Médico Cirujano, Especialista en Neurocirugía, Magíster en Neurociencias, Doctor en Medicina, Expresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales - ANGR, Gobernador Regional de Junín, Secretario General Nacional del Partido Político Nacional Perú Libre.
Existen dos formas de intervenir un
gobierno regional que no sea del agrado del gobierno nacional: la intervención
directa con el desafuero de su gobernador o la indiferencia con abandono total.
Arequipa y Junín son los clásicos ejemplos, respectivamente.
En Arequipa, el gobierno nacional
con su coro de periodistas orgánicos, pretende culpar al gobernador Cáceres
Llica de la desgracia pandémica en su región. Es sabido que el gobernador tiene
una inclinación ideológica de izquierda, fue opositor al proyecto minero Tía
María y tiene aspiraciones a niveles de gobierno nacional. Quizás lo único
reprochable aquí sea dedicarse a lo último en tiempos de pandemia.
El mismo maltrato no se les dio a
los gobernadores regionales de Lambayeque, Loreto y Ucayali, cuando la gente se
moría a granel; o algo más céntrico al gobernador de Lima Provincias o al
alcalde de Lima Metropolitana que tiene rango de gobernador regional, donde la
gente se sigue muriendo en promedio con 400 casos diarios según el SINADEF. Por
supuesto, estos señores son de derecha liberal y no representan amenaza para el
sistema.
La catarata de muertes en
Arequipa es una muestra de la expresión capitalista en el Perú; país que, con
cerca de 200 años de vida republicana, incluyendo presidentes arequipeños, siempre
gobernado por la derecha y con la explotación de los yacimientos mineros top en
el país por la Sociedad Minera Cerro Verde,
Compañía de Minas Buenaventura y Compañía Minera Ares, nunca trajeron
mejoría para el pueblo. Si la Ciudad Blanca es considerada la segunda
productora en dos siglos de explotación de oro, cobre y plata, y no tienen
hospitales a la altura de las circunstancias, saque usted sus conclusiones ¿quién
se roba el dinero del país?
Pretender intervenir Arequipa por
parte del Ejecutivo nacional para tomar el control sanitario y desaforar a su
gobernador, sería un grave y peligroso error, no pueden ni con Lima en sus
narices, epicentro de la pandemia, y pretenden intervenir una región para
utilizarla como cortina de humo y cubrir su incapacidad.
La otra región en el ojo de la
tormenta es Junín, a quien no solo desaforaron arbitrariamente de su gobernador
de izquierda, sino que ahora la tratan con la mayor indiferencia frente a la
ola de muertes que atraviesa.
PECULIARIDADES DE LA REVOLUCIÓN SANDINISTA EN SU XLI ANIVERSARIO – 19 de Julio 2020 –
Vladimir Cerrón
Aquí describimos que el proceso de liberación nacional de Nicaragua realmente comprende uno solo, desde la resistencia de ocupación por Augusto César Calderón Sandino, continuada en octubre de 1958 por Ramón Raudales iniciando acciones guerrilleras, seguida por Carlos Fonseca y concluída en la toma del poder con Daniel Ortega. Lucharon contra una dinastía dictatorial de tres generaciones. Tres somozas fueron presidentes de Nicaragua, gobernando intercaladamente con gobernantes títeres, desde 1934 hasta el 17 de julio de 1979.
Los Somoza realmente gobernaron 45 años. Anastasio Somoza García, presidente (1937-1947 y 1950-1956); Luis Somoza Debayle, presidente (1956-1963); y Anastasio Somoza Debayle, presidente (1967-1972 y 1974-1979).
Para consolidar el poder tuvieron que poner como jefes de la policía, el ejército y la embajada nicaraguense en norteamérica a familiares directos. Se refiere que los Somoza eran dueños del 50% de las tierras fértiles del país y la oligarquía que los sostenía del 30%. Es decir, el 80% estaba en las manos del poder político militar.
El régimen fue derrocado por los guerrilleros, precedido en agosto de 1978 por la toma del Palacio Nacional por una columna del FSLN comandada por Edén Pastora. La negociación logró liberar presos políticos. La revolución fue interrumpida en las elecciones del 25 de febrero de 1990 en las que el FSLN obtuvo el 40,82% frente al 54,74% que consiguió la UNO, encabezada por Violeta Barrios de Chamorro.
El costo humano de la guerra civil fue de 65 mil muertos, 35 mil en lucha contra Somoza y 30 mil durante el periodo de gobierno del FSLN por conflicto con la Contra. El año 2006, el FSLN, vuelve a ganar las elecciones de la mano de Daniel Ortega, tras 15 años. La revolución tuvo una oposición política y militar de los EEUU, enfrentando la CONTRA que hundió al país en una guerra civil. El gobierno proclamó el Estado de Excepción para hacerles frente, se suprimieron derechos civiles, limitó la libertad de expresión y se impuso el servicio militar obligatorio.
