Por: Jorge Luis Buendía Villena Sec. Asuntos Gremiales y Sindicales Nacional El ambiente sombrío de la crisis política y económica actual, nos lleva a un mar de incertidumbre a causa de una indolente presidenta de facto, quien atribuyó al propio pueblo la muerte de más 70 compatriotas en las movilizaciones contra este gobierno golpista del 7 de Diciembre del 2023.
En medio de estos desafortunados sucesos el primero de Mayo del 2024 se conmemoró “El Día del Trabajador” en el Perú y parte del mundo. Mientras recibe regalos costosos de sus waykis a cambio de presuntos favores millonarios. El obrero, agricultor, el profesional no valorado son golpeados por la recesión de un Estado criminal al servicio de los grupo de poder que tiene como consigna mantener su status quo a costa de todo, en ese sentido el desinterés por la mejora de la condiciones del trabajador son cada vez más notorio. Vallejo no se equivocó al decir: “Hay golpes en la vida, más fuertes que el odio de Dios”
El acceso a la Salud es la división más clara que existe entren trabajadores con el mismo valor humano en una sociedad desigualitaria e inhumana. En nuestro país existen marcadas divisiones laborales con similitud en el campo profesional. Lo justo es la unificación de la salud planteada por Perú Libre, sin embargo no es tan fácil como parece, más cuando tocas intereses millonarios de los grupos de poder que gobiernan este país. Boluarte es solo una marioneta con fecha de caducidad.
Por último, el aumento de la informalidad que fuimos a obligados asumir durante la pandemia, así como la virtualidad en diferentes labores llegó para quedarse. El primero es un problema social que el gobierno no desea asumir, el segundo es parte la tecnificación producto de la globalización solo se aceleró.
La derecha y la caviadara peruana usan el mismo slogan “Lucha contra la informalidad” maltratando hombre, mujeres y niños que solo buscan la oportunidad de poder llevar un pan a sus hogares, no existen políticas claras en defensa, la promoción y creación de empleos dignos. Para las elites todo para el pueblo palos.
Hago una propuesta necesaria de los graves problemas sociales que afecta a la clase trabajadora, el fin que persigo con este análisis de nuestra realidad social, está encaminada a mostrar e invitar a la lectura de los planteamientos de solución plasmados en el Ideario y Programa de Perú libre. La invitación está hecha ¡Hasta Más Allá de la Victoria!
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL, PEDRO SÁNCHEZ, HABLA A SUS PARTIDARIOS, JUNTO A SU ESPOSA, BEGOÑA GÓMEZ, EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019. (BURAK AKBULUT / AGENCIA ANADOLU VÍA GETTY IMAGES) (PHOTO BY BURAK AKBULUT/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES)
Jueces derechistas quieren derrocar al Gobierno español
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, podría dimitir después de que un juez iniciara una investigación falsa por corrupción contra su esposa, Begoña Gómez. El caso es una farsa impulsada por grupos de presión de extrema derecha que demuestra la necesidad de frenar al politizado Poder Judicial español.
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Pedro Sánchez no es conocido por mostrar emociones. El pragmatismo frío como el hielo y la brillantez táctica del presidente del Gobierno español le permitieron superar a la derecha española, así como a los rivales de su flanco izquierdo, una y otra vez desde que se convirtió en presidente del Gobierno en 2018. Sin embargo, las cosas cambiaron la semana pasada, cuando un juez de Madrid aceptó la petición de una organización de extrema derecha de abrir una investigación por corrupción política y peculado contra su esposa, Begoña Gómez. Luego, Sánchez difundió una carta pública muy cargada en la que anunciaba que se estaba planteando dimitir.
El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de centroizquierda, también canceló todos sus compromisos públicos hasta este lunes, cuando anunciará su decisión sobre si continúa o no. «Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también», escribió Sánchez. « Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena [continuar]». También insistió en que detrás de esta campaña de acoso está el hecho de que la derecha y la extrema derecha españolas «no aceptaron los resultados electorales» del pasado julio.
En muchos sentidos, esto no es nada nuevo: el lawfare fue, después de todo, un asunto importante para la coalición de izquierdas de Sánchez desde que asumió el poder en 2020. Desde entonces, elementos reaccionarios de las altas esferas del sistema judicial operaron como un poder paralelo no democrático, con el objetivo de disciplinar y socavar lo que consideran un gobierno «ilegítimo». La actual ofensiva judicial fue implacable desde el pasado noviembre, cuando el PSOE de Sánchez ultimó una alianza parlamentaria con los partidos nacionalistas catalanes a cambio de una ley de amnistía para los implicados en el fallido impulso independentista de 2017.
La amnistía propuesta fue denunciada en términos polémicos por la mayor asociación de jueces del país como «el principio del fin de la democracia» en España. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dominado por la derecha, la caracterizó como algo que implicaba la «la abolición, del Estado de Derecho». Al mismo tiempo, los tribunales iniciaron repentinamente una serie de investigaciones por terrorismo contra políticos, periodistas y activistas catalanes, en un aparente intento de socavar la amnistía y desestabilizar la frágil mayoría parlamentaria del gobierno.
Este es el contexto en el que debemos entender la investigación judicial sobre los limitados tratos profesionales de Gómez con una compañía aérea que, como todo el sector de la aviación durante la pandemia, recibió un rescate gubernamental. El caso contra ella fue presentado por el notorio grupo de extrema derecha Manos Limpias (llamado así por los juicios italianos de principios de los 90), una organización autodenominada «anticorrupción» que se especializa en presentar demandas espurias contra objetivos progresistas como Podemos. Sin embargo, el informe presentado carece de cualquier prueba material del tráfico de favores de Gómez. Según el propio grupo, su caso se basa «únicamente» en una serie de afirmaciones publicadas en la prensa de derechas.
Como señala el corresponsal jurídico de Investigate Europe, Manuel Rico, «el verdadero escándalo» es que un juez «acepte una petición» para abrir una investigación penal sobre esa base, algo que Rico califica de «[jurídicamente] irregular» e «incomprensible». Sin embargo, lejos de ser un caso aislado, el acoso judicial a Gómez sólo puede entenderse en términos de la campaña intervencionista más amplia que los jueces reaccionarios emprendieron para frustrar la agenda del gobierno del Estado español.
