Vladimir Cerrón (*)
El Estado peruano fracasó en el manejo de la pandemia del COVID-19, debe reconocerlo, no hay autocrítica al respecto. Los principales responsables son el presidente de la República, Martín Vizcarra; el premier Vicente Zevallos; la ministra de Economía, María Antonieta Alva; los ministros de Salud, Víctor Zamora y Pilar Mazzetti; el Comando de Operaciones Covid-19 y el Comando Vacuna.
Por órdenes del Presidente se creó el Comando de Operaciones Covid-19, liderado por el MINSA, encargado de coordinar las políticas sanitarias para enfrentar la pandemia, pero también lo integraba el infaltable sector privado, siempre presente donde hay negocio.
La pandemia avanzó a pasos agigantados porque en la zona rural no tenemos un nivel de atención primaria eficaz y en la zona urbana simplemente es inexistente. El gobierno centró su estrategia en el segundo nivel de atención, es decir, hospitales y clínicas. Hasta ahí ya habíamos perdido el 80% de la guerra contra el virus.
Adquirieron las famosas pruebas rápidas, las mismas que sabían que no eran eficaces por su alto índice de falso negativo, que a corto plazo trajo una falsa sensación de seguridad y, por ende, un incremento en la mortalidad que llegó a ubicarnos con más de 900 muertos por cada millón de habitantes, con el saldo de más de 85 mil muertos, en el primer lugar mundial.
Cuando los casos rebalsaron toda expectativa, el gobierno deslizó la idea de intervenir el sector privado para garantizar la atención de los enfermos, pero miembros de la asociación de clínicas e integrantes del Comando de Operaciones Covid-19 se encargaron de frustrarlo, aduciendo el libre mercado y que era inconstitucional. Tenían el germen dentro de su propio organismo.
Muchos fallecieron solamente porque les faltaba oxígeno y nos llevamos la sorpresa que el mismo estaba monopolizado en el país por dos corporaciones globales, Linde (Alemania) y Air Products (USA), que utilizando de fachada empresas nacionales lucran con este gas vital, obra del gobierno aprista. El artículo 61 de la Constitución combate el monopolio, pero no lo prohíbe, ahí el detalle.
La ministra de Economía facilitó un salvataje millonario a los bancos y financieras por más de 60,000 millones de soles, supuestamente para garantizar la estabilidad económica. Este acto evidencia la falsedad que la mano invisible del mercado lo resuelve todo, patentizó el fracaso del neoliberalismo, pero a la vez la complicidad del Estado con los ricos para salvarlos de la bancarrota con dinero del pueblo.
Solo con la cantidad de 1,020 millones, que representa el 1.47% del salvataje, hubiéramos construido en tres meses 3400 consultorios de atención primaria en los asentamientos humanos a lo largo y ancho del país, una red potente, masiva, gratuita y de calidad; pero recordemos que la prevención en el capitalismo no es negocio, porque supone menos ingresos en las clínicas, menos ganancias en la industria farmacéutica, menos venta de equipos biomédicos, menos usura, etc.
Las clínicas llegaron a cobrar más de medio millón de soles por atender a un paciente, independientemente de los resultados, el gobierno quiso reaccionar para imponer un tarifario y no pudo porque la Constitución lo prohíbe. Todo amarrado.
Frente a este flagelo el gobierno impuso una férrea cuarentena, pero también ocultó el número real de muertos, si no hubiera sido por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), hasta ahora le hubiéramos creído que los muertos solo llegaban a 30 mil, menos de la mitad. Toda esta incapacidad hizo que en ocho meses superemos el número de muertos que produjo en veinte años la guerra armada interna entre el Estado y las fuerzas subversivas desde el año 1980 hasta el 2000.
Muchos médicos pidieron licencia de sus trabajos por tener factores premórbidos como diabetes, hipertensión, edad avanzada, etc., pero los vieron trabajando en el sector privado, frente a ello la ministra Mazzetti los llamó traidores a la patria, cuando en realidad debía hacerse de la vista gorda o agradecerles que por lo menos en el área privada estaban conteniendo la pandemia frente a la ausencia del Estado, vaya paradoja.
El pueblo comenzó a perder el respeto a la autoridad, porque en realidad cada quien resolvía su problema de manera individual, es decir, nunca sintieron la acción protectora del Estado.
Pese al fracaso ante la pandemia, Pilar Mazzetti sigue liderando el MINSA, lo que representa mayor peligro en esta segunda ola, debido a su marcada incapacidad y falta de conocimiento de la epidemiología y fisiopatología de esta enfermedad, llegando a declarar necedades que denigran la medicina peruana al afirmar que “los asintomáticos no contagian” o “contagian solo si respiran”.
Mientras que, en otras latitudes, los países del primer mundo estaban logrando la vacuna y en el tercer mundo solamente Cuba, nuestro país estaba en sus lobbies, creando a iniciativa del sector privado el futuro negocio con las vacunas con el famoso Comando Vacuna, a imagen y semejanza del fracasado Comando de Operaciones Covid-19.
Este Comando Vacuna refirió que asesoraría al gobierno en la adquisición, distribución, etc., de la vacuna, cuando en realidad su intervención solo tiene el objetivo del negocio con la enfermedad del pueblo. La aceptación del gobierno no es más que la expresión de su propia incapacidad, pensando que el privado le va a resolver el problema sanitario.
En la actualidad el Estado peruano solo tiene preacuerdos para la compra de vacunas con dos laboratorios, ni siquiera existen contratos, nadie sabe cuándo llegarán y ante nuestra atónita mirada todos los países que nos rodean, que han tenido menos mortalidad, están en plena vacunación. Lamentablemente y con el perdón de todos los peruanos, creo que no puede haber mejor resumen del año 2020 que estas tristes conclusiones de responsabilidades que algún día se juzgarán.
(*) Neurocirujano, Magíster en Neurociencias, Doctor en Medicina, Gobernador Regional de Junín.
