PERÚ LIBRE NO DARÁ VOTO DE CONFIANZA AL GABINETE, ANUNCIA EXPULSIONES Y RECOMPOSICIÓN DE SU BANCADA
La Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Político Nacional Perú Libre, realizada el 13 de octubre, pone en conocimiento al pueblo peruano lo siguiente:
PRIMERO. – Existe un inocultable giro político del gobierno y su gabinete hacia el centro derechismo, donde incrementaron los representantes caviares, quienes usufructúan del financiamiento exterior, de las patronales empresariales y del propio Estado. Esta composición la integran partidos sin inscripción, sostenidos por ONGs norteamericanas, quienes han cogobernado con los cuatro últimos gobiernos y ahora con el actual.
SEGUNDO. – Las designaciones de las ministras militantes Dina Boluarte Zegarra y Betssy Chávez Chino, no nacen de una propuesta partidaria ni de bancada, sino de actos estrictamente individualistas, por lo que no nos representan. Asimismo, condenamos la filtración de información de los asuntos internos del Partido y atentados contra la unidad partidaria, siendo faltas muy graves según el estatuto, por lo que se dará inicio al proceso disciplinario respectivo.
TERCERO. – El Partido no sujetará su conducta política al condicionamiento de espacios laborales, porque le impediría tener amplitud crítica, ejecutar acciones políticas o aplicar un programa leal al pueblo, razón del por qué prescindimos de la asignación de prefecturas, subprefecturas o direcciones descentralizadas en estas condiciones, pese a que los militantes legítimamente lo merezcan.
CUARTO. – Los congresistas militantes natos del Partido deberán recomponer su bancada propia, pues los congresistas afines al magisterio, quienes llegaron con el Partido, tienen un proyecto de partido propio. Esto no implica una colisión política, sino un reordenamiento estratégico, para mantener las buenas relaciones en base a los valores de la sinceridad y el respeto mutuo.
QUINTO. – El Partido invoca a su bancada dar cumplimiento a las conclusiones de esta asamblea, anunciando que no emitirá el voto de confianza al gabinete caviar, no hacerlo implicaría una incoherencia principista.
PERÚ LIBRE VOTÓ DISCIPLINADAMENTE CONFORME AL ACUERDO DE SU ASAMBLEA NACIONAL Y RATIFICA SU IDENTIFICACIÓN AL LADO DEL PUEBLO
Perú Libre jamás pasó a la oposición porque sigue manteniéndose al lado del pueblo, luchando indesmayablemente por la Asamblea Constituyente, la renegociación de los contratos lesivos al Estado y la recuperación de la administración de nuestros recursos naturales.
El voto en contra de otorgar la confianza al Gabinete es conforme al acuerdo de nuestra Asamblea Nacional del 14 de octubre, expresando nuestro rechazo profundo a los partidos que, habiendo sido derrotados en las elecciones, están gobernando en Palacio de la mano con las ONG, siendo su modus vivendi en las últimas cinco administraciones presidenciales. Es de resaltar que la bancada demostró claridad en el debate.
Nuestra economía sigue al servicio de los ricos, de los amos del monopolio, de las multinacionales, que concertan precios, gozan de exclusividad en el mercado, se quedan con las mayores ganancias y no pagan sus millonarios impuestos, en detrimento del pueblo.
El ministro de Economía no tiene el mínimo interés de alejarse del sistema neoliberal, el BCR sigue en manos de quienes acentuaron nuestra dependencia extranjera, razón del por qué estos sectores no son blanco del ataque brutal de los medios de comunicación parcializados y de los órganos de justicia.
Reconocemos la existencia de dos posturas dentro de la bancada desde el inicio del gobierno, tenemos muchas coincidencias, pero también discrepancias, como en esta ocasión, lo que no implica que más adelante no sigamos tomando decisiones en bloque mayoritario o unánime. Esta contradicción es natural si atendemos a la categoría dialéctica de la unidad y lucha de contrarios.
Por nuestra parte le ratificamos al pueblo que aquí tiene una bancada firme, que no negocia su voto por presiones ni dádivas de otra naturaleza, que el pueblo puede confiar que cumpliremos lo prometido en campaña, no defraudaremos y menos traicionaremos la confianza popular depositada.
Asimismo, dejamos claro que estamos en contra de todo intento de vacancia presidencial, cierre del Congreso o golpe parlamentario, el pueblo eligió y debemos respetar su decisión, así como debemos respetar sus expectativas depositadas en el programa de gobierno que eligió.
El presidente boliviano, Luis Arce, se manifestó en contra de los sistemas de mercados de carbono, en los cuales se pueden comprar derechos para contaminar la atmósfera. Resaltó que aún trabaja en una propuesta que permita mantener estable la temperatura global del planeta, sin tener que recurrir a falsas soluciones «capitalistas».
El Gobierno de Bolivia participa de la conferencia sobre cambio climático (COP26) que se realiza en Glasgow, Escocia. Allí, el presidente, Luis Arce, se manifestó en contra de los mercados de carbono, el sistema de compraventa de derechos de emisión a la atmósfera de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Organizaciones sociales del Estado Plurinacional apoyarán esta propuesta en la Cumbre de los Pueblos, que se iniciará en esa ciudad europea el próximo 6 de noviembre.
«Sobre los mecanismos de mercado que han sido propuestos hasta ahora por los países desarrollados, existe asimetría de información, genera incertidumbre y no es un mecanismo inmediato», dijo Arce en conferencia de prensa.
Este tipo de mercado establece que un país puede comprar créditos de carbono a naciones con gran superficie boscosa. Así, las industrias pueden seguir contaminando, a cambio de que países del hemisferio sur eviten talar sus árboles, que capturan toneladas de dióxido de carbono.
Este sistema está contemplado en el artículo 6 del Acuerdo de París, firmado en 2015 por 195 gobiernos. Para Arce los mercados de carbono son inviables, porque representan una respuesta capitalista a un problema generado por el capitalismo.
Dijo que de esta manera «vamos a reproducir el sistema capitalista y no vamos a resolver los problemas de varios de nuestros países, donde justamente los mecanismos de mercado han sido un fracaso».
¿Qué son los mercados de carbono y por qué se oponen muchos países de América Latina? hace 7 horas»Nosotros hemos hecho conocer al presidente de la COP26 (Alok Sharma) nuestra inquietud de que si en esta reunión no se llega a algo absolutamente concreto y positivo, prácticamente se va a perder la credibilidad de los países desarrollados en la resolución de los problemas que aquejan a todo el mundo», agregó.
Arce también participó de un encuentro organizado por The Bezos Earth Fund, del director de Amazon, Jeff Bezos. Y no perdió la oportunidad de reunirse con la comunidad boliviana de Escocia, a quienes expresó su agradecimiento por haber apoyado la recuperación de la democracia en el país, tras el golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales
Los compromisos nacionales
Las contribuciones determinadas a nivel nacional —NDC, por su sigla en inglés— representan el compromiso de cada país para reducir sus emisiones de GEI. Aunque Bolivia tiene su documento de NDC casi listo, aún no lo presentó ante la COP.
Arce adelantó que «en materia de cambio climático, Bolivia está desarrollando un plan nacional que incluye el cambio de la matriz energética, para coadyuvar a reducir la emisión de carbono».
Advirtió que su país es «uno de los pocos que emite una mínima cantidad de carbono a la atmósfera. Así que no tenemos mucha responsabilidad, pero estamos asumiendo el rol que nos ocupa».
La Tierra tiene una temperatura promedio de 15º C. Los acuerdos que se intentan afianzar en Escocia apuntan a que en las próximas décadas el planeta no sobrepase 1,5º C de incremento.
Una variación tan mínima que lleve a la superficie terrestre a tener más de 16,5º C en promedio sería catastrófico para la vida en el planeta.
Trabajo junto con organizaciones sociales
Antes de viajar a la COP26, autoridades del Gobierno boliviano y representantes de organizaciones sociales se reunieron en la ciudad de La Paz para elaborar en conjunto la propuesta que traerían a Escocia.
Marcos Nordgren, de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, participó de ese encuentro. Su organización también tendrá una delegación en Escocia.
Dijo a Sputnik que en el Gobierno de Arce «hay más claridad en los objetivos. En el tema de energía hay un avance más importante, porque en la Cumbre de los Pueblos [en La Paz] se dijo que ya no se incluirían las grandes megarrepresas en los planes energéticos del país hasta 2030».
Durante los gobiernos de Morales, hubo conflictos con comunidades indígenas y campesinas que iban a resultar afectadas por la construcción de represas en El Bala, en el departamento amazónico de Beni; y también en Rositas, departamento de Santa Cruz (este). Pero nunca se concretaron.
Para Nordgren, dejar de pensar en represas «es una medida adecuada, tomando en cuenta que no solamente causan daños a las poblaciones indígenas inmediatas: también son grandes contribuidores de GEI, especialmente metano. Son avances interesantes».
Resaltó que aún falta mucho por mejorar, pero «estas señales demuestran que la actual autoridad nacional tiene una decisión más seria respecto al tema del cambio climático. Sin embargo los NDC no han sido presentados oficialmente. Esto que digo es sobre algunos avances presentados preliminarmente».
La Plataforma está integrada por 44 organizaciones de la sociedad civil de todo el país. Una de ellas es la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), que estará representada en Glasgow por su presidenta, Wilma Mendoza.
También estará Juan Carlos Alarcón, técnico de la Plataforma, quien «está haciendo esfuerzos para servir de puente entre la delegación oficial de Bolivia y la red internacional que integramos, Climate Action Network», dijo Nordgren.
Evaluó que la posición de Bolivia «es una de las más progresistas, buscando opciones de financiamiento desvinculadas de mercados de carbono».
Consideró que en ese aspecto Arce «podría necesitar el apoyo de redes de la sociedad civil. Climate Action Network es una red con muchos años de experiencia y trabajo en este tema».
