EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL, PEDRO SÁNCHEZ, HABLA A SUS PARTIDARIOS, JUNTO A SU ESPOSA, BEGOÑA GÓMEZ, EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019. (BURAK AKBULUT / AGENCIA ANADOLU VÍA GETTY IMAGES) (PHOTO BY BURAK AKBULUT/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES)

Jueces derechistas quieren derrocar al Gobierno español 

EOGHAN GILMARTIN

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, podría dimitir después de que un juez iniciara una investigación falsa por corrupción contra su esposa, Begoña Gómez. El caso es una farsa impulsada por grupos de presión de extrema derecha que demuestra la necesidad de frenar al politizado Poder Judicial español.

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Pedro Sánchez no es conocido por mostrar emociones. El pragmatismo frío como el hielo y la brillantez táctica del presidente del Gobierno español le permitieron superar a la derecha española, así como a los rivales de su flanco izquierdo, una y otra vez desde que se convirtió en presidente del Gobierno en 2018. Sin embargo, las cosas cambiaron la semana pasada, cuando un juez de Madrid aceptó la petición de una organización de extrema derecha de abrir una investigación por corrupción política y peculado contra su esposa, Begoña Gómez. Luego, Sánchez difundió una carta pública muy cargada en la que anunciaba que se estaba planteando dimitir.

El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de centroizquierda, también canceló todos sus compromisos públicos hasta este lunes, cuando anunciará su decisión sobre si continúa o no. «Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también», escribió Sánchez. « Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena [continuar]». También insistió en que detrás de esta campaña de acoso está el hecho de que la derecha y la extrema derecha españolas «no aceptaron los resultados electorales» del pasado julio.

En muchos sentidos, esto no es nada nuevo: el lawfare fue, después de todo, un asunto importante para la coalición de izquierdas de Sánchez desde que asumió el poder en 2020. Desde entonces, elementos reaccionarios de las altas esferas del sistema judicial operaron como un poder paralelo no democrático, con el objetivo de disciplinar y socavar lo que consideran un gobierno «ilegítimo». La actual ofensiva judicial fue implacable desde el pasado noviembre, cuando el PSOE de Sánchez ultimó una alianza parlamentaria con los partidos nacionalistas catalanes a cambio de una ley de amnistía para los implicados en el fallido impulso independentista de 2017.

La amnistía propuesta fue denunciada en términos polémicos por la mayor asociación de jueces del país como «el principio del fin de la democracia» en España. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dominado por la derecha, la caracterizó como algo que implicaba la «la abolición, del Estado de Derecho». Al mismo tiempo, los tribunales iniciaron repentinamente una serie de investigaciones por terrorismo contra políticos, periodistas y activistas catalanes, en un aparente intento de socavar la amnistía y desestabilizar la frágil mayoría parlamentaria del gobierno.

Este es el contexto en el que debemos entender la investigación judicial sobre los limitados tratos profesionales de Gómez con una compañía aérea que, como todo el sector de la aviación durante la pandemia, recibió un rescate gubernamental. El caso contra ella fue presentado por el notorio grupo de extrema derecha Manos Limpias (llamado así por los juicios italianos de principios de los 90), una organización autodenominada «anticorrupción» que se especializa en presentar demandas espurias contra objetivos progresistas como Podemos. Sin embargo, el informe presentado carece de cualquier prueba material del tráfico de favores de Gómez. Según el propio grupo, su caso se basa «únicamente» en una serie de afirmaciones publicadas en la prensa de derechas.

Como señala el corresponsal jurídico de Investigate Europe, Manuel Rico, «el verdadero escándalo» es que un juez «acepte una petición» para abrir una investigación penal sobre esa base, algo que Rico califica de «[jurídicamente] irregular» e «incomprensible». Sin embargo, lejos de ser un caso aislado, el acoso judicial a Gómez sólo puede entenderse en términos de la campaña intervencionista más amplia que los jueces reaccionarios emprendieron para frustrar la agenda del gobierno del Estado español.

Jueces contra la democracia

De hecho, no es casualidad que, extraoficialmente, se haya oído a una figura destacada del PSOE llamar al juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena «el verdadero líder de la oposición». «En España hay un problema con la separación de poderes», escribió el redactor jefe de El Diario, Ignacio Escolar, en 2021. «Pero no es el Gobierno el que se está extralimitando en las competencias que tiene asignadas, sino el Poder Judicial. Éste pretende ejercer funciones que no le son propias y hace política (…). Hace tiempo que la derecha política actúa en coordinación con la derecha judicial».

