Uno por uno

UNO POR UNO

Vladimir Cerrón

El uso bélico de los instrumentos jurídicos en una guerra no convencional, ha creado a los falsos positivos judiciales, quienes generalmente son los políticos de izquierda, sobre todo los antimperialistas.

Para que esto sea creíble, recurren a una estrategia de envenenar al pueblo con informaciones falsas, escoltado por una investigación fiscal para darle la apariencia de legalidad y seriedad. El chivo expiatorio es casi siempre el “combate a la corrupción”, algo que no tienen dudas que el pueblo apoyará con más energía inquisitiva que cuando se trataba de narcotráfico o terrorismo, las décadas del 80 y 90, respectivamente.

A mi generación política le llegó lidiar con el sambenito de la corrupción a partir del inicio del milenio, extendiéndose hasta la actualidad. Todo esto se acompaña de una legislación promovida por el imperialismo a través de sus oenegés y parlamentarios caviares, quienes promueven leyes abiertas, generales y severas, con lo que pueden sentenciar a cualquiera.

Un ejemplo claro es la muerte civil que se le impone a los sentenciados por corrupción en primera instancia, violando el principio constitucional de la presunción de inocencia y la pluralidad de instancia, para luego despojarlos de sus derechos políticos. En la práctica, esto ha otorgado un poder político a los jueces, fiscales y procuradores, para eliminar adversarios políticos que pueden despojar del poder a la oligarquía dominante.

El Partido Perú Libre y sus dirigentes son víctimas frecuentes de esta guerra jurídica, conocida como lawfare, que ha conllevado, a quien escribe, enfrentar más de 220 procesos penales con fines de descabezar a la organización. El fenómeno se intensificó cuando el Partido llegó a ganar el proceso electoral nacional el año 2021, asentando en la historia el primer triunfo electoral de la izquierda marxista.

Después de procesos largos y una serie de medidas restrictivas, los procesos finalmente se archivan, sobreseen, anulan o absuelven, pocos se sentencian. En mi caso se archivaron más del 93 % de los casos y me sentenciaron en dos, tan simples legalmente, pero políticamente complejos.

El año 2019, me sentencian por negociación incompatible, en el caso Saneamiento de La Oroya, donde solo ordené se cumpla una conciliación extrajudicial entre la empresa y el procurador del Estado. Asimismo, el año 2023, me sentencian por colusión simple, en el caso Aeródromo Wanka, que había prescrito, además, donde el Estado no había invertido un solo centavo, sustentando la condena en un “daño potencial”.

Con la primera sentencia me despojaron del cargo de gobernador regional de Junín, al que había accedido por elección popular del 2019 hasta el 2022; y, con la segunda sentencia, evitaron mi postulación en la fórmula presidencial el 2021. Siempre buscando la inhabilitación política.

Hoy demostré, después de una ardua lucha legal, que las sentencias han sido ilegales, inconstitucionales y arbitrarias. La primera sentencia fue anulada por un habeas corpus de fecha 18 de agosto de 2023, pero esto fue posible solo a nivel de la justicia constitucional, más no de la justicia ordinaria, la misma que se encuentra tomada por el poder caviar, que en la práctica funciona como un Deep State.

Al haber recuperado mis derechos políticos, el lawfare nuevamente se pone en marcha y luego de 2 meses, el 6 de octubre de 2023, me imponen la otra sentencia, volviendo a inhabilitarme. Posteriormente, esta sentencia también fue anulada por un habeas corpus, el 3 de diciembre de 2024, volviendo a recuperar mis derechos políticos.

Ante estas nefastas experiencias, debemos prepararnos para enfrentar nuevos embates jurídicos, condición permanente mientras los aliados del imperialismo permanezcan en la conducción de los órganos de justicia, pero también de la misma forma irán cayendo, como ha caído hasta ahora el 93 % de sus intentos de darnos la muerte civil, uno por uno.