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Nueva izquierda popular (propuesta)

Nosotros, representantes de la secretaría nacional del partido político Perú Libre y militantes provenientes de todas las regiones del Perú, celebramos el consenso por la unidad partidaria desarrollado en Lima, la capital de nuestro Perú, el día 03 de junio de 2025. Habiendo debatido sobre la propuesta ideológica: “Uniendo fuerzas para construir un Estado plurinacional socialista, intercultural y de futuro solidario compartido” acordamos los siguientes puntos: 

1. Valoramos revolucionariamente los importantes conceptos y lineamientos planteados en el Ideario del partido Político Perú Libre formuladas por el secretario nacional Vladimir Cerrón para la construcción de un Estado plurinacional socialista, intercultural y de futuro solidario compartido. Estamos dispuestos a demostrar identidad juvenil, compromiso partidario y unidad revolucionaria. 

2. Consenso de la presentación del ideario . El Partido Político Nacional Perú Libre presenta su ideario y programa, fundamentado en la realidad objetiva y la experiencia adquirida tras su llegada al gobierno en 2021, interrumpido por un golpe de Estado en 2022. Reconoce al Perú como un Estado plurinacional, con diversidad de problemáticas y potencialidades regionales, pero unificado por la lucha de clases. Frente al neoliberalismo, que ha debilitado al Estado y profundizado la desigualdad, el Partido propone una alianza pluriclasista para rescatar la soberanía nacional y construir un nuevo modelo económico. Este documento, flexible y en constante enriquecimiento, guía a militantes y autoridades en la diferenciación entre roles partidarios y gubernamentales, priorizando la lucha ideológica y cultural. Su objetivo central es erradicar la pobreza en un país rico, mediante un programa contestatario y una sociedad consciente de su misión revolucionaria.

3. Consenso sobre la naturaleza del partido. Perú Libre se define como un partido de izquierda socialista, fundamentado en el marxismo, el leninismo y el pensamiento de José Carlos Mariátegui, aplicados a la realidad peruana. Rechaza reformismos ambiguos y reafirma su lucha contra el imperialismo y el neoliberalismo, promoviendo un socialismo científico que supere el capitalismo sin negar sus avances. Defiende el centralismo democrático, la economía planificada y la autodeterminación de los pueblos, mientras combate la izquierda «caviar» y la derecha fascista. Como expresión de los marginados, busca descentralizar el poder, recuperar los recursos estratégicos y construir una sociedad más justa, integrando lo técnico y lo político en su dirigencia. Su objetivo es una transición hacia un modelo poscapitalista, sin perder de vista las raíces andinas y la soberanía nacional, bajo el principio de que el socialismo no es una utopía, sino una necesidad histórica.

4. Consenso sobre la Nueva Constitución Política con Reformas Clave: La actual Constitución de 1993, impuesta bajo el modelo neoliberal, debe ser reemplazada por un nuevo texto que establezca: (1) un Estado activo en economía (reforma Art. 58°), (2) propiedad estatal de recursos estratégicos (Art. 60°), (3) eliminación de privilegios a transnacionales (Art. 62°), (4) derechos sociales garantizados (Art. 70°), (5) autonomía regional real (Art. 191°), y (6) reconocimiento de plurinacionalidad con consulta previa vinculante, transitando así de un modelo privatista a uno de desarrollo soberano con justicia social donde el mercado sirva al interés nacional.

5. Consenso sobre la Asamblea Nacional Constituyente soberana y popular. Redactar una nueva Constitución que desmonte el neoliberalismo e instaure un modelo solidario, humanista y de rescate de la soberanía nacional. Este proceso —inspirado en principios democráticos como los expuestos por Rousseau— debe restituir el poder al pueblo, suspendiendo temporalmente las estructuras de dominación vigentes, y redefinir las relaciones entre Estado, economía y sociedad. Solo así se garantizará una Carta Magna que priorice derechos colectivos sobre intereses privados y transnacionales, consolidando un nuevo pacto social con justicia económica y participación popular efectiva.