Nordgren destacó que una alianza de este tipo podría «fortalecer» la posición del Gobierno de Arce. Y resaltó que tienen de su lado «la fuerza de la razón».
¿Cómo un sindicalista de provincia llegó a la Presidencia de Perú? En un país que quedó fuera del «giro a la izquierda» regional de los años 2000 y de los levantamientos indígenas de otros países de la región, y que hizo de la continuidad del modelo económico un dogma de fe para cualquier candidato que buscara llegar a la jefatura de Estado, las elecciones del 6 de junio pasado provocaron un terremoto político. Habrá que ver si es el anuncio de una reconciliación del país consigo mismo o el anticipo de nuevas crisis políticas.
Por Zaraí Toledo Orozco*
Nueva Sociedad, 25 de octubre, 2021.- Un sindicalista de Chota, una de las provincias más pobres del Perú, le ganó la Presidencia a la tres veces candidata, ex-congresista y heredera del partido más rico e importante de derecha. Tras el colapso sanitario y una larga crisis política que dejó tres presidentes en cuatro años, Perú ha quedado dividido en dos partes casi iguales. Una, que votó por Keiko Fujimori, predominantemente limeña, urbana y costeña, quedó en pánico luego de oír por meses que el comunismo le va a quitar todo. La otra, compuesta por votantes de bajos recursos de zonas rurales, andinas y amazónicas, eligió que Perú inicie el bicentenario de su independencia liderado por Pedro Castillo, un presidente de izquierda, maestro, rondero (1), cercano al evangelismo (2) y completamente ajeno a la política limeña, de quien mucho se dice, pero casi nada se sabe.
Ninguno de los candidatos representaba el sentir de las mayorías. Ambos pasaron a segunda vuelta con votaciones menores a 20%, solamente explicables a partir del alto grado de fragmentación política. De un lado estaba Fujimori, la lideresa que promovió dos intentos de vacancia presidencial tras perder las elecciones pasadas y quien, como en anteriores ocasiones, tuvo como única consigna evitar que se tocaran las políticas neoliberales que implementara su padre, el ex-presidente hoy encarcelado Alberto Fujimori. Del otro estaba Castillo, un candidato improvisado e inconsistente, que se postuló por el partido Perú Libre, cuyo líder, el polémico Vladimir Cerrón, redactó un programa político autodefinido, sin ahorrarse adscripciones, como antiimperialista, mariateguista, socialista y marxista-leninista. Al fiel estilo de la izquierda sudamericana de los 2000, las únicas propuestas concretas de Castillo fueron el cambio constitucional y la expansión en el acceso a servicios públicos. Pese a los serios temores que provocaban ambas candidaturas, luego de la primera vuelta comenzó una pomposa pero incoherente campaña en la que Fujimori hija se autoproclamó como la única representante de la estabilidad, la democracia y hasta del capitalismo.
Varios politólogos han dicho que esta elección pone un fin al consenso alrededor del modelo económico peruano
Varios politólogos han dicho que esta elección pone un fin al consenso alrededor del modelo económico peruano. Dicen que buena parte de los electores puso en duda las políticas de libre empresa implementadas desde la década de 1990. Algunos hablan de un voto de protesta. Dicen que los peruanos, molestos por la ineficiencia estatal expuesta en la pandemia, buscan cambios radicales. Otro grupo dice que los «excluidos», carentes de representación política, han volcado su malestar hacia la opción más antiestablishment. La crisis no solo es política sino también, y sobre todo, dicen, institucional.
Todo esto es real y, sin embargo, nada de ello es nuevo en la política peruana. Las preocupaciones formales de los analistas habituales no alcanzan para explicar la amplia alianza entre los líderes de derecha y centro, el sesgo mediático, las campañas publicitarias del miedo financiadas por empresarios en las provincias e incluso la militancia de presentadores e influencers limeños. En más de 20 años de democracia, el mayor consenso al que llegaron las elites urbanas en Perú es que nada debe cambiar. Ni en relación con el manejo y el rol estatal, ni con la forma de generar riqueza y redistribuirla ni, sobre todo, con quienes pueden tener acceso al poder. Junto con el pánico ciudadano a un cambio radical de modelo político o económico, esta elección develó el miedo de una clase política a que «el otro» pueda tambiénquerer comer del pastel.
Los dos Perú
Desde hace 20 años, al país se lo puede leer de dos formas. En Perú hay alternancia en el poder. ¡Es el milagro peruano! Es una de las economías que más creció, con estabilidad financiera y gran capacidad para atraer inversiones extranjeras. Es un país donde el empleo urbano aumentó y la pobreza descendió consistentemente. Al mismo tiempo, Perú es un país donde la desigualdad va en aumento, con una mayoría que trabaja en el sector informal, o en el formal pero sin derechos laborales, con servicios básicos precarios o inexistentes en varias regiones y tremendamente racista contra su población andina y amazónica.
A Perú no se lo lee por filiación partidaria sino por ubicación geográfica
A Perú no se lo lee por filiación partidaria sino por ubicación geográfica. Mientras más lejos se esté del «milagro peruano», menos se cree que este sea real. Consistentemente, las zonas rurales más pobres, indígenas o campesinas, que para su supervivencia dependen más de la autoorganización que del Estado, votan en las elecciones presidenciales por opciones políticas que prometan más Estado, oportunidades y reivindicaciones socioculturales. Por su parte, las zonas costeñas, desérticas y urbanas tienden a votar por opciones más de derecha, casi siempre de la mano de los distritos más ricos de Lima. A estos dos grupos solamente los une el conservadurismo social. En el medio, una clase media frágil, sin preferencias muy definidas, juventudes apolíticas y microempresarios que, abandonados a su suerte por el Estado, se han echado a los hombros la economía local. Resignado a pagar a empresas privadas por servicios básicos de calidad mediocre, este último grupo vive aterrorizado de que una crisis política lo haga perder todo lo que a duras penas ha logrado.
La división no es casual. La clase política capitalina supo aprovechar muy bien el crecimiento macroeconómico proveniente principalmente de los altos precios de los minerales para asentar un discurso de statu quo. En Perú no hubo un giro a la izquierda como en la mayoría de los países vecinos. Tampoco reformas de peso para la mejora de servicios, como en Uruguay y Costa Rica. Mucho menos se vio el ascenso de movimientos sociales indígenas, estudiantiles o de trabajadores como en Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina. En Perú, los políticos han dicho que para estar mejor no hay que hacer nada. La representación, las reformas y el cambio son accesorios, cuando se sabe que la inercia es rentable. Incluso los partidos con mayores recursos de derecha parecen haber perdido la ambición de hacer política de verdad. En materia ideológica y de política pública, nada distingue a un político de Acción Popular de uno de Alianza por el Progreso o Fuerza Popular. Unidos por un pacto tácito de mutua protección, a nuestros políticos les es fácil cambiar de causas y rotar entre partidos, utilizando como único recurso de diferenciación la anécdota, el impasse y una que otra denuncia en Fiscalía.
No es que la ciudadanía no esté viva. Perú es el país con el mayor número de conflictos socioambientales de la región (3) y también tiene un elevado porcentaje de autoridades subnacionales revocadas por corrupción (4). No obstante, sin políticos con ambiciones de representación y con una estructura mediática centralista, es difícil que un peruano de las zonas urbanas o costeñas sepa qué reclaman sus compatriotas del sur o el oriente, y menos que se armen coaliciones nacionales. No se enteran de los largos viajes de las autoridades municipales rurales a los ministerios en Lima para conseguir más maestros para sus escuelas o simplemente acceso al agua. Tampoco saben de los reclamos ciudadanos por obras sobrevaloradas o malversación de presupuestos. Un peruano de las zonas urbanas no sabe nada hasta que la televisión le muestra un paro regional, una carretera bloqueada o un grupo de «radicales» dibujados como amenazas a la estabilidad nacional. Perú ha crecido en reservas económicas y capacidad de gasto, pero adolece de empatía. Sigue sin poder cuestionarse la raíz de sus problemas porque lo han asustado diciéndole que lo que ese «otro peruano» quiere es arrebatarle todo lo que él ha logrado.
La prensa, ¿espejo del país?
Con un país escindido, las elecciones se convierten en el único momento en que todos valen igual; pero ¿se puede ser ejercer la democracia en un país que no se conoce a sí mismo? El imaginario de nación del que hablaba Benedict Anderson está principalmente representado por lo que los ciudadanos de hoy alcanzamos a ver en los medios de comunicación masivos. El problema es que en Perú la prensa ha elegido ser un jugador, más que un narrador de la realidad. Desde la primera vuelta del 11 de abril pasado, los medios hicieron una cobertura tendenciosa de las preferencias electorales, siempre dando más luz a las nueve versiones de la derecha que participaron de la contienda. De un total de 603 entrevistas en campaña, Alberto Beingolea, del Partido Popular Cristiano (conservador), que hace ya décadas no tiene nada de «popular», fue entrevistado 121 veces, mientras que Pedro Castillo solamente 17 (5). El primero no llegó a 2% de los votos y el segundo ocupa hoy la silla de Pizarro.
¿se puede ser ejercer la democracia en un país que no se conoce a sí mismo?
Todo fue cuesta abajo durante el balotaje. Si ya era una campaña rica en miedos y pobre en propuestas, los medios la empobrecieron todavía más intercambiando la investigación por el proselitismo. Durante semanas, hubo numerosas tapas en los diarios nacionales contra Castillo y ninguna contra su contrincante (6). En las provincias, las noticias anunciaban la llegada de una suerte de mezcla entre comunismo y madurismo encarnada en cholos que, envalentonados, se apresuraban a invadir las casas de la «gente de bien». En televisión, constantemente se desafiaban las leyes de medios que norman neutralidad e imparcialidad. Los conductores de los programas juveniles más vistos aireaban la bandera nacional y repetían los lemas de campaña de Fujimori meneando sus rubios y musculosos cuerpos, al tiempo que sostenían las botellas de jugo que les tocaba promocionar en el siguiente bloque.
