Entrevista del diario El Dato de Lambayeque [25-10-24].
¿Cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a abandonar Perú?
Me encuentro en el corazón del pueblo peruano, jamás podríamos abandonar la causa que consideramos justa lucharla. El contacto es permanente con el avance de la tecnología, hoy es imposible estar distante. A donde vaya el Perú siempre estará conmigo, no tiene sentido esa interrogante.
¿Por qué decidió huir en lugar de enfrentar las acusaciones en el país?
He enfrentado todas las acusaciones, me considero ser el peruano más investigado de todos estos tiempos en el país. Me han acusado de todo, desde corrupto hasta terrorista y desde el 2011 hasta el 2024, me han abierto un total de 220 casos penales, de los cuales al día de hoy están en giro solo un promedio de 15, lo que demuestra que al haberse archivado el 93 % de ellos, en realidad, lo que existe es una persecución político judicial, sin tregua. Muchos corresponden al período después de que Perú Libre ganó las elecciones generales el 2021. Estoy librando la batalla judicial más grande que Goliat, contra un David pequeño, pero imbatible, producto del cual me sentenciaron en dos ocasiones. La primera sentencia fue anulada después de cinco años por ser arbitraria y la segunda se encuentra pendiente de fallo en un proceso de casación, del cual espero salir bien. Así que mi conclusión es que no huyo de la justicia, sino, como he ido demostrando, de la injusticia.
¿Cómo responde a las acusaciones de corrupción en su contra?
Como patrañas jurídicas. En el último caso, me sentenciaron por colusión simple, en el intento de construcción de un aeropuerto para la región Junín, del cual fui su gobernador dos veces. No se gastó un solo centavo del erario público, ni de la empresa privada que tenía el interés de ejecutar con sus propios recursos, pero se forzó un fallo para sentenciarme por un supuesto “daño potencial” inexistente, en un contrato que, inclusive, fue declarado nulo. Se me impuso una reparación civil millonaria, impagable, con tal de inhabilitarme políticamente, cuando no hay nada que reparar al Estado.
¿Qué opinión tiene sobre el sistema judicial peruano y su imparcialidad en su caso?
Por principio dialéctico no existe en el mundo nada independiente de nada, todo responde a los intereses de clase. Nuestro sistema capitalista es natural que cree un sistema judicial para defender su estructura y por ende para contrarrestar lo que considere una amenaza. Recuerde que el Poder Judicial, se constituye aparentemente como un árbitro neutral, pero como decía Mariátegui: todo testigo cumple una misión. Así, como dice Lenin, el sistema judicial en todos los estados, constituye un “cerrojo del sistema”.
¿Cómo ha afectado su situación actual el apoyo de sus seguidores y del partido Perú Libre?
Mientras el Partido tenga la capacidad académica, profesional y política de analizar sesudamente esta única sentencia, por el cual me persiguen, con la acuciosidad que amerita, se irá convenciendo cada vez más de mi transparencia e irá consolidando su moral de lucha. Está demostrado que no soy ningún delincuente, siendo la misma razón que me permite resistir con la esperanza y la fe convicta de victoria.
¿Cómo ve su relación con otros líderes políticos en el país mientras se encuentra en la clandestinidad?
Sé que están a la expectativa de cómo se resolverá finalmente este caso, porque ningún político que quiera el cambio estructural del país podría estar tranquilo, sabiendo que en cualquier momento irán por ellos. Si hacemos un mapeo de los políticos de izquierda nos vamos a dar con la sorpresa de que muchos están en similares circunstancias, por ejemplo, Gregorio Santos está preso, Walter Aduviri está en la clandestinidad, mi persona también está en la clandestinidad, y hay algo curioso, los tres fuimos gobernadores, proveníamos del sector popular, teníamos ideas afines a la izquierda, somos candidatos presidenciables, pero, fuimos enjuiciados y destituidos de los cargos al que accedimos por la voluntad popular. También tenemos perseguidos a miembros de la dirección de nuestro partido como Arturo Cárdenas Tovar, Waldir Vilcapoma Manrique, José Bendezú Gutarra y Eduardo Reyes Salguerán, quienes actualmente se encuentran encarcelados, acusados de integrar una organización criminal que la misma policía y fiscalía inventaron para criminalizarnos después del triunfo electoral del 2021 y con eso conseguir que los cuadros del Partido no asuman espacios claves del gobierno.
¿Cómo ha cambiado su perspectiva sobre la política y la justicia tras su experiencia?
