Vladimir Cerrón
Con frecuencia escuchamos al contralor de la República mencionar que la corrupción en el país se lleva un promedio del 10% del presupuesto de cada año fiscal. La noticia se magnifica y escandaliza en los medios de comunicación, el pueblo se indigna, los órganos de justicia actúan, castigan a los corruptos y el Estado neutraliza la capacidad de indignarse del pueblo que baja la guardia. El círculo vicioso de siempre.
Este “desfalco”, según ellos, solo es obra de los alcaldes y gobernadores, últimamente de los Richard Swing, quienes son culpables de esta desgracia que carcome el país, pero no se culpa a ningún ministro ni al Presidente de la República, pese a que disponen del 74% del presupuesto anual de la República, dejando solo el 26% a los 25 gobiernos regionales y las 2400 municipalidades sumadas las de los centros poblados.
Los funcionarios públicos subnacionales son perseguidos, algunos con razón y otros no, encarcelados, sentenciados, inhabilitados y con muerte civil. La pregunta es ¿con eso se ha solucionado la corrupción nacional, la pobreza del país, la falta de empleo, las enfermedades, el analfabetismo, entre otras desgracias? Claro que no, porque ese 10% es realmente nada frente a la gran corrupción que promueve y protege el Estado peruano que fácilmente sobrepasa el 80% de lo que un Estado honesto y patriota debiera recaudar como compensación a la explotación de sus riquezas y concesión de sus servicios.
Ahora demostraremos lo dicho. El país recibe de utilidades producto de la explotación de sus recursos mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos y de comunicaciones, solo el 30%, mientras permite que las transnacionales se lleven el 70%, cuando en realidad, la proporción del reparto debiera invertirse. En solo esta jugada hay miles de miles de millones que le roban a la patria.
Muchas de las grandes empresas que explotan nuestros recursos naturales y no pagan impuestos de ningún tipo, están exoneradas del canon, sobrecanon, derecho de vigencia, etc., y si les da la gana pagan el óbolo voluntario. Ahí nos roban también miles de miles de millones que el pueblo necesita para salir del subdesarrollo.
Las grandes empresas para evitar el escándalo y dar el “ejemplo” de contribución al fisco estatal algunas pagan sus impuestos, dando el mensaje al populorum que si no fuera por sus aportes este país no camina, sin embargo, el pueblo desconoce que esos impuestos le son devueltos anualmente y en cantidades mayores a las que aportan. En los años del 2016-2018 la Sunat devolvió a las transnacionales la suma de 50,148 millones de soles, la mitad del monto de la deuda externa, a las empresas mineras como devolución mientras ellas pagaron la tercera parte por IGV e impuesto a la renta. Ahí, asimismo, nos roban miles de miles de millones.
En esta crisis pandémica, el Estado ha otorgado más de 60 mil millones de soles a los bancos, financieras, AFP, famosos estudios de abogados, universidades privadas, etc., y la ministra ha dicho en una inconsciente sinceridad que, si ellos no pagaran, el Estado como garante asumiría la deuda con los impuestos recaudados. Este dinero, téngase por seguro, nunca será devuelto, no he conocido un solo rico que no sea angurriento y avaro. Aquí nos han robado miles de millones de soles.
Se habla de reservas equivalentes de más de 70 mil millones de dólares, pero el Estado sigue endeudándose de los organismos financieros mundiales, la pregunta es ¿por qué teniendo reservas? La respuesta es sencilla porque todo ese dinero no existe, están invertidos en las empresas de los ricos, como ocurre con los fondos de las AFP, ONP y FONAVI. Aquí nuevamente nos vuelven a robar miles de miles de millones al pueblo peruano.