Jueces contra la democracia
De hecho, no es casualidad que, extraoficialmente, se haya oído a una figura destacada del PSOE llamar al juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena «el verdadero líder de la oposición». «En España hay un problema con la separación de poderes», escribió el redactor jefe de El Diario, Ignacio Escolar, en 2021. «Pero no es el Gobierno el que se está extralimitando en las competencias que tiene asignadas, sino el Poder Judicial. Éste pretende ejercer funciones que no le son propias y hace política (…). Hace tiempo que la derecha política actúa en coordinación con la derecha judicial».
Durante el anterior gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos de 2020-2023, dicha coordinación se hizo más evidente en toda una serie de falsas investigaciones penales que implicaban a altos ministros. Fiscales, jueces y policías se confabularon repetidamente para socavar la autoridad del Gobierno electo. La investigación de 2020 sobre el ministro del Interior del PSOE, Fernando Grande-Marlaska, terminó con la destitución de altos cargos policiales de la Guardia Civil (incluido el comandante en jefe de la Comunidad de Madrid) por falsificar un informe clave. El ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias también fue sometido a meses de investigaciones judiciales y a un frenesí mediático por acusaciones infundadas de que fingió el robo del móvil de su asistente (que en realidad había sido arrebatado por un policía corrupto que lo espiaba a él y a Podemos).
Otros que estaban en el punto de mira eran la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya. Fue acusada de prevaricación y falsificación de documentos en relación con la entrada en España (para recibir ayuda médica) del líder del Frente Polisario, el movimiento de liberación nacional del Sáhara Occidental. La ex ministra de Igualdad Irene Montero fue investigada por utilizar supuestamente a su asesora gubernamental como niñera (la principal prueba de ello fue un breve vídeo en el que la asesora resultaba tener al niño en brazos).
Ninguna de las investigaciones llegó a juicio. Pero el hecho de que algunos de los jueces más importantes de España estuvieran dispuestos a abrir causas contra funcionarios del Gobierno sobre las bases más endebles garantizó que el equipo de Sánchez se viera empantanado en polémicas inútiles durante meses y creó una atmósfera que el conservador Partido Popular y el partido de extrema derecha Vox pudieron explotar. Como argumentó Íñigo Errejón, diputado de la alianza de izquierdas Sumar, el movimiento de Sánchez de esta semana no tiene que ver sólo con un líder político, sino con el hecho de que «la derecha hace imposible que la izquierda gobierne en este país en condiciones normales. La derecha política y los aparatos reaccionarios del Estado utilizan su considerable poder institucional para crear una situación insostenible [para el Gobierno]».
La derecha a la ofensiva
La actual ofensiva judicial, de la que forma parte el caso Gómez, se remonta a la llamada a las armas lanzada por el jefe de la derecha, José María Aznar, el pasado noviembre, cuando la nueva coalición entre PSOE y Sumar estaba a punto de tomar posesión. «Pedro Sánchez es un peligro para España», insistió el ex presidente del Gobierno Aznar, cuando se hizo evidente que las negociaciones del PSOE y los partidos catalanes sobre la amnistía estaban a punto de llegar a un acuerdo. «Estamos ante una crisis constitucional sin precedentes», continuó. «Quien pueda hacer algo, que lo haga, y quien pueda contribuir, que contribuya. No hay lugar para la inhibición».
Mientras sindicatos policiales, fiscales y asociaciones de jueces se movilizaban contra la amnistía en los días posteriores, utilizando un lenguaje indistinguible de los puntos de discusión del Partido Popular, los manifestantes de extrema derecha también salieron a la calle, asediando la sede del PSOE en noches consecutivas durante más de un mes en protestas que estuvieron marcadas por repetidos enfrentamientos violentos y la exhibición de símbolos abiertamente fascistas. Errejón escribió en El Diario que no se trataba tanto de un plan orquestado como de «un bloque moviéndose, no mecánica sino orgánicamente. Con roces internos y contradicciones, con sectores más extremistas y otros más cautos, con peleas por el protagonismo, con avances y retrocesos, en una dirección compartida. [El objetivo es] cercar al gobierno aún no nato, hacerlo nacer ya rehén, a la defensiva, con el margen de maniobra limitado al máximo».
Tras la investidura, la derecha siguió dos líneas de ataque en los tribunales. La primera consistió en minar la posible eficacia de la legislación de amnistía, con el fin de imposibilitar su aplicación. En este sentido, a medida que se acercaba la fecha límite para que el Gobierno español y los partidos independentistas alcanzaran un acuerdo sobre el texto final de la ley a principios de marzo, el Tribunal Supremo del país procedió a imputar al ex primer ministro catalán Carles Puigdemont como sospechoso formal en un caso de terrorismo.
La acusación a Puigdemont se relaciona con su supuesto papel de coordinación en la ocupación masiva del aeropuerto de Barcelona en 2019 por miles de activistas independentistas, una protesta que, según el Tribunal Supremo, cumple con los criterios de «terrorismo de baja intensidad». Increíblemente, el Tribunal lo justifica por el hecho de que los manifestantes «emplearon instrumentos peligrosos y artefactos de similar potencia destructiva a los explosivos, tales como extintores de incendios, vidrios, láminas de aluminio, vallas, carritos metálicos o portaequipajes». Una interpretación que un editorial de El País calificó de «como poco, polémica» y que «no puede provocar sino una profunda inseguridad jurídica».
Dado que el terrorismo es uno de los pocos delitos penales no contemplados en la propuesta de amnistía, el procesamiento de Puigdemont complica su regreso a casa y el de otros exiliados catalanes cuando la ley entre finalmente en vigor este verano. Mientras se negociaba la amnistía, el periodista Jesús Rodríguez y tres activistas independentistas también se vieron obligados a exiliarse al ser imputados por el juez reaccionario Manuel García-Castellón ante la Audiencia Nacional en un caso de terrorismo relacionado.
Sin embargo, esto se combinó con una segunda línea de ataque: intentar reproducir el tipo de maniobra legal que hizo caer al primer ministro portugués de centroizquierda António Costa el año pasado. En la izquierda española sorprendió la rapidez con la que Costa dimitió, sobre todo después de que se revelara tras su dimisión que había sido nombrado erróneamente como sospechoso, ya que los documentos de los fiscales hacían referencia al ministro de Economía, que tenía casi el mismo nombre que él. Un reciente escándalo de auténtica corrupción en el PSOE, relacionado con contratos de la época de la pandemia, no pudo ser rastreado hasta Sánchez. Pero en la tormenta mediática que se desató a su alrededor, las historias sin fundamento en torno a su mujer proporcionaron la oportunidad que la derecha estaba buscando.
