Dos resoluciones definitivas, en sendos juicios por corrupción, han restablecido los derechos electorales de Vladimir Cerrón. Era un muerto civil por sentencias anteriores, y ahora está habilitado para postular a la presidencia en el 2026. Enfrenta otros procesos, pero los principales fueron superados, dando mayor crédito a sus acusaciones de que padeció una persecución política. Un tema colateral es el efecto que tendría su participación, a la cabeza de Perú Libre, en la disputa por el voto de los más descontentos, especialmente del sur andino. Está prófugo desde el 6 de octubre del 2023, cuando un tribunal superior lo condenó a tres años y seis meses de prisión efectiva por colusión simple. Precisamente en uno de los casos en los que acaba de ser declarado inocente: el aeródromo Wanka.
Cuando era gobernador regional de Junín (2011-2014), Cerrón suscribió un contrato para construir un aeropuerto internacional en Jauja. Contravino normas administrativas, pero en el juicio no se ofrecieron pruebas de que cometiera un ilícito penal, según la Corte Suprema, que resolvió un recurso de casación el pasado 26 de marzo. En una explicación pública, César San Martín, autor de la ponencia absolutoria, acordada por unanimidad, dijo que el proceso de contratación fue complejo, transparente y defectuoso. Añadió que ya existe jurisprudencia reiterada de que la suma de infracciones administrativas no equivale a un delito.
La colusión simple se produce cuando un funcionario público concierta con terceros para defraudar al fisco. No solo requiere concertación –que estaría reflejada en la firma de un contrato–, sino intención defraudadora, independientemente de si el perjuicio se consuma, en el caso concreto la obra fue cancelada sin daño para el Estado. El razonamiento de los jueces fue que las sentencias previas contra Cerrón no demostraron un ánimo fraudulento. Por lo tanto, no estaba acreditada su culpabilidad, o había dudas al respecto. Una casación se pronuncia sobre defectos fundamentales de una sentencia, como pueden serlo ausencia de argumentos o menoscabo de la presunción de inocencia. Ambos agravios fueron señalados en el recurso del recurrente.
Cerrón tenía otra sentencia firme en contra, según la cual incurrió en negociación incompatible al requerir como gobernador de Junín el pago de 850.000 soles a una empresa que en el 2011 amplió el sistema de agua potable y alcantarillado de La Oroya. Correspondían a mayores gastos por ampliación de plazos, que le fueron reconocidos en una conciliación extrajudicial –luego de un arbitraje– por una administración regional anterior a la de Cerrón. El gobernador cumplió un compromiso, basado en informes técnicos y sin haber participado en ningún trato. Sin embargo, fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por un juzgado y una Sala Superior de Junín. Los fallos no ofrecieron pruebas de corrupción. En julio del 2020, un año antes de que Pedro Castillo se convirtiera en presidente como candidato de Perú Libre, escribí un artículo señalando a esta sentencia condenatoria como un ejemplo –puse otros– de que la política se estaba judicializando. Es la que el Tribunal Constitucional (TC) anuló hace un par de días.
El caso llegó al TC bajo la forma de un hábeas corpus. La defensa de Cerrón adujo que, entre otros defectos, los jueces lo condenaron por hechos no comprendidos en la acusación fiscal. Una mayoría de magistrados (Domínguez, Morales, Gutiérrez, Hernández) consideró que la condena estuvo indebidamente motivada. No demostró “de manera objetiva y razonable”, que Cerrón tuvo interés en favorecer al contratista. Sin ampararse en norma alguna, los jueces le atribuyeron a Cerrón la responsabilidad de verificar por sí mismo que los mayores gastos eran pertinentes. En la explicación de su voto, Gutiérrez sostuvo que para sancionar el interés indebido de un funcionario se requiere como mínimo que sus obligaciones estén delimitadas. ¿Puede un gobernador solicitar un pago declarado correcto pertinente por un órgano de línea? ¿Siempre será responsable de cualquier pago? Añadió que considerar a las autoridades garantes de todo lo que hacen sus subalternos ha conducido a sobre criminalizarlos, y a encarcelarlos por inconductas administrativas de otros.
Una minoría de tres (Pacheco, Monteagudo, Ochoa), en pronunciamientos individuales, consideró improcedente el hábeas corpus. Dijeron que plantear revaloración de pruebas o de criterios de culpabilidad o inculpabilidad no justifica un pronunciamiento del TC. La discusión debiera agotarse en la vía judicial, agregaron. Además, encontraron que la sentencia sí se pronunció sobre aspectos señalados por la fiscalía y que expuso una fundamentación suficiente. O sea que Cerrón ganó raspando. Hacia adelante, aún tiene alrededor de 40 procesos, el más llamativo de los cuales es el de Los Dinámicos del Centro, por presunto lavado de activos para la campaña electoral del 2021. En esta investigación, la fiscalía obtuvo en enero pasado 30 meses más de plazo, de modo que la acusación no está cerca. Si la medida cautelar le es cambiada por comparecencia simple, Cerrón volverá a circular libremente. Los primeros disgustados son los grupos de izquierda que competirán con Perú Libre en el 2026.