Durante el anterior gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos de 2020-2023, dicha coordinación se hizo más evidente en toda una serie de falsas investigaciones penales que implicaban a altos ministros. Fiscales, jueces y policías se confabularon repetidamente para socavar la autoridad del Gobierno electo. La investigación de 2020 sobre el ministro del Interior del PSOE, Fernando Grande-Marlaska, terminó con la destitución de altos cargos policiales de la Guardia Civil (incluido el comandante en jefe de la Comunidad de Madrid) por falsificar un informe clave. El ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias también fue sometido a meses de investigaciones judiciales y a un frenesí mediático por acusaciones infundadas de que fingió el robo del móvil de su asistente (que en realidad había sido arrebatado por un policía corrupto que lo espiaba a él y a Podemos).

Otros que estaban en el punto de mira eran la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya. Fue acusada de prevaricación y falsificación de documentos en relación con la entrada en España (para recibir ayuda médica) del líder del Frente Polisario, el movimiento de liberación nacional del Sáhara Occidental. La ex ministra de Igualdad Irene Montero fue investigada por utilizar supuestamente a su asesora gubernamental como niñera (la principal prueba de ello fue un breve vídeo en el que la asesora resultaba tener al niño en brazos).

Ninguna de las investigaciones llegó a juicio. Pero el hecho de que algunos de los jueces más importantes de España estuvieran dispuestos a abrir causas contra funcionarios del Gobierno sobre las bases más endebles garantizó que el equipo de Sánchez se viera empantanado en polémicas inútiles durante meses y creó una atmósfera que el conservador Partido Popular y el partido de extrema derecha Vox pudieron explotar. Como argumentó Íñigo Errejón, diputado de la alianza de izquierdas Sumar, el movimiento de Sánchez de esta semana no tiene que ver sólo con un líder político, sino con el hecho de que «la derecha hace imposible que la izquierda gobierne en este país en condiciones normales. La derecha política y los aparatos reaccionarios del Estado utilizan su considerable poder institucional para crear una situación insostenible [para el Gobierno]».

La derecha a la ofensiva

La actual ofensiva judicial, de la que forma parte el caso Gómez, se remonta a la llamada a las armas lanzada por el jefe de la derecha, José María Aznar, el pasado noviembre, cuando la nueva coalición entre PSOE y Sumar estaba a punto de tomar posesión. «Pedro Sánchez es un peligro para España», insistió el ex presidente del Gobierno Aznar, cuando se hizo evidente que las negociaciones del PSOE y los partidos catalanes sobre la amnistía estaban a punto de llegar a un acuerdo. «Estamos ante una crisis constitucional sin precedentes», continuó. «Quien pueda hacer algo, que lo haga, y quien pueda contribuir, que contribuya. No hay lugar para la inhibición».

Mientras sindicatos policiales, fiscales y asociaciones de jueces se movilizaban contra la amnistía en los días posteriores, utilizando un lenguaje indistinguible de los puntos de discusión del Partido Popular, los manifestantes de extrema derecha también salieron a la calle, asediando la sede del PSOE en noches consecutivas durante más de un mes en protestas que estuvieron marcadas por repetidos enfrentamientos violentos y la exhibición de símbolos abiertamente fascistas. Errejón escribió en El Diario que no se trataba tanto de un plan orquestado como de «un bloque moviéndose, no mecánica sino orgánicamente. Con roces internos y contradicciones, con sectores más extremistas y otros más cautos, con peleas por el protagonismo, con avances y retrocesos, en una dirección compartida. [El objetivo es] cercar al gobierno aún no nato, hacerlo nacer ya rehén, a la defensiva, con el margen de maniobra limitado al máximo».

Tras la investidura, la derecha siguió dos líneas de ataque en los tribunales. La primera consistió en minar la posible eficacia de la legislación de amnistía, con el fin de imposibilitar su aplicación. En este sentido, a medida que se acercaba la fecha límite para que el Gobierno español y los partidos independentistas alcanzaran un acuerdo sobre el texto final de la ley a principios de marzo, el Tribunal Supremo del país procedió a imputar al ex primer ministro catalán Carles Puigdemont como sospechoso formal en un caso de terrorismo.

La acusación a Puigdemont se relaciona con su supuesto papel de coordinación en la ocupación masiva del aeropuerto de Barcelona en 2019 por miles de activistas independentistas, una protesta que, según el Tribunal Supremo, cumple con los criterios de «terrorismo de baja intensidad». Increíblemente, el Tribunal lo justifica por el hecho de que los manifestantes «emplearon instrumentos peligrosos y artefactos de similar potencia destructiva a los explosivos, tales como extintores de incendios, vidrios, láminas de aluminio, vallas, carritos metálicos o portaequipajes». Una interpretación que un editorial de El País calificó de «como poco, polémica» y que «no puede provocar sino una profunda inseguridad jurídica».