En nada. Mi diagnóstico de la política y la justicia, siguen siendo lo mismo, es más, todo aquel que haya estudiado materialismo histórico, podría reafirmarlo. La justicia no está al servicio del pueblo, sino al servicio del sistema, del cual obtienen dividendos económicos, privilegios y un estado de excepcionalidad, por sus servicios aparentemente democráticos. El Poder Judicial y la Policía, tienen por prioridad la defensa del sistema, del Estado neoliberal, siendo que, la búsqueda de justicia y la seguridad ciudadana, solo son temas para pretextar su existencia, un tema secundario para las tribunas populares.
¿Qué implicaciones tiene su situación para la estrategia y futuro de Perú Libre?
El enemigo cree que al neutralizarme o impedir mi postulación, el Partido podría sufrir un revés y estaría condenado a desaparecer, pero se equivoca. Mientras subsistan las causas que dieron origen a Perú Libre, es imposible que desaparezca, podrán retenerlo, atrasarlo, conspirarlo, pero siempre estará latente esperando el momento propicio para lanzarse como una saeta sobre el blanco y para ese día, como decía Vallejo, debemos preparar el alma.
¿Cómo cree que el público en general percibe su situación y qué impacto tendrá eso en su imagen?
Al inicio lo percibía con dudas sobre mi inocencia, aunque no quiero decir que esta percepción ha desaparecido del todo, pero las últimas acciones de hostigamiento sobre mi núcleo familiar, mis partidarios y amigos, como el allanamiento por sexta vez a la casa de mi señora madre, pone en evidencia la persecución política judicial. Estos actuados van dilucidando las dudas en el pueblo, acerca de nuestra culpabilidad o inocencia, llegando a la conclusión que se trata de un lawfare.
¿Cómo ve su caso en comparación con otros políticos que han enfrentado situaciones similares en Perú?
Creo que tengo una ventaja, sin igual, haber constituido la principal herramienta política: el Partido. Sin esta organización sería difícil enfrentar esta situación, porque esta explica a nivel nacional las verdaderas causales de la persecución, difunde nuestro programa e ideario, se solidariza por diferentes medios y han permitido mantener vivo lo que es una prioridad liquidar para nuestros enemigos, nuestra organización clasista. Es el Partido, además, que puede habilitar los relevos respectivos, cuando haya una situación de emergencia.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL, PEDRO SÁNCHEZ, HABLA A SUS PARTIDARIOS, JUNTO A SU ESPOSA, BEGOÑA GÓMEZ, EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019. (BURAK AKBULUT / AGENCIA ANADOLU VÍA GETTY IMAGES) (PHOTO BY BURAK AKBULUT/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES)
Jueces derechistas quieren derrocar al Gobierno español
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, podría dimitir después de que un juez iniciara una investigación falsa por corrupción contra su esposa, Begoña Gómez. El caso es una farsa impulsada por grupos de presión de extrema derecha que demuestra la necesidad de frenar al politizado Poder Judicial español.
Está a la venta nuestro octavo número, “¿Dónde está Lenin?”. La suscripción a la revista también te garantiza el acceso a material exclusivo en la página.
Pedro Sánchez no es conocido por mostrar emociones. El pragmatismo frío como el hielo y la brillantez táctica del presidente del Gobierno español le permitieron superar a la derecha española, así como a los rivales de su flanco izquierdo, una y otra vez desde que se convirtió en presidente del Gobierno en 2018. Sin embargo, las cosas cambiaron la semana pasada, cuando un juez de Madrid aceptó la petición de una organización de extrema derecha de abrir una investigación por corrupción política y peculado contra su esposa, Begoña Gómez. Luego, Sánchez difundió una carta pública muy cargada en la que anunciaba que se estaba planteando dimitir.
El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de centroizquierda, también canceló todos sus compromisos públicos hasta este lunes, cuando anunciará su decisión sobre si continúa o no. «Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también», escribió Sánchez. « Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena [continuar]». También insistió en que detrás de esta campaña de acoso está el hecho de que la derecha y la extrema derecha españolas «no aceptaron los resultados electorales» del pasado julio.
En muchos sentidos, esto no es nada nuevo: el lawfare fue, después de todo, un asunto importante para la coalición de izquierdas de Sánchez desde que asumió el poder en 2020. Desde entonces, elementos reaccionarios de las altas esferas del sistema judicial operaron como un poder paralelo no democrático, con el objetivo de disciplinar y socavar lo que consideran un gobierno «ilegítimo». La actual ofensiva judicial fue implacable desde el pasado noviembre, cuando el PSOE de Sánchez ultimó una alianza parlamentaria con los partidos nacionalistas catalanes a cambio de una ley de amnistía para los implicados en el fallido impulso independentista de 2017.