Cerrón, un marxista leninista confeso, nunca ocultó su propósito de instaurar un gobierno socialista con nacionalizaciones, prensa regulada, jueces elegidos por voto popular y regiones autónomas. En esa medida, es un adversario natural de la derecha en cualquiera de sus formas, así como de sectores democráticos que no desean una dictadura de izquierda. Pero Cerrón ha declarado que los principales enemigos del pueblo son los caviares, porque fungen de izquierdistas y “viven como capitalistas trabajando en ONG financiadas por los Estados Unidos”. Ha justificado sus coincidencias con el fujimorismo en el Congreso como una vía para desembarazarse, precisamente, de lo que llama la influencia caviar. Todo lo cual abre interrogantes sobre su política de alianzas de cara al nuevo proceso electoral.
Cuando Cerrón inscribió su partido, en el 2016, intentó infructuosamente acercarse a lo que después denominaría la “izquierda limeña”. Eran racistas, comentó posteriormente después en su círculo partidario. Ese año inscribió su candidatura presidencial solo, sin aliados, pero la retiró antes de los comicios para no perder la inscripción por bajo número de votos. En el 2019, cuando ejercía como gobernador regional reelegido en Junín, la sentencia sobre el Caso La Oroya determinó que fuera suspendido en el cargo. Decidió apoyar a Verónika Mendoza como candidata presidencial, pero esta lo rechazó porque cargaba con una sentencia por corrupción. Fue entonces cuando sacó de la manga la candidatura de Pedro Castillo, quien solo quería ser diputado, para que encabezara la candidatura de Perú Libre. En la campaña hizo todo lo posible para empujar a Mendoza hacia el votante de centro a fin de quedarse con los que no tenían nada que perder. El resto es historia conocida.
Es previsible, entonces, que Cerrón desee liderar a los provincianos pobres más insatisfechos con el sistema político, en campaña abierta contra el progresismo y la izquierda que se subió al carro del gobierno de Castillo. Es el más capaz de los dirigentes de su sector. Sin embargo, la izquierda vive su peor momento, y la propia responsabilidad de Cerrón por haber sido el creador de Castillo y Boluarte, de nefastos gobiernos, es difícil de soslayar. Añádase que él, más que ningún otro candidato, estará asociado a imágenes de regímenes que ahuyentan al votante, como las de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a los que rinde tributo. El Perú no es Uruguay, donde las izquierdas marxistas leninistas se congregaron con las socialdemócratas y lanzan una propuesta para todos los sectores y no solo para una parte. Aquí, pese a los muchos votos que tiene por recoger, la izquierda muestra su peor cara, sectaria y quejumbrosa, lo que difícilmente cambiará en el 2026.
Cojudignos, liberales, caviares varios y conservas llorando todos al unísono por Vladimir Cerrón Rojas.
Les ha dolido en el alma que toda su cantaleta absurda de «corrupto, corrupto» que tanto repetían no tenga al final ni pies ni cabeza. Los caviares, liberales de izquierda, de esa izquierda travesti, sufren porque su tan amado Poder Judicial no les ha dado la razón y tendrán que tragarse todos sus insultos. Lo dijimos desde el comienzo: Vladimir Cerrón es inocente. El tiempo y la ciencia jurídica nos dieron la razón. La persecución política llegó a su límite y se ha caído.
Ahora bien, queda pendiente denunciar a los jueces y fiscales que armaron todo este caso arguyendo un «daño potencial» en vistas a que no encontraron ningún acto de corrupción de Vladimir Cerrón, pues nunca recibió ni un sol de ninguna empresa o funcionario, donde el Estado no había gastado ni medio céntimo. Esos jueces y fiscales le han generado gastos millonarios al Estado, dinero que sale de nuestros bolsillos.
Además, el daño enorme que se le ha hecho al doctor Cerrón con una sentencia injusta que lo llevó a ponerse a buen recaudo. Cerrón no solo no pudo postular a la presidencia ni a la plancha presidencial, caso contrario hoy sería él el presidente y no la asesina títere de Keiko, sino que perdió su trabajo como gobernador regional de Junín, como médico y como profesor universitario, todo por culpa de otra sentencia fraudulenta que fue anulada. Ahora, otra sentencia injusta es también anulada. Pero el daño ya está hecho. ¿Quién le devuelve el dinero, trabajo y tiempo perdidos a Cerrón?
Los liberales insisten que es corrupto agarrándose de las sentencias que se les pega en gana y negando las que no les gustan. Aunque la justicia peruana haya declarado inocente a Cerrón, los caviares insistirán que es un corrupto, pues Cerrón no solo es la izquierda radical que ellos desprecian sino porque el líder de Perú Libre les representa un verdadero peligro, una amenaza terrible a sus intereses políticos, económicos y de clase.