Casi todos los medios de prensa emitieron comunicados explicando que los dueños tenían derecho a establecer una línea editorial. En retrospectiva, los mensajes parecían amenazas. Luego de que tanto las encuestadoras como el conteo de la autoridad nacional indicaran que Castillo había ganado, los medios iniciaron una campaña de negación y desinformación. El ya viejo deporte del terruqueo –acusaciones de terrorismo para descalificar a los adversarios políticos– fue pan de cada día contra quienes reconocían los resultados electorales. Todos los reflectores iban hacia los ex-militares, líderes de ultraderecha y hasta hispanistas que repetían a coro que, de ganar Castillo, se alzarían en armas para «defender la democracia y la paz». A varios políticos les era más fácil argumentar en televisión que la Organización de Estados Americanos (OEA) y Joe Biden habían sido cómplices y compinches de un supuesto fraude que reconocer que el candidato chotano había vencido en las urnas. Incluso los periodistas que cuestionaron esta versión tuvieron que abandonar sus puestos (7).
Así se pospuso la definición de los resultados del conteo final y, mucho peor aún, se arrojó sombra sobre el ideal de que el poder en América Latina se gana únicamente mediante los votos. Si ya las posibilidades de gobernabilidad de los presidentes peruanos estaban socavadas por el uso de las vacancias presidenciales como amenaza cotidiana, la deslegitimación de los resultados electorales abre una segunda caja de Pandora en la región, por la cual los perdedores se ven habilitados por otros poderes para no aceptar su derrota.
Una clase política que ya no representa a nadie, de la mano de una parte de la elite limeña con aires coloniales que emplea los legítimos miedos de un país altamente incomunicado y dividido para decir una vez más que el otro, el que vota distinto, es el enemigo. La democracia, hasta que me convenga: esta parece ser la consigna en el Perú del bicentenario.
La democracia, hasta que me convenga: esta parece ser la consigna en el Perú del bicentenario.
La izquierda
Y aun así, Castillo asumió como presidente. No solamente les ganó a los partidos clones de derecha, sino también al modelo de izquierda implantado desde los 2000. Una izquierda que, urgida por reconstruirse y apartarse de un pasado ligado a los grupos terroristas, volvió a la escena pública con la bandera del compromiso democrático y la inclusión, pero que, al acceder a los cargos de poder, no persiguió cambios profundos. La llamada izquierda «caviar», una izquierda limeña y altamente educada, hacía más esfuerzos para complacer a los sectores más pudientes que para ampliar su base social. Su líder más importante, Verónika Mendoza, probó elección tras elección agradar a la prensa y a la elite limeña moderando sus planteamientos. Olvidó el hecho de que para la mayoría de las regiones en Perú la continuidad significa exclusión. Mendoza terminó sin apoyo popular y sin sumar en las elites, que nunca habían considerado votarla. Ese vacío político fue ocupado por dos personajes de la sierra peruana: Castillo, un novato que encontró la oportunidad de participar en la política a través de la sigla de Perú Libre, el partido del acaso último hombre en el país que cree en la militancia, el médico educado en Cuba Vladimir Cerrón. Aunque su sueño siempre fue encabezar la batalla contra los sectores limeños, de derecha y progresistas desde una identidad «provinciana», Cerrón tuvo que ceder su puesto a Castillo ante la inhabilitación por una condena por corrupción en la región de Junín de la que fue gobernador. Perú Libre no aspiraba más que a conseguir algunas curules, pero en el país de los outsiders muchos vieron en el hombre del sombrero a uno como ellos, capaz de entender lo que es la pobreza y la exclusión. Ya en la segunda vuelta, muchos solamente notaron que no se apellidaba Fujimori. La prensa ha repetido hasta el cansancio que Castillo es títere de Cerrón, pero cada vez es más evidente que ellos persiguen objetivos distintos. A Castillo le interesa convertirse en un político. Cerrón, en cambio, busca desarrollar una estructura política que transforme el país.
Castillo y Cerrón irrumpen en la escena peruana para mover el péndulo de la discusión política del espectro de la derecha y el statu quo hacia el de la izquierda. Su sola presencia obliga a que todos los políticos salgan de sus zonas de confort y discutan qué clase de Estado, de democracia y de política económica quieren defender. Arrincona a los intelectuales, que hasta ahora vivían llorando la fragilidad de los partidos capitalinos, a que piensen cómo entender a las organizaciones políticas de las provincias. Sin hacer concesiones con los sectores más pudientes y sin pactar con los políticos tradicionales, Castillo y Cerrón han hecho además que las elites que antes terruqueaban a Verónika Mendoza hoy rueguen para que su equipo técnico participe del gobierno de Castillo. El cambio es tan brusco que casi uno se pregunta: ¿qué se discutía antes en la política peruana?
La remecida a la clase política limeña, sin embargo, no es suficiente para que Castillo y Cerrón puedan tomar conciencia de su rol y deber para con el país. Tampoco parece que tuvieran las herramientas necesarias para hacer un cambio justo. La izquierda paga el precio de su completa ausencia en la política. Sin renovación de cuerpos y sin militancia, no es capaz de pasar de lo deseable a lo posible. No hay aquí, como en Bolivia, un Luis Arce que pueda traducir los sueños revolucionarios en una política fiscal responsable y con prioridades claras. Los últimos líderes de izquierda en Perú fueron puestos contra la pared para no cumplir lo que prometieron o se resignaron a trabajar con tecnócratas sin espíritu político, dispuestos a trabajar con cualquier gobierno y, por ello, favorecieron que nada cambiara. Desde los años 2000, la vida política de la izquierda está sujeta a su promesa de no gobernar con políticas de izquierda. El problema es que, habiendo ganado por un margen mínimo y con el país polarizado, Castillo tiene que actuar rápido y de forma efectiva.
Desde que empezaron los enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la política se ha vuelto una competencia por ver quién logra llegar vivo al fin de su periodo, al costo que sea.
Al mismo tiempo, desde antes de que le impusieran la banda presidencial, Castillo tiene una guillotina con su nombre estampado. Los fantasmas de Pedro Pablo Kuczynski y de Martín Vizcarra que penan por los pasillos del Palacio de Gobierno le recuerdan al nuevo presidente que, sin mayorías, el Congreso no le va a dar tregua. Ambos ex-presidentes eligieron premieres y gabinetes conciliadores de centro y hasta cedieron ministerios a la derecha a cambio de su supervivencia. Ambos fueron destituidos. Con todos estos peligros, la nueva izquierda parece no definir su estrategia para asegurar gobernabilidad –no tiene claro si debe optar por la lealtad política o por la eficiencia–. El gabinete de dos cuerdas refleja muy bien cómo este dilema sigue sin resolverse. Por una parte, hay una facción compuesta por «fuerzas de choque», con figuras de izquierda radical como el premier Guido Bellido, apologista del grupo terrorista Sendero Luminoso; nostálgicos de la Revolución Cubana, como el ministro del Exterior Héctor Béjar (quien debió renunciar por declaraciones sobre el origen del terrorismo en el país); y partidarios de Perú Libre sin experiencia alguna en sus áreas, pero que ya empezaron a distribuir puestos. El otro grupo tiene técnicos y profesionales como el ministro de Economía Pedro Francke, el de Educación Juan Cadillo y las carteras de Agricultura, Mujer y Justicia, que tienen una doble tarea: generar mejoras inmediatas para calmar el pánico y salvar la imagen de los primeros. Aunque obsesionados por ser distintos, Castillo y Cerrón están por imitar a sus predecesores: buscan sobrevivir antes que realmente gobernar. Desde que empezaron los enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la política se ha vuelto una competencia por ver quién logra llegar vivo al fin de su periodo, al costo que sea.
El futuro
A Castillo se le pide que designe a personas menos radicales, con credenciales éticas y más preparadas. La solicitud, que más parece ultimátum porque llega con la amenaza de vacancia bajo la manga, viene de tremendo púlpito. Se lo reclaman los partidos y políticos que llevaron al Congreso a pastores evangélicos que llamaban a la lapidación de las mujeres lesbianas, a viceministros hoy presos por malversación de fondos y a jóvenes ministros con el único mérito de ser el mejor amigo del hijo del premier. No queda claro si lo que les molesta es la insolvencia profesional o el hecho de no haber sido invitados al festín.
Otros sectores más centristas le piden además al nuevo presidente que traicione a su partido y pase a un proceso de ollantización; es decir, que siga el camino del ex-presidente Ollanta Humala, que reniegue de todo lo que dijo que haría y deje las cosas como están. En estos momentos, sin embargo, cuando ya se activó una campaña de especulación y hay miedos reales sobre el futuro de la estabilidad económica, esta no es una opción. Un gobierno estático está condenado a padecer la pérdida de credibilidad y la fuga de capitales. Peor aún, mantener la inercia equivale a crear un caldo de cultivo para la emergencia de líderes más radicales.
