Vladimir Cerrón
Algunos estudios calculan que el pago por publicidad estatal en el Perú bordea los 740 millones de soles anuales, lo que infiere que estaríamos gastando poco más de 2 millones de soles diario. En términos de costo e infraestructura, podríamos inferir la equivalencia a construir 2 escuelas por día en el país.
El congresista aprista Mauricio Mulder, presentó e hizo promulgar la Ley Nº 2133, la misma que regulaba el gasto de publicidad estatal en los medios privados. Como esta ley significaba una pérdida económica muy alta para el empresariado mediático, la misma fue motejada por ellos mismos como la Ley Mordaza.
En conclusión, la ley eliminaba la publicidad estatal en medios privados y cuando debía publicarse algo tenía que hacerse por sus propios medios o las redes sociales, dando la excepción solamente en los casos de emergencia nacional, desastres o procesos electorales. Además, la ley contemplaba que los reportajes, entrevistas y conferencias de prensa, debían desarrollarse sin pago alguno al medio de comunicación.
En el Perú existe una alta concentración de medios en manos tres empresas que juntas dominan el 84% del mercado. El Grupo Comercio, que tiene más del 60% de los ingresos en el mercado, seguidos por el Grupo ATV y Grupo Latina.
El Grupo Comercio es dueño de los siguientes diarios, El Comercio, Perú 21, Gestión, Trome, Deport, Correo, Ojo, Ajá y El Bocón. Además de los canales siguientes, Canal 4 América Televisión y Canal N. También propietaria de 15 medios digitales.
Como vemos, los medios están concentrados en una sola mano y constituyen, en todos los extremos, un verdadero atentado contra la libertad de información, parcializando su comunicación en dependencia de sus propios intereses de carácter económico, político, social u otro, afectando el pluralismo del pensamiento social y el derecho a la información ciudadana. Esto solo ocurre en el Perú, según los expertos.
Así, los directamente afectados con la Ley Mordaza, no eran el pueblo peruano, sino los empresarios periodísticos de estos medios privados, pero para dar cara a la batalla contra esta ley, disfrazan su lucha bajo en el nombre de la “libertad de información”, so pretexto que se atenta contra un derecho fundamental del pueblo.
Estos grupos no están en manos de partidos políticos, sino en manos de familias con intereses en grandes empresas constructoras como Graña y Montero y utilizan su influencia para “extorsionar” al gobierno, pudiéndose demostrar además que les es imprescindible el dinero del Estado para vivir, no les basta el dinero privado, lo que contradice su esencia de libre mercado, sobre el paternalismo estatal que paradójicamente tanto atacan.
Hemos pasado unas elecciones municipales y regionales recientes y el Grupo Comercio ha invisibilizado y conspirado contra una candidatura que estaba en el segundo lugar de las preferencias, la de Ricardo Belmont, quien planteaba eliminar los peajes, que muchos de ellos están a cargo de las empresas del grupo en mención, pero el poder mediático en todas sus expresiones lo excluyó de su agenda informativa, aun habiendo sido de interés público. Ahí se demuestra que estos señores no luchan por la libertad de información, sino por salvaguardar sus intereses, principalmente económicos.
Finalmente, quiero recordar una frase que puede dar respuesta a nuestro quejido dialéctico con la famosa frase de Fidel que nos ce como llave en una cerradura: “Nuestro problema no es que mientan, nuestro problema es cómo nosotros decimos las verdades”.