En 1981, Ronald Reagan impuso un bloqueo económico y gestionó para que Arabia Saudita financie con 300 millones USD a la CONTRA. Nicaragua busca apoyo en la URSS y Cuba, con lo cual se alínea al bloque comunista. LA OEA direccionaba para que EEUU destaque tropas en Nicaragua, pero es rechazado por los países latinoamericanos. Se instala la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y se acuerdan elecciones en 1990.
La revolución sandinista respetó la propiedad privada e instauró una economía mixta con predominio del sector público, solo se nacionalizó las propiedades de la familia Somoza y la oligarquía. La revolución halló analfabetismo del 50% y en 2 años lo redujo a 13% mediante una campaña de alfabetización. La deficiente salud pública fue seguida de un plan de infraestructuras sanitarias y sociales, campañas de vacunación.
Se resolvió la falta de vivienda en miles de familias sin hogar. Enfrentó la emigración de profesionales al exterior, escasez de alimentos y combustible, instauró la reforma agraria y repartió las tierras en un país agrícola y de latifundios. La religión católica – Teología de la Liberación – aplica por primera vez sus postulados , esto constituye un rasgo propio de la revolución sandinista.
La iglesia fijó objetivo en la salvación material de los pobres sobre la salvación espiritual, es decir, paraíso en la tierra, no en el cielo. Fue la única revolución religiosa que tuvo lugar en Latinoamérica. Somoza torturó y encarceló a varios de ellos.
El 13 de diciembre del año 2013 a las 13 horas, se tomó la Plaza de Armas de Lima, frente a Palacio de Gobierno, en protesta para lograr descentralizar el presupuesto para la construcción del Colegio Nacional Santa Isabel, Alma Mater de Huancayo, que se hallaba derribado hace dos años sin empezarse la edificación. El plan inicial fue ingresar al patio de Palacio, hecho que fue advertido y reprimido por la Policía Nacional del Perú. Fueron detenidos, el gobernador regional, Dr. Vladimir Cerrón Rojas; el director del colegio, Prof. Ciro Ramón Guerra; un padre de familia y un estudiante. Luego fuimos liberados por la acción decidida del congresista Jorge Rimarachín Cabrera. El 16 de diciembre de ese mismo año se realizó la transferencia de los fondos al Gobierno Regional Junín, pese a la oposición política de los congresistas, con lo que se comenzó a construir el moderno edificio isabelino que hoy alberga a miles de estudiantes del sector popular. La culminación estuvo a cargo de la gestión entrante con sus cuestionamientos económicos.
Alianza faliida. Santos, a la izquierda, sumaría cuarenta años de prisión, algo excesivo aun con la rebaja a 35. Cerrón y Mendoza no pudieron juntarse.
El sorprendente caso de un radical de la izquierda, el exgobernador de Junín Vladimir Cerrón. Condenados sin pruebas por dos instancias. La justicia de las encuestas y el nuevo poder de jueces y fiscales.
Ricardo Uceda
14 Jul 2020 | 1:56 h
Ahora que el país camina a paso ligero hacia la judicialización de la política, es oportuno referirse al caso del médico Vladimir Cerrón, considerado indefendible por un amplio sector. En 2019 sus antecedentes impidieron que dos corrientes de la izquierda confluyeran en las elecciones parlamentarias. Parte de los motivos fueron expresiones de intolerancia hacia la ciudadanía LGTBI. En una ocasión, en RPP:
Patricia del Río: ¿Qué pasaría si usted encuentra a dos personas del mismo sexo besándose en la plaza de Armas de Junín?
Vladimir Cerrón: Yo creo que deberían tener cierto espacio de situarse, ¿no? ¿Qué pasaría si un niño ve ese acto? El niño es un ser que todo lo aspira en conocimientos, en forma. Podría ver que se trata de una manera ordinaria en la sociedad. Todo lleva un proceso de cambio contra la fuerza de la tradición.
Del Río: ¿Qué se besen en privado?
Cerrón: Por supuesto, podría ser, ¿no?
Los sentenciados
Pero objeciones morales no constituyen impedimento legal para ser un candidato. En ese caso tendría problemas hasta el líder del Partido Morado, Julio Guzmán. La sentencia en contra por un delito doloso, que era el otro motivo por el que los amigos políticos de Cerrón tomaron distancia con él, sí será una barrera cuando, como es previsible, la establezca una próxima modificación constitucional. El exgobernador de Junín y fundador del movimiento Perú Libre tiene una condena por negociación incompatible. El delito ocurre cuando un funcionario público se interesa indebidamente y en su provecho, en un contrato. Para ser castigado debe probarse un daño inminente para la administración estatal.
En esta página hemos venido mostrado decisiones irrazonables en el Poder Judicial referidas a políticos afectados de impopularidad. Algunas sobre medidas cautelares en fase investigativa –Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski– y otras por falta de prueba en la sentencia, como en el caso de Walter Aduviri. El de Cerrón es otro ejemplo de esto último.
