votos, cifra histórica jamás vista, lo que colige que, a pesar de la persecución política y el encarcelamiento sufrido a sus principales líderes, Junín se ha reafirmado incondicionalmente con el Partido. Perú Libre ha quedado en segundo lugar en las regiones del Callao y Pasco, lo que evidencia candidaturas sólidas para el proceso próximo que está muy cercano. Perú Libre le ganó al Apra y Solidaridad Nacional que quedaron con porcentajes ínfimos y pisando los talones al PPC, partidos conservadores. Hay que resaltar que el 3,5% de Perú Libre, no responde a una alianza, sino al voto puro del Partido, a diferencia de Juntos por el Perú que responde a una alianza más amplia, lo que infiere que fuerza propia de partido Perú Libre está con mejor impacto. Voto antisistema La súbita aparición triunfadora de FREPAP y UPP, la prevalencia del Frente Amplio, el paso de valla de Juntos por el Perú aún rasante, el debut de Perú Libre, sumados superan la preferencia de quienes quieren mantener el actual sistema neoliberal, por lo que hay que resaltar, si bien no es el triunfo de la izquierda, es el triunfo antisistema que debe quedar mejor cuajado para el 2021.
No me sorprende hallar pensamientos supuestamente pro demócratas, cuando en realidad son ultraconservadores, en quienes nos sugieren democracia, pero con centralismo.
La descentralización, al igual que la reforma agraria, fue una válvula que se apertura frente a la crisis social del Estado, no ha sido el regalo de los padrastros de la patria. La reforma agraria arrió banderas de los movimientos guerrilleros cuya plataforma era abolir el gamonalismo, en igual circunstancia, la descentralización se suelta a raíz del conflicto armado interno para arriar banderas de la desigualdad en el reparto de los beneficios de la patria, recién se le da atención a una zona secularmente olvidada, al VRAEM, por ejemplo.
El columnista en mención, culpa a la descentralización del desmembramiento de la nación unitaria. Nuestra pregunta es ¿Cuándo el Perú estuvo unido? Si somos un país a quien se le recorta la identidad permanentemente, los quechuas, aimaras y amazónicos, siempre nos vimos diferentes de los capitalinos, a unos se les aplica la ley y a otros no.
Ni siquiera en la guerra contra España o Chile estuvimos unidos, por culpa de la oligarquía peruana que prefirió aliarse con los invasores para salvaguardar sus intereses económicos, lo mismo que sucede en la actualidad. El Estado dirigido por la CONFIEP prefiere una alianza con las transnacionales y la represión al pueblo indio que se subleva, en detrimento de las condiciones de vida de los pueblos que con justa claridad reclaman autonomía para el manejo de sus recursos y su porvenir.
Abusada habla del “fracaso del Estado para proveer los servicios públicos que merece la ciudadanía”. ¿Cómo no va a fracasar el Estado si la Constitución neoliberal le restringe la iniciativa económica, empresarial, industrial o financiera, salvo expresa autorización por ley? ¿Cómo no va a fracasar si las transnacionales tienen un trato exclusivo y preferencial libre de impuestos, aranceles, canon, regalías e inacción de la Sunat ante ellos? ¿Cómo no va a fracasar si el Estado ha renunciado a su jurisdicción nacional en el sector finanzas? ¿Cómo no va a fracasar si el Estado combate a los monopolios, pero no tiene capacidad de prohibirlos? ¿Cómo no va a fracasar si tenemos al Estado privado de sus facultades protectoras, empresariales, innovadoras e interventoras? Así, cualquiera fracasa.
Aboga por la reinstauración del Senado, pero no con fines de mejorar la calidad de las normas jurídicas, sino con el fin de reciclar a elementos del más puro conservadurismo peruano, salvaguardar intereses con capacidad de veto, que impidan una innovación estatal a favor de las mayorías. Mejor opción sería ampliar la representación parlamentaria por provincias, pero retirando los privilegios, puesto que el Perú es el país en el mundo que tiene el hemiciclo más reducido.
Invita a sumarse a las voces que dicen “la descentralización fue pésima” y que “debe replantearse de acuerdo a la idea original contenida en la ley”. Gran problema de vivir en una cápsula capítalina sin conocer el Perú Profundo y atreviéndose a plantear criterios de solución paternalistas. El Perú ha cambiado, la descentralización no es secesionista, por el contrario, es unionista, todos nos sentiremos mejor en un país donde respeten nuestro derecho a la autodeterminación de sus pueblos y comunidades.