Las noticias en torno a Gómez se centraron en una propuesta de acuerdo de patrocinio de 40.000 euros anuales entre el centro de investigación que dirigía en la IE University y la aerolínea Air Europa, que acabó no saliendo adelante debido a la pandemia. En realidad, la suma total de lo que IE recibió de Air Europa por el acuerdo de patrocinio propuesto parece haber ascendido a cuatro pasajes de avión. Sin embargo, esto bastó para que la prensa de derechas generara semanas de titulares sobre los supuestos favores fastuosos que Gómez había recibido de los directivos, lo que, a su vez, desembocó en la querella de Manos Limpias.
Una de las informaciones periodísticas en las que se centró el caso Manos Limpias ya tuvo su retractación, después de revelarse que la supuesta financiación pública que también habría recibido Gómez, y que el Gobierno habría pretendido encubrir, era en realidad una subvención pagada a otra persona con el mismo nombre que la esposa del presidente del Gobierno. Aún así, el juez, cuya hija es concejala del Partido Popular, aceptó este hecho como parte de la base para abrir una investigación penal.
¿Y ahora qué?
Ahora, ante la ofensiva mediática y judicial de la derecha, Sánchez debe decidir cuál es su siguiente paso, y muchos comentaristas ven en su carta abierta un intento de movilizar a la sociedad progresista española en su apoyo para recuperar la iniciativa política frente a las fuerzas conservadoras. El periodista Daniel Bernabe interpreta el mensaje subyacente de Sánchez a los progresistas como: «si estoy solo en esto me voy, si hay una reflexión colectiva, continúo».
Las manifestaciones de apoyo al presidente del Gobierno se desarrollaron el fin de semana, e incluso quienes se sitúan a su izquierda consideran que la defensa del líder del PSOE está ligada al destino del Gobierno progresista y de la democracia española en general. Después de meses a la defensiva, el lado progresista de la política española parece animado por la última maniobra dramática de Sánchez, pero dejando una vez más deja a su socio de coalición de la izquierda, Sumar, marginado en la escena nacional.
Se especuló con la posibilidad de que Sánchez ocupe un puesto en la Unión Europea. Pero muchos dirigentes de su partido creen que se le puede convencer para que se quede. «Sánchez es un animal político, un asesino. No hay ninguna posibilidad de que se vaya». Sin embargo, si se queda, deberá enfrentarse por fin de forma más directa al control indebido de la derecha sobre los tribunales. A pesar de toda su audacia como operador político, fue muy cauto a la hora de enfrentarse al politizado Poder Judicial del país.
En concreto, el Gobierno debe priorizar un cambio normativo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Se trata del órgano estatal que controla todos los nombramientos para el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional y cuenta con una mayoría conservadora artificial desde que expiró su actual mandato en diciembre de 2018. Este fue el resultado de que el Partido Popular haya bloqueado su habitual relevo, en una táctica sacada directamente del libro de jugadas republicano estadounidense. Hasta ahora, el PSOE se mantuvo aferrado a las viejas reglas del juego y al consenso entre partidos, pero una derecha radicalizada (tanto en el Parlamento como en las Cortes) simplemente ve esto como una debilidad a explotar. Esto debe cambiar ahora.https://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjacobinlat&width=250&height=290&colorscheme=light&show_faces=true&header=true&stream=false&show_border=false&appId=107533262637761COMPARTIR ESTE ARTÍCULO FacebookTwitter Email
EOGHAN GILMARTIN
Escritor, traductor y colaborador de Jacobin con sede en Madrid.
Las tensiones entre Israel y Palestina han existido desde antes de la fundación del estado en 1948, miles de personas de ambos lados han muerto y muchas más han resultado heridas en un conflicto que se ha gestado durante mucho tiempo, lo que ha dificultado la búsqueda de una paz duradera.
La comunidad internacional ha tenido dificultades para desempeñar un papel efectivo en la promoción de una solución pacífica, la desconfianza entre israelíes y palestinos es evidente, lo que se refleja en los discursos y las posturas de sus líderes. El estancamiento en las negociaciones de paz, la intensificación de la violencia y la disminución del involucramiento internacional hacen que la búsqueda de una solución pacífica sea aún más desafiante en la región. La incertidumbre y la posibilidad de una escalada en los ataques aumentan la preocupación por la estabilidad en Medio Oriente.
La historia de este conflicto nos lleva hasta 1917, donde el gobierno británico expresó su apoyo al establecimiento de un estado judío permanente en Palestina, se había comprometido a crear un «hogar nacional judío» en lo que se conoció como la Declaración de Balfour, para lo que utilizó su mandato respaldado internacionalmente, refrendada por la Sociedad de Naciones actualmente ONU. Pero Gran Bretaña se vio pronto atrapada en medio del conflicto entre los nacionalismos judío y árabe.
Lejos de crear un ambiente pacífico y resolver los conflictos por la tierra, entre 1936 y 1939 la tensión entre árabes y colonos judíos condujo a disturbios.
En 1937, a raíz de estos disturbios, una comisión británica publica un informe recomendando la partición de Israel en un estado árabe, un estado judío y una zona neutral para los lugares sagrados. Un año después, una comisión separada concluye que la partición planificada no es práctica y el plan se abandona.
En 1947, Gran Bretaña solicitó la ayuda de las recién fundadas Naciones Unidas para salir de esta parte de Medio Oriente. Sin embargo, actualmente israelíes y palestinos no pueden hacer lo mismo.
Las semillas de la conciencia nacional palestina brotaron en respuesta a la presencia colonial británica y a la creciente población judía. En noviembre de 1947, las Naciones Unidas votaron a favor de la partición de Palestina en un Estado árabe y otro judío, un momento decisivo para los palestinos que rechazaban la división de la disputada Tierra Santa.
El conflicto palestino-israelí se ha visto influenciado por diversos factores, estos factores han contribuido a la complejidad y persistencia del conflicto palestino-israelí:
Expansión de asentamientos israelíes en territorios palestinos, considerados ilegales y obstáculos para la paz.
Disputas sobre Jerusalén, una ciudad sagrada para judíos y musulmanes, que ha causado tensiones y violencia.
Conflictos recurrentes en Gaza, controlada por Hamas, con enfrentamientos militares y bloqueos que han causado sufrimiento humano y desplazamiento.
Dificultades en las negociaciones de paz entre Israel y Palestina, que han fracasado repetidamente.
Divergencias en el apoyo internacional, con algunos países reconociendo a Palestina como estado independiente y otros respaldando firmemente a Israel.
