El retorno de Cerrón
Por Ricardo Uceda
30/3/2025
Dos resoluciones definitivas, en sendos juicios por corrupción, han restablecido los derechos electorales de Vladimir Cerrón. Era un muerto civil por sentencias anteriores, y ahora está habilitado para postular a la presidencia en el 2026. Enfrenta otros procesos, pero los principales fueron superados, dando mayor crédito a sus acusaciones de que padeció una persecución política. Un tema colateral es el efecto que tendría su participación, a la cabeza de Perú Libre, en la disputa por el voto de los más descontentos, especialmente del sur andino. Está prófugo desde el 6 de octubre del 2023, cuando un tribunal superior lo condenó a tres años y seis meses de prisión efectiva por colusión simple. Precisamente en uno de los casos en los que acaba de ser declarado inocente: el aeródromo Wanka.
Cuando era gobernador regional de Junín (2011-2014), Cerrón suscribió un contrato para construir un aeropuerto internacional en Jauja. Contravino normas administrativas, pero en el juicio no se ofrecieron pruebas de que cometiera un ilícito penal, según la Corte Suprema, que resolvió un recurso de casación el pasado 26 de marzo. En una explicación pública, César San Martín, autor de la ponencia absolutoria, acordada por unanimidad, dijo que el proceso de contratación fue complejo, transparente y defectuoso. Añadió que ya existe jurisprudencia reiterada de que la suma de infracciones administrativas no equivale a un delito.
La colusión simple se produce cuando un funcionario público concierta con terceros para defraudar al fisco. No solo requiere concertación –que estaría reflejada en la firma de un contrato–, sino intención defraudadora, independientemente de si el perjuicio se consuma, en el caso concreto la obra fue cancelada sin daño para el Estado. El razonamiento de los jueces fue que las sentencias previas contra Cerrón no demostraron un ánimo fraudulento. Por lo tanto, no estaba acreditada su culpabilidad, o había dudas al respecto. Una casación se pronuncia sobre defectos fundamentales de una sentencia, como pueden serlo ausencia de argumentos o menoscabo de la presunción de inocencia. Ambos agravios fueron señalados en el recurso del recurrente.
Cerrón tenía otra sentencia firme en contra, según la cual incurrió en negociación incompatible al requerir como gobernador de Junín el pago de 850.000 soles a una empresa que en el 2011 amplió el sistema de agua potable y alcantarillado de La Oroya. Correspondían a mayores gastos por ampliación de plazos, que le fueron reconocidos en una conciliación extrajudicial –luego de un arbitraje– por una administración regional anterior a la de Cerrón. El gobernador cumplió un compromiso, basado en informes técnicos y sin haber participado en ningún trato. Sin embargo, fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por un juzgado y una Sala Superior de Junín. Los fallos no ofrecieron pruebas de corrupción. En julio del 2020, un año antes de que Pedro Castillo se convirtiera en presidente como candidato de Perú Libre, escribí un artículo señalando a esta sentencia condenatoria como un ejemplo –puse otros– de que la política se estaba judicializando. Es la que el Tribunal Constitucional (TC) anuló hace un par de días.
El caso llegó al TC bajo la forma de un hábeas corpus. La defensa de Cerrón adujo que, entre otros defectos, los jueces lo condenaron por hechos no comprendidos en la acusación fiscal. Una mayoría de magistrados (Domínguez, Morales, Gutiérrez, Hernández) consideró que la condena estuvo indebidamente motivada. No demostró “de manera objetiva y razonable”, que Cerrón tuvo interés en favorecer al contratista. Sin ampararse en norma alguna, los jueces le atribuyeron a Cerrón la responsabilidad de verificar por sí mismo que los mayores gastos eran pertinentes. En la explicación de su voto, Gutiérrez sostuvo que para sancionar el interés indebido de un funcionario se requiere como mínimo que sus obligaciones estén delimitadas. ¿Puede un gobernador solicitar un pago declarado correcto pertinente por un órgano de línea? ¿Siempre será responsable de cualquier pago? Añadió que considerar a las autoridades garantes de todo lo que hacen sus subalternos ha conducido a sobre criminalizarlos, y a encarcelarlos por inconductas administrativas de otros.