Modestamente pongo como ejemplo al Gobierno Regional Junín (2011-2014). Si fuera por el centralismo nunca hubiéramos construido cuatro hospitales especializados, cuando Lima no construyó uno solo; entre ellos el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro al que Lima no aportó ni un sol, sino empeñamos por 10 años nuestro canon minero hasta el 2025; no tendríamos odontólogos en los colegios, cuando a Lima que no le interesa poner uno; no tendríamos psicólogos en los colegios, cuando Lima solo tenía uno por UGEL; no estaríamos desplegando la movilización por la alfabetización, cuando a Lima no le importa alfabetizar un iletrado inmigrante; no hubiéramos construido el Lugar de la Memoria, el mismo que se encuentra boicoteado en Lima; no hubiéramos construido el Puente Comuneros de 700 metros de longitud, promesa fallida de Prialé, Belaunde y Fujimori, entre otras. Fue gracias a la descentralización que se lograron estos anhelos y que el pueblo reconoce.
No debemos dejar pasar también los casos de corrupción en los gobiernos descentralizados, pero no se olvide que, entre los 25 gobiernos regionales y las 4385 municipalidades, solo manejan el 30% del presupuesto. El Gobierno Central sigue manejando el 70% y ahí se da la gran corrupción privada – estatal con empresas como las del Club de la Construcción. Por el contrario, la descentralización ayudó a desmembrar el monopolio de las licitaciones que estaban concentrados en pocas manos centralistas. La descentralización, bien llevada por supuesto, combate la corrupción porque impide la concentración del poder económico.
Aduce, “seguiremos perdiendo el control del territorio a manos de autoridades locales y regionales incompetentes, cuando no corruptas”. Señor Abusada, nosotros hemos perdido el control del territorio nacional a manos de autoridades vendepatrias, corruptas e incompetentes del Gobierno Central, vivimos en un país donde no somos dueños del 99% de nuestras riquezas, o ¿Usted se siente dueño del gas de Camisea, Toromocho, Marcona, Quellaveco, Las Bambas o Espinar? El territorio nacional hay que recuperarlo, no el control de los pueblos para venderlos al capital transnacional.
Refiere textualmente que “los grandes proyectos paralizados deben volver al Gobierno Central”. Pero, actualmente los grandes proyectos paralizados los ejecuta el gobierno central, que sumaban 495 hasta octubre del 2019, denunciado por el contralor. Para muestra, la reconstrucción de Pisco y Piura hasta ahora no se concluyen, pero si estas obras se hubieran transferido a sus gobiernos regionales y locales, por la cercanía, presión e interés propio de ver reconstruida su hábitat, se hubieran concluido satisfactoriamente, por lo que concluimos que el centralismo es el peor cáncer para la cura y rehabilitación de los pueblos.
Sabemos que hay deficiencias de los gobiernos regionales y locales, que definitivamente hay que mejorarlas, pero con todos estos defectos son mejor que el centralismo anquilosado.
Escultura resultado del concurso arquitectónico de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), donde descansan los restos del profesor de Filosofía y Ciencias Sociales, Jaime Cerrón Palomino, secuestrado y asesinado el 8 de junio de 1990, cuando ejercía el cargo de vicerrector académico de la mencionada universidad. La obra edificada eleva las letras «J» de Jaime; «C» de Cerrón; «P» de Palomino y «M» de Maestro y Mártir. Lleva además el ticpe de la UNCP y sus iniciales.
Esta obra expresa: «Los valores humanos de respeto y conservación físico intelectual de quienes consagran su vida al conocimiento científico». El mausoleo fue construido en la memoria de los cerca de 250 estudiantes, 10 profesores y 15 trabajadores no docentes asesinados en el conflicto armado interno. El ganador del concurso fue el estudiante Roy Luís Alegre Freyre, del 3er año de la Facultad de Arquitectura, el 12 de octubre de 1991. El terreno fue donado por la Sociedad de Beneficencia Pública de Huancayo, la construcción financiada por la UNCP y los familiares, se terminó de construir el año 1992 y está ubicado en el Cementerio General de Huancayo.