Cambios en la política exterior de Estados Unidos, que han influido en el conflicto.
Protestas y disturbios a lo largo de los años, desencadenados por eventos específicos, como la reubicación de la embajada de EE. UU. en Jerusalén o enfrentamientos en la Explanada de las Mezquitas.
El conflicto palestino-israelí ha tenido un gran impacto en las relaciones internacionales porque ha atraído la atención y participación de actores globales como Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, influyendo en sus relaciones bilaterales y su influencia en la región.
Las relaciones entre Estados Unidos e Israel han sido estrechas, generando tensiones con países árabes y musulmanes.
El conflicto se ha convertido en un tema recurrente en la ONU, afectando las relaciones entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
Ha influido en las relaciones entre países árabes, causando divisiones y cambios en las alianzas regionales.
Ha contribuido a la radicalización y el terrorismo en la región, afectando las relaciones internacionales y la seguridad global.
La cuestión de los derechos humanos y el derecho internacional en el conflicto ha generado debate internacional y ha influido en las opiniones públicas globales.
Ha tenido un impacto en la geopolítica energética debido a la importancia de la región en la producción y suministro de petróleo y gas.
En resumen, el conflicto palestino-israelí no solo tiene consecuencias regionales, sino que también afecta a la política internacional, los derechos humanos, la seguridad global y la estabilidad en una región clave del mundo. Su resolución sigue siendo un desafío crítico para la comunidad internacional en su conjunto.
(*) Secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Político Nacional Perú Libre
Cuadro comparativo entre el anarquismo y el socialismo
Vladimir Cerrón
Socialismo
Anarquismo
1. Extinción paulatina del Estado, después de la abolición de las clases sociales. 2. Destrucción total del Estado y sustituida por otra nueva, formada por obreros armados tipo Comuna de París o soviet. 3. No se pueden eliminar la autoridad y la jerarquía. La revolución es enteramente autoritaria. 4. Estado Centralizado. Unitario, descentralizado, pero con orden vertical. 5. Piedra angular: las masas. 6. Consigna: “Todo para las masas”. 7. Apuestan por la dictadura del proletariado. 8. Socialismo basado en el orden, solidaridad y trabajo social. 9. De cada cual, según su capacidad; a cada cual, según su necesidad.
1. Abolición inmediata del Estado, de la noche a la mañana. 2. La abolición del Estado planteado por ellos, sin alternativa de sustitución. 3. Abolición de toda forma de autoridad y jerarquía. 4. Estado federalizado. Descentralizado, pero con orden horizontal. 5. Piedra angular: el individuo. 6. Consigna: “Todo para el individuo”. 7. Rechazan la dictadura del proletariado. 8. Socialismo en comunidades, basada en la libertad individual, cooperación voluntaria y la autogestión de las comunidades. 9. Igualdad social, justicia y solidaridad plena para todos.
El 18 de abril del 2024 el Congreso de la República aprobó por amplia mayoría la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Chupaca (UNAC), iniciativa legislativa del Dr. Waldemar Cerrón Rojas y la Bancada Parlamentaria Perú Libre, considerándose once facultades que irán implementándose hasta ser una realidad concreta, como pedagogía, humanidades, ingeniería ambiental, ingeniería civil, biotecnología, arquitectura, contabilidad, derecho, ciencias políticas, entre otras. Solo queda esperar estos días que la autógrafa sea firmada por el Ejecutivo y publicada en el diario oficial El Peruano, para dar por concluida la conquista.
En la historia universitaria del país debemos considerar que todo centro de formación de ese nivel requiere de una coyuntura política especial que lo acondicione para que la idea sea cristalizada. No puede nacer de un simple deseo, sino de las necesidades imperativas de una realidad concreta, de las condiciones creadas con ese fin, de los hombres que se comprometan con la tarea y de una fuerza política que la encarne.
La Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), fue una iniciativa de las comunidades de la zona altina de Huancayo, canalizada por el gobierno de la convivencia del Apra y Manuel Prado Ugarteche en 1959. La Universidad Peruana Los Andes (UPLA), fue una iniciativa de algunos profesionales militantes de Acción Popular en 1983, quienes, aprovechando la coyuntura del segundo gobierno belaundista, lograron la ley de creación. Esa es la razón de por qué todos sus promotores fundadores eran de esa tienda política.
La UNAC, que ya es un hecho real, ha sido un clamor del pueblo de Chupaca, de su juventud estudiosa, del campesinado, de sus autoridades locales y algunas personalidades, desde hace varios años, pero que no encontraba la resonancia necesaria para que la idea cuajara. Hasta que se crearon las condiciones «objetivas y subjetivas», estribillo muy repetido por la izquierda.
Perú Libre, un partido provinciano creado en la región Junín el año 2008, ganó las elecciones nacionales el año 2021, sin duda un hecho sin precedentes, logrando que por primera vez la izquierda nacional ingrese a gobernar el país. Esto permitió que el pueblo tenga una bancada parlamentaria, inicialmente de treinta y siete, luego mermada a poco más de una decena, producto de traiciones y transfuguismos. Pero igual, contábamos con una cuota de poder real.
Crear una universidad en Chupaca era una tarea pendiente, por lo que las autoridades locales se presentaron ante la bancada, logrando el compromiso del Dr. Waldemar Cerrón Rojas, congresista nacido en Chupaca, para que fuera el encargado de redactar el proyecto de ley respectivo.
Inicialmente, la pretensión legislativa fue rechazada por la Comisión de Educación. Había que esperar mejores condiciones o crearlas. No fue fácil, hubo que buscar amplios consensos con el tiempo necesario. Llegó un momento en que la cosa se puso difícil, pues una parlamentaria de Junín renunció al Partido, lo que restó fuerzas para las negociaciones políticas con otras bancadas.
El año 2023, se presentaron las elecciones para elegir a la Mesa Directiva en el Parlamento y el congresista Waldemar Cerrón logró ingresar en la Segunda Vicepresidencia, siendo este el punto donde las cosas fueron cambiando. Muchos criticaron su elección, acusaron a Perú Libre de un pacto con el fujimorismo, una calumnia total, sin entender la necesidad que significa ingresar estratégicamente a la cabeza del Parlamento. Hay sectarios que piensan que, si la oposición vota “A”, nosotros siempre tenemos que votar “Z”, como una respuesta refleja e inconsciente, un mecanicismo infantil.
