LA ESENCIA POLÍTICA DEL PARO CONTRA LA EXTORSIÓN
Vladimir Cerrón
La modalidad criminal que ha ido en ascenso sostenido, especialmente en Lima, es la extorsión, orientada a todo pequeño y mediano negocio, sobre todo al sector transporte. Esto se da en pleno apogeo de la ley contra la criminalidad anterior, refrendado en el Decreto Legislativo 635; la Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado; y la Ley 27379, Ley de Procedimiento para Adoptar Medidas Excepcionales de Limitación de Derechos en Investigaciones Preliminares, promulgadas hace una década, por lo que es imposible que se haya dado durante la vigencia de la Ley 32108 Ley de Crimen Organizado, recientemente promulgada el mes de agosto de 2024.
La Ley 32108, determina las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal, exigiendo a la fiscalía cumpla los estándares para no hacer abuso de la norma que anteriormente era general y abierta, lo que se prestaba para incriminar a cualquiera de pertenecer a una organización criminal, procesarlo, imponerle medidas restrictivas y sentenciarlo.
Los órganos de justicia, han pegado un grito al cielo, porque esto les quita una herramienta con lo que podían convertir a cualquier asociación incómoda en una organización criminal, como a los gremios, cooperativas, financieras o partidos políticos, razón de por qué en el Perú, no hay ningún partido sin esa imputación. Con esto último, ellos logran “limpiar la cancha política” para no contrarrestar al Estado caviar oculto, el cual funciona independientemente de cualquier gobierno de turno.
También precisamos que, con la legislación anterior, el Ministerio Público no ha desmantelado ninguna organización criminal emblemática relacionada con la trata de personas, la minería ilegal, la tala ilegal, el sicariato, la extorsión, ni el tráfico de drogas. Es más, en esta última, durante el apogeo de las leyes anteriores hemos pasado de exportar de 80 a 1000 toneladas al año de cocaína refinada, situándonos en el segundo país en el continente.
Está de más concluir que los políticamente afectados son los caviares que controlan el Ministerio Público y el Poder Judicial, por lo que, aprovechando la movilización de los transportistas contra los extorsionadores, sus operadores políticos y mediáticos han persuadido al gremio con la idea de que la culpable de todo el ascenso extorsivo es la actual legislación, por lo que habría que derogarla, incorporándola en su plataforma de lucha.
Así, se degeneró la esencia del genuino reclamo y el paro fue al fracaso. Frente al nefasto resultado, entonces fueron a plantear el cierre del Congreso y exigir nuevas elecciones, ingresando a una plataforma exclusivamente política, concluyendo lo que ya se sabía que la derogatoria de la Ley 32108 era solo el chivo expiatorio.
Esta sospecha, de instrumentalización caviar, se consolida cuando observamos que frente a la extorsión sistemática no existe, de parte del gremio de transportes, ningún reclamo a las instituciones ejecutoras de la lucha contra este delito, que son el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional el Perú. Más claro, ni el agua.
4 respuestas a «La esencia política del paro contra la extorsión»
El dirigente de estos tiempos perdió la brújula política… Saludos canaradas
Ya sabemos que tanto la derecha y los caviares defienden este sistema, y para salvaguardarlo han penetrado en los gremios más importantes que por su gran número de miembros demuestran esbozo de poder en sus paros. Al gremio de maestros lo tienen divididos hay una facción provinciana que se resiste pero al gremio de transportistas lo tienen tomado, hemos escuchado audios y visto videos como políticos como Luis Castañeda Lossio, Martha Moyano les daban directrices de como hacer sus paros, Martha Moyano por ejemplo quería que el 5 de abril del 2022 se tumbe al gobierno de Castillo y para eso usó a los transportistas con el so pretexto del elevado precio del petróleo que era consecuencia del inicio del conflicto entre Rusia – Ucrania.
Además el reconocimientos de parte de dirigentes transportistas de haber votado por Renovación Popular ex partido solidaridad Nacional demuestra cuan vinculados están a estos partidos políticos que no les interesa ayudarlos en sus plataformas de lucha, sino solo utilizarlos políticamente o tenerlos adormecidos según su conveniencia.
Los transportistas por muy exitosos que sean deben situarse en su verdadera clase social que no es la oligarquía sino la del pueblo.
Efectivamente, la protesta de los transportistas ha sido manipulada por los grupos de poder que defienden a las grandes mafias en el país. Y es que, la nueva modificación de la ley contra las organizaciones criminales planteada por Perú Libre regulaba los procedimientos de tal manera qué, no se pueda sentenciar por organización criminal a quien no tenía que ver con organizaciones criminales, y por otro lado, garantizaba que las verdaderas organización criminales como el tren de aragua, entre otras no tengan opción a quedar en libertad por nulidades jurídicas que pudieran presentarse por malos procedimientos o investigaciones deficientes, tal como viene sucediendo en la actualidad porque francamente, no existe en el Perú una verdadera lucha contra la delincuencia sino más bien, encarcelamiento de lideres políticos y con esto, también debemos saber que, con ley de autoria de Perú Libre, el Prof. Pedro Castillo quedaría inmediatamente en libertad pues no se trata de un criminal sino de alguien que se dejó manipular por criminales caviares y lógicamente las grandes mafias prefieren tenerlo encarcelado, así como seguir persiguiendo a líderes provincianos como el caso del autor del artículo, el médico neurocirujano Dr. Vladimir Cerrón. Así que, una vez más, el pueblo se dejó influenciar por los caviares y se retrocedió un poco al modificar la ley que ya se había aprobado recientemente y que sí brindaba garantía jurídica en el Perú al debido proceso.
El crimen organizado, es un delito que debe ser tratada, distinguida y sancionada como tal. Al no estar en la capacidad de erradicarla por los órganos de justicia, es màs, al estar al servicio de ellos (los que mandan en la ilegalidad organizada) el MP, PJ, y la PNP tienen que buscar otra estructura con la cual engañar al pueblo a fin de sustentar su ineficiencia o colusión con los capos del crimen organizado. Lo que la ley anterior les permitía por un lado es culpar a cualquier grupillo de pandilleros, barristas o cogoteros como organización criminal; por otro lado era utilizado por los caviares para etiquetar a sus adversarios políticos y sacarlos de la contienda política obedeciendo a sus intereses. Por ultimo, era el pretexto ideal para desviar el foco del verdaderos capos de la minería ilegal, trata de personas, tráfico de drogas. ¿Acaso podemos ser tan manipulados?
La (Ley 32108) busca caracterizar y tipificar una organización criminal de verdad. Porque solo así los caviares no tendrán un instrumento judicial para perseguir a sus adversarios, y los órganos de justicia tendrán una presión màs clara a cerca de su trabajo y sus resultados, para poder exponer a las verdaderas organizaciones criminales.