INTRODUCCIÓN
Con frecuencia Perú Libre es atacado por las fuerzas derechistas en su afán de hacerle creer a la población, e inclusive a la militancia, intenciones ajenas a nuestras pretensiones socialistas. Este documento revela nuestra política económica al servicio del pueblo, aclarando que la misma responde a los intereses clasistas del obrero, del campesino, de la clase media y del empresariado nacional patriota.
Aquí precisamos los doce puntos de nuestra propuesta de modelo de producción, al que denominamos Economía Popular Con Mercados, cuyo objetivo es crear un Estado: regulador del mercado, que controle la gran economía, descentralizado, fuerte y con facultades, revisor de contratos, redistribuidor de riqueza, industrializador, nacionalizador, sin deuda pública, priorizador de la demanda interna, estabilizador de la microeconomía y enteramente soberano.
De su lectura, podrá deducirse que el Partido no tiene en su programa, con relación al pueblo, la confiscación de empresas, apropiarse de sus bienes, intolerancia a la mediana o pequeña inversión privada, enemistad con las concesiones justas o con el propio mercado. Por el contrario, es la derecha capitalista la que aplica estas premisas contra el pueblo, sin dejarlo desarrollarse, boicoteando sus iniciativas, sin permitir la competencia limpia, creando monopolios, concertando precios, recurriendo al dumping, etc., convirtiéndonos en una sociedad de consumo y no productiva.
Este documento debe ser de dominio de la militancia, sobre todo de los dirigentes orgánicos y representantes gubernamentales, para poseer una claridad al persuadir y educar al pueblo, en el proceso de su integración a la brega emancipadora, pero, además, como herramienta vital para la polémica con los adversarios en el campo de la economía.
¡No más pobres en un país rico!
Lima, octubre de 2024
Vladimir Cerrón Rojas
Secretario General Nacional
Líder Fundador
ECONOMÍA POPULAR CON MERCADOS
12 puntos del modelo económico del Partido
El Partido tiene la misión de invertir las relaciones de dominación del capital sobre el trabajo, de la economía sobre la política y del mercado sobre el Estado, para ello recurre a experiencias mundiales, continentales y nacionales, afines a su pensamiento y objetivos. Nosotros lo denominamos resumidamente: Economía Popular Con Mercados.
Al hablar de economía, estamos haciendo mención del nervio que garantiza la materialización de las proyecciones estatales. Es popular porque está al servicio del pueblo, de las clases mayoritarias, de los intereses clasistas, del obrero, del campesino, de la clase media y del empresariado nacional patriota. No descarta el mercado, como legado de la humanidad y no un patrimonio del capitalismo.
Los planteamientos vertidos no son una creación genial del Partido, sino del pueblo latinoamericano, cuyas experiencias hemos acogido, adaptándolos a nuestra realidad concreta, de la experiencia gubernamental de la República Plurinacional de Bolivia y de la República del Ecuador, del gobierno de Morales y Correa, respectivamente. El primero se refiere al Modelo Social Económico Comunitario Productivo y el segundo al modelo de la Revolución Ciudadana. Además, se agregan experiencias propias fruto de nuestro gobierno regional, parlamentario y nacional. Es necesario precisar que nuestro país es plurinacional, por ello hemos planteado fórmulas económicas de carácter general y no particular, válido para todas las regiones, incluyendo la capital.
Estado regulador del mercado. El Estado está enteramente regulado y sometido a la supremacía del mercado, que en la práctica instaló una dictadura de mercado, condición lamentable que define nuestras políticas nacionales, regionales y locales.
Como en todo mercado prevalecen sus dos leyes supremas, la oferta y la demanda, que han logrado desnaturalizar los valores de nuestra sociedad, al extremo de convertirnos en mercancía como “capital humano”.
El Estado reducido cede a los grandes empresarios la exclusividad del mercado, su presencia oligopólica, la concertación de precios, el dumping para quebrar la empresa nacional y la exoneración de impuestos. La Constitución ampara la iniciativa empresarial privada, pero no la mixta y menos la pública, sin garantizar el pluralismo económico. El Estado no debiera estar ajeno a los beneficios del mercado.