Ante este nuevo escenario, nuevamente se retomó el proyecto de ley hasta lograr su aprobación en la Comisión de Educación. Finalmente, tras la sustentación del congresista Cerrón, el 18 de abril del 2024, el Pleno del Parlamento sometió a votación el Proyecto de Ley N.º 6843-2023/CR, aprobándose por amplia mayoría con 95 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra, de un total de 130 parlamentarios. Si la derecha hubiera pensado como algunos sectarios de izquierda, simplemente hubieran votado en contra, por ello en política es imprescindible el consenso estratégico.
Esta es la importancia de haber creado el Partido, de la consecuencia de sus cuadros políticos, de la perseverancia de la bancada parlamentaria, del pensamiento de izquierda y, finalmente, del poder. Por eso, Lenin decía: ¡Salvo el poder, todo es ilusión! Bueno, aquí ya no hay ilusiones, el poder nos ha llevado a una nueva realidad, hay una ley, un ordenamiento legal que ha creado la Casa Superior de Estudios.
Chupaca siempre ha sido un pueblo que, en las buenas y las malas, apoyó a Perú Libre y no lo estamos defraudando. Las obras que ejecutó el gobierno regional socialista de Junín, en sus dos gestiones, como los puentes Comunero I y II, el puente Eternidad, el Hospital de Chupaca, los asfaltados integrales de Chongos Bajo y Áhuac, tierra de mis padres, son un modesto legado del Partido, porque fue su Plan de Gobierno que planificó estas obras. Aquí no hay la idea genial de nadie, sino un trabajo conjunto de los mejores hijos del pueblo.
Esta universidad también debe recordar a los grandes hombres que defendieron Chupaca de la invasión chilena, de los que lograron provincializarla y de los que la edificaron paso a paso. Es obvio que esto que narro es solo un eslabón de la heterogénea cadena política, donde todos aportamos, para que la UNAC sea una realidad. Era el momento en que la sumatoria cuantitativa de pase al salto cualitativo, es hora de cantar, además de “En la Normal de Chupaca”, ahora “En la Universidad de Chupaca”.
Sobre el revisionismo caviar de Manuel Guerra de Patria Roja
Vladimir Cerrón
Manuel Guerra Velásquez, secretario general del Partido Comunista del Perú Patria Roja, se ha pronunciado a raíz del emplazamiento que le hiciera acerca de una calumnia a la memoria de mi padre, Jaime Cerrón Palomino, y de mi señora madre, Bertha Rojas López, ambos profesores universitarios, al vincularlos con Abimael Guzmán Reinoso, líder del Partido Comunista del Perú, en su variante conocida.
Esta calumnia agravada se da precisamente cuando Perú Libre afronta cinco procesos judiciales por terrorismo, desde hace dos años, al cual la “notita criminis” de Guerra, apoya espectacularmente como fuente abierta a los entes persecutores del Estado. Sería bueno que la DIRCOTE cite a este sujeto para que pueda sustentar su acusación al respecto, al ofrecerse en la práctica como un “colaborador”, a lo que en el léxico político se conoce como soplón.
Ciertamente, ayer se ha rectificado públicamente, en una red social, pero no ha enviado nada formal a Perú Libre. Sin embargo, esa rectificación deja de ser tal cuando aprovecha la circunstancia para desviar el debate, al centrarlo sobre el comportamiento de mi persona y mi partido, aspecto que aprovecho para responder a continuación.
Nuestro deslinde con la izquierda caviar, del cual Manuel Guerra se ha vuelto un militante, es por lo mismo que decía Mariátegui: «Con el sector político que no me entenderé nunca es el otro: el del reformismo mediocre, el del socialismo domesticado, el de la democracia farisea». Está claro que para ser mariateguista estamos obligados a un deslinde claro, profundo y real con los quintacolumnistas de la revolución, los caviares. Si me permite la redundancia: Mariátegui era un anticaviar, convicto y confeso.
Patria Roja, que proviene de la línea maoísta, ¿acaso no ha leído las Cinco Tesis Filosóficas de Mao?, no asume que “el desarrollo de la sociedad no obedece principalmente a causas externas, sino internas”, entonces pregunto: ¿dónde hay que purgar primero, en las filas del enfrente derechista o en las nuestras donde hay infiltrados derechistas con lenguaje de izquierda? Es obvio que en el nuestro.
Perú Libre en su último congreso aprobó una lucha implacable contra este sector revisionista y lo hace abiertamente, procediendo a ilustrar al pueblo sobre la existencia de una pseudoizquierda, que en la práctica apoya al capitalismo, vive remunerado por él, y no le importa ningún cambio, ni inscribir un partido o indignarse por lo menos de no tener un solo presidente, congresista, gobernador o alcalde provincial o distrital. Podrán decir que no son electoreros, sin entender que en la situación concreta no hay otro terreno donde deba lucharse por ahora.
La existencia de este tipo de “comunistas” solo le es rentable políticamente al imperialismo, porque mientras mantengan la etiqueta comunista es mejor para que crean que nuestra sociedad es tan democrática que se permite la existencia de una oposición diametralmente contraria al capitalismo. Así, transcurrieron muchas décadas, engañando al pueblo, hasta que “llegó el comandante y mandó a parar” y cuando me refiero al comandante no me refiero a Perú Libre, sino a un pueblo que apertura sus ojos, identificándolos como son.
Al triunfo de Perú Libre, esta socialdemocracia caviar vio amenazada su poder en su principal terreno de operaciones, la capital del Perú, y soterradamente apoyó el derrocamiento de Castillo, haciéndole un daño incalculable al intento real de cambio al lograr divorciar al Gobierno del Partido, asaltando el poder político con doce ministerios y terminando por llevar de la mano al expresidente al abismo, primero con una hoja de ruta neoliberal y después con la promulgación del Decreto Supremo Nº 164-2021-PCM, del 16 de octubre del 2021, donde define la Política General de Gobierno, descartando totalmente el programa de gobierno de Perú Libre y sustituyéndolo por el programa caviar de la alianza NP-JP.
Tal condición mermó el apoyo del Partido al Gobierno, pero sobre todo el apoyo del pueblo, coadyuvando a sintonizar con la psicología del fracaso, la desmoralización y el desengaño. Esto se agudiza cuando el pueblo comprueba que los dizques líderes “comunistas” limeños, en realidad, son inversionistas del capitalismo, dueños de oenegés financiadas por USAID, accionistas de Luz del Sur, de Backus y Johnston y de Casa Andina de Intercorp, cuando el pueblo se entera de que los hijitos de estos dirigentes caviares son gerentes en Intercorp. Eso es lo que le hace perder doblemente la fe al pueblo, con efectos exponenciales peores a que lo hubiera engañado la derecha.