A los grandes medios de comunicación se les paga anualmente más de mil millones de soles bajo el rubro de “publicidad estatal”, que nadie la ve, es decir, más de dos millones de soles diario van al bolsillo del Grupo Comercio, ATV y Latina; de nada sirve que el Estado tenga radio y televisión nacional. Con dos millones diarios construiríamos dos escuelas en el Perú, sobre todo en el VRAEM o la zona altoandina. Aquí también se da un robo millonario al pueblo.
Las ONG también reciben un financiamiento del estado disfrazados de “consultoría”, cuando en realidad les pagan para infiltrarse en los grupos sociales que podrían ser “conflictivos” como víctimas del terrorismo, vasos de leche, comunidades afectadas por la minería, afectados ambientales, etc., con fines de lograr el consenso entre la clase opresora y la oprimida. Este monto es similar al monto recibido por los medios de comunicación, es decir, millones de soles.
La iglesia católica, también recibe financiamiento del Estado a pesar de ser una entidad enteramente privada, no sujeta a fiscalización por la Sunat, Congreso, fiscalía, etc.; además están exoneradas de impuesto a la renta, impuesto selectivo al consumo, impuestos de sus colegios y universidades católicas, entre otras. Aquí es otra fuente en que el pueblo deja de percibir millones de soles.
¿Por qué se permite todo esto? Porque todos estos tratados están hechos bajo el rubro de “contrato ley” que lo blinda el pétreo artículo 62 de la Constitución. Así, todos estos contratos le roban al país en peajes, transporte urbano, concesión de carreteras, puertos y aeropuertos, entre otros. Aquí también por supuesto también nos roban miles de miles de millones.
Por si fuera poco, estas transnacionales solicitan prescripción de sus deudas tributarias ante los órganos de justicia como el Tribunal Constitucional y que en ocasiones han sido bien atendidas. Solo en la última demanda pretendían que se les declaren prescritas un monto astronómico de 10 mil millones de soles.
Nuestro presupuesto anual de la República, frente a todo este latrocinio, en realidad es un monto pírrico e irrisorio y el 10% del que habla el contralor es nada. Por ello su actuar no pasa de una cortina de humo para decirle al pueblo que el Estado combate la corrupción y no es corrupto, mientras deja pasar todo el megarrobo, y que los órganos de justicia son severos, honestos, autónomos e incorruptibles. No obstante, le echan mano al pírrico presupuesto anual fiscal.
El robo que hacen los ricos es legal, aunque inmoral, porque lo ampara la Constitución. En su filosofía, solo faltaría una reforma constitucional que diga que robar el 10% del presupuesto estatal anual es legal y con ello habríamos terminado con la corrupción en el país, supuestamente viviendo en una sociedad justa y democrática como pretenden hacernos ver con sus latrocinios.
A esto es menester recordar a Bastiat: “Cuando el saqueo de convierte en un modo de vida para un grupo de hombres que viven en sociedad, estos crean para sí mismos, en el transcurso del tiempo, un sistema legal y un código moral que lo autoriza”. Así se justifican los saqueos ungidos de aparente moralidad y legalidad. El contralor, el fiscal, el juez, lejos de denunciar esta mega corrupción no dicen nada, por el contrario, sabiendo lo que ocurre en el país, se prestan para ello, porque son parte del Estado.
No hubo país más saqueado por tres siglos en la colonia española que nuestro país y lamentablemente lo seguimos siendo. ¿Qué sentido tiene celebrar el bicentenario? Solo tiene sentido para los ricos y saqueadores de siempre, doscientos años de esclavitud popular. Estos escasos ejemplos expuestos son solo la cúspide, una pequeña muestra, una avanzada del latrocinio que existe, latrocinio documentado y firmado en el diario El Peruano, bajo el sistema moral y legal creado por los malhechores más grandes que haya tenido la patria.
Por ello hacen falta precursores de una nueva patria, que breguen a diario por un Perú libre, eliminando falsos profetas de la lucha anticorrupción en el país que coadyuvan a mantener la cortina de humo, persiguiendo a los de abajo en beneficio de los de arriba.
