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ARTÍCULO

Respuesta a José Garrido de El Comercio acerca del convenio de las clínicas con el gobierno

Me permito hacer algunas observaciones al editorial del día de hoy, 28 de junio de 2020, del director, Juan José Garrido Koechlin, quien refiere que no se puede llegar a ninguna negociación si una de las partes utiliza una pistola para amenazar a la otra, acusando que el gobierno habría utilizado la coacción sobre la Asociación de Clínicas Privadas para firmar un acuerdo.

La “amenaza”, considerada así por los “afectados”, es totalmente constitucional amparada en el Art. 70 de la Carta Magna que ha venido enriqueciéndolos permanentemente, donde precisa disponer de la propiedad privada por seguridad nacional y necesidad pública, por tanto, su aplicación solo depende de la voluntad política, pero si el Presidente hubiera querido realmente hacerlo, no lo hubiera anunciado, sino ejecutado, por tanto, la proclama solo fue para convalidar el futuro negocio que líneas abajo detallamos.

Nos interrogamos, ¿Cómo es posible que la víctima salga ganando en esta amenaza? ¿Cómo entendemos que el convenio sea voluntario? Está claro que solo fue una pantomima política y la editorial también va en el mismo sentido. Las clínicas ganarán 55 mil soles más IGV por pacientes con COVID19, independientemente de la duración de la estancia, da lo mismo 1 que 30 días, esto en realidad, es una viveza detestable de las clínicas y el gobierno, que perpetúa los privilegios y la explotación en un país masacrado por la pandemia.

Aquí, Señor, lo que se está haciendo es el latrocinio más grande e inhumano que la patria registrará en su historia, más grande de lo ocurrido en la guerra con Chile, donde el Ejército Peruano del Norte se alió con el Ejército Chileno para combatir y derrotar al Ejército Peruano del Centro en Huamachuco, dirigido por Cáceres. Lo mismo que ocurrió en Chincha cuando los hacendados se aliaron al Ejército Chileno para aplastar una sublevación de campesinos. Es lo mismo que ocurre hoy.

Hay una alianza del gobierno con la oligarquía empresarial sanitaria del país para seguir disponiendo del impuesto de los esclavos peruanos en beneficio propio. No es solamente con las clínicas, sino también con los bancos, las financieras, las AFP, las grandes empresas, los préstamos ante el BID, entre otras cosas, al que el pueblo asiste estupefacto. Y cuando Vizcarra ya no les sirva, como Toledo o Humala, después de alabarlo y saquearlo, terminarán pidiendo su prisión y ustedes le pondrán la pistola al Ministerio Público y al Poder Judicial para que así fallen.

Dicen que la acción del Presidente mella la confianza en el Estado y los ciudadanos en una sociedad civilizada ¿Cómo?, no Señor, esta acción recobraría la confianza en un Estado que secularmente abandonó a su pueblo, porque en una sociedad civilizada no se roba, menos con la salud y la educación.

Acusa también al Ejecutivo que estaría desfigurando las leyes, que así lo perciben los ciudadanos, por favor, basta de hacernos creer que lo bueno para ustedes es bueno para el pueblo, si quiera en pandemia hablen la verdad. Las leyes y la propia Constitución del 93, no es más que el marco jurídico, y “ético”, para justificar el saqueo del país, avalado por ustedes que son accionistas de las empresas que Fujimori nos la robó, no bajo pistola, sino cañones y genocidio, y luego se las vendió a precio de socios.

(*) Médico Cirujano, Especialista en Neurocirugía, Magíster en Neurociencias, Doctor en Medicina, Expresidente de la ANGR, Gobernador Regional de Junín (s), Secretario General del Partido Perú Libre.

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