Se les viene la noche, caviares. Los que terminarán tras las rejas serán ustedes. Disfruten de sus consultorías por el momento, porque el tiempo se les acaba.
Carta a los perulibristas desde algún lugar de mi gran país
Camaradas:
Muchos me han reprochado, a lo largo de las dos últimas décadas, por qué en lugar de hacer política no me concentré en enriquecerme con mi especialidad, la neurocirugía, puesto que varios de mis colegas, aun con sus limitaciones profesionales, lo habían hecho. Ante este permanente cuestionamiento de algunos camaradas, a quienes considero vale la pena explicarles, les he dicho que mi accionar en política responde a la lealtad de mi propia historia.
El secuestro de mi padre y su posterior asesinato por sus ideas; mi viaje, estudios y permanencia más de una década en Cuba; el haber vivido, forjado una familia y soportado junto a ese heroico pueblo el bloqueo norteamericano; y, el adquirir una cultura de resistencia para enfrentar los embates de la vida, hicieron de mí un producto consciente de la revolución, que jamás traicionaría.
Tampoco podría defraudar a quienes dejaron sus gotas de sangre en los surcos de lucha, tengo la obligación moral de continuar, sin el mínimo derecho a renunciar. Cada día soy más consciente de que nada de esto hubiera sido posible sin estas circunstancias. A esto responde la creación del movimiento regional Perú Libre, el mismo que posteriormente se transforma en partido nacional, como iniciativa de un pequeño colectivo de jóvenes huancas el año 2005.
A raíz de los modestos éxitos en el gobierno regional de Junín, en los campos social, económico e institucional, que la historia dará cuenta oportunamente, el enemigo decidió que no debíamos avanzar más, desatando una tormenta de ataque múltiple con sus operadores de justicia, llegando a ser el político más investigado del país, producto del cual enfrenté más de 220 procesos penales, de los mismos que se archivaron el 93 %, siendo sentenciado arbitrariamente en dos ocasiones.
En ambos casos, las causas eran jurídicamente simples, pero políticamente complejas, como podrán ver más adelante, los mismos que fueron anulados por la justicia constitucional, uno por uno, pero con daños irreversibles y perdurables en el tiempo. En ninguno de ellos se me acusó de extraer o recibir dinero, en las dos causas la sentencia fue ad portas de procesos electorales, a pocos años de prisión efectiva, que bien pudieron ser suspendidas, pero suficientes para conseguir una inhabilitación política.
Fui enviado a prisión el 5 de agosto de 2019, sentenciado por negociación incompatible en el caso Saneamiento La Oroya, destituido del cargo de gobernador regional, de la docencia universitaria, del hospital donde era médico especialista en neurocirugía, obligado a pagar una reparación civil onerosa e inhabilitado para ocupar cargos en el Estado, así provengan de elección popular, además de ser estigmatizado por la prensa como corrupto a nivel nacional. Esta sentencia me impidió postular en la fórmula presidencial el 2021. A los cinco años, el 18 de agosto de 2023, la sentencia fue anulada, pero el daño estaba consumado.
Cuando salí de prisión, el 18 de octubre de 2019, al variarse la sentencia de prisión efectiva a suspendida, decidimos que el partido debía continuar su rumbo, producto del cual, aun cuando me tacharon de la fórmula presidencial, ganamos las elecciones generales el año 2021, situación que desesperó a la oligarquía, quien decidió apretar nuevamente sus cuerdas judiciales, procediendo a una persecución brutal al partido y, posteriormente, al golpe de Estado militar-parlamentario del 7 de diciembre de 2022.
Recuperado mis derechos políticos y anulada la primera sentencia del caso Saneamiento La Oroya, el 18 de agosto de 2023, temerosa la oligarquía de que mi persona asuma cargo en el gobierno, inmediatamente propició una segunda sentencia. En la causa conocida como Aeródromo Wanka, alegando un “daño potencial”, en un proyecto que jamás se ejecutó, ni demandó un centavo al Estado, fui condenado el 6 de octubre de 2023, volviendo a mi condición de inhabilitado políticamente. Al año siguiente, el 3 de diciembre de 2024, esta condena también fue anulada por la justicia constitucional, pero con las infaltables secuelas colaterales.
Esta segunda sentencia me obligó a tomar el camino de la clandestinidad, condición que mantengo hasta la actualidad, resistiendo con mayor compromiso y realismo, puesto que, a diferencia de la primera, hoy tenemos que cuidar la moral no solo de la militancia, sino también del destacamento en el parlamento, representado por nuestra bancada congresal, única trinchera de lucha de la clase trabajadora, a quienes con mi encarcelamiento hubieran intentado doblegarla.
