Los decretos procrimen de Marisol Pérez Tello

LOS DECRETOS PROCRIMEN DE MARISOL PÉREZ TELLO

Vladimir Cerrón

Con frecuencia escuchamos la hipocresía caviar de la exministra de Justicia y Derechos Humanos Marisol Pérez Tello, del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, aludir como “leyes procrimen” a las normas que han permitido frenar el abuso contra los justiciables, a quienes los tenían con procesos judiciales eternos, abusando de la figura de la colaboración eficaz, sometiéndolos a prisiones preventivas y medidas de coerción infinitas, queriendo perseguir hasta “al gato que pasa por la esquina” como lo dijera el juez César San Martín, etc.

Sin embargo, esta señora nunca habla de las dos verdaderas leyes “procrimen” que ella promovió y promulgó durante el ejercicio de su cargo, para favorecer directamente a la empresa corrupta de Odebrecht y posteriormente al dueño del diario El Comercio, quien controla el monopolio de la información.

Nos referimos al Decreto Legislativo N.° 1301, de fecha 29 de diciembre de 2016, donde se permite que: “Los jefes, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones delictivas y los que han intervenido en delitos que han causado consecuencias especialmente graves, únicamente podrán acogerse al beneficio de disminución de la pena o suspensión de su ejecución, siempre que su aporte permita identificar a miembros de la organización con mayor rango jerárquico”.

Esta modificación permitió que los líderes de las grandes organizaciones criminales se acojan al beneficio de la colaboración eficaz, anteriormente proscrita, para suspender la ejecución de un mandato judicial, lo que hizo que delincuentes como Jorge Barata nunca sean encarcelados y José Graña Miró Quesada sea excarcelado en tiempo récord.

La otra norma, promulgada después de cuarenta y cuatro días de la primera, es el Decreto de Urgencia N.° 003-2017, que Asegura la Continuidad de Proyectos de Inversión para la Prestación de Servicios Públicos y Cautela el Pago de la Reparación Civil a Favor del Estado en Casos de Corrupción, de fecha 11 de febrero de 2017. Con este decreto, a pesar de que Odebrecht está jurídicamente probado ser una organización criminal de rango continental, se le permite seguir contratando con el Estado, bajo el pretexto de que: “resulta urgente que el Estado establezca medidas extraordinarias que eviten la desaceleración de las inversiones en el país y que promuevan la participación de nuevos inversionistas en los proyectos donde los concesionarios y contratistas, sus socios o partes, hayan sido condenados o hayan admitido su responsabilidad por la comisión de delitos contra la administración pública y/o de lavado de activos”.

Tanto el Decreto Legislativo N.° 1301 y el Decreto de Urgencia N.° 003-2017, que otorgan impunidad total a los grandes criminales, han sido firmados y publicados en el diario El Peruano por los tres socios de la conquista: Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente de la República; Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros; y María Soledad Pérez Tello, ministra de Justicia y Derechos Humanos. Una concertación a todas luces.