Del terruqueo al lawfare

Por: José Bendezú Gutarra

16 de marzo del 2024

En el año 2017 se completó la metamorfosis de lo que en la actualidad se llama Sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, que había nacido en los noventa como un sistema antiterrorista; no obstante, su naturaleza no ha cambiado desde entonces.

Este dato no es menor en el actual contexto de judicialización de la política o lawfare que vive nuestro país. Porque sus creadores y ejecutores desde los noventa son los mismos. No es un secreto que el diseño “antiterrorista” de los noventa fue hecho principalmente por la CIA. Los intereses foráneos no estuvieron alejados del poder en los noventa, en la dictadura fujimorista; las ONG’s que viven de dineros transnacionales tuvieron una presencia importante en ese gobierno y en los posteriores hasta el día de hoy.

Las ONG’s y su creación, los caviares (socialdemócratas imperialistas), intervienen en el Estado peruano, principalmente en algunos ministerios y entidades nacionales, como el Ministerio Público. Esto no es una especulación, es un hecho comprobado y público. Entonces gran parte de la crisis que vive nuestro país es también responsabilidad de estos caviares que hablan de reformas mientras viven de la teta del Estado y defienden intereses imperialistas.

Es evidente que hay una continuación de agentes, de operadores, caviares en el Estado. Es evidente que el imperialismo maneja políticas públicas en nuestro país. Tiene mucho control en el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras entidades. Hay un especial interés de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID en intervenir en tres áreas de la labor jurisdiccional: ambiental, tráfico de drogas y anticorrupción. Revisando el Plan Operativo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 2015, se señala que USAID tiene el proyecto “Pro-Integridad para promover Justicia e Integridad en la Administración Pública” (2013-2016), continúa: “El año 2013, con un aporte estimado de US$ 4.2 millones, se inició la ejecución del Proyecto, cuyo objetivo es apoyar al PJ en el fortalecimiento de sus capacidades en la lucha contra la corrupción…” Continúa en el mismo documento: “La primera es lograr un manejo eficaz y eficiente de los procesos penales relativos a delitos de corrupción de funcionarios, a partir de recursos humanos mejor entrenados para el buen manejo de los casos de corrupción, modelos de gestión más eficientes…”

El mismo documento público señala que dicho proyecto logra tres productos, siendo el tercero “un programa de capacitación denominado “Diplomatura de Especialización en el Sistema Judicial para resolver casos de corrupción”… Esta diplomatura viene siendo ejecutada en diferentes etapas a través del IDEHPUCP (Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica del Perú)…”

Como se ha podido observar mediante información directa, existe esta continuidad de los EE. UU. mediante las ONG’s y sus operadores caviares en la política y la administración de justicia en determinados temas de su interés.

Podemos entender de este modo que no solo hay una intervención extranjera directa en asuntos internos, y tan importante como la administración de Justicia, sino que existe una persecución ideológica. En los noventa, con el pretexto del terrorismo, se persiguió sin piedad a cualquier persona de izquierda, a cualquier dirigente o sindicalista, a cualquier voz que no estuviera de acuerdo con la dictadura títere de Fujimori y Montesinos. Desde ese momento se generalizó el terruqueo, la forma más básica de atacar, de estigmatizar y tratar de marginar a cualquier persona o reclamo social. Esa forma básica sigue hasta hoy, aunque con menor fuerza. Gran parte de esa labor de estigmatizar la llevó a cabo tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial; ahora vemos que el real control de esas instituciones estuvo y está a cargo de agentes extranjeros, de servidores del imperialismo, de ONG’s que intervienen descaradamente en nuestras instituciones y democracia.

Es decir, la supuesta “lucha anticorrupción” es ideologizada, al igual que la lucha “antiterrorista” de los noventa. No existe ni objetividad ni imparcialidad respecto a las investigaciones y procesos. Mientras que en los noventa ese sistema era un mecanismo de amedrentamiento a cualquier persona contraria al neoliberalismo o la organización social; en la actualidad ese sistema sirve solo para atacar a políticos de izquierda o antineoliberales. Tanto los grandes empresarios, los políticos de derecha y los caviares, que descaradamente son corruptos, siguen libres, sin denuncias, sin procesos, sin prisiones preventivas. Por ejemplo, se ve que en el caso Odebrecht no existe ningún detenido, ni los grandes empresarios que declararon haber corrompido, ni políticos caviares como Villarán. No se puede dejar de lado las repercusiones que se ha tenido tras las declaraciones de Jaime Villanueva, abriéndose investigación a varios congresistas nombrados por él, menos a la caviar Ruth Luque.

Un país soberano, un país con un plan de desarrollo, no puede permitir injerencias extrajeras de ningún tipo. Esto no es más que la muestra que nuestro país es aún una semi colonia de los EE. UU. Como sociedad, esto no solo nos debe indignar, sino que debe ser rechazada y superada, siendo el único camino tener un Estado soberano e independiente. Con esta constitución dictatorial del 93 no se puede cambiar esa situación, ya que la misma es un encargo de los yanquis. Por eso urge la necesidad de celebrar una Asamblea constituyente que pueda eliminar cualquier injerencia imperialista. No necesitamos más USAID, ni ONG’s, ni caviares o socialdemócratas, que son agentes de imperialismo, que van en contra del interés nacional, del interés de las mayorías. No se puede permitir que nuestro sistema de justicia siga en manos de los sirvientes del imperio.