Empero, existe una condición vital para que la resistencia sea exitosa, por más prolongada que sea. Me refiero a la moral que debe acompañar a todo militante y simpatizante, la misma que debe permanecer intacta ante los embates, además de respaldada por la seguridad de tener la conciencia limpia, caso contrario, sería un fracaso por partida doble. No obstante, estar en la clandestinidad es un estado complicado, atrapado en el dilema de estar libre, pero sin poder moverte, enfrentando continuamente circunstancias más duras que estar en la propia prisión, esto lo afirmo con conocimiento de ambos indeseables espacios. Son los tiempos difíciles de los que hablaba Fidel, para saber realmente de qué estamos hechos.
Esta cruda realidad le permitió al partido despertar de su letargo, transitando de una etapa de triunfalismo nefasto a una de solidaridad, lucha y movilización, expresado en la reactivación de nuestros comités provinciales, difusión del órgano oficial, creación del canal por las redes sociales, reactivación de las escuelas políticas, difusión de murales, realización de banderolazos, plantones y vigilias, reclamando por mi libertad, lo que permitió elevar nuestra conciencia política.
En ninguna de las circunstancias tuvimos la solidaridad de ningún partido que aún conserva su membrete de izquierda, por el contrario, se percibía alguna satisfacción y, en el mejor de los casos, su neutralidad. Lo menciono no por resentimiento, sino para resaltar la ausencia del valor de la solidaridad, rasgo inequívoco que caracterizó a la izquierda de antaño, que al día de hoy no existe, producto de la psicología alienante, mercantilista e individualista, que como triunfo ideológico el neoliberalismo impregnó sobre la masa popular, logrando corromper nuestra conciencia de clase.
Sin embargo, como la dialéctica es la dialéctica, no deja de presentarnos escenarios contradictorios, nuevos, pero a la vez reales. En el plano nacional tuve el respaldo de quienes nunca hubiera esperado, como la del periodista Ricardo Uceda, primera personalidad en acreditar mi inocencia, ante la opinión pública nacional e internacional, en la sentencia del caso Saneamiento La Oroya, causa que consideró el primer caso típico de lawfare. Lo más curioso de la contradicción es que no solo denunció el nuevo poder político de los jueces y fiscales, sino que, además, lo escribió en la misma entraña del diario La República, órgano oficial de nuestro principal enemigo mediático.
Asimismo, el jurista, exjuez penal y docente, Guillermo Olivera Díaz, a quien nunca había conocido antes, totalmente ajeno a mi filiación ideológica, tomó la decisión de ayudarme ad honorem, enclaustrándose por una semana en los archivos de la Corte Suprema de Justicia para desentrañar el caso Saneamiento La Oroya a partir de sus elementos primigenios. Posteriormente, viajaría hasta Huancayo, para hacer lo mismo con el caso Aeródromo Wanka, llegando a la conclusión en los dos casos de la arbitrariedad de las sentencias.
En el plano internacional, la izquierda latinoamericana representados en el Foro de Sao Paulo, el Seminario Internacional de México del Partido del Trabajo, la Internacional Antifascista de Venezuela, entre otras organizaciones, además de personalidades continentales como José Mujica Cordano de Uruguay, Alberto Anaya Gutiérrez de México, Atilio Borón de Argentina, Esteban Silva de Chile, Ricardo Abreu de Brasil, Nidia Díaz de El Salvador, Carlos Aparicio Vedia de Bolivia, Ricardo Patiño Aroca de Ecuador, Carlos Zamora Rodríguez de Cuba, Alexander Yánez Deleuze y Rander Peña Ramírez de Venezuela, Gloria Flores y Marcelo Caruso de Colombia, siempre alzaron la voz de protesta ante esta injusticia, haciéndonos presente su solidaridad internacionalista.
El imperialismo para controlar sociedades, potencialmente alienables, como la nuestra, crea su propia “oposición” política: la izquierda caviar, que no es más que la vieja socialdemocracia repotenciada, la careta humana del capitalismo. En nuestro país es conocida como la izquierda capitalina, limeña, oenegera o de las consultorías. Esta falsa oposición recibe un financiamiento externo a través de las oenegés, instituciones privadas que tratan de desvincular la paternidad política foránea. Para la comandancia de una de ellas, es indispensable reclutar a “connotados” izquierdistas, quienes claudicaron en sus aspiraciones, renegando de su ideología primigenia, convencidos de lo inviable de una revolución y dispuestos a engrosar las filas del revisionismo, postulando reformas o asistencialismo sin tocar el modelo neoliberal, para la perfecta operación encubierta de cara al pueblo.
Las oenegés, con el pretexto de combatir la violación de los derechos humanos, inseguridad ciudadana, corrupción de funcionarios, crimen organizado, feminicidio, crímenes de odio, trata de personas, racismo, xenofobia, migración forzada, etc., penetran nuestra sociedad, llegando a controlar los bolsones sociales más álgidos, los mismos que son organizados a la medida de sus intereses, prestos a la movilización cuando los convoquen, para simular un movimiento espontáneo y genuino del pueblo, habiendo logrado en ocasiones derrocar a gobiernos incómodos.
