El uso bélico de los instrumentos jurídicos en una guerra no convencional, ha creado a los falsos positivos judiciales, quienes generalmente son los políticos de izquierda, sobre todo los antimperialistas.
Para que esto sea creíble, recurren a una estrategia de envenenar al pueblo con informaciones falsas, escoltado por una investigación fiscal para darle la apariencia de legalidad y seriedad. El chivo expiatorio es casi siempre el “combate a la corrupción”, algo que no tienen dudas que el pueblo apoyará con más energía inquisitiva que cuando se trataba de narcotráfico o terrorismo, las décadas del 80 y 90, respectivamente.
A mi generación política le llegó lidiar con el sambenito de la corrupción a partir del inicio del milenio, extendiéndose hasta la actualidad. Todo esto se acompaña de una legislación promovida por el imperialismo a través de sus oenegés y parlamentarios caviares, quienes promueven leyes abiertas, generales y severas, con lo que pueden sentenciar a cualquiera.
Un ejemplo claro es la muerte civil que se le impone a los sentenciados por corrupción en primera instancia, violando el principio constitucional de la presunción de inocencia y la pluralidad de instancia, para luego despojarlos de sus derechos políticos. En la práctica, esto ha otorgado un poder político a los jueces, fiscales y procuradores, para eliminar adversarios políticos que pueden despojar del poder a la oligarquía dominante.
El Partido Perú Libre y sus dirigentes son víctimas frecuentes de esta guerra jurídica, conocida como lawfare, que ha conllevado, a quien escribe, enfrentar más de 220 procesos penales con fines de descabezar a la organización. El fenómeno se intensificó cuando el Partido llegó a ganar el proceso electoral nacional el año 2021, asentando en la historia el primer triunfo electoral de la izquierda marxista.
Después de procesos largos y una serie de medidas restrictivas, los procesos finalmente se archivan, sobreseen, anulan o absuelven, pocos se sentencian. En mi caso se archivaron más del 93 % de los casos y me sentenciaron en dos, tan simples legalmente, pero políticamente complejos.
El año 2019, me sentencian por negociación incompatible, en el caso Saneamiento de La Oroya, donde solo ordené se cumpla una conciliación extrajudicial entre la empresa y el procurador del Estado. Asimismo, el año 2023, me sentencian por colusión simple, en el caso Aeródromo Wanka, que había prescrito, además, donde el Estado no había invertido un solo centavo, sustentando la condena en un “daño potencial”.
Con la primera sentencia me despojaron del cargo de gobernador regional de Junín, al que había accedido por elección popular del 2019 hasta el 2022; y, con la segunda sentencia, evitaron mi postulación en la fórmula presidencial el 2021. Siempre buscando la inhabilitación política.
Hoy demostré, después de una ardua lucha legal, que las sentencias han sido ilegales, inconstitucionales y arbitrarias. La primera sentencia fue anulada por un habeas corpus de fecha 18 de agosto de 2023, pero esto fue posible solo a nivel de la justicia constitucional, más no de la justicia ordinaria, la misma que se encuentra tomada por el poder caviar, que en la práctica funciona como un Deep State.
Al haber recuperado mis derechos políticos, el lawfare nuevamente se pone en marcha y luego de 2 meses, el 6 de octubre de 2023, me imponen la otra sentencia, volviendo a inhabilitarme. Posteriormente, esta sentencia también fue anulada por un habeas corpus, el 3 de diciembre de 2024, volviendo a recuperar mis derechos políticos.
Ante estas nefastas experiencias, debemos prepararnos para enfrentar nuevos embates jurídicos, condición permanente mientras los aliados del imperialismo permanezcan en la conducción de los órganos de justicia, pero también de la misma forma irán cayendo, como ha caído hasta ahora el 93 % de sus intentos de darnos la muerte civil, uno por uno.
Habeas corpus fundado del Caso Saneamiento La OroyaHabeas corpus fundado del Caso Aeródromo Wanka
Habeas corpus anula sentencia del caso Aeródromo Wanka
Vladimir Cerrón
Frente a voces discrepantes, a cerca de la sentencia de habeas corpus fundada por el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) en la Sentencia N.º 326/2024, es necesario hacer algunas precisiones.
