Vladimir Cerrón
Alberto Fujimori dio inicio la política neoliberal en el Perú. El neoliberalismo se sustenta en una trípode dada por el individualismo, el carácter mercantil de toda actividad humana y la privatización de las empresas del Estado. Es a ésta última a la que nos vamos a referir. Se hizo una lista negra de 228 empresas, propiedad de todos los peruanos, suya y mía, que se privatizaron y entregaron a los nuevos dueños, que en muchas ocasiones eran gente del propio entorno presidencial, es decir, un negocio de grupo, bajo modalidades de concesión fundamentalmente, lo que en la práctica no era otra cosa más que una expropiación al pueblo. Por ello llama la atención cuando los neoliberales derechistas, atacan a la izquierda mencionando que los socialistas vamos a expropiar las propiedades del pueblo, cuando en realidad ellos ya la han expropiado y vivimos en un país donde más del 99% de los peruanos no somos dueños de nada y que menos de un 1% es el dueño de todo. Iniciado el proceso de privatización de las empresas nacionales y regionales, tras el balance del tiempo y los resultados, concluimos que la principal víctima fue la clase trabajadora asentada en el sector público. Se privatizaron tres órdenes de empresas estatales: estratégicas (petróleo, energía, etc.); servicios público (electricidad, agua, comunicaciones, etc.); y servicios básicos (salud, educación, seguridad social, pensiones). El balance que pretendemos se orienta a identificar los logros tras los ofrecimientos. Esto además implica analizar en qué se usaron o dónde se destinaron los fondos públicos, que asciende a 9500 millones USD, obtenidos tras la venta de nuestras empresas. Bajo el pretexto que la privatización se estaba dando para atender las necesidades básicas del pueblo y lograr la pacificación, se creó o fortaleció a los parásitos que ya existían, es decir, a la clase social nacional y extranjera que siempre vivieron de la corrupción tras el robo al Estado peruano. Cabe mencionar que los que capitanearon la privatización en el Perú, eran funcionarios muy bien remunerados por el Banco Mundial, entidad que inició el proceso de privatización en el Perú mediante la COPRI (Comisión de Privatización), atendiendo a directivas del Consenso de Washington. A este proceso muchos anencefálicos defensores del fujimorismo le llaman «reinserción» al sistema financiero internacional. Uno de los objetivos con que se concibe la privatización, entre otras, es el incremento de la participación de los trabajadores. Lógicamente se trataba lo que se dice en el argot político «dorar la píldora», porque en la práctica se hizo lo diametralmente opuesto, una reducción brutal de la masa trabajadora. Para el año 1999, según el BCR, de 139 mil trabajadores de todo el sector de las entidades públicas que existían en 1990, pasó a tan solo 18 mil 600 trabajadores, es decir, dejaron de trabajar en el sector estatal 120 mil 400 trabajadores cesados por la fuerza. De los cesados, 43 mil de ellos pasaron al sector privado por su alta profesionalización. Sumando entre los que se quedaron en el sector público y los absorbidos al sector privado, podemos inferir que solamente 61 mil 600 trabajadores lograron mantener su empleo. Esto demuestra que el sector privado fue incapaz de mantener el número de trabajadores o de crear nuevos puestos de trabajo, como estaban las bases que justificaban la venta de nuestras empresas. Es decir, el sistema neoliberal no era garantía de bienestar social en ninguna medida. Los funcionarios del Banco Mundial antes de poner en venta la empresa nacional, procedían antes a «sanear» la carga laboral, ¿en qué consistía esto?, en despedir la mayor cantidad de trabajadores del Estado antes de entregar a las empresas. Así se afianzaron los términos de «renuncia voluntaria», «cese colectivo», «racionalización», «despido con incentivos», «reducción de personal», etc. Se pasó a los nuevos términos de trabajador por «capital humano», de paciente por «usuario», de colegio nacional por «institución educativa», etc. Pero toda esta conspiración contra el trabajador debió sustentarse en un marco jurídico, así se emite en 1992 el Decreto Ley 26120, modificando la Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del estado (D.L. 674). Dentro de las medidas contempladas se encuentra la nacionalización del personal «con o sin incentivos», hasta ahora vigente. Los que no aceptaban el «cese voluntario», eran incluidos en un programa de reducción de personal obligatorio sin incentivos. Con este proceder el gobierno fujimorista violó el derecho de legalidad y varios derechos constitucionales fundamentales de los trabajadores. Tras este abuso el Estado tuvo que afrontar un total de 70 mil denuncias. En conclusión la privatización no generó más empleos en las propias empresas privadas, provocó despidos pre y post privatización, contribuyó a anular los derechos laborales, violando el debido proceso. La reducción del personal trajo consecuentemente el debilitamiento de la organización sindical, persecución y asesinato de sus dirigentes y la desaparición de los convenios colectivos firmados entre trabajadores y empresarios. ¿Qué hacer? Transmitir este resultado nefasto tras el balance de la privatización para que la clase trabajadora sea consciente de su rol protagónico en la necesidad de revertir esta triste realidad. El rol protagónico consiste en organizarse tras un partido de los trabajadores, sensibilizar a sus miembros en las escuelas sindicales, identificar líderes y plantear un programa orientado al bienestar del obrero, su familia y su patria.
(*) Análisis del libro Balance de la Inversión Privada y Privatización de la Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros cometidos entre 1990-2001 de Javier Diez Canseco Cisneros.