Sin embargo, si analizamos profundamente, nos daremos cuenta de que estos males, a que dicen combatir, no son más que engendros del propio capitalismo. Es así como, tras esta maniobra, en aparente democracia, se permite la existencia de una “oposición” política antimperialista, que en realidad es falsa, mediocre, domesticada y farisea, como dijera Mariátegui. Esta, a la vez produce una peligrosa “delimitación política” importante, puesto que para el neoliberalismo todo lo que queda fuera de este marco opositor creado por ellos mismos, son estigmatizados como terroristas, radicales o antisociales, llegando a criminalizarse a la verdadera oposición política.
No debemos perder de vista que esta falsa oposición tiene otra misión, quizá la más importante: asaltar el poder político estatal. Para lograr este cometido se infiltran en los órganos de justicia, los servicios de inteligencia y los medios de comunicación, a través de sus oenegés, usadas como el anzuelo perfecto, para luego de capturarlas y crear lo que se conoce como el Deep state, Estado profundo o Estado oculto, lo que les permite gobernar sin haber sido electos, de manera indefinida, independiente de cualquier gobierno de turno.
Nuestro partido no podía tolerar que estos demócratas burgueses, socialdemócratas o caviares, utilizaran el discurso marxista para engañar al pueblo, sirviendo a los empresarios y banqueros, por lo que comenzó una confrontación ideológica, política y programática, durante la campaña, logrando sobreponerse. La entrada de Perú Libre al Ejecutivo y Legislativo, como representante de la izquierda popular, provinciana o del campo, arrebató a la izquierda capitalina treinta y siete curules, la desenmascaró ante la opinión pública y puso en evidencia al Deep state caviar.
Esto los incomodó de mala forma, producto del cual pusieron en marcha a sus operadores judiciales, disponiendo un uso bélico no convencional de los instrumentos legales y creando los falsos positivos judiciales, con la única misión de liquidar al partido. Así, empezó una persecución sin precedentes, motivo por el cual tenemos presos a los camaradas Arturo Cárdenas, Waldir Vilcapoma, Eduardo Reyes y Eduardo Bendezú, además de cientos de procesados, todos cuadros políticos destacados, de quienes quedan afectados gravemente su esfera familiar, laboral, económica y judicial. Ni siquiera la derecha conservadora o burguesía burocrática, había sido tan implacable.
Esta circunstancia permitió evidenciar las debilidades de los que se proclamaban connotados revolucionarios, quienes terminaron renunciando a su militancia tras la primera notificación fiscal, al primer cuestionamiento de los medios de comunicación, al primer allanamiento domiciliario, decidiendo abandonar la bancada y posteriormente el partido. Sufrimos bajas que afectaron cuantitativamente la combatividad de la izquierda popular en el parlamento e indudablemente fortalecieron a nuestros enemigos de clase, la izquierda caviar.
El número de bajas que sufrió la bancada es histórico, de los treinta y siete congresistas que ingresaron con Perú Libre al día de hoy renunciaron veintiséis, lo que constituye una de las traiciones parlamentarias más grandes que pudo experimentar la izquierda popular. Los motivos son múltiples, desde ambiciones políticas personales de quienes formaron su propio partido, las prebendas más tristes que permitió el transfuguismo hacia partidos de extrema derecha como Podemos Perú hasta la franca traición ideológica que permitió cebar las magras filas de la izquierda caviar en Juntos por el Perú.
Este desequilibrio permitió que la derecha y su facción mimetizada de la izquierda caviar, se fortalecieran en el parlamento, producto del cual se conspiró con éxito para el golpe de Estado militar-parlamentario deponiendo a Castillo y, posteriormente, aprobando leyes como la amnistía tributaria y menores impuestos a las grandes empresas o bancos, la prescripción de los delitos de lesa humanidad, la legalización para que los policías utilicen sus armas de reglamento sin ser detenidos ni procesados, entre otras.
A pesar de haber sido reducido en la representación parlamentaria, el partido supo tener más conciencia de su misión en el Legislativo, optimizando lo que los neoliberales desprecian. Está de más reafirmar que Perú Libre seguirá flameando sus cuatro principales banderas de lucha como son la asamblea constituyente, la revisión de los contratos ley, la nacionalización de nuestros recursos y la lucha contra los monopolios. Nunca renunciamos a ellas, nunca renunciaremos.
Muy a pesar de los golpes a nuestro partido, el pueblo ahora logra identificar a los caviares, sector enemigo de sus aspiraciones genuinas, pues al día de hoy son sinónimo de aprovechados, traficantes, aburguesados y enemigos del pueblo. En provincias, donde pasaban desapercibidos, hasta admirados por el sector intelectual, ahora son meridianamente identificados. Esta izquierda caviar que, finalmente, no es más que un destacamento político de la propia derecha, es la que abandera la lucha antiperulibrista, encargada de difamarnos, procesarnos, encarcelarnos y eliminarnos por encargo.
