TRAGEDIA DE REAL PLAZA TRUJILLO EXIGE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL CONTUNDENTE EN EJECUCIÓN DE OBRAS PRIVADAS POR IRRESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
Ing. Uberlinda Zevallos Flores
La tragedia del 21 de febrero, que enlutó familias tras la pérdida de seis vidas y más de ochenta heridos de gravedad debido al colapso del techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo, ha conmocionado al país y nos lleva a preguntarnos cómo se pudo haber evitado este desastre.
Actualmente, las municipalidades tienen dos funciones principales respecto a las edificaciones privadas: otorgar licencias de construcción y de funcionamiento. Aunque también tienen funciones de fiscalización y control, no participan activamente durante la construcción, principalmente por falta de normas específicas y financiamiento. Esto deja la responsabilidad total en manos del empresario o propietario de la edificación.
En contraste, el Estado peruano invierte grandes sumas de dinero en la supervisión de obras públicas, como hospitales, colegios, sistemas de agua y desagüe, carreteras, puentes y reservorios. Según un reporte de la Contraloría General de la República, entre 2013 y 2023, el Estado gastó 237,198 millones de soles en construcción de obras por contrata, administración directa y consultoría, lo que incluye los estudios, expedientes técnicos y la supervisión de obras.
El gasto en supervisión de obras públicas suele oscilar entre el 2 % y el 10 % del presupuesto total del proyecto, con un promedio del 6 %. Esto significa que, en una década, el Perú ha destinado aproximadamente 14,232 millones de soles a la supervisión de obras públicas, lo que representa cerca del 1% del gasto público total.
La supervisión de obras es fundamental para garantizar que estas se ejecuten de acuerdo con los expedientes técnicos y los planos y se obtenga una obra de calidad que cumpla con su propósito de servicio y seguridad.
La Ley Orgánica de Municipalidades establece que las municipalidades deben ejercer labores de fiscalización y control. Sin embargo, esta función no está debidamente normada durante la construcción de obras privadas ni cuenta con el financiamiento necesario para su cumplimiento. Mientras el Estado invierte significativamente en la supervisión de obras públicas, en el ámbito privado, la responsabilidad recae únicamente en el empresario o propietario, sin un control efectivo que garantice el cumplimiento de las normas técnicas.
Es urgente fortalecer las capacidades de fiscalización y control de las municipalidades, especialmente en edificaciones que acogerá a una gran cantidad de personas, como centros comerciales, cines y discotecas, para asegurar que estas construcciones cumplan con los estándares de seguridad.
Propuestas concretas:
- Creación de una tasa de fiscalización de obra: El empresario o propietario o responsable de la obra, persona natural o jurídica, es quien debe pagar este derecho a la municipalidad correspondiente.
- Normativa más estricta: Desarrollar normativas para que las municipalidades realicen inspecciones periódicas por parte de un profesional competente, durante la construcción, con un cronograma de actividades firmado por la contratista y el supervisor de obra, donde se especifique las fechas clave que permita verificar el armado de las estructuras, vaciado de concreto, conexiones y verificación de calidad de los materiales, entre otros. Al finalizar la obra, para los siguientes trámites municipales, será de carácter obligatorio el manual de operación y mantenimiento de edificación.
- Padrón nacional de obras privadas seguras: Se empadronarán las edificaciones nuevas o existentes, que sean seguras. Para esto se fortalecerá las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones a cargo del profesional competente, con énfasis en estructuras, electricidad, conexiones de gas, sistemas contra incendio y otros.
- Sanciones más severas: Implementar sanciones económicas y judiciales para los empresarios o propietarios y constructores que no cumplan con las normas técnicas y de seguridad, o que no permitan a los fiscalizadores acceder a todos los espacios de la construcción a fiscalizar.
La vida y la seguridad son derechos reconocidos en la Constitución, y es una necesidad pública que las municipalidades asuman un rol más activo en la fiscalización de obras privadas, especialmente en aquellas que van a acoger a una gran cantidad de personas. Solo así se podrán prevenir tragedias y el dolor que genera perder vidas de los hijos e hijas de nuestro pueblo, como la ocurrida en el Real Plaza Trujillo.