6. Consenso sobre la economía popular con mercados. Perú Libre propone un modelo de transición hacia una Economía Popular con Mercados que, mediante doce ejes estratégicos, busca sustituir el neoliberalismo vigente: (1) Estado regulador del mercado y controlador de sectores estratégicos (minería, energía, comunicaciones); (2) descentralización efectiva del poder económico; (3) fortalecimiento de capacidades estatales; (4) revisión de contratos-ley (inversión de utilidades 80%/20% a favor del Estado); (5) redistribución de riqueza con reforma tributaria progresiva; (6) industrialización con valor agregado; (7) nacionalización estratégica de recursos; (8) renegociación de la deuda pública (US$ 87,769 millones en 2023); (9) priorización del mercado interno; (10) enfoque en bienestar microeconómico; (11) soberanía frente a organismos internacionales; y (12) pluralismo económico regulado (público/privado/mixto). Inspirado en experiencias bolivianas y ecuatorianas, este modelo combina planificación estatal con mercados regulados, buscando justicia social sin sacrificar estabilidad macroeconómica, bajo los principios de soberanía productiva, democratización económica y primacía del trabajo sobre el capital.

7. Consenso sobre el Nuevo Régimen Económico del Estado. Perú Libre propone una transición del modelo neoliberal vigente hacia una Economía Popular con Mercados, donde el Estado recupere el control estratégico de recursos naturales e industrias clave (minería, energía, comunicaciones) para garantizar que sus beneficios prioricen el desarrollo social. Se promoverá un pluralismo económico equilibrado (sectores público, privado y mixto), con renegociación de contratos lesivos (inversión de utilidades: 80% para el Estado, 20% para transnacionales) y eliminación de privilegios fiscales a elites. El modelo, inspirado en experiencias bolivianas y ecuatorianas, combinará protección estatal a PYMES, industrialización con valor agregado, y auditoría de la deuda pública (87,769 millones USD en 2023), usando reservas internacionales (79 mil millones USD) para inversión interna. Objetivo central: sustituir la lógica extractivista por una economía soberana que vincule crecimiento macroeconómico con bienestar microeconómico (empleo, salarios, servicios).

8. Consenso sobre la reforma educativa. Perú Libre propone una reforma educativa integral que incluya: (1) incremento del presupuesto al 10% del PBI (US$27,578 millones anuales); (2) erradicación del analfabetismo mediante un programa masivo con 50,000 jóvenes maestros; (3) nuevo currículo descolonizado con enfoque regional; (4) universalización de la educación especial; (5) especialización secundaria en artes, ciencias y técnicas; (6) creación de universidades pedagógicas en cada región; (7) ingreso libre a la universidad pública; (8) becas para estudiantes extranjeros; (9) regulación de medios para evitar deformación de valores; (10) financiamiento con utilidades del gas de Camisea (potencial de US$23,000 millones anuales); (11) duplicación de salarios docentes; y (12) transición hacia una economía basada en ciencia y tecnología. Este modelo prioriza calidad, inclusión y soberanía educativa, redistribuyendo recursos desde sectores estratégicos y combatiendo la mercantilización de la enseñanza.

9. Consenso sobre el sistema integral de salud. Perú Libre propone una reforma integral del sistema de salud basada en: (1) incremento del presupuesto al 10% del PBI (US$27,578 millones anuales); (2) implementación de un sistema único, universal y gratuito que unifique EsSalud y MINSA; (3) construcción de hospitales especializados en cada región (clínico-quirúrgicos, materno-infantiles, oncológicos y de medicina tropical); (4) creación del primer Hospital de Salud Bucal nacional; (5) regulación de tarifas en clínicas privadas; (6) modernización de equipos diagnósticos en todas las provincias; (7) establecimiento de Universidades de Ciencias Médicas regionales; (8) programas de Médico de Familia, Odontólogo y Psicólogo por colegio; (9) formación de especialistas mediante el Residentado Médico Regional; (10) creación de una Brigada Médica Internacionalista; (11) despenalización del aborto terapéutico; y (12) combate a los monopolios de salud privada. Este modelo, inspirado en experiencias como las de Bolivia y Cuba, prioriza prevención, acceso universal y calidad, financiado mediante un nuevo reparto de utilidades estatales y con participación protagónica de las comunidades.

