Jaime Cerrón: 35 años de impunidad estatal

Jaime Cerrón: 35 años de impunidad estatal

Vladimir Cerrón

Fue una mañana que, como todos los días, lo recogió el chofer de la universidad en el vehículo oficial, una camioneta celeste doble cabina al servicio del vicerrectorado. Pasaron cinco minutos para que un vecino golpeara fuertemente la puerta e insistentemente exclamara: “¡algo le ha pasado a mi vecino!”. Inmediatamente, vino a mi mente que a mi padre lo habrían baleado en el vehículo, pero no fue así, fue peor.

Mi madre y yo salimos al llamado, corrimos hasta la vuelta de la esquina, encontrándonos con el siguiente escenario: tanto mi padre, como el chofer, fueron secuestrados, por hombres que descendieron de una camioneta e interceptaron el vehículo de la universidad, además de haber otros más a pie que los encañonaron directamente.

Los trasladaron de vehículo a la fuerza, mi padre fue subido a la cabina de la otra camioneta y el chofer a la tolva. Los secuestradores se distribuyeron en ambos espacios con pistolas y mini ametralladoras, para luego desaparecer raudamente. La camioneta de la universidad quedó abandonada, con las puertas abiertas y sin la llave. Era una gélida mañana del viernes 8 de junio de 1990, en la ciudad de Huancayo, zona de emergencia, donde la autoridad civil fue reemplazada por la militar.

Recurrimos a las autoridades, policiales, militares, fiscales y políticas, pero para ellos fue motivo de indiferencia, burla e intentos de coimas. Comprendimos que el Estado nos había abandonado. Ante los hechos, emprendimos una búsqueda de los secuestrados, con las autoridades universitarias y estudiantes, en las dependencias policiales y militares de Huancayo, Pampas, Lima y Cerro de Pasco. Todos nos negaban información y, peor aún, autoría.

Fueron diez días de búsqueda incesante, en el intervalo ingresó a casa una llamada telefónica que yo la contesté, me presenté a solicitud del interlocutor anónimo, quien me dijo: “tu padre está con nosotros, lo tenemos redactando documentos, comunícanos con tu madre”, les dije que estaba solo y que volvieran a llamar más tarde. En la esperanza de encontrar a mi padre vivo y ante la desprotección de las autoridades estatales, accedimos a la extorsión y nos dieron instrucciones para entregarles una suma exorbitante de dinero, que mi madre recolectó con ayuda del colegio donde era maestra.

Nos citaron en la Empresa de Transportes Jara, en Paseo La Breña, y llevamos su requerimiento, de un total de veinte millones de intis solicitados, entregamos diecinueve. El encargado de recibir fue José Lucen Torres, un joven empleado, y nos dijo que el dinero era para un señor militar de apellido Jara. Quizás él no sabía de qué se trataba, porque hasta nos firmó un recibo en un boleto de pasaje, cuyo original mantengo en mi poder.

Pasaron los días y no aparecían los secuestrados. A los diez días, el 18 de junio, por la noche, recibimos una llamada telefónica del director del diario Correo de Huancayo, Nilo Calero Pérez, citándonos a su oficina, para reconocer unas fotos que ellos habían tomado en una quebrada descampada, donde se apreciaban dos cadáveres, cuyos rostros estaban parcialmente cubiertos con chalinas negras. Al instante los reconocimos, eran mi padre y el chofer, torturados, mutilados y acribillados, probablemente el mismo día del secuestro.

Al encontrarlos, en el paraje de Aramachay o Tierra Blanca, distrito de Sincos, provincia de Jauja, terminó nuestro dolor agudo causado por la ansiedad de no encontrarlo, pero empezó nuestro dolor crónico ante la sistemática impunidad de su crimen. Mi madre participó del levantamiento de cadáver y la necropsia, trajo a mi padre de vuelta a casa y, con la valentía que la caracteriza, nos prohibió espectáculos de lástima.

El 20 de junio, a pesar del estado de emergencia, mi padre y el chofer, fueron llevados en hombros, escoltados por una multitud de miles de acompañantes y tropas de zampoñas, como contundente forma de protesta popular, hasta su última morada. Nunca olvidaré que, en todo el trance, desde la Municipalidad de Huancayo hasta el Cementerio General de Huancayo, por toda la calle Real y el Paseo La Breña, cayeron del féretro oscuras gotas de sangre sobre el asfalto. Pero, ahí la pregunta que inmediatamente exigía una respuesta coherente ante los sucesos y la historia: ¿quién era Jaime Cerrón?, ¿por qué lo mataron?

