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Zaraí Toledo: Una guía para entender el Perú de Pedro Castillo

¿Cómo un sindicalista de provincia llegó a la Presidencia de Perú? En un país que quedó fuera del «giro a la izquierda» regional de los años 2000 y de los levantamientos indígenas de otros países de la región, y que hizo de la continuidad del modelo económico un dogma de fe para cualquier candidato que buscara llegar a la jefatura de Estado, las elecciones del 6 de junio pasado provocaron un terremoto político. Habrá que ver si es el anuncio de una reconciliación del país consigo mismo o el anticipo de nuevas crisis políticas.

Por Zaraí Toledo Orozco*

Nueva Sociedad, 25 de octubre, 2021.- Un sindicalista de Chota, una de las provincias más pobres del Perú, le ganó la Presidencia a la tres veces candidata, ex-congresista y heredera del partido más rico e importante de derecha. Tras el colapso sanitario y una larga crisis política que dejó tres presidentes en cuatro años, Perú ha quedado dividido en dos partes casi iguales. Una, que votó por Keiko Fujimori, predominantemente limeña, urbana y costeña, quedó en pánico luego de oír por meses que el comunismo le va a quitar todo. La otra, compuesta por votantes de bajos recursos de zonas rurales, andinas y amazónicas, eligió que Perú inicie el bicentenario de su independencia liderado por Pedro Castillo, un presidente de izquierda, maestro, rondero (1), cercano al evangelismo (2) y completamente ajeno a la política limeña, de quien mucho se dice, pero casi nada se sabe. 

Ninguno de los candidatos representaba el sentir de las mayorías. Ambos pasaron a segunda vuelta con votaciones menores a 20%, solamente explicables a partir del alto grado de fragmentación política. De un lado estaba Fujimori, la lideresa que promovió dos intentos de vacancia presidencial tras perder las elecciones pasadas y quien, como en anteriores ocasiones, tuvo como única consigna evitar que se tocaran las políticas neoliberales que implementara su padre, el ex-presidente hoy encarcelado Alberto Fujimori. Del otro estaba Castillo, un candidato improvisado e inconsistente, que se postuló por el partido Perú Libre, cuyo líder, el polémico Vladimir Cerrón, redactó un programa político autodefinido, sin ahorrarse adscripciones, como antiimperialista, mariateguista, socialista y marxista-leninista. Al fiel estilo de la izquierda sudamericana de los 2000, las únicas propuestas concretas de Castillo fueron el cambio constitucional y la expansión en el acceso a servicios públicos. Pese a los serios temores que provocaban ambas candidaturas, luego de la primera vuelta comenzó una pomposa pero incoherente campaña en la que Fujimori hija se autoproclamó como la única representante de la estabilidad, la democracia y hasta del capitalismo. 

Varios politólogos han dicho que esta elección pone un fin al consenso alrededor del modelo económico peruano 

Varios politólogos han dicho que esta elección pone un fin al consenso alrededor del modelo económico peruano. Dicen que buena parte de los electores puso en duda las políticas de libre empresa implementadas desde la década de 1990. Algunos hablan de un voto de protesta. Dicen que los peruanos, molestos por la ineficiencia estatal expuesta en la pandemia, buscan cambios radicales. Otro grupo dice que los «excluidos», carentes de representación política, han volcado su malestar hacia la opción más antiestablishmentLa crisis no solo es política sino también, y sobre todo, dicen, institucional. 

Todo esto es real y, sin embargo, nada de ello es nuevo en la política peruana. Las preocupaciones formales de los analistas habituales no alcanzan para explicar la amplia alianza entre los líderes de derecha y centro, el sesgo mediático, las campañas publicitarias del miedo financiadas por empresarios en las provincias e incluso la militancia de presentadores e influencers limeños. En más de 20 años de democracia, el mayor consenso al que llegaron las elites urbanas en Perú es que nada debe cambiar. Ni en relación con el manejo y el rol estatal, ni con la forma de generar riqueza y redistribuirla ni, sobre todo, con quienes pueden tener acceso al poder. Junto con el pánico ciudadano a un cambio radical de modelo político o económico, esta elección develó el miedo de una clase política a que «el otro» pueda tambiénquerer comer del pastel.