En esta obligada clandestinidad, la policía multiplicó exponencialmente su agresión, pretextando la orden de captura por la sentencia arbitraria del caso Aeródromo Wanka, con el único fin de amedrentar al partido, coaccionarnos a renunciar a nuestra ideología, programa y acción política, para neutralizar o eliminar lo que sus patrones consideran una amenaza viable. Inclusive, han tratado de doblegarme a través de mi madre, allanando su domicilio, apuntándola con metralletas, amenazándola con prisiones preventivas, haciéndole seguimientos e incautándole sus pensiones.
Por el otro flanco, evidenciamos las indiscutibles deficiencias en la inteligencia estratégica, táctica, operacional y tecnológica de la policía, que no ha dado con mi paradero, a pesar de estar permanentemente en las redes sociales en contacto con el pueblo. Las especulaciones fantásticas, informes de ajenos a la realidad, operativos mediáticos fallidos, entre otros, nos pone a concluir la existencia de un nivel profesional mediocre de la inteligencia policial, cuya génesis tiene dos factores principales, en el siguiente orden: la politización y la corrupción institucional. En este caso, las únicas motivaciones operacionales fueron una sentencia política y los onerosos viáticos pagados con las partidas secretas exentas de fiscalización.
El partido puede exhibir logros en su gestión como Ejecutivo regional, inclusive comparables a un gobierno nacional y obtener mejores resultados. En las dos gestiones al frente del Gobierno Regional Junín (GRJ), se construyeron cuatro hospitales especializados, puentes emblemáticos, carreteras interprovinciales, cientos de centros educativos, museo de la memoria, además de los programas sociales como Médico de la Familia, Odontólogo por Colegio, Psicólogo por Colegio, Movilización por la Alfabetización, Residentado Médico Regional y Especialización Hospitalaria.
Lo que debemos resaltar de esta experiencia es que el Estado regional puede hacer obras que, en la actualidad, ya dejaron de ser prioridad para el Estado nacional neoliberal. Esta es la razón del por qué Junín, luce hospitales modernos en contraste a los penosos edificios nosocomiales de Lima. Asimismo, en su política de transportes, para poner un solo ejemplo, el partido entregó el 15 de diciembre de 2024 una megaobra en Huancayo, el puente Comunero II, sobre el río Mantaro, con una longitud de 730 metros de luz, cuya ejecución fue con recursos públicos, construida por dos entes estatales: el GRJ y los Servicios Industriales de la Marina (SIMA), sin necesidad de concesiones, ni peajes, propio de una administración socialista.
Esta sola obra demuestra que muchas de las obras ejecutadas en Lima, podían haberse construido como en Junín, pero el Estado neoliberal, municipal o nacional, prefiere entregarlos a las empresas privadas como Odebrecht, obteniendo coimas, concesionándolos por décadas, imponiendo peajes abusivos, concertando adendas criminales, perdiendo arbitrajes e indemnizándolos.
Para hacer más obras con estas características, necesitamos que Perú Libre llegue al gobierno nacional, pero escoltado por una mayoría congresal, lo que le permitirá modificar los regímenes de propiedad, de empresa, de concesión, monetaria y tributaria. No existe otra forma, pero debemos tener claro que estos cambios deben estar sujetos a condiciones políticas coyunturales favorables, sin las cuales simplemente es mejor no jugar con fuego, hasta que se creen las condiciones necesarias.
Aprovecho para dirigirme a los que dicen que las obra son gracias a los impuestos del pueblo y nada se debe a los líderes. En parte tienen razón, pero ellos deben saber que para hacer realidad los grandes desafíos, como los puentes interprovinciales Comunero I y II, no basta contar con recursos económicos, sino que hacen falta hombres que encarnen la misión de ejecutarlo, de llevar las cosas a término, dispuestos a correr todo tipo de riesgos, desde incomprensiones, persecuciones, juicios, prisiones, hasta conspiraciones perpetuas y sus consecuencias. La frustración de más de 70 años en la construcción del Gran Aeródromo Wanka, a pesar de tener presupuesto, es una muestra tangible de lo que afirmo.
El partido necesita conducir una revolución y, en caso no pudiera darse, por lo menos, acercarse a un acto revolucionario para con la patria. Para ello, debemos estar claros en cuál será la misión en el gobierno y, en el mejor caso, en el poder. Precisamente esta consiste en optimizar todo lo que los neoliberales desprecian, nos referimos a mejorar la educación, erradicando el analfabetismo; mejorar los índices de salud, reduciendo la mortalidad materna e infantil; mejorar la cultura, desalienando la escuela pública; eliminar la desnutrición, tecnificando la agricultura popular; mejorar la vivienda, con programas propios; erradicar la explotación laboral, permitiendo la constitución de sindicatos; descongelar los sueldos, redistribuyendo nuestras reservas económicas; generar valor agregado, industrializando el país; dignificar las pensiones, terminando con las mafias de las AFP; dignificar la patria, nacionalizando nuestros recursos estratégicos; superar el déficit fiscal, renegociando los contratos ley; en resumen, reemplazar la economía social de mercado por la economía popular con mercados.