10. Consenso sobre la política agraria. Perú Libre propone una reforma agraria integral basada en: (1) incremento presupuestal para seguridad alimentaria priorizando el consumo interno; (2) tecnificación agrícola con acceso a laboratorios públicos de suelos; (3) ampliación de la frontera agrícola mediante irrigación de tierras eriazas y recuperación de tierras malhabidas; (4) siembra y gestión eficiente del agua con reservorios y desalinización; (5) proyectos especiales descentralizados para proteger la Amazonía; (6) empadronamiento e industrialización lícita de la hoja de coca; (7) titulación masiva de tierras campesinas y combate al tráfico de terrenos; y (8) fomento ganadero con industrialización estatal de lácteos para romper oligopolios. Este modelo busca soberanía alimentaria, equilibrando agroexportación con necesidades nutricionales populares, y enfrentando la concentración de tierras y agua en manos de elites.

11. Consenso sobre la política del transporte y los medios de comunicación. Perú Libre propone una transformación integral del transporte y los medios de comunicación, basada en: (1) red vial nacional moderna con revisión de concesiones abusivas; (2) ferrocarriles interregionales para integrar costa y selva; (3) recuperación de aeropuertos y corredores aéreos de manos extranjeras; (4) prohibición de monopolios mediáticos (Grupo Comercio, ATV, Latina); (5) democratización de la publicidad estatal (33% público/33% privado/34% alternativo); (6) regulación de contenidos para eliminar programas basura y desinformación; (7) formación ética de periodistas contra el mercantilismo informativo; y (8) ruptura con la SIP como instrumento de dominación mediática. Este modelo busca infraestructura al servicio del pueblo y medios plurales comprometidos con la verdad, inspirado en experiencias de Correa y Chávez para garantizar soberanía en transporte y comunicación.

12. Consenso sobre Política Ambiental. Perú Libre propone una política ecológica socialista basada en: (1) zonificación económica ecológica autónoma por regiones; (2) combate frontal a la tala ilegal (25% de selva deforestada) y narcotráfico (1000+ toneladas anuales de cocaína); (3) currículo educativo sostenible; (4) plantas regionales obligatorias para tratamiento de residuos; (5) prohibición constitucional de privatizar el agua, siguiendo modelos boliviano y ecuatoriano; (6) extractivismo responsable como alternativa al modelo neoliberal depredador; y (7) justicia climática global, exigiendo a potencias contaminantes compensar por el oxígeno amazónico. Este modelo equilibra soberanía sobre recursos naturales con protección comunitaria del ambiente, rechazando tanto el ecologismo fundamentalista como el saqueo transnacional.

13. Consenso sobre Política de Cultura y Turismo. Perú Libre propone una política integral de cultura y turismo que: (1) recupere la soberanía sobre los patrimonios culturales actualmente en manos privadas; (2) descentralice la gestión de sitios turísticos a gobiernos regionales y locales; (3) promueva activamente nuestros recursos (12,000 años de historia cultural, 28 de los 32 climas mundiales y 84 de las 117 zonas de vida del planeta); (4) fomente infraestructura cultural básica (museos, teatros) en todas las capitales regionales; (5) implemente educación turística para combatir malas prácticas y sobreprecios; (6) proteja las culturas originarias bajo el Convenio 169 de la OIT; y (7) establezca alianzas estratégicas con medios para difundir nuestra identidad cultural. Este modelo busca convertir el turismo en motor de desarrollo nacional, equilibrando conservación patrimonial con beneficios comunitarios, rechazando la mercantilización neoliberal de nuestra herencia cultural.