Los dos Perú

Desde hace 20 años, al país se lo puede leer de dos formas. En Perú hay alternancia en el poder. ¡Es el milagro peruano! Es una de las economías que más creció, con estabilidad financiera y gran capacidad para atraer inversiones extranjeras. Es un país donde el empleo urbano aumentó y la pobreza descendió consistentemente. Al mismo tiempo, Perú es un país donde la desigualdad va en aumento, con una mayoría que trabaja en el sector informal, o en el formal pero sin derechos laborales, con servicios básicos precarios o inexistentes en varias regiones y tremendamente racista contra su población andina y amazónica. 

A Perú no se lo lee por filiación partidaria sino por ubicación geográfica 

A Perú no se lo lee por filiación partidaria sino por ubicación geográfica. Mientras más lejos se esté del «milagro peruano», menos se cree que este sea real. Consistentemente, las zonas rurales más pobres, indígenas o campesinas, que para su supervivencia dependen más de la autoorganización que del Estado, votan en las elecciones presidenciales por opciones políticas que prometan más Estado, oportunidades y reivindicaciones socioculturales. Por su parte, las zonas costeñas, desérticas y urbanas tienden a votar por opciones más de derecha, casi siempre de la mano de los distritos más ricos de Lima. A estos dos grupos solamente los une el conservadurismo social. En el medio, una clase media frágil, sin preferencias muy definidas, juventudes apolíticas y microempresarios que, abandonados a su suerte por el Estado, se han echado a los hombros la economía local. Resignado a pagar a empresas privadas por servicios básicos de calidad mediocre, este último grupo vive aterrorizado de que una crisis política lo haga perder todo lo que a duras penas ha logrado.

La división no es casual. La clase política capitalina supo aprovechar muy bien el crecimiento macroeconómico proveniente principalmente de los altos precios de los minerales para asentar un discurso de statu quo. En Perú no hubo un giro a la izquierda como en la mayoría de los países vecinos. Tampoco reformas de peso para la mejora de servicios, como en Uruguay y Costa Rica. Mucho menos se vio el ascenso de movimientos sociales indígenas, estudiantiles o de trabajadores como en Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina. En Perú, los políticos han dicho que para estar mejor no hay que hacer nada. La representación, las reformas y el cambio son accesorios, cuando se sabe que la inercia es rentable. Incluso los partidos con mayores recursos de derecha parecen haber perdido la ambición de hacer política de verdad. En materia ideológica y de política pública, nada distingue a un político de Acción Popular de uno de Alianza por el Progreso o Fuerza Popular. Unidos por un pacto tácito de mutua protección, a nuestros políticos les es fácil cambiar de causas y rotar entre partidos, utilizando como único recurso de diferenciación la anécdota, el impasse y una que otra denuncia en Fiscalía.

No es que la ciudadanía no esté viva. Perú es el país con el mayor número de conflictos socioambientales de la región (3) y también tiene un elevado porcentaje de autoridades subnacionales revocadas por corrupción (4). No obstante, sin políticos con ambiciones de representación y con una estructura mediática centralista, es difícil que un peruano de las zonas urbanas o costeñas sepa qué reclaman sus compatriotas del sur o el oriente, y menos que se armen coaliciones nacionales. No se enteran de los largos viajes de las autoridades municipales rurales a los ministerios en Lima para conseguir más maestros para sus escuelas o simplemente acceso al agua. Tampoco saben de los reclamos ciudadanos por obras sobrevaloradas o malversación de presupuestos. Un peruano de las zonas urbanas no sabe nada hasta que la televisión le muestra un paro regional, una carretera bloqueada o un grupo de «radicales» dibujados como amenazas a la estabilidad nacional. Perú ha crecido en reservas económicas y capacidad de gasto, pero adolece de empatía. Sigue sin poder cuestionarse la raíz de sus problemas porque lo han asustado diciéndole que lo que ese «otro peruano» quiere es arrebatarle todo lo que él ha logrado.

