El MINEDU aprobó el día 14 de agosto del 2020 la Norma Técnica denominada: “Disposiciones que regulan y orientan los convenios para la gestión de instituciones educativas públicas de educación básica a cargo de entidades sin fines de lucro”, amparándose en la privatista Ley General de Educación N° 28044, promulgada por Alejandro Toledo, que en su artículo 71° contempla tres tipos de instituciones educativas, entre ellas, las instituciones públicas de gestión privada con entidades sin fines de lucro.
La norma reconoce como entidades privadas sin fines de lucro a las personas jurídicas de derecho privado y, sorprendentemente, a la Iglesia católica, a quien considera persona jurídica de carácter público. Precisa que la entidad competente para firmar los convenios es el Gobierno Regional, pudiendo delegar la misma a la Dirección Regional de Educación, previo informe técnico de la UGEL.
La gran interrogante es ¿qué ganan estas instituciones privadas y la Iglesia católica al hacerse cargo de una problemática estructural del Estado? Obviamente que persiguen un fin económico y político, a pesar de que manifiesten que no se perderá la gratuidad de la enseñanza. ¿Cuál será la ayuda si la norma precisa que el mantenimiento y los sueldos del personal docente y administrativo seguirán siendo asumidos por el Estado?
En realidad, el convenio faculta al ente privado a proponer el personal directivo, jerárquico, docente, auxiliares y administrativos, con lo que pasaría a controlar la planilla de la institución y para garantizar su “éxito” también se encargarán de la capacitación a los docentes formándolos en su visión privatista neoliberal. Además, determinarán la tercerización de la empresa que se encargue de la limpieza, mantenimiento, comedor, cafetines, etc., cuyo pago deberá asumir el Estado. Un negocio redondo.
Si en algún momento el convenio no fuera bien visto por el Estado, ellos están facultados para llevar la controversia a un arbitraje, deslizando la pregunta, ¿es posible que una institución privada invierta mucho tiempo y dinero para ganar un arbitraje por un convenio no lucrativo, o es que en realidad se trata de instituciones privadas de lucros sin fin?
Nuestro Partido, hoy en la dirección del Gobierno Regional Junín, rechaza contundentemente la R.M. N° 326-2020-MINEDU que privatiza la educación pública.
Huancayo, 25 de agosto del 2020
LA COMISIÓN POLÍTICA DEL PARTIDO