La amnistía propuesta fue denunciada en términos polémicos por la mayor asociación de jueces del país como «el principio del fin de la democracia» en España. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dominado por la derecha, la caracterizó como algo que implicaba la «la abolición, del Estado de Derecho». Al mismo tiempo, los tribunales iniciaron repentinamente una serie de investigaciones por terrorismo contra políticos, periodistas y activistas catalanes, en un aparente intento de socavar la amnistía y desestabilizar la frágil mayoría parlamentaria del gobierno.
Este es el contexto en el que debemos entender la investigación judicial sobre los limitados tratos profesionales de Gómez con una compañía aérea que, como todo el sector de la aviación durante la pandemia, recibió un rescate gubernamental. El caso contra ella fue presentado por el notorio grupo de extrema derecha Manos Limpias (llamado así por los juicios italianos de principios de los 90), una organización autodenominada «anticorrupción» que se especializa en presentar demandas espurias contra objetivos progresistas como Podemos. Sin embargo, el informe presentado carece de cualquier prueba material del tráfico de favores de Gómez. Según el propio grupo, su caso se basa «únicamente» en una serie de afirmaciones publicadas en la prensa de derechas.
Como señala el corresponsal jurídico de Investigate Europe, Manuel Rico, «el verdadero escándalo» es que un juez «acepte una petición» para abrir una investigación penal sobre esa base, algo que Rico califica de «[jurídicamente] irregular» e «incomprensible». Sin embargo, lejos de ser un caso aislado, el acoso judicial a Gómez sólo puede entenderse en términos de la campaña intervencionista más amplia que los jueces reaccionarios emprendieron para frustrar la agenda del gobierno del Estado español.
Jueces contra la democracia
De hecho, no es casualidad que, extraoficialmente, se haya oído a una figura destacada del PSOE llamar al juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena «el verdadero líder de la oposición». «En España hay un problema con la separación de poderes», escribió el redactor jefe de El Diario, Ignacio Escolar, en 2021. «Pero no es el Gobierno el que se está extralimitando en las competencias que tiene asignadas, sino el Poder Judicial. Éste pretende ejercer funciones que no le son propias y hace política (…). Hace tiempo que la derecha política actúa en coordinación con la derecha judicial».
Durante el anterior gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos de 2020-2023, dicha coordinación se hizo más evidente en toda una serie de falsas investigaciones penales que implicaban a altos ministros. Fiscales, jueces y policías se confabularon repetidamente para socavar la autoridad del Gobierno electo. La investigación de 2020 sobre el ministro del Interior del PSOE, Fernando Grande-Marlaska, terminó con la destitución de altos cargos policiales de la Guardia Civil (incluido el comandante en jefe de la Comunidad de Madrid) por falsificar un informe clave. El ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias también fue sometido a meses de investigaciones judiciales y a un frenesí mediático por acusaciones infundadas de que fingió el robo del móvil de su asistente (que en realidad había sido arrebatado por un policía corrupto que lo espiaba a él y a Podemos).
Otros que estaban en el punto de mira eran la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya. Fue acusada de prevaricación y falsificación de documentos en relación con la entrada en España (para recibir ayuda médica) del líder del Frente Polisario, el movimiento de liberación nacional del Sáhara Occidental. La ex ministra de Igualdad Irene Montero fue investigada por utilizar supuestamente a su asesora gubernamental como niñera (la principal prueba de ello fue un breve vídeo en el que la asesora resultaba tener al niño en brazos).
Ninguna de las investigaciones llegó a juicio. Pero el hecho de que algunos de los jueces más importantes de España estuvieran dispuestos a abrir causas contra funcionarios del Gobierno sobre las bases más endebles garantizó que el equipo de Sánchez se viera empantanado en polémicas inútiles durante meses y creó una atmósfera que el conservador Partido Popular y el partido de extrema derecha Vox pudieron explotar. Como argumentó Íñigo Errejón, diputado de la alianza de izquierdas Sumar, el movimiento de Sánchez de esta semana no tiene que ver sólo con un líder político, sino con el hecho de que «la derecha hace imposible que la izquierda gobierne en este país en condiciones normales. La derecha política y los aparatos reaccionarios del Estado utilizan su considerable poder institucional para crear una situación insostenible [para el Gobierno]».