14.  Consenso sobre Política de Descentralización: Perú Libre propone una descentralización efectiva y democrática basada en: (1) creación de Direcciones Regionales de Economía y Finanzas para autonomía fiscal real; (2) redistribución del presupuesto nacional (actualmente 70% gobierno central, 18% regiones, 12% municipalidades); (3) facultades tributarias para gobiernos subnacionales (70% administración local, 30% transferencia al gobierno central); (4) eliminación de órganos paralelos recientralizadores (PRONIED, PRONIS, PROVIAS); (5) reconocimiento constitucional del Estado plurinacional; (6) creación de cajas financieras regionales para competir con la banca oligopólica; y (7) transferencia progresiva de competencias (minería, tala, titulación de tierras, gestión portuaria). Este modelo busca romper el centralismo burocrático que duplica funciones y asfixia financieramente a las regiones, priorizando una descentralización vertical (con jerarquía estatal) pero autónoma en lo político-administrativo, fiscal y económico.

15. Consenso sobre Política Laboral: Perú Libre propone una reforma laboral integral que garantice: (1) trabajo digno con estabilidad, remuneración justa (eliminando brechas salariales absurdas) y seguridad social universal; (2) fortalecimiento sindical con participación en la gestión económica; (3) erradicación de la informalidad (70% de trabajadores actualmente desprotegidos); (4) prohibición de la explotación infantil (1.2 millones de casos) y laboral (trata de personas); (5) código laboral único que elimine la precarización (tercerización, contratos temporales); (6) reforma pensionaria que priorice el SNP sobre las AFP (lucro con fondos de trabajadores); y (7) inclusión laboral efectiva para personas con discapacidad. Este modelo busca subordinar el capital al trabajo, inspirándose en experiencias progresistas regionales que vinculan productividad con derechos, rechazando la flexibilización neoliberal que precariza la vida obrera.

16. Consenso sobre Política Anticorrupción: Perú Libre propone un enfoque estructural contra la corrupción que: (1) reconoce su origen en el modelo neoliberal y la concentración de poder económico; (2) descentraliza la economía para reducir espacios de corrupción sistémica; (3) prohíbe financiamiento privado de campañas (evitando el tráfico de influencias); (4) establece transparencia absoluta en contratos-ley y TLCs; (5) otorga carácter vinculante a consultas previas; (6) simplifica trámites burocráticos (eliminando «garitas de peaje»); (7) elimina inmunidades y sueldos dorados de funcionarios; y (8) crea contraloría para el sector privado (atacando el binomio corruptor-corrupto). Este modelo -que incluye la abolición de Proinversión y licitaciones con inmunidad diplomática- busca desmontar los mecanismos institucionalizados de saqueo, vinculando anticorrupción con transformación constitucional y justicia social.

17. Consenso sobre Política de Seguridad Ciudadana: Perú Libre propone un enfoque integral contra la inseguridad que: (1) combate el tráfico ilegal de armas con entrega voluntaria y cierre de comercios; (2) reorganiza la PNP priorizando méritos operativos sobre títulos académicos; (3) descentraliza la gestión (alcaldes como responsables políticos, comisarios como técnicos); (4) atiende causas estructurales (pobreza, desempleo, corrupción); (5) implementa resocialización penitenciaria con trabajo remunerado; (6) reconoce a rondas campesinas (sin militarizarlas); y (7) fortalece prevención con participación comunal. Este modelo rechaza la mercantilización neoliberal de la seguridad y prioriza soluciones sociales sobre represivas, vinculándola a la descentralización económica para reducir desigualdades que alimentan la delincuencia.