Los peruanos sabemos que, ante la poca o nula representación de los partidos, en el país se ha creado un sistema de relación directa entre el Poder Ejecutivo y la ciudadanía, en el que esta última es quien ejerce contrapesos para apoyar a presidentes que percibe como reformistas. Castillo tiene el deber de enmendar sus objetivos políticos no para complacer a una clase política que va a petardear su gobierno sin importar sus decisiones, sino para ser consecuente con lo que los peruanos vienen reclamando y, por lo tanto, para convertirse en su representante. Esto es, ampliar la presencia del Estado en todo el país y construir una institucionalidad que otorgue mayor presencia a los intereses de los sectores hasta ahora excluidos. Por el contrario, trabajar con la misma gente acostumbrada a negocios turbios o antiderechos o caer ante el nepotismo le quitará la calle y lo dejará solo ante una oposición que ya saliva con la idea de que el caos en el país le devuelva sus cuotas de poder. Castillo no es Evo Morales ni Luiz Inácio Lula da Silva, no viene empoderado por los movimientos sociales ni respaldado por los trabajadores organizados. Mucho menos tiene la experiencia política que ambos poseían al momento de llegar al poder. Sin embargo, los orígenes y la piel de Castillo lo colocan en un lugar único para mostrarle a una sociedad en la que se diseñan edificios con ascensores aparte para que los cholos no compartan espacio con sus patrones que todavía podemos perseguir el sueño de ser iguales. En concreto, el presidente tiene un capital social que debería traducirse en la creación de puentes de comunicación con un sector marginado que le permitan al Estado escuchar demandas, prevenir conflictos e implementar soluciones que vengan de los propios afectados por la política. Tiene una oportunidad para llevar a esta gente a ser parte de las reglas del Estado.
Aunque a varios los incomode, promover la legitimidad de las instituciones pasa por hacer ver que ni la elite, ni la prensa y mucho menos el jefe de un partido están por encima de las leyes.
Quienes solo se apoyan en ese primer punto, sin embargo, terminan hundidos en el personalismo y socavando las reglas del Estado. Por ello, el nuevo gobierno tiene también el mandato de que la política sirva para legitimar el papel de las instituciones. Esto significa asimismo hacer ver que estas instituciones pueden estar al servicio de todos: pueden dar seguridad jurídica a los medianos y microempresarios, promover salud de calidad, fiscalizar y sancionar. Aunque a varios los incomode, promover la legitimidad de las instituciones pasa por hacer ver que ni la elite, ni la prensa y mucho menos el jefe de un partido están por encima de las leyes.
Notas:
(1) Las rondas surgieron como organizaciones campesinas de defensa contra el hurto de ganado, pero con el tiempo se transformaron en poderes autónomos para la toma de decisiones y administración de territorios comunitarios. Sobre el origen de las rondas, v. Orin Starn: Reflexiones sobre rondas campesinas, protesta rural y nuevos movimientos sociales, IEP, Lima, 1991.
(2) Su esposa y una de sus hijas pertenecen a la Iglesia del Nazareno y él participa a menudo de sus oraciones.
(3) V. Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, www.ocmal.org.
(4) Yanina Welp: «Recall Referendums in Peruvian Municipalities: A Political Weapon for Bad Losers or an Instrument of Accountability?» en Democratization vol. 23 No 7, 2016.
(5) Grupo de Investigación de Partidos y Elecciones (gipe): «Tabla: Entrevistas a candidatos presidenciales en televisión: 1 de enero – 11 de abril», Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2021.
(6) Unión Europea, Misión de Expertos Electorales – Perú: «Elecciones generales 11 de abril de 2021. Segunda vuelta presidencial 6 de junio de 2021. Informe final. Periodo de referencia 15 de marzo – 19 de julio de 2021», 2021, disponible en https://eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_eem_per_2021_fr_es.pdf.
(7) El programa dominical político más visto en televisión, Cuarto Poder, enfrentó la renuncia masiva de su equipo periodístico luego de que sus integrantes se opusieran al pedido directivo de hacer una cobertura favorable a Fujimori y contraria a Castillo. «Mordaza en Cuarto Poder: Periodistas renuncian por desacuerdo» en El Perfil, 8/6/2021.
— * Zaraí Toledo Orozco es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Columbia Británica, Vancouver. Investiga sobre desarrollo del Estado andino, manejo de recursos naturales e informalidad. Actualmente es investigadora posdoctoral en el Center for InterAmerican Policy and Research (CIPR) de la Universidad Tulane, Nueva Orleans.
Brujo es aquella persona que tiene la capacidad espiritual y cognitiva de ver una realidad que otros (por más que la miren) no la ven. El brujo mira, ve, interactúa e intenta comunicar dicha realidad. En ese sentido, incluso anuncia y puede prevenir sucesos futurísticos.
En Los Andes del Perú, a finales del siglo XIX, durante la Guerra entre Perú y Chile, los tropas chilenas hablaban de un brujo: «Andrés Avelino Cáceres, el brujo de Los Andes». Este militar peruano, según historias coloquiales, poseía una capacidad cognitiva de prever las estrategias y tácticas militares chilenas antes que ocurriesen, y así venció al enemigo, en el campo de batalla, en barias ocasiones. Incluso sus enemigos le atribuían la capacidad de bilocación (estar en varios lugares al mismo tiempo).
Vladimir Cerrón, ¿el brujo de Los Andes?
A dos siglos de la República peruana, en Los Andes del Centro del Perú, aparece un sujeto sociopolítico, que inicialmente fue asumido como «filántropo de Los Andes», por la prensa corporativa peruana. Se trata del médico cirujano Vladimir Cerrón, fundador y Secretario General del partido político Perú Libre, de tendencia de izquierda nacionalista, actualmente partido en función de Gobierno.
En la medida que la admiración y simpatía social se aglomeraba al rededor de la fuerza organizativa y narrativa política post neoliberal de Cerrón y Perú Libre, la prensa corporativa peruana fue convirtiendo a Cerrón de ser el «filántropo» en el mismísimo demonio comunista de Los Andes.
La multimillonaria guerra mediática contra Cerrón y contra el Perú Libre, lejos de convertirlos en los «enemigos internos» del Perú, los convirtió en la histórica e inédita primera fuerza política del país, hasta convertirlo en el partido político ganador (sin dinero, pero sí con ideas) en las recientes elecciones generales del bicentenario del Perú. Así, Pedro Castillo llegó a ser el primer Presidente Campesino del Perú de muchas sangres.
Ante esta inexplicable capacidad política comunicacional de Cerrón y de su comando político, la humillada y adolorida oligarquía peruana inventó el mito de «Vladimir Cerrón el brujo de Los Andes» quien irremediablemente condenaría al Perú, con sus maléficas intenciones, al comunismo. En consecuencia, la consigna oligárquica fue y es: «matar políticamente a Cerron». Le aplicaron muerte política con las estrategias judiciales, pero Cerrón no murió.
Así fue cómo, en el Perú bicentenario, incluso en núcleos de clases medias letradas, anidó y anida la superstición de: «Cerrón es un brujo. Debemos alejarlo del actual Gobierno peruano. Nos va a llevar al pandemonio del comunismo». Y Vladimir Cerrón, con su silencio largo, y casi estoico, abonó a que la atmósfera supersticiosa casi sobrenatural se infundiese e irradiase.
Pero, el domingo último, por la noche, en una televisora peruana de señal abierta Vladimir «rompió el hechizo» y habló… Y efectivamente es un Brujo, no únicamente de Los Andes del Perú, sino de toda Abya Yala. No sólo porque humilló y derrotó intelectualmente a su «entrevistador, apologeta del neoliberalismo», sino porque tiene la capacidad de ver y prever las dolorosas desgracias que el sistema neoliberal están ocasionando en el Perú y en Abya Yala.
Después de escuchar los planteamientos y argumentos de Vladimir Cerrón, más allá que estemos o no de acuerdo con esas ideas, lo que queda claro es que la oligarquía lo demoniza porque el Brujo tiene las ideas claras y distintas, y las sabe comunicar con una tranquilidad casi estoica.
El autor analiza la sentencia condenatoria a Vladimir Cerrón en el marco de su administración como gobernador de la región Junín.
Por José Ernesto Coca Caycho, abogado con experiencia laboral en el sector publico y privado, egresado de la maestría en ciencia penales por la UNJFSC, ex Docente universitario en la UNJFSC y UNAB.
I.- INTRODUCCION.
Se ha hablado y escrito mucho sobre la sentencia condenatoria de Vladimir Cerrón Rojas, con motivos que distan de tratar de explicar si esta se encuentra debidamente motivada, a pesar de existir un informe jurídico[1] del respetado y reconocido profesor español Jordi Ferrer Beltrán[2] quien concluye en dicho documento: «En mi modesta opinión, que someto a la consideración de mejores argumentos, que la condena del Sr. Cerrón Rojas en la sentencia analizada se encuentra completamente privada de sustento probatorio. Con ello, se estiman violados derechos fundamentales del acusado, como el derecho a la prueba y el derecho a la presunción de inocencia.», siendo que esta afirmación debería invitar a la reflexión en la comunidad jurídica peruana, debido a que el jurista en mención, también es un reconocido especialista en el mundo, en temas relacionados al razonamiento probatorio.
II.- IRREGULARIDADES INVESTIGADAS.
2.1.- En enero del año 2011, Vladimir Cerrón Rojas asumió el cargo de presidente del Gobierno Regional de Junín. Durante su gestión se puso en ejecución la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de la Oroya”, respecto de la cual se han evidenciado diversas irregularidades que involucran a funcionarios públicos del referido gobierno regional, entre ellos a Vladimir Cerrón.