La derecha a la ofensiva
La actual ofensiva judicial, de la que forma parte el caso Gómez, se remonta a la llamada a las armas lanzada por el jefe de la derecha, José María Aznar, el pasado noviembre, cuando la nueva coalición entre PSOE y Sumar estaba a punto de tomar posesión. «Pedro Sánchez es un peligro para España», insistió el ex presidente del Gobierno Aznar, cuando se hizo evidente que las negociaciones del PSOE y los partidos catalanes sobre la amnistía estaban a punto de llegar a un acuerdo. «Estamos ante una crisis constitucional sin precedentes», continuó. «Quien pueda hacer algo, que lo haga, y quien pueda contribuir, que contribuya. No hay lugar para la inhibición».
Mientras sindicatos policiales, fiscales y asociaciones de jueces se movilizaban contra la amnistía en los días posteriores, utilizando un lenguaje indistinguible de los puntos de discusión del Partido Popular, los manifestantes de extrema derecha también salieron a la calle, asediando la sede del PSOE en noches consecutivas durante más de un mes en protestas que estuvieron marcadas por repetidos enfrentamientos violentos y la exhibición de símbolos abiertamente fascistas. Errejón escribió en El Diario que no se trataba tanto de un plan orquestado como de «un bloque moviéndose, no mecánica sino orgánicamente. Con roces internos y contradicciones, con sectores más extremistas y otros más cautos, con peleas por el protagonismo, con avances y retrocesos, en una dirección compartida. [El objetivo es] cercar al gobierno aún no nato, hacerlo nacer ya rehén, a la defensiva, con el margen de maniobra limitado al máximo».
Tras la investidura, la derecha siguió dos líneas de ataque en los tribunales. La primera consistió en minar la posible eficacia de la legislación de amnistía, con el fin de imposibilitar su aplicación. En este sentido, a medida que se acercaba la fecha límite para que el Gobierno español y los partidos independentistas alcanzaran un acuerdo sobre el texto final de la ley a principios de marzo, el Tribunal Supremo del país procedió a imputar al ex primer ministro catalán Carles Puigdemont como sospechoso formal en un caso de terrorismo.
La acusación a Puigdemont se relaciona con su supuesto papel de coordinación en la ocupación masiva del aeropuerto de Barcelona en 2019 por miles de activistas independentistas, una protesta que, según el Tribunal Supremo, cumple con los criterios de «terrorismo de baja intensidad». Increíblemente, el Tribunal lo justifica por el hecho de que los manifestantes «emplearon instrumentos peligrosos y artefactos de similar potencia destructiva a los explosivos, tales como extintores de incendios, vidrios, láminas de aluminio, vallas, carritos metálicos o portaequipajes». Una interpretación que un editorial de El País calificó de «como poco, polémica» y que «no puede provocar sino una profunda inseguridad jurídica».
Dado que el terrorismo es uno de los pocos delitos penales no contemplados en la propuesta de amnistía, el procesamiento de Puigdemont complica su regreso a casa y el de otros exiliados catalanes cuando la ley entre finalmente en vigor este verano. Mientras se negociaba la amnistía, el periodista Jesús Rodríguez y tres activistas independentistas también se vieron obligados a exiliarse al ser imputados por el juez reaccionario Manuel García-Castellón ante la Audiencia Nacional en un caso de terrorismo relacionado.
Sin embargo, esto se combinó con una segunda línea de ataque: intentar reproducir el tipo de maniobra legal que hizo caer al primer ministro portugués de centroizquierda António Costa el año pasado. En la izquierda española sorprendió la rapidez con la que Costa dimitió, sobre todo después de que se revelara tras su dimisión que había sido nombrado erróneamente como sospechoso, ya que los documentos de los fiscales hacían referencia al ministro de Economía, que tenía casi el mismo nombre que él. Un reciente escándalo de auténtica corrupción en el PSOE, relacionado con contratos de la época de la pandemia, no pudo ser rastreado hasta Sánchez. Pero en la tormenta mediática que se desató a su alrededor, las historias sin fundamento en torno a su mujer proporcionaron la oportunidad que la derecha estaba buscando.
Las noticias en torno a Gómez se centraron en una propuesta de acuerdo de patrocinio de 40.000 euros anuales entre el centro de investigación que dirigía en la IE University y la aerolínea Air Europa, que acabó no saliendo adelante debido a la pandemia. En realidad, la suma total de lo que IE recibió de Air Europa por el acuerdo de patrocinio propuesto parece haber ascendido a cuatro pasajes de avión. Sin embargo, esto bastó para que la prensa de derechas generara semanas de titulares sobre los supuestos favores fastuosos que Gómez había recibido de los directivos, lo que, a su vez, desembocó en la querella de Manos Limpias.