Perú Libre es un partido de izquierda popular, aquí los únicos que se han alejado de este flanco son ustedes o quizá nunca estuvieron de verdad, pues después del avance de la Izquierda Unida han tenido una serie de fracasos espectaculares que los implosionó, que puede ser natural en el camino, nos los culpamos, pero eso no justifica la conversión del comunismo a la socialdemocracia caviar. Ahí está mal usted Guerra, ese paso, como dice Lenin: “no es un error, sino una estupidez”.
Habla usted sobre mis procesos judiciales, dónde nadie me acusa de recibir o sustraer dinero, sino por “haberme interesado”, por un “daño potencial” y otras subjetividades, y con ello, al igual que calumniaron a mi padre, pretenden justificar una persecución a mi persona y al partido, cuyo delito es haber llevado por primera a la izquierda peruana al gobierno nacional, del cual Patria Roja debiera sentirse parte del triunfo, si realmente es comunista, pero no, el triunfo les dolió en el alma a los caviares más que a la derecha.
Logrado este objetivo, no nos preocupa cualquier insulto a nuestra dirigencia generacional, incluyendo lo de “caudillo” o “mesiánico”, porque todo queda inmaculado con el ingreso del partido a la historia del Perú, lo que otros hasta ahora no han podido lograrlo, pero tampoco lo tomamos con arrogancia, sino que reconocemos que este fenómeno es la cosecha de un proceso, donde hombres leales a su pensamiento dejaron sus vidas, como al hombre que usted ha calumniado, factor decisivo para la creación de Perú Libre.
Muy a pesar de todo, jamás enlodamos a Patria Roja, es más, mantengo respeto por algunos escasos dirigentes, tampoco contra otros partidos de izquierda, eso es una política de Perú Libre. La única ocasión que he adjetivado fue ayer, producto de que las cosas tienen un límite que rebasa la tolerancia, palabras que no me cuesta retirarlas, aunque ahora, más que nunca, mantenga un concepto distinto.
No he tenido ninguna sinuosa carrera política y es algo por lo que el enemigo político me respeta, usted es el que al haber fracasado como dirigente, lejos de dejar el cargo a la juventud, ha preferido arriar la bandera y entregarse a las faldas de Nuevo Perú, eso sí es ser sinuoso, pero claro, le viene bien seguir usufructuando el nombre de Patria Roja, para obtener ventajas personalísimas.
Voces del Cambio se creó para unificar la izquierda y se logró tras 34 años, pero eso también nos sirvió para ver su solidaridad de clase, pues en la primera de bastos, después de mi sentencia el 2019, hoy anulada por arbitraria, ustedes decidieron suspender las actividades, por su visión individualista. Por supuesto que queríamos llegar a la Presidencia, ¿es eso un error?, un partido se forma para la toma del poder, no para succionar los aportes a un sindicato, ¿cuál ha sido el delito?, ¿qué los amateurs le hayan ganado el liderazgo a la vieja guardia?, pensar así es antidialéctico, porque lo nuevo va rumbo al desarrollo y lo viejo rumbo a la extinción, ¿es difícil entender eso? Perú Libre también tendrá que dar pase a su relevo generacional pronto.
Guerra nos acusa de una alianza con el fujimorismo, repitiendo la novela creada por los caviares, no acepta que los detestan tanto derechistas como izquierdistas, no acepta el espontaneísmo anticaviar, claro que no es fácil una autocrítica en tales circunstancias. El término caviar, independientemente quién lo haya creado, ha tomado cuerpo de una categoría política que desenmascara el revisionismo moderno, antes asolapado en la penumbra. Hacerle ver ese fenómeno al pueblo también para nosotros es un modesto aporte.
A la facción de Guerra, dentro de Patria Roja, le molesta, como a los caviares, que Perú Libre tenga una representación en la Mesa Directiva, no pueden tolerarlo, lejos de alentar que, por el contrario, la izquierda popular tenga la presidencia del Legislativo, todo por una envidia personal. En resumen, el Kautsky de Patria Roja, ha visto en el triunfo de Perú Libre su fracaso propio.
Nos acusa de habernos unido para hacer “negocios con las mafias” de transportes y de las universidades, comportándose como cajita de resonancia caviar. Para Guerra, estar con los colectiveros informales y no contra los que han monopolizado el transporte (Metropolitano), es contrarrevolucionario; haber sacado a la SUNEDU de las garras de la caviarada de Intercorp, también, qué gran error. Estos hechos solamente lo reafirman como un servil a la caviarada de la burguesía financiera. Habría que investigar más a fondo a Guerra, porque la defensa que asume a costa del prestigio de su partido no es nada gratuita, lo que lo ha llevado a reventar a su propio partido hace escasamente horas.
Nos acusa de haber renovado al Tribunal Constitucional, claro que había que hacerlo, recuerde que la totalidad del Sistema de Justicia Nacional estaba capturado por la caviarada y aún continúa en la mayoría. Al haberlos pasado al retiro, recién se dieron jurisprudencia, como, por ejemplo, que para evitar la arbitrariedad de la prisión preventiva debían copular los tres presupuestos, porque antes la caviarada te encarcelaba con uno; que todos los que cumplían sus penas y pagaban su reparación civil, recobraban todos sus derechos; como poner parámetros para una sentencia basada en indicios y no en subjetividades; etc., ¿eso es una medida a favor de la burguesía? Claro que no.
Ahora no vaya a pensar que no nos hemos percatado que a la caviarada que usted tanto defiende no le ha cuestionado el indulto de Alberto Fujimori, pues recuerde que bajo la presidencia de Mari Elena Ledesma en el Tribunal Constitucional se dio el indulto a Fujimori y de eso usted no ha dicho ni pío, pero sí ha culpado al tribunal entrante. Indulto que está de más decirlo que nosotros también estamos en contra.
(*) Yuri Castro Romero Las vueltas que da la vida… El fiscal y la mocha sueldo Conocí al fiscal Richard Rojas (RR), quien se hiciera famoso por allanar el local de Perú Libre, el 28 de agosto del 2021; aquel día precisamente llegué temprano al local de la Av. Brasil, me iba a reunir con un Congresista recientemente elegido, para compartir opiniones políticas y acciones partidarias como siempre, llegué como a las 7:30 am, porque la cita era a las 8:00 a.m., abrí la reja y en cuanto me disponía a ingresar la llave a la puerta del local para abrirlo, se me acerca un efectivo policial y me refiere que no podía ingresar, porque el local estaba siendo allanado.
