Vladimir Cerrón
Secretario General Nacional
El SUTE – CUSCO, siempre en la vanguardia, inició sus reclamos totalmente justificados y hoy debe empezar la huelga nacional. Sus razones están más que sustentadas. La lucha contra la privatización de la educación pública es su principal bandera y quizá la que más comprenda la población, puesto que tras la enmascarada evaluación docente se quiere reducir la carga social para proceder a la venta del sector educación. Este sustento es cierto puesto que tras la privatización de las 228 empresas públicas del Perú en el gobierno fujimorista, la reducción de personal siempre fue el requisito previo de los futuros acreedores, así se redujo las plazas en el sector público de 139,000 a tan solo 18,600 trabajadores estatales y tras ello se vendieron las empresas. Hoy se habla de racionalización, de obras por impuestos y asociación pública privada en la construcción de escuelas y colegios. En su plataforma reclaman el incremento del presupuesto del sector educación al 10% del PBI, que actualmente tiene el triste 3,5% del PBI. ¿Esto es posible? Claro que sí, si Cuba que es un país que nos han enseñado a odiar y nos presentan como menesteroso tiene asignado el 12% del PBI, Costa Rica 14% PBI, Bolivia 8% del PBI, etc., ¿Por qué en el país democrático de Perú la inversión es una miseria? Modestamente los maestros piden un aumento de sueldo equivalente a una UIT (4,050 soles según el D.S. N° 353-2016-EF). Ciertamente, para ser maestro hay que quemar pestañas, pareciera fácil serlo, pero lamentablemente no lo es, más aún si ahora exigen post grado para algunos cargos. Existen comparaciones de su sueldo con el de los policías, puesto que estos estudian menos y se acercan en sueldo a la UIT, creen que su trabajo no es tan fructífero como la educación y encima los reprimen brutalmente cuando reclaman defendiendo al sistema que los explota también a ellos. Reclaman que los aumentos de sueldos se hagan pensionables y se reflejen en el personal jubilado, que está correcto, si esto fuera así los maestros no tuvieran problemas en jubilarse, renovar la plana docente y mejorar e innovar la educación a la velocidad que el desarrollo exige, caso contrario se aferrarán a los cargos debido a que ello disminuye sus ingresos económicos. Solicitan pago de su deuda social, sin necesidad de judicialización. En efecto, los gobiernos regionales emiten las resoluciones de pago, pero no efectivizan los mismos, porque ellos dependen del Ministerio de Economía y Finanzas, los dueños del dinero. Una vez que llega el dinero, se tiene que pagar los casos judicializados y fallados, no se puede priorizar a los otros. Si no hubiera judicialización se pagaría como ellos solicitan, pero quienes llevaron a este círculo vicio son los propios maestros en la esperanza que iba ser más rápido y menos burocrático su pago. Pero, estamos de acuerdo que se tenga que pagar y eliminar todas estas barreras burocráticas. Otro reclamo es el cambio del Diseño Curricular, que oriente al desarrollo social, científico, etc. En la experiencia del gobierno regional de izquierda en Junín se diseñó un nuevo DCR donde se obligaba la enseñanza de la historia regional, la recuperación de los cursos de filosofía, economía, geopolítica, crítica y liderazgo, etc, la educación científica, tributaria, educación medioambiental y la lengua originaria, pero fueron los mismos dirigentes del SUTEP los petarderos que se aliaron con un candidato reaccionario que luego del proceso electoral ganó y no les dio ni las gracias. El DCR está culminado pero encarpetado y saboteado. Se reclama la alimentación de los estudiantes en los centros educativos, nos parece correcto, sin embargo, debemos precisar que el mismo está a cargo del gobierno central y no de los gobiernos regionales, porque esto implica gran movilización económica, a donde se han plegado las APAFAS, utilizándolo como su principal motivación de existencia, decimos esto porque el gobierno regional de izquierda en Junín, puso brillantes programas con odontólogos por colegio y psicólogos por colegio, pero que el gobierno regional entrante los cerró, despidiendo a 350 odontólogos y 66 psicólogos, ante esto las APAFAS no dijeron ni una sola palabra, claro su negocio no era la salud del educando. Ahora, es posible el incremento de los sueldos, las mejoras en infraestructura y equipamiento en la educación peruana, claro que sí. Si mediante ley solamente se orientara todas las utilidades del gas de Camisea para la educación del Perú, este país sería otro, pero esto tiene que darse tras la revisión del contrato ley y estabilidad jurídica, que ahora no permite la Constitución en su artículo 62. En este nuevo contrato y tras una nueva Constitución, del 30% de utilidades que recibe el país tras la explotación de sus recursos debe pasarse a recibir el 70% en todos los sectores, principalmente en minería, hidrocarburos, hidroenergéticos y comunicaciones, que son los más rentables. Solamente con estas medidas anualmente tendríamos un presupuesto equivalente a 42 gobiernos regionales, que el Perú está dejando de cobrar anualmente. Con ello demostramos matemáticamente que es posible triplicar toda la inversión en educación pública, acercándonos al 10% del PBI. Ahora, ¿Es posible esta utopía? Sí lo es, Bolivia cobra 82% de utilidades a favor del Estado, las trasnacionales 18% y con todo ello no se han ido y el negocio sigue siendo rentable. Por todo esto no hallo una lucha del SUTEP que deba estar ajeno al reclamo de una nueva Constitución, mediante Asamblea Constituyente. Nuestro Partido apoya indudable e incondicionalmente esta medida magisterial, plegándose a su lucha política y haciendo votos por la unidad sindical clasista.