2.1.- Según la tesis fiscal, Juan Sulca Yauyo, subgerente de Supervisión y Liquidación de Obra; Carlos Mayta Valdez, gerente regional de Infraestructura; Henry López Canturin, gerente general, y Vladimir Cerrón Rojas, en su condición de presidente del Gobierno Regional, habrían cometido el delito de negociación incompatible[3] al haberse interesado indebidamente de manera directa en el trámite y aprobación de la ampliación del plazo N° 03 solicitada por el Consorcio Altiplano, pese a que el pedido de ampliación por presuntas contingencias climáticas carecía de sustento y también a pesar de que ya había sido denegada con anterioridad mediante resolución N° 083-2011-GT.J/GRI de fecha 01 de julio de 2011. La ampliación de plazo fue aprobada y, con ello, el pago de mayores gastos generales por la paralización de obra a favor del contratista por la suma de S/. 850.000.00 soles, el mismo que fue realizado con recursos destinados a pagos distintos a la ejecución de la obra a través de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI). (subrayado nuestro)
2.3.- Posteriormente, el 5 de agosto de 2019, el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de funcionarios de Huancayo condenó a Vladimir Cerrón Rojas, Henry López Cantorin, Carlos Mayta Valdez y Juan Sulca Yauyo como autores por la comisión del delito de negociación incompatible, imponiendo a cada uno cuatro años y ocho meses de pena privativa de libertad, un año de inhabilitación, así como el pago solidario de S/.850,000.00 soles por concepto de reparación civil, que es el monto que se pago al contratista. (resaltado nuestro)
2.4.- Más adelante, el 18 de octubre de 2019, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada de Delitos de Corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Junín confirmó la sentencia de primera instancia en el extremo de la responsabilidad penal, inhabilitación, reparación civil y reformando la pena a cuatro años de pena privativa de la libertad con carácter suspendida.
III.- HECHOS IMPUTADOS AVLADIMIR ROY CERRÓN ROJAS
3.1.- Cabe mencionar que el presente análisis solo se centrara en los hechos imputados al ex presidente del Gobierno Regional de Junín, Vladimir Roy Cerrón Rojas, los mismos que se manifestaron cuando ya se había aprobado la ampliación del plazo N° 03 solicitada por el Consorcio Altiplano, e incluso una vez aprobada la conciliación que suscribió el Procurador Publico Regional de Junín con el consorcio ALTIPLANO, donde la entidad regional se comprometió a cancelar los S/. 850.000 mil soles. (subrayado nuestro)
3.2.- En tal sentido, específicamente se imputa que Vladimir Roy Cerrón Rojas, en su condición de presidente del Gobierno Regional, lo siguiente:
a) Solicitó a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura- OEI, hacer efectivo los pagos solicitados con cargo a los saldos de las transferencias financieras, a través de la carta N° 117-2011-GRJ/PR, del 15 de diciembre de 2011, comprometiéndose a tramitar ante el MEF la asignación presupuestal adicional; sin embargo, no lo tramitó.
b) Incumplir sus obligaciones funcionales establecidas en los literales a), f) y g) del artículo 21° del ROF de la entidad, y de los literales c), h) y k) de sus funciones específicas del MOF.
3.3.- La sentencia condenatoria considera probado estos hechos, en virtud a las reglas de la experiencia, que señalan que cuando haya irregularidades administrativas resulta probable el interés del servidor, por lo tanto, Vladimir Roy Cerrón López, al emitir la carta N° 117-2011[4], mediante el cual requirió a la OEI el pago a favor de consorcio ALTIPLANO, teniendo conocimiento de la limitación contenida en el Convenio Marco; asimismo teniendo conocimiento que ya la OEI había denegado el pedido al Gerente General, incurrió en la comisión del delito imputado. (resaltado nuestro)
3.4.- De igual manera, la citada sentencia refiere que no resulta aplicable el principio de confianza por cuanto la sola confianza psicológica en su subordinado no es suficiente por cuanto el criterio aplicable es el estar permitido confiar, estando a las circunstancias, por lo que en todo caso su deber de garante le exigía revisar el contenido de la carta que firmaba, tanto si como regla de la experiencia se tiene que toda persona antes de firmar un documento primero lo lee tanto más si de requerir el pago a favor de una contratista se trataba.(resaltado nuestro)
IV.- IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS A VLADIMIR CERRON ROJAS.
4.1. Las irregularidades administrativas, para efectos mantener un orden en el presente análisis, las podemos dividir en dos etapas claramente marcadas, las primeras relacionadas al incumplimiento de normas que regulan la contratación estatal antes de la suscripción de la carta N° 117-2011-GRJ/PR, del 15 de diciembre de 2011, y las segundas referidas a los términos inobservados del Convenio Marco por parte del sentenciado Vladimir Roy CerrónRojas.
4.2.- Respecto a las irregularidades administrativas relacionados al incumplimiento de normas que regulan la contratación estatal, se advierten que son las que cuentan con mayor desarrollo en la sentencia, y están referidas a la actuación de los servidores y funcionarios del Gobierno Regional de Junín, quienes habrían vulnerado normativas internas y generales al aprobar la ampliación del plazo N° 03 solicitada por el Consorcio Altiplano, las mismas que son advertidas por peritos especializados de la Contraria General de la Republica, y no imputadas al ex Presidente Regional de Junín; sin embargo no se advierte motivación respecto al conocimiento de esta irregularidades por parte del sentenciado Vladimir Cerrón Rojas, a pesar de ser un aspecto importantísimo para acreditar el interés indebido[5].
4.3.- Tampoco se advierte motivación respecto a si las irregularidades surgidas como consecuencia de la emisión de la carta N° 117-2011-GRJ/PR, del 15 de diciembre de 2011, donde el sentenciado habría inobservado los términos del Convenio Marco suscrito con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura- OEI con el Gobierno Regional de Junín, son suficiente para imputar un interés indebido, pues tan solo en dos folios de la sentencia (folio 51 y 52) se plasma el fundamento por el cual Vladimir Roy Cerrón López debió conocer los términos de este Convenio, sin siquiera analizar si esta irregularidad administrativa per se, constituye un interés indebido.
4.4.- Es más, ni siquiera el Coordinador de la OEI, considera que la solicitud plasmada en la carta 117-2011-GRJ/PR, del 15 de diciembre de 2011, constituye una irregularidad administrativa, pues al contestarla señala lo siguiente: “(…) respecto a lo indicado en su carta de la referencia, que toda documentación referida a su solicitud de pago de mayores gastos generales al Consorcio Altiplano fue devuelta al Gobierno Regional de Junín mediante la Carta de la referencia 2. En tal sentido, a efectos de proceder a dar trámite a su pedido, es necesario que el Gobierno Regional de Junín alcance la documentación que sustenta su pedido incluyendo la factura actualizada del Consorcio Altiplano”.
4.5.- Por consiguiente, se puede concluir que las cartas de respuesta suscritas por la Oficina de Convenios y Procesos de la Organización de los Estados Iberoamericanos – OEI[6], no contienen alguna observación sobre esta irregularidad administrativa, por el contrario muestran su disposición de atender lo solicitado, precisando diversos aspectos legales como es que el pago de mayores gastos generales debía ser asumido por el Gobierno Regional de Junín, y posteriormente indican que a efectos de dar trámite a lo solicitado, solicitan se les remita la documentación que sustenta su pedido incluyendo la factura actualizada del Consorcio Altiplano.
4.6.- En este punto es preciso traer a colación lo señalado por la Segunda Sala Penal Transitoria al resolver el recurso de Casación 67-2007, respecto al delito de negociación incompatible “es un tipo subsidiario, de peligro, no cabe la modalidad omisiva respecto al elemento normativo «interesarse directamente», por cuanto, en el caso concreto, significaría reprimir penalmente la conducta del imputado por el solo incumplimiento de normativa de carácter administrativo, de ahí que dicho tipo penal debe interpretarse en función de los principios de ultima ratio del Derecho Penal (subsidiariedad y fragmentariedad) (…)”(resaltado nuestro)
V.- SOBRE LA FALTA DE DESARROLLO DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA.
5.1.- El principio de confianza es un criterio que excluye la imputación objetiva a un funcionario público que, de modo causal, brinda un aporte para la realización de un hecho delictivo, pero siempre sobre la base de que el tercero beneficiado ha actuado dentro de un marco de legalidad. Este principio implica la presunción de que todo funcionario o servidor público actuará conforme a los parámetros propios de su cargo; sin embargo, la sentencia de condenatoria señala de forma inverosímil lo siguiente: “no resulta aplicable el principio de confianza por cuanto la sola confianza psicológica en su subordinado no es suficiente por cuanto el criterio aplicable es el estar permitido confiar, estando a las circunstancias, por lo que en todo caso su deber de garante le exigía revisar el contenido de la carta que firmaba, tanto si como regla de la experiencia se tiene que toda persona antes de firmar un documento primero lo lee tanto más si de requerir el pago a favor de una contratista se trataba”.(resaltado y subrayado nuestro)
5.2.- La negativa inexplicable en desarrollar el principio de confianza por parte del juez del Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de funcionarios de Huancayo, no permitió demostrar que el sentenciado Vladimir Roy Cerrón López, actuó en forma conjunta y concatenada con sus demás coacusados, es decir, demostrar que este conocía de todas las irregularidades administrativas que dieron pie a la aprobación irregular de la ampliación 3 cuestionada, y a pesar de ello, decidió coadyuvar al tramite del pago de mayores gastos generales a favor del contratista.
