LA ESENCIA POLÍTICA DEL PARO CONTRA LA EXTORSIÓN
Vladimir Cerrón
La modalidad criminal que ha ido en ascenso sostenido, especialmente en Lima, es la extorsión, orientada a todo pequeño y mediano negocio, sobre todo al sector transporte. Esto se da en pleno apogeo de la ley contra la criminalidad anterior, refrendado en el Decreto Legislativo 635; la Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado; y la Ley 27379, Ley de Procedimiento para Adoptar Medidas Excepcionales de Limitación de Derechos en Investigaciones Preliminares, promulgadas hace una década, por lo que es imposible que se haya dado durante la vigencia de la Ley 32108 Ley de Crimen Organizado, recientemente promulgada el mes de agosto de 2024.
La Ley 32108, determina las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal, exigiendo a la fiscalía cumpla los estándares para no hacer abuso de la norma que anteriormente era general y abierta, lo que se prestaba para incriminar a cualquiera de pertenecer a una organización criminal, procesarlo, imponerle medidas restrictivas y sentenciarlo.
Los órganos de justicia, han pegado un grito al cielo, porque esto les quita una herramienta con lo que podían convertir a cualquier asociación incómoda en una organización criminal, como a los gremios, cooperativas, financieras o partidos políticos, razón de por qué en el Perú, no hay ningún partido sin esa imputación. Con esto último, ellos logran “limpiar la cancha política” para no contrarrestar al Estado caviar oculto, el cual funciona independientemente de cualquier gobierno de turno.
También precisamos que, con la legislación anterior, el Ministerio Público no ha desmantelado ninguna organización criminal emblemática relacionada con la trata de personas, la minería ilegal, la tala ilegal, el sicariato, la extorsión, ni el tráfico de drogas. Es más, en esta última, durante el apogeo de las leyes anteriores hemos pasado de exportar de 80 a 1000 toneladas al año de cocaína refinada, situándonos en el segundo país en el continente.
Está de más concluir que los políticamente afectados son los caviares que controlan el Ministerio Público y el Poder Judicial, por lo que, aprovechando la movilización de los transportistas contra los extorsionadores, sus operadores políticos y mediáticos han persuadido al gremio con la idea de que la culpable de todo el ascenso extorsivo es la actual legislación, por lo que habría que derogarla, incorporándola en su plataforma de lucha.
Así, se degeneró la esencia del genuino reclamo y el paro fue al fracaso. Frente al nefasto resultado, entonces fueron a plantear el cierre del Congreso y exigir nuevas elecciones, ingresando a una plataforma exclusivamente política, concluyendo lo que ya se sabía que la derogatoria de la Ley 32108 era solo el chivo expiatorio.
Esta sospecha, de instrumentalización caviar, se consolida cuando observamos que frente a la extorsión sistemática no existe, de parte del gremio de transportes, ningún reclamo a las instituciones ejecutoras de la lucha contra este delito, que son el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional el Perú. Más claro, ni el agua.
