Vladimir Cerrón
La derecha percibe que cada vez está más cerca la aceptación popular por la nueva Constitución, mediante una Asamblea Constituyente. Para evitar que esto prosiga intenta confundirnos haciendo un comparativo entre la Constitución del 79 y la del 93, cuando en realidad la izquierda jamás ha dicho que la anterior era mejor que la actual, es más, ni siquiera la firmó, pues la Constitución del 79 fue elaborada fundamentalmente por los sectores conservadores del PPC y el Apra. Por tanto, hacer un comparativo no quepa.
Claro que la década del ochenta fue
pérdida para todos, pero recuerde que fue conducida justamente por los
que hicieron la Constitución del 79, AP, PPC y el Apra, donde se
experimentaron fórmulas políticas recomendadas por los organismos
financieros internacionales, las que fueron acogidas sin reservas,
frente a la amenaza de la subversión.
También hace alusión al gobierno militar
de Velasco, emprendida en 1968, queriendo darnos el mensaje que fue un
fracaso izquierdista, hasta ahora no digieren que fue un gobierno
nacionalista, que el Perú nunca tuvo un gobierno de izquierda hasta la
actualidad. La ideología nacionalista es ideología de derecha,
incompatible con la internacionalista que es ideología de izquierda.
Esta Constitución del 93 que proclama
una economía social de mercado, simplemente de social no tiene nada, es
puramente una economía de mercado liberal o neoliberal. El sector social
que lo atendía el Estado simplemente ha sido excluido de sus objetivos.
La única libertad que existe es la del enriquecimiento ilegítimo de la
oligarquía política y empresarial que se reducen a 17 familias en el
Perú.
Si la población actualmente ha mejorado
su economía en algo, no es precisamente por el sistema neoliberal, sino
por esfuerzo propio manifestado en el subempleo y la explotación laboral
a la que se someten. Los que si mejoraron sin dudas fue la casta
política, empresarial y financiera, mejoría que no es directamente
proporcional al bienestar del pueblo peruano, la brecha entre ambos
aumentó paulatinamente y sigue ese curso, según el índice de Gini.
Efectivamente, el libre mercado no
quiere que el Estado sea empresario, protector, innovador, etc., porque
esto afecta sus intereses económicos, quieren un Estado indefenso, que
no proteja a su masa laboral, no genere empresa para sus pueblos, es
decir, que paradójicamente no quieren competencia en el “libre” mercado,
quieren el monopolio privado sobre las cenizas del Estado.
Esta Constitución promueve un nuevo tipo
de dictadura, casi imperceptible, que es la dictadura empresarial
financiera instalada desde 1993 hasta la actualidad. Dictadura que
impide conformar sindicatos, que explota a trabajadores más de ocho
horas, que se apropia de las pensiones y las ponen en la bolsa de
valores sin autorización del titular a quien se le cargan las pérdidas,
encarcela políticos pero no empresarios, que pagan de intereses
bancarios del 1% por ahorros pero al préstamo cobran intereses hasta más
del 30%, que exonera impuestos a las transnacionales y aplica al micro y
pequeño empresario la ley tributaria con el máximo rigor, entre otras.
Manifiesta Ud. que la inmadurez política
propaga la idea de una nueva Constitución, pues en realidad es todo lo
contrario, el pueblo va adquiriendo una madurez política como en Chile,
Bolivia, Ecuador y Colombia, y saben que si no se cambia la Constitución
no habrá cambios en el país en beneficio de las mayorías. Las ideas son
al inicio como el agua turbia, cuando se mueven se oxigena y purifican,
por ello es importante el debate político, aunque sea a través de
redes.
Si estos impulsos, como Ud. manifiesta
han tomado renovada fuerza es porque las propuestas son buenas y no
arcaicas, en el pueblo hay más cerebros pensantes que lo que subestiman.
No hay odio a la libertad individual, a la iniciativa ni a la empresa
privada, siempre en cuando asuman compromisos con el país y no solo con
sus bolsillos. Lo cierto es que a los neoliberales puede no interesarle
si hay un gobierno bueno o malo, de derecha o de izquierda, lo que le
interesa es que no choquen con sus intereses económicos, eso es a buena
cuenta.
El promedio anual de crecimiento del
4,9% al que nos hace referencia, mientras la Bolivia socialista creció
6%, que nos ha llevado a estar en el “primer” lugar entre los 10 países
más grandes de Latinoamérica, es producto del consumo al que está
esclavizado el peruano, al recorte de sueldos, a la desprotección
social, al desatender las pocas instituciones del Estado que aún quedan,
la venta de nuestros yacimientos y el constante endeudamiento externo.
La productividad del que se siente orgullosa la derecha no es más que el
reflejo de la flexibilización laboral que permite mayor explotación,
recorte de derechos, la trata de la inmigración venezolana o la
multiplicidad laboral del peruano que hace que trabaje hasta en tres
empleos al día privado de beneficios.
Manifiesta que la estabilidad de los
precios es envidiable, ¿Cómo no va ser? Si la explotación está al tope y
el dumping ha liquidado medio Gamarra y han desaparecido otros rubros
de la empresa nacional, y estamos indefensos, por el amparo del artículo
63 de la Constitución golpista, que exceptúa legalmente de la
jurisdicción nacional a los contratos financieros.
En realidad no hay progreso social como
debiéramos tener, aún tenemos 2,7 millones de analfabetos, solamente ese
indicador es tétrico en la era del conocimiento. Sin embargo, asume una
autocrítica respecto al sistema que mantiene serios problemas
institucionales que afectan la democracia como la no reelección,
ausencia de bicameralidad, no renovación parlamentaria, etc., pero se
olvida de un problema mayor que es la prohibición del monopolio de los
medios de comunicación, que bien lo contempla en el artículo 61 la
Constitución actual y la violan con toda la maestría del caso