La prensa, ¿espejo del país?

Con un país escindido, las elecciones se convierten en el único momento en que todos valen igual; pero ¿se puede ser ejercer la democracia en un país que no se conoce a sí mismo? El imaginario de nación del que hablaba Benedict Anderson está principalmente representado por lo que los ciudadanos de hoy alcanzamos a ver en los medios de comunicación masivos. El problema es que en Perú la prensa ha elegido ser un jugador, más que un narrador de la realidad. Desde la primera vuelta del 11 de abril pasado, los medios hicieron una cobertura tendenciosa de las preferencias electorales, siempre dando más luz a las nueve versiones de la derecha que participaron de la contienda. De un total de 603 entrevistas en campaña, Alberto Beingolea, del Partido Popular Cristiano (conservador), que hace ya décadas no tiene nada de «popular», fue entrevistado 121 veces, mientras que Pedro Castillo solamente 17 (5). El primero no llegó a 2% de los votos y el segundo ocupa hoy la silla de Pizarro. 

¿se puede ser ejercer la democracia en un país que no se conoce a sí mismo? 

Todo fue cuesta abajo durante el balotaje. Si ya era una campaña rica en miedos y pobre en propuestas, los medios la empobrecieron todavía más intercambiando la investigación por el proselitismo. Durante semanas, hubo numerosas tapas en los diarios nacionales contra Castillo y ninguna contra su contrincante (6). En las provincias, las noticias anunciaban la llegada de una suerte de mezcla entre comunismo y madurismo encarnada en cholos que, envalentonados, se apresuraban a invadir las casas de la «gente de bien». En televisión, constantemente se desafiaban las leyes de medios que norman neutralidad e imparcialidad. Los conductores de los programas juveniles más vistos aireaban la bandera nacional y repetían los lemas de campaña de Fujimori meneando sus rubios y musculosos cuerpos, al tiempo que sostenían las botellas de jugo que les tocaba promocionar en el siguiente bloque. 

Casi todos los medios de prensa emitieron comunicados explicando que los dueños tenían derecho a establecer una línea editorial. En retrospectiva, los mensajes parecían amenazas. Luego de que tanto las encuestadoras como el conteo de la autoridad nacional indicaran que Castillo había ganado, los medios iniciaron una campaña de negación y desinformación. El ya viejo deporte del terruqueo –acusaciones de terrorismo para descalificar a los adversarios políticos– fue pan de cada día contra quienes reconocían los resultados electorales. Todos los reflectores iban hacia los ex-militares, líderes de ultraderecha y hasta hispanistas que repetían a coro que, de ganar Castillo, se alzarían en armas para «defender la democracia y la paz». A varios políticos les era más fácil argumentar en televisión que la Organización de Estados Americanos (OEA) y Joe Biden habían sido cómplices y compinches de un supuesto fraude que reconocer que el candidato chotano había vencido en las urnas. Incluso los periodistas que cuestionaron esta versión tuvieron que abandonar sus puestos (7).

Así se pospuso la definición de los resultados del conteo final y, mucho peor aún, se arrojó sombra sobre el ideal de que el poder en América Latina se gana únicamente mediante los votos. Si ya las posibilidades de gobernabilidad de los presidentes peruanos estaban socavadas por el uso de las vacancias presidenciales como amenaza cotidiana, la deslegitimación de los resultados electorales abre una segunda caja de Pandora en la región, por la cual los perdedores se ven habilitados por otros poderes para no aceptar su derrota. 

Una clase política que ya no representa a nadie, de la mano de una parte de la elite limeña con aires coloniales que emplea los legítimos miedos de un país altamente incomunicado y dividido para decir una vez más que el otro, el que vota distinto, es el enemigo. La democracia, hasta que me convenga: esta parece ser la consigna en el Perú del bicentenario.