En conclusión, necesitamos recuperar la supremacía del Estado, regulando el mercado en función del bienestar popular, transitando de la sociedad de mercado a una sociedad con mercados privados, mixtos y públicos, logrando una patria democrática, descentralista, inclusiva, internacionalista, soberana y humanista.
Estado que controle la gran economía. Sustitución del Estado ajeno al control de la economía por un Estado que controle la gran economía del país (mineros, petroleros, gasíferos, hidroenergéticos y comunicacionales), permitiendo y estimulando a la vez que la mediana, pequeña y artesanal economía pueda ser privada, mixta o pública.
Estado descentralizado. El Estado centralista es propio de las oligarquías, es decir, de los pequeños grupos de ricos que gobiernan un país. La economía producida por los pueblos se concentra en la capital, desconociéndose los derechos de quienes realmente la generan. El Perú profundo produce, los pueblos son explotados, contaminados, reprimidos y mal pagados, mientras en el Perú oficial, especialmente en Lima, radica el cajero.
Históricamente, el Gobierno Central se asigna un promedio de 70 % del presupuesto, el 18 % para los 25 gobiernos regionales y el 12 % para las 4385 municipalidades, incluyendo centros poblados. Así, el centralismo se expresa en la opulencia económica de algunas ciudades y la pobreza extrema de otras.
Las empresas que desarrollen actividades económicas en regiones debieran garantizar el empleo de sus habitantes hasta en el 60 % del total de sus trabajadores, transferir tecnología con capacitación y equipamiento, adquirir bienes y servicios que brindan las pequeñas y medianas empresas regionales impulsando sus actividades económicas y generando empleo, señalar su domicilio fiscal en la sede productiva y no en región distinta, para contribuir a la descentralización fiscal y tributaria.
En conclusión, debemos sustituir al Estado centralista que beneficia económicamente a la iniciativa privada por un Estado central, unitario, de orden vertical, pero descentralizado en los planos económico, fiscal y tributario, que beneficie al sector privado, mixto y público. No somos partícipes del Estado federalizado, de orden horizontal, por ser proclive a la anarquía.
Estado fuerte y con facultades. El Estado ha sido reducido por las grandes empresas nacionales y transnacionales a tal punto que han llegado a sustituirlo en la mayoría de sus facultades. En realidad, estamos frente a dos estados, uno restringido y el otro ampliado.
El Estado restringido, minimizado, es casi imperceptible, moribundo, solo es vigilante, supervisor, recaudador, frente al otro Estado que actúa de facto en la sombra, pero que es fuerte y tiene toda la ventaja, aplicando una férrea dictadura de mercado.
El Estado débil no puede regular los precios a los especuladores oligopólicos, así estemos en emergencia nacional, como en la pandemia del Covid-19, donde murieron cerca de 300 mil peruanos. Las cadenas de farmacias y clínicas se enriquecieron y osaron en solicitar préstamos al Estado con Reactiva Perú. El Estado débil no pudo defender a su pueblo de estos crímenes y la corrupción siempre estuvo de la mano. Hasta ahora no se sabe cuánto costaron las vacunas.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado pasivo, vigilante, supervisor, contemplativo y recaudador, por un Estado activo, fuerte e interventor a todo acto lesivo, planificador del futuro nacional, innovador del conocimiento científico, promotor del talento humano, con facultad empresarial, competidor con el sector privado y protector de su pueblo.
Estado revisor de contratos. El Perú es uno de los pocos países en el mundo que tiene contratos con rango de ley, nos referimos a los contratos ley, blindados por la Constitución fujimorista (art. 62), los mismos que no pueden ser modificados por el Parlamento.
Los contratos ley en realidad son la libertad para saquear nuestras riquezas, logrando que la gran corrupción en el país tenga rango y protección constitucional. Revisarlos permitirá invertir la proporción en el reparto de utilidades, en las que las transnacionales se llevan hoy el 70 % y el Estado el 30 %, en clara desventaja para nuestro desarrollo.
El Estado no debe dar privilegios constitucionales al capital transnacional, perdiendo soberanía e impidiéndose su revisión aún sean lesivos. El Estado debe contratar con seguridad jurídica, pero sin privilegios ni inmunidades legislativas, judiciales, financieras o tributarias.