Una de las informaciones periodísticas en las que se centró el caso Manos Limpias ya tuvo su retractación, después de revelarse que la supuesta financiación pública que también habría recibido Gómez, y que el Gobierno habría pretendido encubrir, era en realidad una subvención pagada a otra persona con el mismo nombre que la esposa del presidente del Gobierno. Aún así, el juez, cuya hija es concejala del Partido Popular, aceptó este hecho como parte de la base para abrir una investigación penal.
¿Y ahora qué?
Ahora, ante la ofensiva mediática y judicial de la derecha, Sánchez debe decidir cuál es su siguiente paso, y muchos comentaristas ven en su carta abierta un intento de movilizar a la sociedad progresista española en su apoyo para recuperar la iniciativa política frente a las fuerzas conservadoras. El periodista Daniel Bernabe interpreta el mensaje subyacente de Sánchez a los progresistas como: «si estoy solo en esto me voy, si hay una reflexión colectiva, continúo».
Las manifestaciones de apoyo al presidente del Gobierno se desarrollaron el fin de semana, e incluso quienes se sitúan a su izquierda consideran que la defensa del líder del PSOE está ligada al destino del Gobierno progresista y de la democracia española en general. Después de meses a la defensiva, el lado progresista de la política española parece animado por la última maniobra dramática de Sánchez, pero dejando una vez más deja a su socio de coalición de la izquierda, Sumar, marginado en la escena nacional.
Se especuló con la posibilidad de que Sánchez ocupe un puesto en la Unión Europea. Pero muchos dirigentes de su partido creen que se le puede convencer para que se quede. «Sánchez es un animal político, un asesino. No hay ninguna posibilidad de que se vaya». Sin embargo, si se queda, deberá enfrentarse por fin de forma más directa al control indebido de la derecha sobre los tribunales. A pesar de toda su audacia como operador político, fue muy cauto a la hora de enfrentarse al politizado Poder Judicial del país.
En concreto, el Gobierno debe priorizar un cambio normativo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Se trata del órgano estatal que controla todos los nombramientos para el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional y cuenta con una mayoría conservadora artificial desde que expiró su actual mandato en diciembre de 2018. Este fue el resultado de que el Partido Popular haya bloqueado su habitual relevo, en una táctica sacada directamente del libro de jugadas republicano estadounidense. Hasta ahora, el PSOE se mantuvo aferrado a las viejas reglas del juego y al consenso entre partidos, pero una derecha radicalizada (tanto en el Parlamento como en las Cortes) simplemente ve esto como una debilidad a explotar. Esto debe cambiar ahora.https://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjacobinlat&width=250&height=290&colorscheme=light&show_faces=true&header=true&stream=false&show_border=false&appId=107533262637761COMPARTIR ESTE ARTÍCULO FacebookTwitter Email
EOGHAN GILMARTIN
Escritor, traductor y colaborador de Jacobin con sede en Madrid.
Soy un preso político. Por el odio sin límites me han trasladado de cárcel sin motivo, sólo por humillarme, sólo por venganza. Mi vida corre peligro. Alguien en el mundo debe hacer algo, la Santa Sede, la ONU, la OEA, la Corte Interamericana, la Corte de la Haya, Juristas del mundo, Organismos de defensa de los derechos humanos.
La judicialización de la política debe ser considerada un delito de lesa humanidad. Usan delitos como la asociación ilícita, para sentenciar sin pruebas.
Para que entidades y juristas del mundo vengan a Ecuador a ver lo que pasa, un país con un Contralor sin nombramiento, Fiscal “encargado” designado a dedo, un Consejo de la Judicatura puesto a dedo. Pido al mundo que venga a revisar mi caso, el de Rafael Correa, y otros compañeros.
Alguien debe parar esta carnicería política. Me declaro en huelga de hambre indefinida, hasta que vengan a ver lo que pasa en Ecuador. ¡Paren la carnicería política! El mundo no puede ser indolente a la persecución política contra todo líder progresista en Latinoamérica.
¡Ya Basta! Lo hago por mí, y por mis compañeros. Este es un grito al mundo. Soy una persona, tengo familia, están violando todos mis derechos humanos.
Lamento mucho el dolor que causo a mi familia con esta decisión, pero hay causas por las que vale la pena morir.