Los peores indicadores en el índice de desarrollo humano en nuestro país, dan fe de que el Estado se hizo a un lado, abdicando su misión de protección al pueblo, sin constituir un obstáculo para el mercado, sin interferir ante el saqueo y estando ausente en su regulación para evitar la explotación. Estas variables interpretadas políticamente también significan la ausencia de socialistas o comunistas.
La mejor prueba de que tres décadas de neoliberalismo han fracasado en el Perú, es la existencia de las tareas pendientes mencionadas, pues seguimos enfrentando los mismos problemas que cualquier país tercermundista de Asia o África. Los gobiernos que se han ido sucediendo a partir de Alberto Fujimori hasta Dina Boluarte, siguen manteniendo un 16,7 % de desempleados, más del 30 % de peruanos sin agua potable, un alarmante 43 % de anemia infantil, el país en el último lugar en comprensión lectora y matemática, los servicios básicos precarios, entre otros, pero destinando fondos millonarios para la compra de armas y aviones de guerra.
Perú Libre no es enemigo del empresariado nacional privado, puesto que para alcanzar el objetivo de la industrialización del país es imprescindible el concurso de ellos, a quienes el Estado debe brindar todo tipo de apoyo. Nunca podrían vencer las barreras y techos impuestos a su crecimiento por el gran poder empresarial y financiero transnacional, multinacional o global, si no cuentan con el concurso estatal.
Para que este apoyo sea planificado y efectivo, son necesarios dos puntos. Primero, en el plano objetivo, el Estado debe recuperar el control sobre sus materias primas, pues la supremacía sobre ellas en manos privadas ha generado el monopolio u oligopolio. Una vez resuelto la titularidad, es más fácil regular el mercado nacional, los medios de producción, las patentes intelectuales, los derechos laborales, los intereses de la banca, etc., en favor del empresariado nacional.
Segundo, en el plano subjetivo, la clase trabajadora empresarial nacional, estratégicamente denominada por la burguesía como emprendedores, debe ser consciente que es la nueva clase obrera explotada por el gran capital. A diferencia del empresariado tradicional, esta emerge del pueblo, por consiguiente, su crecimiento económico tendrá un techo. Es natural que, en el proceso de desmarcarse de su pasado, eviten alienadamente reconocerse como tal, asumiendo que ser emprendedor es escalar irreversiblemente la pirámide social, donde aparentemente el proletariado se extinguió al no existir fábricas ni sindicatos, pero en realidad, solo han mutado. Esta clase, si no se organiza políticamente en un partido, en defensa de sus intereses, jamás podrá reivindicarse.
Este partido, que incluye la alianza del obrero, campesino, clase media y la burguesía nacional patriota, debe ser dirigido por los hijos más preparados y representativos del pueblo, pero que mantengan incólume su conciencia de clase. Una vez constituido, debe participar dentro del marco legal vigente, sometiéndose al voto popular, alcanzando distintos niveles de gobierno y, por ende, cierto grado de poder. No hay dirigentes de arriba, ni dirigentes de abajo, por lo que no existen gobiernos de arriba, ni gobiernos de abajo, todos los niveles son igualmente importantes.
Como nos han enseñado los camaradas chinos, debemos aprender a luchar en un mundo real y con los medios reales. Esto quiere decir que debemos participar del proceso electoral nacional, a pesar de quienes piensan que esto es un método reaccionario, pues nosotros no pensamos así, la práctica nos ha demostrado que el pueblo peruano es tradicionalmente electoral, participa disciplinadamente, respeta a sus elegidos, aunque ocasionalmente no los respalde en el gobierno, salvo excepciones.
En esta circunstancia, nuestro partido ingresa a la lucha política, lo que significa actualmente lidiar en el campo comunicacional, donde las armas convencionales son los celulares y las redes sociales, quienes asumirán el rol de guerrilleros mediáticos cercando a la gran televisión, radio y prensa hegemónica. Una vez triunfado, deberá poner en marcha el programa político a favor de las mayorías, no de todos, debiendo recordar siempre que: en una sociedad de clases, uno no es electo por todos, ni gobierna para todos.
El partido debe apuntar a estructurar un Estado moderno, esto implica contar con cuatro pilares: un sistema financiero estatal fuerte, una defensa militar óptima, una seguridad jurídica garantista y una democracia sólida. En el plano internacional, debe incorporarse a la lucha por la integración latinoamericana, lo que implica tener una conciencia antimperialista e integrarse al movimiento antifascista, garantizando nuestra seguridad alimentaria, energética e hídrica, cuyas fuentes nuestro continente estratégicamente garantiza, y, lo más importante, preservar nuestra la zona de paz, desenvolviéndonos acorde a las demandas del nuevo mundo multipolar.
