Luis Rodríguez Camacho
RMMA / 23 de noviembre 2020
La derecha peruana, temerosa de la creciente ola de la izquierda, que amenaza con acabar sus privilegios acuñados bajo malas artes; no ha dudado en desarrollar toda una estrategia para “liquidar” las esperanzas del pueblo, acusando a sus líderes más representativos, con argumentos inverosímiles y argucias “legales” que comprometen seriamente la “justicia” que imparte el poder judicial.Esta asonada judicial que busca mantener el statu quo del sistema neoliberal, podemos entenderla y sopesarla hasta cierto punto, al final es parte del juego de poderes; pero lo que no podemos entender es que esa “izquierda” de “zapping”, que mira para el otro lado, haya perdido su solidaridad de clase y busque mimetizarse entre la centro-derecha, para afirmar su posición de espectador pasivo, ante la arremetida judicial orquestada por el sistema.PERSECUCIÓN POLÍTICALa arremetida judicial contra los líderes de la izquierda del Perú profundo, no ha sido calibrada en su verdadera dimensión por la ciudadanía, debido al silencio cómplice de la prensa mediática o la tergiversación de los hechos acusatorios, que han terminado por confundir a la opinión pública.La “izquierda” de salón, esa misma que busca guardar distancias frente a los hechos, que se rasga las vestiduras ante las falacias vertidas por la prensa y guarda inmaculada distancia con los fallos amañados por la “justicia”; cree que la ola de “odio de clase” que crece a la sombra de los “nuevos cambios” no terminará por arrasarla. Pobres ilusos.Allí están para las “estadísticas” de la persecución política, la sentencia del exgobernador de la región de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, condenado a 19 años y 4 meses de prisión, por los delitos de colusión agravada y otros en agravio del Estado, imponiendo un pago de 1’550,000 soles entre Santos y sus co-sentenciados como reparación civil.La sentencia del ex gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, por delito contra la tranquilidad pública (caso Aymarazo) y sentenciado a 6 años de prisión y al pago de 2 millones de soles en reparación civil.La sentencia dictada por la Corte Superior de Justicia de Junín, contra el ex gobernador regional de Junín Vladimir Cerrón Rojas, por el pago de valorización indebida por el caso OEI en Yauli; condenado inicialmente a cuatro años y ocho meses de prisión, así como al pago de una reparación civil de S/850,000.Posteriormente el Poder Judicial dispuso variar la sentencia a prisión suspendida, reduciendola a 4 años.La acusación última contra el ex gobernador de Arequipa Elmer Cáceres Llica, destituido por su mala gestión durante la emergencia sanitaria y no implementar protocolos durante la pandemia; medida judicial inconstitucional e ilegal. Todos ellos llegados a la gobernación, al frente de masivos movimientos regionales, desplazando a las viejas autoridades políticas y renovando la atmósfera democrática de la región. Para los que aún creen que estas acusaciones son hechos aislados, sin ninguna vinculación; ésta asonada de persecución política, es una prueba de la razzia emprendida por la derecha “legal” del sistema, que busca frenar el crecimiento de las organizaciones populares, manchando honras, cercenando derechos, guillotinando las justas aspiraciones de los líderes de la izquierda radical, que enarbolan las banderas de la reivindicación popular.