La democracia, hasta que me convenga: esta parece ser la consigna en el Perú del bicentenario. 

La izquierda

Y aun así, Castillo asumió como presidente. No solamente les ganó a los partidos clones de derecha, sino también al modelo de izquierda implantado desde los 2000. Una izquierda que, urgida por reconstruirse y apartarse de un pasado ligado a los grupos terroristas, volvió a la escena pública con la bandera del compromiso democrático y la inclusión, pero que, al acceder a los cargos de poder, no persiguió cambios profundos. La llamada izquierda «caviar», una izquierda limeña y altamente educada, hacía más esfuerzos para complacer a los sectores más pudientes que para ampliar su base social. Su líder más importante, Verónika Mendoza, probó elección tras elección agradar a la prensa y a la elite limeña moderando sus planteamientos. Olvidó el hecho de que para la mayoría de las regiones en Perú la continuidad significa exclusión. Mendoza terminó sin apoyo popular y sin sumar en las elites, que nunca habían considerado votarla. Ese vacío político fue ocupado por dos personajes de la sierra peruana: Castillo, un novato que encontró la oportunidad de participar en la política a través de la sigla de Perú Libre, el partido del acaso último hombre en el país que cree en la militancia, el médico educado en Cuba Vladimir Cerrón. Aunque su sueño siempre fue encabezar la batalla contra los sectores limeños, de derecha y progresistas desde una identidad «provinciana», Cerrón tuvo que ceder su puesto a Castillo ante la inhabilitación por una condena por corrupción en la región de Junín de la que fue gobernador. Perú Libre no aspiraba más que a conseguir algunas curules, pero en el país de los outsiders muchos vieron en el hombre del sombrero a uno como ellos, capaz de entender lo que es la pobreza y la exclusión. Ya en la segunda vuelta, muchos solamente notaron que no se apellidaba Fujimori. La prensa ha repetido hasta el cansancio que Castillo es títere de Cerrón, pero cada vez es más evidente que ellos persiguen objetivos distintos. A Castillo le interesa convertirse en un político. Cerrón, en cambio, busca desarrollar una estructura política que transforme el país. 

Castillo y Cerrón irrumpen en la escena peruana para mover el péndulo de la discusión política del espectro de la derecha y el statu quo hacia el de la izquierda. Su sola presencia obliga a que todos los políticos salgan de sus zonas de confort y discutan qué clase de Estado, de democracia y de política económica quieren defender. Arrincona a los intelectuales, que hasta ahora vivían llorando la fragilidad de los partidos capitalinos, a que piensen cómo entender a las organizaciones políticas de las provincias. Sin hacer concesiones con los sectores más pudientes y sin pactar con los políticos tradicionales, Castillo y Cerrón han hecho además que las elites que antes terruqueaban a Verónika Mendoza hoy rueguen para que su equipo técnico participe del gobierno de Castillo. El cambio es tan brusco que casi uno se pregunta: ¿qué se discutía antes en la política peruana?

La remecida a la clase política limeña, sin embargo, no es suficiente para que Castillo y Cerrón puedan tomar conciencia de su rol y deber para con el país. Tampoco parece que tuvieran las herramientas necesarias para hacer un cambio justo. La izquierda paga el precio de su completa ausencia en la política. Sin renovación de cuerpos y sin militancia, no es capaz de pasar de lo deseable a lo posible. No hay aquí, como en Bolivia, un Luis Arce que pueda traducir los sueños revolucionarios en una política fiscal responsable y con prioridades claras. Los últimos líderes de izquierda en Perú fueron puestos contra la pared para no cumplir lo que prometieron o se resignaron a trabajar con tecnócratas sin espíritu político, dispuestos a trabajar con cualquier gobierno y, por ello, favorecieron que nada cambiara. Desde los años 2000, la vida política de la izquierda está sujeta a su promesa de no gobernar con políticas de izquierda. El problema es que, habiendo ganado por un margen mínimo y con el país polarizado, Castillo tiene que actuar rápido y de forma efectiva.