Respondí que muy bien, que estaría atento y me fui hacia la esquina, hice algunas llamadas y me puse a tomar mi quínua con un par de pancitos, cuando de pronto se me vuelve a acercar el efectivo policial a preguntarme si yo tenía llave y si les podía abrir para que no tengan que romper la puerta a combazos; le dije que si me mostraba la orden judicial, pues le abriría sin problema y me dijo: “… la orden la tiene el fiscal”, me llevó él a la quinta donde estaban interviniendo otro ambiente y me dijo: “…él es el fiscal Richard Rojas quien está a cargo de este operativo”.
El referido fiscal se me acercó y me mostró la orden, me dijo que en cuanto termine abajo me avisarían para ingresar al local, que espere unos minutos y así lo hice, me fui a terminar mi desayuno carretillero y esperé a que el fiscal me avisara para poder ingresar; luego los hice subir al local. Lo que más me preocupaba era que se llevaran la inmensa cantidad de fichas de afiliación (FA) que teníamos y estaban casi listas para ingresarlas al JNE, eran muchas cajas, como había leído la orden judicial, pues sabía que las Fichas de Afiliación no estaban registradas en la orden para ser incautadas, así que les indiqué que no podía tocarlas, sólo verificaron que lo fueran y tomaron fotos, por lo demás ya recordarán el show mediático que armaron aquel día.
En esa intervención le dije al Fiscal Richard Rojas, quien en la intervención la pegaba de intachable, que su teoría del caso estaba tirada de los cabellos y que este caso se caería ya que estaba montado en una falacia como son los mal llamados “Dinámicos del Centro”.
Curiosamente la que no es una falacia es la acusación contra la congresista Magaly Ruiz de APP, y el domingo, aparece este mismo famoso fiscal en un programa dominical y se supo que él nada más y nada menos le había ofrecido a dicha Congresista su “ayudita” en el caso de “mocha sueldos” que se le imputa, pero como nada es gratis y el fiscal parece saberlo bien, le dijo que la ayudita le iba a costar nada más y nada menos, que coloque a su hermano a trabajar en el despacho y la Congresista, muy obediente hizo lo que se le pidió y colocó a Alex Rojas hermano del mencionado fiscal, como Asesor 2.
Bien así están las cosas en el Ministerio Público y así de destruida está la carrera de este fiscal que se pintaba de muy correcto e intachable, quien acusó sin pruebas al Dr. Vladimir Cerrón y metió presos a otros con el cuento de los “Dinámicos del Centro” y hoy vemos que este señor tenía precio y también puedo suponer que, en dicho caso, ¿También hubo alguna contraprestación para involucrar a más de un militante de PL? ahora vemos el inicio de su caída.
(*) Sec. Gral. del CER de Lima Metropolitana de Perú Libre Ex candidato a la Alcaldía de Lima.
Soy un preso político. Por el odio sin límites me han trasladado de cárcel sin motivo, sólo por humillarme, sólo por venganza. Mi vida corre peligro. Alguien en el mundo debe hacer algo, la Santa Sede, la ONU, la OEA, la Corte Interamericana, la Corte de la Haya, Juristas del mundo, Organismos de defensa de los derechos humanos.
La judicialización de la política debe ser considerada un delito de lesa humanidad. Usan delitos como la asociación ilícita, para sentenciar sin pruebas.
Para que entidades y juristas del mundo vengan a Ecuador a ver lo que pasa, un país con un Contralor sin nombramiento, Fiscal “encargado” designado a dedo, un Consejo de la Judicatura puesto a dedo. Pido al mundo que venga a revisar mi caso, el de Rafael Correa, y otros compañeros.
Alguien debe parar esta carnicería política. Me declaro en huelga de hambre indefinida, hasta que vengan a ver lo que pasa en Ecuador. ¡Paren la carnicería política! El mundo no puede ser indolente a la persecución política contra todo líder progresista en Latinoamérica.
¡Ya Basta! Lo hago por mí, y por mis compañeros. Este es un grito al mundo. Soy una persona, tengo familia, están violando todos mis derechos humanos.
Lamento mucho el dolor que causo a mi familia con esta decisión, pero hay causas por las que vale la pena morir.
Asalto a la embajada de Méxicoy secuestro de Jorge Glas
Vladimir Cerrón
El día 5 de abril del 2024, será un día nefasto que Ecuador y México recordarán por siempre como un punto de quiebre de sus relaciones diplomáticas, debido al asalto a la embajada de México en Ecuador por un comando élite de las fuerzas armadas estatales, violando el Convenio de Viena que establece el derecho internacional mundial, suceso que ha llevado a la ruptura de las relaciones gubernamentales entre ambos países hermanos.
Este crimen cometido por el gobierno del presidente Daniel Noboa tuvo como principal motivación secuestrar a un opositor y perseguido político, al exvicepresidente Jorge Glas Espinel, quien se encontraba dos meses en la sede diplomática en calidad de huésped, pero a quien horas antes del asalto el Gobierno de México le había concedido el estatus de exiliado político.
Jorge Glas fue uno de los líderes de la Revolución Ciudadana, ocupando el cargo de vicepresidente de la República, fenómeno político progresista con principios socialistas, que permitió a Ecuador exigir que Estados Unidos de América (EE. UU.), desaloje la base militar de Manta, por vencimiento del convenio el año 2009. Esto constituyó una imperdonable ofensa a los yankees, quienes llevaron in pectore la revancha contra un gobierno soberano.
La persecución a Jorge Glas se remonta a la administración del gobierno de la Revolución Ciudadana, comandadas entre ellos por el expresidente Rafael Correa, el excanciller Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, etc. Como se sabe, Correa fue sucedido por Lenin Moreno el año 2017, quien traiciona el proyecto político en contubernio con la potencia del norte, realizando un viraje e implementa un lawfare contra sus antiguos camaradas.
Moreno fue sucedido por Guillermo Lasso el año 2021 y este fue sucedido por Daniel Noboa, personaje de nacionalidad ecuatoriana-estadounidense, quien bajo el pretexto de luchar contra la criminalidad organizada y el narcotráfico permitió una “intervención” militar pacífica en Ecuador, por parte del Comando Sur de los EE. UU., otorgándole facultades diplomáticas, laborales, militares y de seguridad, convirtiéndose en la práctica una neocolonia norteamericana.