Una minoría de tres (Pacheco, Monteagudo, Ochoa), en pronunciamientos individuales, consideró improcedente el hábeas corpus. Dijeron que plantear revaloración de pruebas o de criterios de culpabilidad o inculpabilidad no justifica un pronunciamiento del TC. La discusión debiera agotarse en la vía judicial, agregaron. Además, encontraron que la sentencia sí se pronunció sobre aspectos señalados por la fiscalía y que expuso una fundamentación suficiente. O sea que Cerrón ganó raspando. Hacia adelante, aún tiene alrededor de 40 procesos, el más llamativo de los cuales es el de Los Dinámicos del Centro, por presunto lavado de activos para la campaña electoral del 2021. En esta investigación, la fiscalía obtuvo en enero pasado 30 meses más de plazo, de modo que la acusación no está cerca. Si la medida cautelar le es cambiada por comparecencia simple, Cerrón volverá a circular libremente. Los primeros disgustados son los grupos de izquierda que competirán con Perú Libre en el 2026.
Cerrón, un marxista leninista confeso, nunca ocultó su propósito de instaurar un gobierno socialista con nacionalizaciones, prensa regulada, jueces elegidos por voto popular y regiones autónomas. En esa medida, es un adversario natural de la derecha en cualquiera de sus formas, así como de sectores democráticos que no desean una dictadura de izquierda. Pero Cerrón ha declarado que los principales enemigos del pueblo son los caviares, porque fungen de izquierdistas y “viven como capitalistas trabajando en ONG financiadas por los Estados Unidos”. Ha justificado sus coincidencias con el fujimorismo en el Congreso como una vía para desembarazarse, precisamente, de lo que llama la influencia caviar. Todo lo cual abre interrogantes sobre su política de alianzas de cara al nuevo proceso electoral.
Cuando Cerrón inscribió su partido, en el 2016, intentó infructuosamente acercarse a lo que después denominaría la “izquierda limeña”. Eran racistas, comentó posteriormente después en su círculo partidario. Ese año inscribió su candidatura presidencial solo, sin aliados, pero la retiró antes de los comicios para no perder la inscripción por bajo número de votos. En el 2019, cuando ejercía como gobernador regional reelegido en Junín, la sentencia sobre el Caso La Oroya determinó que fuera suspendido en el cargo. Decidió apoyar a Verónika Mendoza como candidata presidencial, pero esta lo rechazó porque cargaba con una sentencia por corrupción. Fue entonces cuando sacó de la manga la candidatura de Pedro Castillo, quien solo quería ser diputado, para que encabezara la candidatura de Perú Libre. En la campaña hizo todo lo posible para empujar a Mendoza hacia el votante de centro a fin de quedarse con los que no tenían nada que perder. El resto es historia conocida.
Es previsible, entonces, que Cerrón desee liderar a los provincianos pobres más insatisfechos con el sistema político, en campaña abierta contra el progresismo y la izquierda que se subió al carro del gobierno de Castillo. Es el más capaz de los dirigentes de su sector. Sin embargo, la izquierda vive su peor momento, y la propia responsabilidad de Cerrón por haber sido el creador de Castillo y Boluarte, de nefastos gobiernos, es difícil de soslayar. Añádase que él, más que ningún otro candidato, estará asociado a imágenes de regímenes que ahuyentan al votante, como las de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a los que rinde tributo. El Perú no es Uruguay, donde las izquierdas marxistas leninistas se congregaron con las socialdemócratas y lanzan una propuesta para todos los sectores y no solo para una parte. Aquí, pese a los muchos votos que tiene por recoger, la izquierda muestra su peor cara, sectaria y quejumbrosa, lo que difícilmente cambiará en el 2026.