18. Consenso sobre Política de Derechos Humanos: Perú Libre establece una política de derechos humanos basada en cuatro pilares fundamentales: (1) Verdad y justicia histórica sobre las violaciones sistemáticas cometidas por el Estado durante los 80-90, con especial atención a los casos de La Cantuta y la Universidad del Centro del Perú; (2) Rechazo a la impunidad, exigiendo el juzgamiento de todos los responsables, incluidos los expresidentes Belaúnde, García y Fujimori; (3) Reparación integral a las víctimas de violencia política y terrorismo; y (4) Defensa de los 30 derechos humanos de la ONU como base irrenunciable. El partido denuncia la instrumentalización geopolítica de organismos como la CIDH por parte de EE.UU., mientras reivindica el Estatuto de Roma como marco jurídico para combatir crímenes de lesa humanidad, incluyendo desapariciones forzadas y violencia sexual.

19. Consenso sobre Reforma Legislativa Revolucionaria: Perú Libre plantea un modelo de parlamentarismo popular basado en: (1) eliminación de privilegios (sueldos equivalentes a un obrero calificado, sin seguros privados ni bonos); (2) revocabilidad permanente de cargos por decisión popular ante traición al mandato; (3) mandato imperativo que obligue al cumplimiento estricto del programa partidario; y (4) parlamento como «centro de trabajo», donde los legisladores ejecuten y evalúen sus propias leyes (ej.: usando los servicios públicos que regulan). Este sistema, inspirado en Lenin y la Comuna de París, busca erradicar el transfuguismo (50% de abandono en la bancada 2021-2026) y la alienación de clase, convirtiendo el Congreso en herramienta de lucha anticapitalista, no en «cerrojo del sistema». Se propone además el reemplazo inmediato por accesitarios cuando un representante incumpla, garantizando lealtad al proyecto revolucionario.

20. Consenso sobre Política de Justicia Revolucionaria: Perú Libre propone una transformación radical del sistema judicial basada en: (1) elección popular y revocatoria permanente de magistrados (incluyendo jueces supremos y fiscales); (2) eliminación de privilegios (sueldos máximos equivalentes al presidente, sin reelección vitalicia); (3) creación de órganos disciplinarios autónomos contra la corrupción judicial; (4) lucha frontal al lawfare como instrumento imperialista; (5) reconocimiento constitucional de la justicia comunal originaria; y (6) recuperación de soberanía jurídica (rechazo a tribunales internacionales pro-empresariales). Este modelo busca desmontar la justicia de clase -hoy al servicio de elites- para convertirla en herramienta popular, expedita y transparente, combatiendo la impunidad de las mafias judiciales y el neocolonialismo legal.

21. Consenso sobre la Política de la Mujer Socialista: La mujer en el socialismo es protagonista activa de la revolución, educándose, trabajando y emancipándose, mientras participa en la construcción estructural y superestructural de la sociedad. Se reconoce el machismo como herencia colonial y multifactorial, pero se rechazan tanto su perpetuación como el feminismo extremo, priorizando la transformación social sobre la diferencia sexual. El Estado socialista garantiza derechos fundamentales—salud, educación y alimentación—como herencia social, sin obligatoriedad en derechos reproductivos, y combate estigmas capitalistas que victimizan a la mujer. La igualdad exige eliminar el modelo opresor, incluyendo la complicidad de mujeres privilegiadas, y promover la participación femenina en todos los ámbitos, desde la ciencia hasta la lucha por la paz, sin segregación educativa ni laboral. La despatriarcalización es vital, pero no implica inversión de opresiones, sino la construcción de una sociedad horizontal donde la mujer aporte su capacidad intelectual, conativa y afectiva al proyecto colectivo.