Estoy convencido, ahora más que nunca, de que dedicarse a la política de verdad, con la misión que esta significa, conlleva ineludiblemente a un deterioro económico personal, riesgos en tu seguridad y pérdida de la comodidad social, pero a la vez, encauza hacia una gran satisfacción histórica cuando los objetivos políticos se han logrado, quedando como un legado. Contrariamente, los que utilizan la política como medio de enriquecimiento, presos de sus compromisos subrepticios y al ser conscientes de sus inmoralidades, vislumbrarán cercanamente su final nada deseable.
“Aún con el nudo en la garganta, con la gasa sobre la herida, sobreviviendo una vez más, frente a los acechos perpetuos que forjan nuestra cultura de resistencia y convicción de victoria. Hoy más consciente de mi necedad: «Yo me muero como viví»”.
¡Hasta Más Allá de la Victoria!
En algún lugar de mi gran país, 3 de enero de 2025.
El uso bélico de los instrumentos jurídicos en una guerra no convencional, ha creado a los falsos positivos judiciales, quienes generalmente son los políticos de izquierda, sobre todo los antimperialistas.
Para que esto sea creíble, recurren a una estrategia de envenenar al pueblo con informaciones falsas, escoltado por una investigación fiscal para darle la apariencia de legalidad y seriedad. El chivo expiatorio es casi siempre el “combate a la corrupción”, algo que no tienen dudas que el pueblo apoyará con más energía inquisitiva que cuando se trataba de narcotráfico o terrorismo, las décadas del 80 y 90, respectivamente.
A mi generación política le llegó lidiar con el sambenito de la corrupción a partir del inicio del milenio, extendiéndose hasta la actualidad. Todo esto se acompaña de una legislación promovida por el imperialismo a través de sus oenegés y parlamentarios caviares, quienes promueven leyes abiertas, generales y severas, con lo que pueden sentenciar a cualquiera.
Un ejemplo claro es la muerte civil que se le impone a los sentenciados por corrupción en primera instancia, violando el principio constitucional de la presunción de inocencia y la pluralidad de instancia, para luego despojarlos de sus derechos políticos. En la práctica, esto ha otorgado un poder político a los jueces, fiscales y procuradores, para eliminar adversarios políticos que pueden despojar del poder a la oligarquía dominante.
El Partido Perú Libre y sus dirigentes son víctimas frecuentes de esta guerra jurídica, conocida como lawfare, que ha conllevado, a quien escribe, enfrentar más de 220 procesos penales con fines de descabezar a la organización. El fenómeno se intensificó cuando el Partido llegó a ganar el proceso electoral nacional el año 2021, asentando en la historia el primer triunfo electoral de la izquierda marxista.
Después de procesos largos y una serie de medidas restrictivas, los procesos finalmente se archivan, sobreseen, anulan o absuelven, pocos se sentencian. En mi caso se archivaron más del 93 % de los casos y me sentenciaron en dos, tan simples legalmente, pero políticamente complejos.
El año 2019, me sentencian por negociación incompatible, en el caso Saneamiento de La Oroya, donde solo ordené se cumpla una conciliación extrajudicial entre la empresa y el procurador del Estado. Asimismo, el año 2023, me sentencian por colusión simple, en el caso Aeródromo Wanka, que había prescrito, además, donde el Estado no había invertido un solo centavo, sustentando la condena en un “daño potencial”.
Con la primera sentencia me despojaron del cargo de gobernador regional de Junín, al que había accedido por elección popular del 2019 hasta el 2022; y, con la segunda sentencia, evitaron mi postulación en la fórmula presidencial el 2021. Siempre buscando la inhabilitación política.
Hoy demostré, después de una ardua lucha legal, que las sentencias han sido ilegales, inconstitucionales y arbitrarias. La primera sentencia fue anulada por un habeas corpus de fecha 18 de agosto de 2023, pero esto fue posible solo a nivel de la justicia constitucional, más no de la justicia ordinaria, la misma que se encuentra tomada por el poder caviar, que en la práctica funciona como un Deep State.
Al haber recuperado mis derechos políticos, el lawfare nuevamente se pone en marcha y luego de 2 meses, el 6 de octubre de 2023, me imponen la otra sentencia, volviendo a inhabilitarme. Posteriormente, esta sentencia también fue anulada por un habeas corpus, el 3 de diciembre de 2024, volviendo a recuperar mis derechos políticos.
Ante estas nefastas experiencias, debemos prepararnos para enfrentar nuevos embates jurídicos, condición permanente mientras los aliados del imperialismo permanezcan en la conducción de los órganos de justicia, pero también de la misma forma irán cayendo, como ha caído hasta ahora el 93 % de sus intentos de darnos la muerte civil, uno por uno.
Habeas corpus fundado del Caso Saneamiento La OroyaHabeas corpus fundado del Caso Aeródromo Wanka
