Vladimir Cerrón
En la III ELAP se ha incidido bastante en la crítica a los paraísos fiscales, cuestionando el mal uso del concepto de soberanía por algunos Estados o naciones, comportándose en la realidad como custodios de una riqueza obtenida a base del delito. Correa ha planteado que ningún político que tenga cuentas en paraísos fiscales debe postular o designarse en cargo público. La intensión suena cristalina, pero en la realidad esto no haría otra cosa más que incrementar el hermetismo de las instituciones bancarias extranjeras en cuanto al titular de la cuenta, aún sea frente a una orden judicial internacional. Se sabe que cada dolar depositado en un paraíso fiscal es un dólar robado a la salud, la educación, la agricultura, etc., pero también es cierto que los países que se prestan a ser depósito bancario de lo mal habido, viven de esa economía proveniente de las jugosas comisiones del movimiento económico, por lo tanto difícil de dejarse quebrar. Una especie de mini paraíso fiscal en nuestro país es el llamado secreto bancario del que se benefician principalmente los corruptos del sector público y privado. En un país que se jacta de moral, debe simplemente eliminarse este obstáculo, haciendo que las autoridades competentes lo soliciten sin mayor requisito a las entidades bancarias, así el secreto bancario dejará de ser una versión menor a la del paraíso fiscal. En conclusión los paraísos fiscales estimulan la corrupción y la impunidad en los funcionarios Estados, el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos. La fuerza de la jurisprudencia internacional no se hace sentir en ningún grado respecto a ellos.