22. Consenso sobre las Fuentes de Riqueza y su Distribución: Las principales fuentes de riqueza del Perú—minería, hidrocarburos, energía y comunicaciones—son explotadas por transnacionales que concentran el 70% de las utilidades, dejando solo el 30% al Estado. Ejemplos como Camisea, donde el gas se vende a precios irrisorios, o la minería, cuyas ganancias superan el presupuesto de decenas de gobiernos regionales, evidencian un saqueo sistémico. Se propone invertir esta proporción: que el Estado reciba el 70-80% de las ganancias para financiar educación, salud e infraestructura, erradicando pobreza y dependencia extranjera. Si las empresas se resisten, se debe avanzar hacia la nacionalización de recursos, revisar concesiones abusivas y eliminar privilegios fiscales que benefician a élites y trasnacionales. Solo así se garantizará que la riqueza natural se traduzca en bienestar popular y desarrollo soberano.

23. Consenso sobre Soberanía Nacional: La recuperación estatal de los recursos estratégicos —minería, hidrocarburos y energía— es fundamental para garantizar la soberanía nacional y redistribuir la riqueza en beneficio del pueblo. Siguiendo ejemplos como Bolivia, Chile y México, donde la nacionalización ha fortalecido sus economías, se propone que el Perú asuma el control total de yacimientos como Camisea, Antamina y las centrales hidroeléctricas, bajo administración descentralizada. Además, se debe reconocer constitucionalmente el derecho de las comunidades sobre su suelo y subsuelo, con consulta previa vinculante. La soberanía exige también peruanizar servicios esenciales (transporte, pensiones), revisar tratados internacionales que perjudican al agro, proteger la producción nacional, y resistir el dominio tecnológico y militar extranjero. Solo así se logrará independencia económica, seguridad alimentaria y justicia social, rompiendo con el neocolonialismo y garantizando un desarrollo autónomo.

24. Consenso sobre Política Económica Empresarial: El Estado debe promover y proteger al empresariado nacional —público y privado— mediante políticas que favorezcan su formalización, competitividad y desarrollo sostenible, priorizándolo sobre el capital transnacional. Se exige a las empresas el cumplimiento de consultas previas vinculantes con comunidades, la contratación mayoritaria de mano de obra local (más del 60%), la transferencia tecnológica y la adquisición de bienes regionales para fortalecer las economías locales. Asimismo, deben respetar normas laborales, ambientales (EIA, PAMA) y fiscales (pago de regalías, canon), contribuyendo a la descentralización. La minería informal debe formalizarse para reducir impactos ecológicos y sociales, mientras se fomenta el valor agregado y empleo digno, en armonía con el desarrollo nacional y la soberanía económica.

25. Consenso sobre la Política del Mar Territorial: El Perú debe defender su soberanía sobre las 200 millas marítimas, rechazando la Convemar por pretender reducirlas a 12 millas y abrir nuestra zona económica exclusiva a intereses transnacionales. Nuestro mar, rico en recursos hidrobiológicos y minerales, requiere protección estatal mediante una Marina Mercante Nacional y políticas de explotación sostenible que beneficien a las mayorías. Se debe descentralizar su gestión, otorgando autonomía a los gobiernos regionales costeros para administrar sus recursos, evitando así la depredación extranjera y garantizando que su riqueza fortalezca la economía nacional y los derechos históricos del pueblo peruano.

26. Consenso sobre Política Exterior: El Perú debe impulsar una integración regional soberana, distanciándose de organismos como la OEA y el CIADI que perpetúan la dependencia hacia EE.UU., y fortalecer alternativas como la CELAC y UNASUR para resolver conflictos con autonomía. Es prioritario crear el Banco del Sur para dejar de financiar al Primer Mundo con nuestras reservas, mientras se promueve una política económica continental unificada (IGV regional, salarios dignos) que evite la competencia absurda entre países hermanos. Ante el declive imperial, debemos aliarnos estratégicamente con los BRICS+ para equilibrar el poder global, rechazar bases militares extranjeras y avanzar en la descolonización cultural y económica, consolidando a América Latina como territorio de paz antiimperialista.

Hasta más allá de la victoria