Dado que el terrorismo es uno de los pocos delitos penales no contemplados en la propuesta de amnistía, el procesamiento de Puigdemont complica su regreso a casa y el de otros exiliados catalanes cuando la ley entre finalmente en vigor este verano. Mientras se negociaba la amnistía, el periodista Jesús Rodríguez y tres activistas independentistas también se vieron obligados a exiliarse al ser imputados por el juez reaccionario Manuel García-Castellón ante la Audiencia Nacional en un caso de terrorismo relacionado.

Sin embargo, esto se combinó con una segunda línea de ataque: intentar reproducir el tipo de maniobra legal que hizo caer al primer ministro portugués de centroizquierda António Costa el año pasado. En la izquierda española sorprendió la rapidez con la que Costa dimitió, sobre todo después de que se revelara tras su dimisión que había sido nombrado erróneamente como sospechoso, ya que los documentos de los fiscales hacían referencia al ministro de Economía, que tenía casi el mismo nombre que él. Un reciente escándalo de auténtica corrupción en el PSOE, relacionado con contratos de la época de la pandemia, no pudo ser rastreado hasta Sánchez. Pero en la tormenta mediática que se desató a su alrededor, las historias sin fundamento en torno a su mujer proporcionaron la oportunidad que la derecha estaba buscando.

Las noticias en torno a Gómez se centraron en una propuesta de acuerdo de patrocinio de 40.000 euros anuales entre el centro de investigación que dirigía en la IE University y la aerolínea Air Europa, que acabó no saliendo adelante debido a la pandemia. En realidad, la suma total de lo que IE recibió de Air Europa por el acuerdo de patrocinio propuesto parece haber ascendido a cuatro pasajes de avión. Sin embargo, esto bastó para que la prensa de derechas generara semanas de titulares sobre los supuestos favores fastuosos que Gómez había recibido de los directivos, lo que, a su vez, desembocó en la querella de Manos Limpias.

Una de las informaciones periodísticas en las que se centró el caso Manos Limpias ya tuvo su retractación, después de revelarse que la supuesta financiación pública que también habría recibido Gómez, y que el Gobierno habría pretendido encubrir, era en realidad una subvención pagada a otra persona con el mismo nombre que la esposa del presidente del Gobierno. Aún así, el juez, cuya hija es concejala del Partido Popular, aceptó este hecho como parte de la base para abrir una investigación penal.

¿Y ahora qué?

Ahora, ante la ofensiva mediática y judicial de la derecha, Sánchez debe decidir cuál es su siguiente paso, y muchos comentaristas ven en su carta abierta un intento de movilizar a la sociedad progresista española en su apoyo para recuperar la iniciativa política frente a las fuerzas conservadoras. El periodista Daniel Bernabe interpreta el mensaje subyacente de Sánchez a los progresistas como: «si estoy solo en esto me voy, si hay una reflexión colectiva, continúo».

Las manifestaciones de apoyo al presidente del Gobierno se desarrollaron el fin de semana, e incluso quienes se sitúan a su izquierda consideran que la defensa del líder del PSOE está ligada al destino del Gobierno progresista y de la democracia española en general. Después de meses a la defensiva, el lado progresista de la política española parece animado por la última maniobra dramática de Sánchez, pero dejando una vez más deja a su socio de coalición de la izquierda, Sumar, marginado en la escena nacional.

Se especuló con la posibilidad de que Sánchez ocupe un puesto en la Unión Europea. Pero muchos dirigentes de su partido creen que se le puede convencer para que se quede. «Sánchez es un animal político, un asesino. No hay ninguna posibilidad de que se vaya». Sin embargo, si se queda, deberá enfrentarse por fin de forma más directa al control indebido de la derecha sobre los tribunales. A pesar de toda su audacia como operador político, fue muy cauto a la hora de enfrentarse al politizado Poder Judicial del país.

En concreto, el Gobierno debe priorizar un cambio normativo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Se trata del órgano estatal que controla todos los nombramientos para el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional y cuenta con una mayoría conservadora artificial desde que expiró su actual mandato en diciembre de 2018. Este fue el resultado de que el Partido Popular haya bloqueado su habitual relevo, en una táctica sacada directamente del libro de jugadas republicano estadounidense. Hasta ahora, el PSOE se mantuvo aferrado a las viejas reglas del juego y al consenso entre partidos, pero una derecha radicalizada (tanto en el Parlamento como en las Cortes) simplemente ve esto como una debilidad a explotar. Esto debe cambiar ahora.https://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjacobinlat&width=250&height=290&colorscheme=light&show_faces=true&header=true&stream=false&show_border=false&appId=107533262637761COMPARTIR ESTE ARTÍCULO FacebookTwitter Email

EOGHAN GILMARTIN

Escritor, traductor y colaborador de Jacobin con sede en Madrid.