5.3.- Cabe mencionar que previa a la sentencia condenatoria, en el quehacer judicial se conocía abundante jurisprudencia que bien pudo aplicarse al caso:
a) Recurso de Nulidad N.º 1865-2010-Junín, la Corte Suprema ha desarrollado ampliamente los límites a la aplicación del principio de confianza en los delitos contra la Administración Pública. Así, ha señalado como un primer límite:
El que deriva de que “uno puede confiar en que los otros ciudadanos se van a comportar respetando las normas a no ser que se tengan evidencias de lo contrario”. En ese sentido, señala expresamente que cuando se trata de escenarios de reparto de funciones entre sujetos que trabajan en distintos niveles o en una relación jerarquizada (relación de supra y subordinación) “cuantos menores sean la preparación y experiencia del subordinado, mayor será el deber de supervisión del superior, y correlativamente, menor será el alcance del principio de confianza”. Con ello, la establece que “en caso de una defectuosa actuación del subordinado, se debe intervenir»; y b) Tiene que ver con que si bien “el principio de confianza es un límite del deber de cuidado ello no significa que las personas se puedan comportar imprudentemente en virtud de la confianza en el cuidado de otro». Ello implica que “si alguien se comporta de forma descuidada ya no se puede decir que su injusto dependa exclusivamente del comportamiento defectuoso de un tercero», dado que “el que infringe una norma de cuidado no puede esperar que terceros arreglen la situación que él ha creado”. (resaltado nuestro)
b) De igual manera, en la Casación N° 23-2016-Ica, la Corte Suprema señaló que la necesidad de acudir al principio de confianza es más evidente cuando se habla de “organizaciones complejas, como son las instituciones públicas, en las cuales la persona tiene que interactuar con muchos otros funcionarios día a día”. Por ende, precisa la Corte Suprema “si el funcionario público tuviera como exigencia permanente verificar que otro funcionario ubicado en un nivel jerárquicamente inferior o en un nivel horizontal al suyo cumple o no su función, no le quedaría lugar para cumplir sus propias labores”. De igual manera, la Corte Suprema en esta Casación estableció que para aplicar el principio de confianza en los delitos contra la administración pública debe tomarse en cuenta que si sobre el sujeto 1) existe un deber de garante que impone la obligación de verificar el trabajo realizado por tercero, o cuando 2) sea evidente que este último carece de idoneidad para la realización del trabajo que se le confiaba.
c) Asimismo, en la Casación N° 1546-2019-Piura, se ha establecido que el análisis de la aplicación del principio de confianza exige, desde luego, que no se presenten determinadas circunstancias que la excluyen, tales como, entre otras, cuando resulta evidente que uno de los intervinientes en el hecho realizó una conducta que defrauda las expectativas de su actuación conforme a Derecho. No se trata de los títulos o competencias profesionales de los delegados, sino de su concreta actuación en asuntos puntuales.
5.4.- En tal sentido, podemos afirmar que, si la sentencia hubiera analizado el principio de confianza, conforme a la jurisprudencia antes referida, habría tenido que acreditar lo siguiente:
Que los funcionarios designados por el sentenciado Vladimir Roy Cerrón Rojas, no contaban con la preparación, experiencia o idoneidad para el cargo designado, a fin el evaluar el grado de alcance del principio de confianza.
Que era evidente para el sentenciado Vladimir Roy Cerrón Rojas, que durante el proceso de aprobación de la ampliación del plazo N° 03 solicitada por el Consorcio Altiplano, sus funcionarios realizaron conductas que defraudaron las expectativas de su actuación conforme a Derecho.
5.5.- En conclusión, podemos afirmar que la negativa de la juez en desarrollar el principio de confianza, permite afirmar lo expuesto por el maestro JORDI FERRER BELTRÁN, quien refirió que la sentencia analizada se encuentra completamente privada de sustento probatorio, pues aunado a las observaciones expuestas en la presente, la sentencia no analizo que el sentenciado Vladimir Roy Cerrón Rojas, antes de suscribir la carta cuestionada, tuvo a la vista el Informe legal N° 1003-2011-GRJ/ORAF de fecha 26/09/2011, que recomienda la conciliación con el contratista por mayores gastos generales, así como el documento de conciliación suscrito por el contratista con el Procurador Publico Regional, funcionario que si bien depende administrativamente del Gobernador Regional, también depende funcionalmente y normativamente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y en virtud a esta autonomía aprueba el pago de mayores gastos generales solicitado por el contratista.
VI.- CONCLUSIONES
6.1.- La sentencia condenatoria al ex presidente del Gobierno Regional de Junín, Vladimir Roy Cerrón Rojas, tiene un extenso desarrollo respecto al incumplimiento de normas que regulan la contratación estatal relacionadas a la aprobación de ampliación del plazo 3; sin embargo, adolece de motivación al analizar la responsabilidad del ex presidente del Gobierno Regional de Junín, pues sin desarrollar el principio de confianza, afirma que citado sentenciado debió de conocer todas estas irregularidades administrativas de sus coacusados, sin tomar en cuenta que para advertir estas irregularidades se exige un conocimiento especializado en materia de Contratación Estatal.
6.2.- Que, la sentencia cuestionada no analizo que luego de haberse advertido estas irregularidades administrativas en el procedimiento de ampliación del plazo 3, hubo un pronunciamiento del asesor legal del Gobierno Regional de Junín que recomendó la conciliación de mayores gastos generales a favor del Consorcio, conciliación que efectivamente efectuó el Procurador Publico Regional, en virtud a la autonomía de sus funciones.
6.3.- Que, el solo hecho de haberse probado que el ex presidente del Gobierno Regional de Junín, Vladimir Roy Cerrón Rojas, emitió la carta N° 117-2011 , mediante el cual requirió a la OEI el pago a favor de consorcio ALTIPLANO, teniendo conocimiento de la limitación contenida en el Convenio Marco, no es suficiente para acreditar el interés indebido, por cuanto la misma coordinación de la OEI, no cuestionó el documento emitido por el ex presidente, por el contrario, solicito subsanar y levantar algunas observaciones mínimas para proseguir el trámite de aprobación, debiendo haberse analizado que esta conducta no fue dolosa, pudiendo configurarse solo una conducta omisiva por parte del sentenciado, y no dolosa.
REFERENCIAS
[1] Informe jurídico que se emite a petición del Letrado D. Andy Carrión Zenteno, en interés de su cliente D. Vladimir Roy Cerrón Rojas. Tiene por objeto exponer cuál es el criterio fundado en derecho de quien lo emite, en relación con el razonamiento probatorio contenido en la Sentencia 041-2019-5JUP/CSJJU, recaída en el Expediente 01122-2018-27-1501-JR-PE-05, y que condena del Sr. Cerrón Rojas por un delito de negociación incompatible.
[2] DR. JORDI FERRER BELTRÁN. Profesor titular. Universidad de Girona (España)
[3] Artículo 399° del Código Penal señalaba: “El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.»
[4] Vladimir Roy Cerrón Rojas solicita al Coordinador de la Oficina de Convenios y Procesos que los pagos solicitados y requeridos deberán hacerse efectivo con cargo a los saldos de las transferencias financiera, comprometiéndose el Gobierno Regional de Junín a tramitar ante el Ministerio de Economía y Finanzas la asignación presupuestal adicional.
El término interés indebido, se debe entender como todo acto dirigido a anteponer el interés propio o de un tercero a los que se patrocina en nombre del Estado en un contrato o negocio, promoviendo así un beneficio irregular para sí mismo o para un tercero. En consecuencia, cuando un funcionario o servidor público, por razón de su cargo, participa en una contratación o negocio a nombre del Estado, tiene la obligación de desempeñarse en dicho procedimiento en forma diligente e imparcial. Si lo que busca el agente activo con su intervención irregular es beneficiarse a sí mismo o a un tercero, defrauda la confianza que se le ha conferido; tal actitud y conducta merece ser sancionado penalmente al incurrir en el delito de negociación incompatible.
[6] Folio 51,52 y 53 de la sentencia emitida por Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de funcionarios de Huancayo, de fecha 5 de agosto de 2019
La frase que inmortalizara Lenin: “Un paso adelante, dos pasos atrás”, no es comprendida cabalmente por nuestros camaradas y menos por nuestros aliados. Sin embargo, esta frase es la que puede explicar magistralmente la crisis política actual.
Los aliados, son aliados, no son militantes, ellos acompañan hasta cierto punto, no es obligación de ellos llegar a la meta final, no debe sorprendernos nada, se unen con intereses comunes, no idénticos, hasta derrotar al enemigo mayor; pero en el tramo de esta alianza, desde su nacimiento hasta el logro de su objetivo, se gesta un nuevo campo de batalla donde lidiarán los aliados para tomar la hegemonía política, decía Lenin.
Debemos una autocrítica pública sobre el triunfo de Perú Libre a las masas peruanas para entender la situación política actual. La categoría dialéctica de necesidad y casualidad, podría explicar este fenómeno, pues teníamos la necesidad de participar en las elecciones, nuestro cálculo era pasar la valla y colocar una bancada que allanara el camino a la presidencia, matemáticamente era posible, no planificamos un triunfo presidencial, pero la casualidad hizo su trabajo tras iniciarse la pandemia.
Pedro Castillo no estaba en el cálculo de nuestros planes iniciales, su presencia se origina frente a la imposibilidad de la candidatura natural de Perú Libre, a la flexibilidad brindada por el Partido aceptando su postulación, pero también debemos reconocer al espacio mediático que el candidato había ganado tras la huelga magisterial del 2017. Así, el triunfo presidencial responde a la casualidad objetiva, eso es una realidad y todos los peruanos lo saben. Es así como se consuma el “paso adelante”.
Si asumimos esta realidad, podremos explicarnos el motivo por el que no podríamos exigirle al hoy Presidente una revolución, porque “la revolución no se hace, sino que se organiza” (sic), el candidato no estaba preparado para enfrentar una circunstancia como esta desde el Ejecutivo, lo que contrariamente, sí podríamos exigirle en el Legislativo a la bancada militante, mas no a la bancada no militante. Aquí empiezan los “dos pasos atrás”.
Llegamos al gobierno, dimos este “paso adelante”, pero luego entregamos el gobierno económico y social a la derecha disfrazada de centro o caviar, esos son los “dos pasos atrás”; además de advertir el fraccionamiento de la alianza de bancada, en la práctica bolcheviques y mencheviques se van poniendo en evidencia. Esta es la gran lección de Lenin que sigue vigente.
Ahora, también debemos puntualizar al respecto de lo que se especula acerca de la ruptura de la bancada, pero en realidad no podría dividirse lo que nunca fue único, se divide lo que se constituye en partes y la bancada siempre fue expresión de dos nítidos componentes, de la militancia nata del Partido y los aliados del sindicato magisterial, no hay nada nuevo que descubrir, solo oficializar.