Desde que empezaron los enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la política se ha vuelto una competencia por ver quién logra llegar vivo al fin de su periodo, al costo que sea. 

Al mismo tiempo, desde antes de que le impusieran la banda presidencial, Castillo tiene una guillotina con su nombre estampado. Los fantasmas de Pedro Pablo Kuczynski y de Martín Vizcarra que penan por los pasillos del Palacio de Gobierno le recuerdan al nuevo presidente que, sin mayorías, el Congreso no le va a dar tregua. Ambos ex-presidentes eligieron premieres y gabinetes conciliadores de centro y hasta cedieron ministerios a la derecha a cambio de su supervivencia. Ambos fueron destituidos. Con todos estos peligros, la nueva izquierda parece no definir su estrategia para asegurar gobernabilidad –no tiene claro si debe optar por la lealtad política o por la eficiencia–. El gabinete de dos cuerdas refleja muy bien cómo este dilema sigue sin resolverse. Por una parte, hay una facción compuesta por «fuerzas de choque», con figuras de izquierda radical como el premier Guido Bellido, apologista del grupo terrorista Sendero Luminoso; nostálgicos de la Revolución Cubana, como el ministro del Exterior Héctor Béjar (quien debió renunciar por declaraciones sobre el origen del terrorismo en el país); y partidarios de Perú Libre sin experiencia alguna en sus áreas, pero que ya empezaron a distribuir puestos. El otro grupo tiene técnicos y profesionales como el ministro de Economía Pedro Francke, el de Educación Juan Cadillo y las carteras de Agricultura, Mujer y Justicia, que tienen una doble tarea: generar mejoras inmediatas para calmar el pánico y salvar la imagen de los primeros. Aunque obsesionados por ser distintos, Castillo y Cerrón están por imitar a sus predecesores: buscan sobrevivir antes que realmente gobernar. Desde que empezaron los enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la política se ha vuelto una competencia por ver quién logra llegar vivo al fin de su periodo, al costo que sea.

El futuro

A Castillo se le pide que designe a personas menos radicales, con credenciales éticas y más preparadas. La solicitud, que más parece ultimátum porque llega con la amenaza de vacancia bajo la manga, viene de tremendo púlpito. Se lo reclaman los partidos y políticos que llevaron al Congreso a pastores evangélicos que llamaban a la lapidación de las mujeres lesbianas, a viceministros hoy presos por malversación de fondos y a jóvenes ministros con el único mérito de ser el mejor amigo del hijo del premier. No queda claro si lo que les molesta es la insolvencia profesional o el hecho de no haber sido invitados al festín. 

Otros sectores más centristas le piden además al nuevo presidente que traicione a su partido y pase a un proceso de ollantización; es decir, que siga el camino del ex-presidente Ollanta Humala, que reniegue de todo lo que dijo que haría y deje las cosas como están. En estos momentos, sin embargo, cuando ya se activó una campaña de especulación y hay miedos reales sobre el futuro de la estabilidad económica, esta no es una opción. Un gobierno estático está condenado a padecer la pérdida de credibilidad y la fuga de capitales. Peor aún, mantener la inercia equivale a crear un caldo de cultivo para la emergencia de líderes más radicales. 