Para revisar, renegociar o anular estos contratos ley, se necesita un ente superior al Parlamento, con mayores y amplísimas facultades, y esa institución no puede ser otra que la Asamblea Constituyente.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado que promueve el blindaje de las concesiones lesivas al pueblo, como los contratos ley, por un Estado transparente que permita la revisión, renegociación o anulación de las mismas.
Estado redistribuidor de riqueza. El Estado constantemente hace gala de contar con grandes reservas en miles de millones de dólares, lingotes de oro, presume de una alta recaudación tributaria, manifiesta que el sector minero capta mejores divisas, que no tenemos inflación, que nuestra moneda es fuerte, que estamos en bonanza y crecemos como ejemplo continental, etc., sin embargo, los sueldos siguen congelados y las protestas sociales continúan hace décadas. El Estado acumulador solo favorece al gran empresariado, que osa reinvertir nuestras propias reservas para beneficio propio.
El Estado debe reevaluar como fuentes redistribuibles de riquezatodas las concesiones; nacionalización de los recursos naturales; revisar los TLC; invertir la proporción del reparto de utilidades; cobrar todos los impuestos; abolir sueldos dorados; abolir el Concordato con la Santa Sede; finalizar la cédula viva de exparlamentarios; finalizar la pensión vitalicia de los presidentes; participar a las comunidades como accionistas en la explotación de sus recursos; eliminar los seguros extranjeros a altos funcionarios; etc.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado acumulador que favorece al empresariado transnacional, atentando las mejoras salariales por un Estado redistribuidor de la riqueza, para lograr una mejor infraestructura, equipamiento y recursos humanos, que fortalezca al empresariado nacional, alcanzando el descongelamiento e incremento de los sueldos.
Estado industrializador. Según la gran división mundial del trabajo, los países tercermundistas estamos restringidos a ser solo exportadores de materia prima, no podemos desarrollar industria. Somos países dependientes de las grandes potencias que se dan la licencia de ser los únicos industrializados del planeta. Estamos obligados a consumir sus productos manufacturados con el valor agregado a nuestra propia materia prima.
Un Estado primario exportador tiene enormes desventajas para su desarrollo, como no generar industria nacional, no generar empresa, no generar valor agregado, no generar su propio mercado, no generar empleo, no mejorar los sueldos, no invertir en el país, no desarrollar infraestructura ni tecnología, no captar mayores divisas, ser dependientes del poder económico foráneo y continuar con el círculo vicioso que empieza al esclavizar a nuestros jóvenes terminando con enriquecer a los extranjeros.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado primario exportador que reduce las plazas laborales por un Estado industrializador, generador de valor agregado, captador de divisas, promotor de inversiones concurrentes, generador de empleo, descongelando los sueldos y generando bienestar social.
Estado nacionalizador. No hay que temer a la nacionalización, estatización o recuperación de nuestros recursos naturales estratégicos, base fundamental para nuestro desarrollo y soberanía. Un país desprovisto de empresas e industrias, tiene que trazar su desarrollo a partir de la explotación sostenible de los mismos.
Si las compañías no aceptaran la renegociación de los contratos ley, con las nuevas condiciones planteadas a favor del pueblo, el Estado debe proceder a la nacionalización del yacimiento en cuestión, de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros.
La exclusividad del manejo de algunos recursos naturales estratégicos solo puede ser reservado para el Estado peruano en salvaguarda de los intereses nacionales en materia de economía, soberanía, seguridad, energía, alimentación y otros que lo ameriten.
En conclusión, debemos desterrar al Estado privatizador de nuestros recursos naturales y exportador de capitales, que fortalece la economía externa, por un Estado nacionalizador de sus recursos estratégicos, rescatista de nuestra dignidad y soberanía, que fortalezca la economía interna, invirtiendo sus capitales en el país.
Estado sin deuda pública. La deuda externa es impagable e incobrable por razones históricas y matemáticas, precisaba Fidel, si se continúa con la misma política impuesta por el imperialismo a los pueblos del mundo.
En la actual coyuntura nacional y mundial, somos partícipes de que toda deuda pública, externa e interna, debe ser pagada, previa renegociación de las cifras primarias.