No había faltas
Le imputaron incorrectamente un pago de 850 mil soles a una empresa que en el 2011 amplió el sistema de agua potable y alcantarillado en La Oroya. Por contingencias climáticas, las obras tuvieron mayores gastos por ampliación de plazos, que el contratista reclamó le fueran reconocidos. Como hubo diferencias, la empresa solicitó un arbitraje y finalmente hubo una conciliación extrajudicial, durante la administración del gobernador Vladimiro Huaroc. Cerrón, el sucesor, no hizo más que ejecutarla, basado en los informes técnicos de sus gerentes. De lo contrario habría incumplido su obligación como autoridad, produciendo daño a la economía regional.
La Contraloría produjo un primer informe que halló irregularidades. De este documento partió el Ministerio Público para investigar a diversos funcionarios. A Cerrón lo imputó por haber firmado, el 15 de diciembre del 2011, una carta solicitando la transferencia. Sin embargo, la Contraloría, en un segundo y definitivo informe, halló pertinente el pago y correcta la actuación de los gerentes que participaron en la operación.
En las cortes
Cerrón fue condenado por un juzgado y por una Sala Superior Anticorrupción de Junín. Lo sorprendente es que no había pruebas, salvo que era la máxima autoridad. Cerrón no participó en ningún trato. Cuando la primera sentencia fue revisada, el ponente y presidente del tribunal de apelaciones, Carlos Carvo, dijo que era una violación flagrante del principio de culpabilidad, según el cual debestar acreditada la responsabilidad de un hecho. Quedó en minoría. Los restantes dos vocales le impusieron a Cerrón cuatro años de prisión suspendida.
¿Qué puede explicar una actuación así de la justicia de Junín? Una hipótesis es la presión socialmediática para castigar a autoridades corruptas. Actualmente la Corte Suprema analiza si admite un recurso de casación presentado por el sentenciado. Una casación del preso Aduviri, en su caso sentenciado por el Poder Judicial de Puno, ya fue admitida por el máximo tribunal y está pendiente de decisión. Al margen de los resultados, en las elecciones del 2021 los movimientos de Aduviri y Cerrón serán relevantes desde el sur peruano.
Peor que matar
A nivel de opinión pública, incluyendo a los medios, existe la creencia generalizada de que Vladimir Cerrón es corrupto porque se desconocen los detalles descritos, que no hemos relacionado con sus ideas –el exgobernador se ha solidarizado con Nicolás Maduro– ni sus expresiones. Es un caso distinto al de Gregorio Santos, que tiene pruebas concretas de soborno y por ello fue condenado a 19 años de prisión. El exgobernador izquierdista de Cajamarca está siendo investigado por un segundo acto colusorio. Otra sentencia en contra suya podría tener la dimensión de la primera. Cumpliría 35 años, el tope existente por ley.
No hay que ser jurista para comprobar que el fervor anticorrupción que marea al gobierno, la prensa y los legisladores ha llevado a que se pierdan las proporciones razonables del castigo. Los delitos establecidos en el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, para autores de crímenes de lesa humanidad, que incluyen exterminio de un grupo social por motivos de raza, religión o política, entre otras atrocidades, tienen un máximo de 30 años de cárcel. Hay cadena perpetua para jefes, que puede ser revisada a los 25 años.
Pasados de vueltas
Aquí se nos pasó la mano y ningún dirigente lo advierte, sobre todo los juristas anticorrupción, que nadan con la corriente. La justicia de encuestas consolidará un nuevo poder: el de los jueces y fiscales de primera instancia, futuros dueños del escrutinio de la política. Ellos decidirán quién puede ser candidato. El clima imperante no permite ver que hay una afectación del derecho de elegir y ser elegido, mientras alguien sea inocente, derecho que en algún momento restablecerá la justicia supranacional.
Vladimir Cerrón no oculta su admiración por los representantes de la revolución cubana, pero tampoco por otros personajes latinoamericanos.
«Yo sí admiro a Hugo Chávez, admiro a Correa, admiro a Fidel, admiro a Evo Morales, porque es gente que ha tenido el valor de sacar a su pueblo del yugo que ha estado explotando a su pueblo en beneficio de su pueblo en detrimento de las mayorías», dice
Vladimir Roy Cerrón Rojas es líder del partido político «Perú Libertario» con el postula a la presidencia del Perú. El representante del partido del lápiz tiene 45 años está casado y es médico neurocirujano.
Apoyó por corto tiempo al nacionalismo, pero finalmente decidió alejarse al ver que nada de lo prometido se cumplía. Cerrón asegura que quiere diferenciarse de otras izquierdas.
«Nosotros representamos una izquierda provinciana y no la izquierda capitalina, nosotros no recibimos financiamientos de ONG», dice.
Cerrón propone crear un solo sistema de salud, un programa odontológico para los colegios. La educación la declarará en emergencia y en el plano económico renegociará el reparto de las ganancias con las empresas que explotan los recursos naturales.
«Si en caso ellos no aceptaran nosotros estamos planteando que el Estado deba nacionalizar el yacimiento en cuestión», advierte.
PERÚ LIBRE es una herramienta del Perú Profundo creada para su desarrollo, que incluye las aspiraciones del provinciano al interior del país, así como de Lima que constituyen el 70%. Ningún partido contempla en su plan de gobierno un compromiso serio con la descentralización, excepto Perú Libre, por el contrario, tienen compromisos con la neocolonización del país.