Los peruanos sabemos que, ante la poca o nula representación de los partidos, en el país se ha creado un sistema de relación directa entre el Poder Ejecutivo y la ciudadanía, en el que esta última es quien ejerce contrapesos para apoyar a presidentes que percibe como reformistas. Castillo tiene el deber de enmendar sus objetivos políticos no para complacer a una clase política que va a petardear su gobierno sin importar sus decisiones, sino para ser consecuente con lo que los peruanos vienen reclamando y, por lo tanto, para convertirse en su representante. Esto es, ampliar la presencia del Estado en todo el país y construir una institucionalidad que otorgue mayor presencia a los intereses de los sectores hasta ahora excluidos. Por el contrario, trabajar con la misma gente acostumbrada a negocios turbios o antiderechos o caer ante el nepotismo le quitará la calle y lo dejará solo ante una oposición que ya saliva con la idea de que el caos en el país le devuelva sus cuotas de poder. Castillo no es Evo Morales ni Luiz Inácio Lula da Silva, no viene empoderado por los movimientos sociales ni respaldado por los trabajadores organizados. Mucho menos tiene la experiencia política que ambos poseían al momento de llegar al poder. Sin embargo, los orígenes y la piel de Castillo lo colocan en un lugar único para mostrarle a una sociedad en la que se diseñan edificios con ascensores aparte para que los cholos no compartan espacio con sus patrones que todavía podemos perseguir el sueño de ser iguales. En concreto, el presidente tiene un capital social que debería traducirse en la creación de puentes de comunicación con un sector marginado que le permitan al Estado escuchar demandas, prevenir conflictos e implementar soluciones que vengan de los propios afectados por la política. Tiene una oportunidad para llevar a esta gente a ser parte de las reglas del Estado.

Aunque a varios los incomode, promover la legitimidad de las instituciones pasa por hacer ver que ni la elite, ni la prensa y mucho menos el jefe de un partido están por encima de las leyes. 

Quienes solo se apoyan en ese primer punto, sin embargo, terminan hundidos en el personalismo y socavando las reglas del Estado. Por ello, el nuevo gobierno tiene también el mandato de que la política sirva para legitimar el papel de las instituciones. Esto significa asimismo hacer ver que estas instituciones pueden estar al servicio de todos: pueden dar seguridad jurídica a los medianos y microempresarios, promover salud de calidad, fiscalizar y sancionar. Aunque a varios los incomode, promover la legitimidad de las instituciones pasa por hacer ver que ni la elite, ni la prensa y mucho menos el jefe de un partido están por encima de las leyes.

Notas:

(1) Las rondas surgieron como organizaciones campesinas de defensa contra el hurto de ganado, pero con el tiempo se transformaron en poderes autónomos para la toma de decisiones y administración de territorios comunitarios. Sobre el origen de las rondas, v. Orin Starn: Reflexiones sobre rondas campesinas, protesta rural y nuevos movimientos sociales, IEP, Lima, 1991.

(2) Su esposa y una de sus hijas pertenecen a la Iglesia del Nazareno y él participa a menudo de sus oraciones.

(3) V. Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, www.ocmal.org.

(4) Yanina Welp: «Recall Referendums in Peruvian Municipalities: A Political Weapon for Bad Losers or an Instrument of Accountability?» en Democratization vol. 23 No 7, 2016.

(5) Grupo de Investigación de Partidos y Elecciones (gipe): «Tabla: Entrevistas a candidatos presidenciales en televisión: 1 de enero – 11 de abril», Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2021.

(6) Unión Europea, Misión de Expertos Electorales – Perú: «Elecciones generales 11 de abril de 2021. Segunda vuelta presidencial 6 de junio de 2021. Informe final. Periodo de referencia 15 de marzo – 19 de julio de 2021», 2021, disponible en https://eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_eem_per_2021_fr_es.pdf.

(7) El programa dominical político más visto en televisión, Cuarto Poder, enfrentó la renuncia masiva de su equipo periodístico luego de que sus integrantes se opusieran al pedido directivo de hacer una cobertura favorable a Fujimori y contraria a Castillo. «Mordaza en Cuarto Poder: Periodistas renuncian por desacuerdo» en El Perfil, 8/6/2021.


* Zaraí Toledo Orozco es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Columbia Británica, Vancouver. Investiga sobre desarrollo del Estado andino, manejo de recursos naturales e informalidad. Actualmente es investigadora posdoctoral en el Center for InterAmerican Policy and Research (CIPR) de la Universidad Tulane, Nueva Orleans.

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