Vladimir Cerrón
La derecha percibe que cada vez está más cerca la aceptación popular por la nueva Constitución, mediante una Asamblea Constituyente. Para evitar que esto prosiga intenta confundirnos haciendo un comparativo entre la Constitución del 79 y la del 93, cuando en realidad la izquierda jamás ha dicho que la anterior era mejor que la actual, es más, ni siquiera la firmó, pues la Constitución del 79 fue elaborada fundamentalmente por los sectores conservadores del PPC y el Apra. Por tanto, hacer un comparativo no quepa.
Claro que la década del ochenta fue pérdida para todos, pero recuerde que fue conducida justamente por los que hicieron la Constitución del 79, AP, PPC y el Apra, donde se experimentaron fórmulas políticas recomendadas por los organismos financieros internacionales, las que fueron acogidas sin reservas, frente a la amenaza de la subversión.
También hace alusión al gobierno militar de Velasco, emprendida en 1968, queriendo darnos el mensaje que fue un fracaso izquierdista, hasta ahora no digieren que fue un gobierno nacionalista, que el Perú nunca tuvo un gobierno de izquierda hasta la actualidad. La ideología nacionalista es ideología de derecha, incompatible con la internacionalista que es ideología de izquierda.
Esta Constitución del 93 que proclama una economía social de mercado, simplemente de social no tiene nada, es puramente una economía de mercado liberal o neoliberal. El sector social que lo atendía el Estado simplemente ha sido excluido de sus objetivos. La única libertad que existe es la del enriquecimiento ilegítimo de la oligarquía política y empresarial que se reducen a 17 familias en el Perú.
Si la población actualmente ha mejorado su economía en algo, no es precisamente por el sistema neoliberal, sino por esfuerzo propio manifestado en el subempleo y la explotación laboral a la que se someten. Los que si mejoraron sin dudas fue la casta política, empresarial y financiera, mejoría que no es directamente proporcional al bienestar del pueblo peruano, la brecha entre ambos aumentó paulatinamente y sigue ese curso, según el índice de Gini.
Efectivamente, el libre mercado no quiere que el Estado sea empresario, protector, innovador, etc., porque esto afecta sus intereses económicos, quieren un Estado indefenso, que no proteja a su masa laboral, no genere empresa para sus pueblos, es decir, que paradójicamente no quieren competencia en el “libre” mercado, quieren el monopolio privado sobre las cenizas del Estado.
Esta Constitución promueve un nuevo tipo de dictadura, casi imperceptible, que es la dictadura empresarial financiera instalada desde 1993 hasta la actualidad. Dictadura que impide conformar sindicatos, que explota a trabajadores más de ocho horas, que se apropia de las pensiones y las ponen en la bolsa de valores sin autorización del titular a quien se le cargan las pérdidas, encarcela políticos pero no empresarios, que pagan de intereses bancarios del 1% por ahorros pero al préstamo cobran intereses hasta más del 30%, que exonera impuestos a las transnacionales y aplica al micro y pequeño empresario la ley tributaria con el máximo rigor, entre otras.
Manifiesta Ud. que la inmadurez política propaga la idea de una nueva Constitución, pues en realidad es todo lo contrario, el pueblo va adquiriendo una madurez política como en Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia, y saben que si no se cambia la Constitución no habrá cambios en el país en beneficio de las mayorías. Las ideas son al inicio como el agua turbia, cuando se mueven se oxigena y purifican, por ello es importante el debate político, aunque sea a través de redes.
Si estos impulsos, como Ud. manifiesta han tomado renovada fuerza es porque las propuestas son buenas y no arcaicas, en el pueblo hay más cerebros pensantes que lo que subestiman. No hay odio a la libertad individual, a la iniciativa ni a la empresa privada, siempre en cuando asuman compromisos con el país y no solo con sus bolsillos. Lo cierto es que a los neoliberales puede no interesarle si hay un gobierno bueno o malo, de derecha o de izquierda, lo que le interesa es que no choquen con sus intereses económicos, eso es a buena cuenta.
El promedio anual de crecimiento del 4,9% al que nos hace referencia, mientras la Bolivia socialista creció 6%, que nos ha llevado a estar en el “primer” lugar entre los 10 países más grandes de Latinoamérica, es producto del consumo al que está esclavizado el peruano, al recorte de sueldos, a la desprotección social, al desatender las pocas instituciones del Estado que aún quedan, la venta de nuestros yacimientos y el constante endeudamiento externo. La productividad del que se siente orgullosa la derecha no es más que el reflejo de la flexibilización laboral que permite mayor explotación, recorte de derechos, la trata de la inmigración venezolana o la multiplicidad laboral del peruano que hace que trabaje hasta en tres empleos al día privado de beneficios.
Manifiesta que la estabilidad de los precios es envidiable, ¿Cómo no va ser? Si la explotación está al tope y el dumping ha liquidado medio Gamarra y han desaparecido otros rubros de la empresa nacional, y estamos indefensos, por el amparo del artículo 63 de la Constitución golpista, que exceptúa legalmente de la jurisdicción nacional a los contratos financieros.
En realidad no hay progreso social como debiéramos tener, aún tenemos 2,7 millones de analfabetos, solamente ese indicador es tétrico en la era del conocimiento. Sin embargo, asume una autocrítica respecto al sistema que mantiene serios problemas institucionales que afectan la democracia como la no reelección, ausencia de bicameralidad, no renovación parlamentaria, etc., pero se olvida de un problema mayor que es la prohibición del monopolio de los medios de comunicación, que bien lo contempla en el artículo 61 la Constitución actual y la violan con toda la maestría del caso