Jaime fue un hombre de extracción campesina, muy a pesar de que mi abuelo había sido alcalde dos veces en el pueblo y la familia gozaba de cierta trascendencia. En su época juvenil fue contador mercantil y escribano de Estado. Como me dijo alguna vez, quizás ahí hubiese quedado su vida, hasta que surgió lo impensable: la fundación de la Universidad Comunal del Perú, el 16 de diciembre de 1959. Creada en el Gobierno de la Convivencia, a partir de una iniciativa de los campesinos del sur del valle, pero usurpada en propiedad privada por Ramiro Prialé y compañía, con la complicidad del presidente Manuel Prado.

Los estudiantes, al enterarse de la existencia de la hasta entonces clandestina Escritura Pública 371, con la que se descubre que la universidad no era comunal, sino una propiedad privada con derecho a herencia de los más altos dirigentes apristas, empezaron una lucha que involucró a las fuerzas vivas de Huancayo. Y, agrupados en un frente antiaprista, lideraron tres marchas de sacrificio a Lima, llegando a nacionalizarla el 2 de enero de 1962.

Jaime, como miembro de la primera promoción de la universidad, asumió los cargos de secretario general del Centro Federado de la Facultad de Educación y posteriormente la de presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú (FEUNCP), en representación del Frente Estudiantil Revolucionario (FER). Indudablemente, fue uno de los líderes de la nacionalización, que le devolvió al pueblo su alma mater; desde entonces, sería considerado un enemigo declarado del Partido Aprista Peruano.

Egresado de la universidad en 1965, ejerció la docencia y fue electo secretario general del Sindicato Regional de Profesores de Educación Secundaria Común (SIRPESCO), cuya jurisdicción comprendía Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho, ante la aún inexistencia del SUTEP, recién fundado el 6 de julio de 1972.

En 1969, invitado por los estudiantes, Jaime llega a la cátedra universitaria, renuncia a todo activismo político, nunca militó en algún partido y se dedicó enteramente a su labor de maestro de Filosofía y Ciencias Sociales. Ocupó cargos de director de Bienestar Universitario, decano de la Facultad de Pedagogía y Humanidades, y de vicerrector de la Universidad Nacional del Centro del Perú.

Su llegada al último cargo ocupado, se da en una época convulsa, de guerra interna, guerra civil o época de terrorismo, como quieran llamarlo, circunstancia que lo lleva a declinar de su postulación al rectorado, ante la posibilidad inequívoca de un incremento de la represión a la comunidad universitaria, que el gobierno del Apra, partido que lo consideraba su enemigo, y sus comandos paramilitares, con Alan García al frente, habían iniciado.

Es cierto que la universidad estaba cerca de caer en la hegemonía senderista, aunque tampoco la tenían fácil. En realidad, la casa de estudios se había convertido en un polvorín, en un centro de disputa académica, política y, por qué no, hasta militar, entre Sendero Luminoso, el MRTA, el Comando Rodrigo Franco, los servicios de inteligencia estatal y las propias fuerzas armadas y policiales que intervenían constantemente el campus.

Todo esto conllevó un saldo aproximado de 250 estudiantes, entre asesinados y desaparecidos, además de 10 profesores y 15 trabajadores no docentes ejecutados extrajudicialmente. Esta magnitud de represión no ocurrió ni siquiera en la Universidad de Huamanga, menos en la Universidad La Cantuta o San Marcos. Empero, la represión en las universidades capitalinas se magnificó en los medios, mientras que en las provincianas se silenció. El centralismo de las instituciones de Derechos Humanos no pudo ser más evidente, pudiendo calificarse sin dudas como clasismo y, en el extremo, llegando a sospechas de complicidad.

Esto nadie me lo contó, fui testigo como estudiante de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, sentí con dolor la desaparición, deserción y muerte, de mis compañeros de estudio. Estaba claro que, bajo estas condiciones, todo miembro de la universidad huanca era un potencial sospecho, y, seguramente, para el gobierno aprista, Jaime Cerrón sería sin duda un presunto subversivo.

En resumen, la muerte de Jaime Cerrón no es más que la expresión material de la lucha de clases. Su extracción campesina, su liderazgo estudiantil universitario, su pasado de líder magisterial, su condición de profesor de filosofía materialista, su producción intelectual y su ascenso como autoridad de una universidad pública, eran elementos suficientes para situarlo como un hombre del lado del pueblo. Los rumores de una presunta militancia subversiva, no fueron más que el pretexto profiláctico creado por el partido de gobierno, que siempre quiso eliminarlo.

¡Honor y gloria, querido líder, maestro y padre!