Aluden que el Partido y su líder estarían fomentando una división en la bancada, cosa absurda, porque no somos nosotros quienes patrocinamos la inscripción de dos nuevos partidos desde el Ejecutivo en complicidad al ala magisterial.
Se le quiere endosar al Partido la irresponsabilidad de haberse pasado a la oposición, pero en realidad los que pasaron a la oposición son los que renunciaron a luchar por sus propuestas primigenias, como la Asamblea Constituyente, la renegociación de los contratos lesivos al Estado y la recuperación de la administración soberana de nuestros recursos naturales, y arriaron sus banderas.
En el último debate del Pleno acerca del voto de confianza para la investidura del nuevo gabinete, los parlamentarios de Perú Libre defendieron su postura con una precisión diáfana y revolucionaria, tanto que después de más de tres décadas de opresión hoy podemos decir que existe una verdadera bancada de izquierda, una bancada del pueblo.
Muchos ven una tragedia desesperante si no se otorga la confianza al nuevo consejo de ministros, pero no olvidemos que toda crisis también puede ser una oportunidad de recomponer, reorientar y rectificar el rumbo político del gobierno, pues discrepar no es más que una forma de encontrarse, decía Flores Galindo.
A nosotros también nos interesa que el gobierno vaya bien, nuestra única disyuntiva es la composición del gabinete que ha aumentado su cuota caviar y de oportunistas. En el I Congreso del Partido del 2021 se dejó claro que: “si el gobierno se desvía, el Partido rectifica la línea, o viceversa”, ciertamente tenemos la misión de salvaguardar la dignidad de nuestra organización y del pueblo que ha confiado en su proyecto, cualquier acierto o desacierto gubernamental recaerá sobre las espaldas del Partido.
Siempre decimos que no hay crítica mala o buena, simplemente la crítica es una gran herramienta, pero debe utilizarse como medio y no como fin. En esta perspectiva, tras la crítica, nos hemos dado la tarea de buscar las firmas para la Asamblea Constituyente como parte de la lucha, pero a la vez como un motivo de organización popular, que de realizarse vendría a convertirse en el nuevo y verdadero poder político.
En la lucha contra el neoliberalismo el pueblo se organiza de diferentes formas, como los sindicatos de maestros, de pensionistas, colectivos juveniles, foros públicos, organizaciones culturales, movimientos, partidos y bancadas parlamentarias. Lenin decía que desde estas últimas no se podía hacer la revolución, eso es muy cierto, pero tampoco podría hacerse desde las demás unilateralmente, por ello era necesario que alguien se ponga a la cabeza, en este caso el Partido, y se organice un parlamento extraoficial, aceptando la jerarquía del Partido, bajo la única condición de que el Partido se subordine a los intereses propios del pueblo.
Esta es la razón por la que para el Partido no le es esencial una apertura, cierre o reapertura del congreso, es más, ya hemos tenido la oportunidad de ver el cierre de dos congresos y los que los han sustituido en nada se han diferenciado y no han coadyuvado a los objetivos populares.
Este razonamiento se colige al no ser nuestra intención promover un cierre del parlamento y menos una vacancia presidencial como le han hecho creer al Presidente los tibios y movacos, quienes le han metido a la cabeza que el rol histórico de Perú Libre es fácilmente sustituible con un paquetón de firmas, en su afán de capturarlo.
El futuro evidenciará quiénes son los que adulan, quiénes los oportunistas, quiénes los enemigos, quiénes los que privatizan las victorias del pueblo para usufructuo propio o de grupo y quiénes los de siempre críticos pero consecuentes. Es cuestión de que las agujas del reloj sigan su avance infinito, en la que hemos visto pasar tantos de ellos, y solo algunos quedan eternamente vivos aun así hayan muerto.
El Estado peruano fracasó en el manejo de la pandemia del COVID-19, debe reconocerlo, no hay autocrítica al respecto. Los principales responsables son el presidente de la República, Martín Vizcarra; el premier Vicente Zevallos; la ministra de Economía, María Antonieta Alva; los ministros de Salud, Víctor Zamora y Pilar Mazzetti; el Comando de Operaciones Covid-19 y el Comando Vacuna.
Por órdenes del Presidente se creó el Comando de Operaciones Covid-19, liderado por el MINSA, encargado de coordinar las políticas sanitarias para enfrentar la pandemia, pero también lo integraba el infaltable sector privado, siempre presente donde hay negocio.
La pandemia avanzó a pasos agigantados porque en la zona rural no tenemos un nivel de atención primaria eficaz y en la zona urbana simplemente es inexistente. El gobierno centró su estrategia en el segundo nivel de atención, es decir, hospitales y clínicas. Hasta ahí ya habíamos perdido el 80% de la guerra contra el virus.
Adquirieron las famosas pruebas rápidas, las mismas que sabían que no eran eficaces por su alto índice de falso negativo, que a corto plazo trajo una falsa sensación de seguridad y, por ende, un incremento en la mortalidad que llegó a ubicarnos con más de 900 muertos por cada millón de habitantes, con el saldo de más de 85 mil muertos, en el primer lugar mundial.
Cuando los casos rebalsaron toda expectativa, el gobierno deslizó la idea de intervenir el sector privado para garantizar la atención de los enfermos, pero miembros de la asociación de clínicas e integrantes del Comando de Operaciones Covid-19 se encargaron de frustrarlo, aduciendo el libre mercado y que era inconstitucional. Tenían el germen dentro de su propio organismo.
Muchos fallecieron solamente porque les faltaba oxígeno y nos llevamos la sorpresa que el mismo estaba monopolizado en el país por dos corporaciones globales, Linde (Alemania) y Air Products (USA), que utilizando de fachada empresas nacionales lucran con este gas vital, obra del gobierno aprista. El artículo 61 de la Constitución combate el monopolio, pero no lo prohíbe, ahí el detalle.
La ministra de Economía facilitó un salvataje millonario a los bancos y financieras por más de 60,000 millones de soles, supuestamente para garantizar la estabilidad económica. Este acto evidencia la falsedad que la mano invisible del mercado lo resuelve todo, patentizó el fracaso del neoliberalismo, pero a la vez la complicidad del Estado con los ricos para salvarlos de la bancarrota con dinero del pueblo.
Solo con la cantidad de 1,020 millones, que representa el 1.47% del salvataje, hubiéramos construido en tres meses 3400 consultorios de atención primaria en los asentamientos humanos a lo largo y ancho del país, una red potente, masiva, gratuita y de calidad; pero recordemos que la prevención en el capitalismo no es negocio, porque supone menos ingresos en las clínicas, menos ganancias en la industria farmacéutica, menos venta de equipos biomédicos, menos usura, etc.
Las clínicas llegaron a cobrar más de medio millón de soles por atender a un paciente, independientemente de los resultados, el gobierno quiso reaccionar para imponer un tarifario y no pudo porque la Constitución lo prohíbe. Todo amarrado.
Frente a este flagelo el gobierno impuso una férrea cuarentena, pero también ocultó el número real de muertos, si no hubiera sido por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), hasta ahora le hubiéramos creído que los muertos solo llegaban a 30 mil, menos de la mitad. Toda esta incapacidad hizo que en ocho meses superemos el número de muertos que produjo en veinte años la guerra armada interna entre el Estado y las fuerzas subversivas desde el año 1980 hasta el 2000.
Muchos médicos pidieron licencia de sus trabajos por tener factores premórbidos como diabetes, hipertensión, edad avanzada, etc., pero los vieron trabajando en el sector privado, frente a ello la ministra Mazzetti los llamó traidores a la patria, cuando en realidad debía hacerse de la vista gorda o agradecerles que por lo menos en el área privada estaban conteniendo la pandemia frente a la ausencia del Estado, vaya paradoja.
El pueblo comenzó a perder el respeto a la autoridad, porque en realidad cada quien resolvía su problema de manera individual, es decir, nunca sintieron la acción protectora del Estado.
Pese al fracaso ante la pandemia, Pilar Mazzetti sigue liderando el MINSA, lo que representa mayor peligro en esta segunda ola, debido a su marcada incapacidad y falta de conocimiento de la epidemiología y fisiopatología de esta enfermedad, llegando a declarar necedades que denigran la medicina peruana al afirmar que “los asintomáticos no contagian” o “contagian solo si respiran”.
Mientras que, en otras latitudes, los países del primer mundo estaban logrando la vacuna y en el tercer mundo solamente Cuba, nuestro país estaba en sus lobbies, creando a iniciativa del sector privado el futuro negocio con las vacunas con el famoso Comando Vacuna, a imagen y semejanza del fracasado Comando de Operaciones Covid-19.
Este Comando Vacuna refirió que asesoraría al gobierno en la adquisición, distribución, etc., de la vacuna, cuando en realidad su intervención solo tiene el objetivo del negocio con la enfermedad del pueblo. La aceptación del gobierno no es más que la expresión de su propia incapacidad, pensando que el privado le va a resolver el problema sanitario.
En la actualidad el Estado peruano solo tiene preacuerdos para la compra de vacunas con dos laboratorios, ni siquiera existen contratos, nadie sabe cuándo llegarán y ante nuestra atónita mirada todos los países que nos rodean, que han tenido menos mortalidad, están en plena vacunación. Lamentablemente y con el perdón de todos los peruanos, creo que no puede haber mejor resumen del año 2020 que estas tristes conclusiones de responsabilidades que algún día se juzgarán.
(*) Neurocirujano, Magíster en Neurociencias, Doctor en Medicina, Gobernador Regional de Junín.
Perú Libre siempre ha sido un partido partícipe de la unidad de izquierda. Pese a que en estas próximas elecciones tendremos menos divisiones que en las del 2020, el reto por consolidar el sector popular sigue siendo un desafío y tiene un carácter imperioso, caso contrario, estaremos condenados a los mismos resultados.