Para el año 2023, la deuda pública continuó incrementándose a la suma de 87,769 millones USD (100 %). De esta cantidad, la deuda externa fue 42,209 millones USD (48 %) y la deuda interna 45,559 millones USD (52 %). Esto significa que nuestro país, respaldado con la complicidad estatal, se sigue endeudando cada vez más con la oligarquía nacional, quienes han logrado desplazar a los acreedores extranjeros.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado dependiente del endeudamiento público, que en el extremo otorga salvatajes al gran empresariado como al Banco Wiese o Reactiva Perú, generando déficit fiscal, por un Estado que genere sus recursos internos a partir de su soberanía sobre los recursos estratégicos, generando superávit fiscal.
Estado priorizador de la demanda interna. Nuestra producción nacional capitalista está diseñada para satisfacer las necesidades del primer mundo, más no las nuestras propias.
El mercado debe estar regulado y orientado por el Estado para resolver las demandas populares, como el alto índice de desnutrición, la mortalidad infantil, la muerte materna, el analfabetismo, la prevalencia de enfermedades infecto contagiosas, el empleo informal, la falta vivienda y saneamiento, la ausencia de seguridad social, etc., y no priorizar la demanda externa del primer mundo que goza de mejores indicadores en bienestar humano.
Para lograr mejores resultados debemos ejecutar programas bandera como los médicos de la familia, los odontólogos en los colegios, los psicólogos por colegio, la movilización por la alfabetización, residentado médico regional, creación de universidades de educación y de ciencias médicas en cada región, entre otras.
En conclusión, debemos sustituir el Estado que orienta su economía productiva acorde a la demanda externa por un Estado que oriente su economía productiva para priorizar la demanda interna, sin descuidar la externa.
Estado estabilizador microeconómico. El Estado adormece al pueblo publicitando mejoras sobre las cifras macroeconómicas, como la tasa anual de crecimiento del PBI, las RIN, inflación o desempleo, indicadores que no es de común entendimiento porque hay que tener una noción elemental.
Según Correa, la tasa de crecimiento no es el mejor indicador, porque puede aumentar, pero a la vez incrementar la pobreza por la explotación al pueblo y recorte de sus beneficios laborales en favor de los dueños de los medios de producción. Podemos vender todos nuestros recursos sin dejar nada al Estado, podemos permitir la explotación y mejorará la tasa de crecimiento, pero no el bienestar social.
Evitan hablar de indicadores microeconómicos, la que estudia el comportamiento de las empresas, hogares e individuos con el mercado, aspectos tangibles para el pueblo. Es importante porque nos permite planificar los recursos limitados y optimizarlos.
En conclusión, debemos sustituir al Estado que prefiere la estabilidad macroeconómica por un Estado que prefiera la estabilidad microeconómica del hogar, del empleo, las empresas, las microfinanzas, etc., sin descuidar la macroeconomía.
Estado soberano. Nuestra economía está sometida a fórmulas dictadas por instituciones como el Consenso de Washington, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Reserva Federal de los EE. UU., Gobierno de los EE. UU., etc.
El Gabinete ministerial está capturado y dividido en dos bloques, los sociales y los productivos. Los sociales los maneja USAID, planificando nuestras políticas en salud, educación, justicia, trabajo, cultura, inclusión social, etc. Los productivos, como son los ministerios de transportes, vivienda, producción, energía y minas, agricultura, etc., lo manejan los grandes empresarios agrupados en la CONFIEP, en contubernio con el capital transnacional.
La soberanía permite la administración total de los recursos estratégicos en mar, cielo y tierra; recuperación del suelo y subsuelo como derecho comunal; el carácter vinculante de la consulta previa; impulsar política de fronteras vivas; recuperar tierras agrícolas; revisión, regulación o anulación de los TLC; soberanía tecnológica digital, jurídica, territorial, alimentaria y militar.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado sometido a las fórmulas del Consenso de Washington, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Reserva Federal de los EE. UU., Gobierno de los EE. UU., Unión Europea, etc., por un Estado soberano sin dependencia política, con un superávit que peruanice la economía.