La persecución a la izquierda ecuatoriana continúa y ahora acrecentada con la presencia militar de los EE. UU., condición que le ha permitido a Daniel Noboa asaltar la embajada de México, maltratar físicamente a los encargados de sede y secuestrar a Jorge Glas, so pretexto que se trata de un delincuente y que el exilio otorgado es ilegal porque viola la soberanía jurídica de su país.
Está claro que, para los EE. UU., al mismo estilo de Julián Assange, los líderes de la Revolución Ciudadana deben ir a prisión o ser anulados jurídicamente, con ello desaparecer una opción política de izquierda que puede volver a triunfar por la vía electoral. Actualmente, todos los líderes nombrados se encuentran asilados en diversos países, a excepción de Glas, esperando el momento en que la opción socialista se abra paso nuevamente hasta retomar un poder que nunca debieron haberlo dejado.
Está de más decir que el mundo ha rechazado contundentemente esta violación al derecho internacional de parte del Gobierno de Ecuador, que lamentablemente traerá consecuencias en todo sentido, sobre todo económico, que el pueblo tendrá que asumir y no quienes lo han provocado.
Este suceso tiene un gran relieve geopolítico al constituirse a la vez como una advertencia a todos los países latinoamericanos que quieran optar por una soberanía plena, tornándose más peligroso todavía al tener a presidentes, como el propio Daniel Noboa y el argentino Javier Milei, en el trance de entregar su soberanía militar a los EE.UU.
¿De qué lado estar, del trabajador colectivero o de los monopolios, del neoliberalismo?
Por José Eduardo Bendezú Gutarra
La liberalización de la economía, impuesta en la dictadura fujimontesinista, fue el trofeo más celebrado por los grupos de poder nacionales e internacionales en el Perú, por las burguesías. Ya que en ella se plasmaba el cuerpo y el espíritu del neoliberalismo: no regulación, no planificación, la ley del más fuerte, la ley del más pendejo.
Se ve en la actualidad que esa liberalización no generó igualdad de oportunidades para las mayorías sino acaparamiento de la economía por las grandes empresas, por los grandes capitalistas. Treinta años después, el Perú es manejado por unas cuantas familias, por capitalistas monopolistas que cada vez quieren más poder y más dinero.
En el transporte también se observa este mismo fenómeno de anarquía y monopolización. Vías de transportes privatizadas, como el aeropuerto Jorge Chávez (en la práctica en único internacional) está en manos de Lima Airport Partners – LAP, siendo el terminal aéreo por el que todo viajero nacional transita, ya sea al partir, al llegar o al hacer escala, ya que no hay vuelos directos entre ciudades distintas al Callao, ya no hay vuelos en escalas. Por ejemplo, si alguien desea ir de Juliaca a Arequipa en vuelo pues necesariamente primero tendrá que hacer escala en el Callao, pagar las tarifas que impone LAP y embarcarse a un nuevo vuelo: no hay opción a reclamo o negociación, no hay libertad de elegir.
Las principales carreteras también están en manos de empresas privadas extranjeras. La carreta central así como las vías de evitamiento en Lima (concesionadas a la corrupta Odebrecht). ¿Cuál es la libertad de elegir si estas empresas imponen sus condiciones para usar vías que son de necesidad pública? Los ferrocarriles siguen en manos privadas como después de la Guerra con Chile. Nuestros puertos no son nuestros puertos a pesar de estar en el Mar de Grau. ¿Cuál es la libertad que pregonan los neoliberales si estas vías de transportes son de privados y no se puede negociar con ellos absolutamente nada con respecto a sus precios y formas de servicio? Estas concesiones durarán décadas y décadas. Objetivamente, en el transporte y en la economía no hay libertad, no hay democracia, hay – en cambio – una dictadura empresarial, una dictadura burguesa.
La liberalización de transporte público de pasajeros también cumplió el rol de menguar el desempleo tras los despidos masivos que ocurrieron en los noventa. Recientes desempleados que con algún dinero compraba cualquier carro que andase y, ¡suaz!, de frente a la ruta. Las empresas de transporte no cuentan, por lo general, con propios vehículos así arriendan la ruta; viviendo de ese alquiler y de otros conceptos. ¿Qué arriesgan esos empresarios? Nada porque no ponen ni los vehículos y a los trabajadores que van en los vehículos. Los propietarios y sobre todo los trabajadores del transporte tienen que ganársela cada día; de nuevo aparece la ley del más fuerte, del más mosca, porque el tiempo es dinero. Tienen que protegerse de todos los riesgos, incluso del mismo Estado en forma de policías.
La abundancia de auto empleados trae consigo desprotección social, ya que no hay asistencia médica, jubilación, vacaciones, feriados, jubilación, seguros y demás. El éxito individual es una rarísima excepción a la regla. ¿No es evidente acaso que este sistema neoliberal no trae desarrollo ni bienestar colectivo, para las mayorías? El sistema neoliberal es un fracaso tremendo.
No obstante para los progres, para los socialdemócratas, que desean ver el mundo como un paraíso sin hacer nada más que hablar y de vez en cuando hacer algo de show, exigen orden y respeto, “modernización del transporte”, dejando de lado a los trabajadores. A estos los atacan y les achacan la responsabilidad de la informalidad, del caos. Prefieren, como Susel Paredes, meter palo, perseguirlos, acosarlos, largarlos. Estos progres olvidan que los auto empleados del transporte no crean la anarquía de la economía sino que son el resultado de esta.
Claro, las cosas se podrían solucionar, podrían tener alternativas pero en otro sistema social, cuando el Estado sea capaz de planificar y dirigir no solo la economía sino principalmente el desarrollo del país. Pero mientras siga el neoliberalismo, aquel orden anárquico continuará. Hace tanto se sabe que la solución es crear un Estado planificador, que dirija al país hacia el desarrollo de las mayorías pero hasta que este no llegue algo se tiene que hacer por los trabajadores del transporte urbano; específicamente con los colectiveros.
Con cerrar los ojos no se logra nada, menos con la violencia y la persecución. Por eso es necesario darte un marco legal, permitiendo el ejercicio de su derecho al trabajo y señalando los límites. No es posible negar el problema y, por consiguiente, no hacer nada. Es necesario implementar leyes y normas para amparar a los trabajadores del transporte de tanto abuso y desamparo. Por eso sí a la legalización y regularización de los colectivos en Lima y el Callao.