En esta crisis sanitaria marcada por la pandemia, un asunto de vida o muerte, no hay espacio para el centro político, o se es de derecha o de izquierda, nada más. No habrá medias tintas en este proceso electoral, porque votaremos tras nuestros más de 70 mil muertos que en gran parte son responsabilidad de la derecha gobernante.
Esta situación actual anuncia una fuerte colisión y analogías contrapuestas en cuanto a las propuestas políticas, unos que seguirán defendiendo que el mercado controle al Estado y otros que apostarán por un cambio para que el Estado controle al mercado. Entre estos últimos está la izquierda, por lo menos de palabra y esperanza, pero analicemos más allá.
Solo competirán tres partidos de izquierda, realmente pocos frente a los procesos históricos anteriores. Perú Libre y Democracia Directa en la práctica forman un partido que es Nueva Constitución; Juntos por el Perú con Nuevo Perú formarán el segundo; y Frente Amplio, formará un tercero. No hay más sector de izquierda por más que quieran pintarse.
En Nueva Constitución, además de los partidos mencionados, existen aliados formales sin registro electoral, pero que suman. El Partido Humanista, alma primigenia de Juntos por el Perú; el Partido Socialista Revolucionario, que agrupa a los velasquistas y la Confederación Nacional Agraria; los partidos en vías de inscripción como Partido de los Trabajadores Emprendedores y Partido de Transformación Nacional; y un gran sector del magisterio peruano seguidores del líder Pedro Castillo, han sellado la alianza política.
Como valor agregado Nueva Constitución tiene 2 millones 500 mil firmas que han entrado en proceso de digitación para solicitar el referéndum por una nueva Constitución política, es decir, aquí no solo hay sustantivo, también verbo. Nuestro candidato es la nueva Constitución.
En Juntos por el Perú están agrupados el Partido Comunista Patria Roja, el Partido Comunista del Peruano, Nuevo Perú y algunos disidentes de otras tiendas sin mayor aporte. Patria Rojas es el que toma las decisiones finales, porque tiene la inscripción, pero además economía, y tratará de poner al tope a sus militantes. Si bien Patria Roja considera que su base social lo compone el magisterio, esto ya no es así, más aún cuando el grueso del magisterio estará en el otro flanco izquierdista. La fortaleza que tienen es la candidata presidencial que mejor se ha trabajado mediáticamente, pero por el resto existe pasivo.
El Frente Amplio, cada vez más estrecho y en una gran crisis interna. Marco Arana, su fundador, hoy no goza de la simpatía de sus bases, quienes consideran que bajo una candidatura presidenciable de su persona irían al abismo rumbo a la extinción, hipótesis real. Arana cree que en un partido se pontifica, cuando en realidad la esencia de la política es la deliberación, como no ocurre en la iglesia o en el cuartel. Hoy asistí invitado por sus bases a su IV Congreso donde reafirmé nuestra voluntad de unidad, más aún, en esta emergencia sanitaria.
La izquierda debe dejar el oportunismo de muchos de sus dirigentes, volver los ojos al pueblo, debe escuchar su clamor que es la unidad en un frente, salir del foso como decía Gramsci, caso contrario, solo jugaremos para la derecha, y en el peor de los casos haríamos lo de siempre: el triste papel dirimente entre dos candidatos de la derecha.
Para nosotros la unidad sigue siendo el camino y las condiciones están dadas, el resto es poner en evidencia un trabajo de zapa a favor de la derecha para que siga hambreando, explotando y matando al pueblo.
El sorprendente caso de un radical de la izquierda, el exgobernador de Junín Vladimir Cerrón. Condenados sin pruebas por dos instancias. La justicia de las encuestas y el nuevo poder de jueces y fiscales.
Redacción : Ricardo Uceda 14 Jul 2020 | 1:56 h Ahora que el país camina a paso ligero hacia la judicialización de la política, es oportuno referirse al caso del médico Vladimir Cerrón, considerado indefendible por un amplio sector. En 2019 sus antecedentes impidieron que dos corrientes de la izquierda confluyeran en las elecciones parlamentarias. Parte de los motivos fueron expresiones de intolerancia hacia la ciudadanía LGTBI. En una ocasión, en RPP:
Patricia del Río: ¿Qué pasaría si usted encuentra a dos personas del mismo sexo besándose en la plaza de Armas de Junín? Vladimir Cerrón: Yo creo que deberían tener cierto espacio de situarse, ¿no? ¿Qué pasaría si un niño ve ese acto? El niño es un ser que todo lo aspira en conocimientos, en forma. Podría ver que se trata de una manera ordinaria en la sociedad. Todo lleva un proceso de cambio contra la fuerza de la tradición.
Del Río: ¿Qué se besen en privado? Cerrón: Por supuesto, podría ser, ¿no?
Los sentenciados Pero objeciones morales no constituyen impedimento legal para ser un candidato. En ese caso tendría problemas hasta el líder del Partido Morado, Julio Guzmán. La sentencia en contra por un delito doloso, que era el otro motivo por el que los amigos políticos de Cerrón tomaron distancia con él, sí será una barrera cuando, como es previsible, la establezca una próxima modificación constitucional. El exgobernador de Junín y fundador del movimiento Perú Libre tiene una condena por negociación incompatible. El delito ocurre cuando un funcionario público se interesa indebidamente y en su provecho, en un contrato. Para ser castigado debe probarse un daño inminente para la administración estatal.
En esta página hemos venido mostrado decisiones irrazonables en el Poder Judicial referidas a políticos afectados de impopularidad. Algunas sobre medidas cautelares en fase investigativa –Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski– y otras por falta de prueba en la sentencia, como en el caso de Walter Aduviri. El de Cerrón es otro ejemplo de esto último. No había faltas
Le imputaron incorrectamente un pago de 850 mil soles a una empresa que en el 2011 amplió el sistema de agua potable y alcantarillado en La Oroya. Por contingencias climáticas, las obras tuvieron mayores gastos por ampliación de plazos, que el contratista reclamó le fueran reconocidos. Como hubo diferencias, la empresa solicitó un arbitraje y finalmente hubo una conciliación extrajudicial, durante la administración del gobernador Vladimiro Huaroc. Cerrón, el sucesor, no hizo más que ejecutarla, basado en los informes técnicos de sus gerentes. De lo contrario habría incumplido su obligación como autoridad, produciendo daño a la economía regional.
La Contraloría produjo un primer informe que halló irregularidades. De este documento partió el Ministerio Público para investigar a diversos funcionarios. A Cerrón lo imputó por haber firmado, el 15 de diciembre del 2011, una carta solicitando la transferencia. Sin embargo, la Contraloría, en un segundo y definitivo informe, halló pertinente el pago y correcta la actuación de los gerentes que participaron en la operación.
En las cortes Cerrón fue condenado por un juzgado y por una Sala Superior Anticorrupción de Junín. Lo sorprendente es que no había pruebas, salvo que era la máxima autoridad. Cerrón no participó en ningún trato. Cuando la primera sentencia fue revisada, el ponente y presidente del tribunal de apelaciones, Carlos Carvo, dijo que era una violación flagrante del principio de culpabilidad, según el cual debe estar acreditada la responsabilidad de un hecho. Quedó en minoría. Los restantes dos vocales le impusieron a Cerrón cuatro años de prisión suspendida.
¿Qué puede explicar una actuación así de la justicia de Junín? Una hipótesis es la presión socialmediática para castigar a autoridades corruptas. Actualmente la Corte Suprema analiza si admite un recurso de casación presentado por el sentenciado. Una casación del preso Aduviri, en su caso sentenciado por el Poder Judicial de Puno, ya fue admitida por el máximo tribunal y está pendiente de decisión. Al margen de los resultados, en las elecciones del 2021 los movimientos de Aduviri y Cerrón serán relevantes desde el sur peruano.
Peor que matar A nivel de opinión pública, incluyendo a los medios, existe la creencia generalizada de que Vladimir Cerrón es corrupto porque se desconocen los detalles descritos, que no hemos relacionado con sus ideas –el exgobernador se ha solidarizado con Nicolás Maduro– ni sus expresiones. Es un caso distinto al de Gregorio Santos, que tiene pruebas concretas de soborno y por ello fue condenado a 19 años de prisión. El exgobernador izquierdista de Cajamarca está siendo investigado por un segundo acto colusorio. Otra sentencia en contra suya podría tener la dimensión de la primera. Cumpliría 35 años, el tope existente por ley. No hay que ser jurista para comprobar que el fervor anticorrupción que marea al gobierno, la prensa y los legisladores ha llevado a que se pierdan las proporciones razonables del castigo. Los delitos establecidos en el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, para autores de crímenes de lesa humanidad, que incluyen exterminio de un grupo social por motivos de raza, religión o política, entre otras atrocidades, tienen un máximo de 30 años de cárcel. Hay cadena perpetua para jefes, que puede ser revisada a los 25 años. Pasados de vueltas Aquí se nos pasó la mano y ningún dirigente lo advierte, sobre todo los juristas anticorrupción, que nadan con la corriente. La justicia de encuestas consolidará un nuevo poder: el de los jueces y fiscales de primera instancia, futuros dueños del escrutinio de la política. Ellos decidirán quién puede ser candidato. El clima imperante no permite ver que hay una afectación del derecho de elegir y ser elegido, mientras alguien sea inocente, derecho que en algún momento restablecerá la justicia supranacional.
SORPRENDIDO 1 #ÁlvarezRodrich: «sobre las sentencias a Vladimir Cerrón en el que se ofrece evidencia muy razonable de que la condena sería injusta y que, por tanto, no sería corrupto. Cualquier discrepancia política con Cerrón, como en mi caso, no puede dejar de reconocerlo».
SORPRENDIDO 2 #AldoMariátegui con lo siguiente: «No simpatizo nada con Vladimir Cerrón, pero uno lee el informe de Uceda en LR y queda claro que su condena fue injusta».