Algunos adversarios manifiestan que la demora de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en emitir el fallo casacional, circunstancia que hasta ahora no ocurre, permitió que el caso Aeródromo Wanka prescriba el 26 de julio de 2024. Esta afirmación es falsa.
En realidad, el caso prescribió el 26 de julio de 2023, pues la acusación fiscal sostiene que el presunto delito se habría cometido el 26 de julio de 2013, por lo que al momento de emitirse la sentencia condenatoria el 6 de octubre de 2024, ya había transcurrido más de diez años, tiempo en que prescribe el delito de colusión simple.
Lo resuelto por el TC fue: “Declarar FUNDADA la demanda de habeas corpus; en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha 6 de octubre de 2023, respecto al beneficiario de esta demanda, en el extremo de su punto resolutivo tres que declara infundada la excepción de la acción penal, debiendo emitirse una nueva resolución”.
Esto implica que la Corte Superior de Justicia de Junín (CSJJ), debe volver a computar el tiempo de prescripción del delito a partir de la fecha que dice la acusación fiscal, desde el 26 de julio de 2013, siendo que actualmente habría transcurrido diecisiete meses en demasía, teniendo que prescribir la acción penal indiscutiblemente.
La CSJJ no puede negarse aplicar la Ley 31751, como lo han hecho algunos jueces que la consideran inconstitucional, puesto que la misma fue aplicada en su sentencia de vista del 6 de octubre de 2023, reconociendo su aplicación al haberle prescrito la pena al extraneus. Evidentemente, fue arbitrario prescribir para algunos y otros no en la misma sentencia, atentando el principio de igualdad ante la ley.
También debemos resaltar que la votación en el Pleno del TC a favor de declararla fundada obtuvo cuatro votos a favor y tres en contra. Los votos en contra por unanimidad fallaron improcedente, pero no infundada, es decir, también reconocen la prescripción, pero creen que no deben avocarse aún, mientras la CSJ no emita el fallo casacional, sin la cual la sentencia no tendría el carácter de cosa juzgada.
En una ocasión leí a un intelectual sostener que no había que dedicar esfuerzo en combatir al capitalismo, porque este era simplemente un sistema de producción insustituible. Coadyuva a esta hipótesis que, hasta ahora, a más de tres décadas, la izquierda no tiene un modelo capaz de suplirlo, pues ni siquiera hay un nombre con qué confrontarlo al unísono. Sin embargo, es necesario analizar al neoliberalismo dividiéndolo en sus partes e identificar entre ellas sus contradicciones, lo que nos permitirá encontrar sus debilidades y marcar una estrategia para desmontar la idea de su invencibilidad.
En el plano ideológico. El neoliberalismo nos ha ganado la batalla hasta ahora en este campo que consideramos el principal. Si bien existen intelectuales que pueden describir brillantemente este fenómeno, no han sido capaces de persuadir al pueblo de lo nefasto que significa el sistema mercantilista. El caso es más preocupante cuando constatamos que la gente de a pie prefiere seguir apostando por el mercado, porque es el que le provee de ingresos diarios, aun a costa del sacrificio de otros derechos.
La gente está convencida de que el Estado como estructura dirigente es ineficaz y altamente corrupto, coadyuvando a esa satanización y terminando de liquidar a su único protector. Sin embargo, estos ciudadanos se acuerdan del Estado cuando se encuentran en situaciones críticas como desastres naturales, pandemias, inseguridad ciudadana, desempleo, desnutrición, pensiones y jubilaciones denigrantes.
Debemos resaltar que, en los países desarrollados, en el corazón del capitalismo, el Estado sigue siendo un elemento vital, pues de él dependen laboralmente y previsionalmente del 40 al 60 % de sus habitantes. El Estado garantiza el acceso gratuito a la salud y la educación públicas de calidad, lo que es visto con espanto en nuestros países. Esto nos permite deducir que los empresarios en el primer mundo se enriquecen con el Estado, pero en el tercer mundo se enriquecen sobre el Estado en perpetua agonía.
A través de la educación oficial y los medios de comunicación hegemónicos, al pueblo le han convencido de manera religiosa que la empresa privada es altamente eficaz e incorrupta, cuando en realidad es el principal elemento corruptor en un mercado donde los capitalistas luchan por ganar las licitaciones del Estado a toda costa, utilizando mecanismos legales e ilegales. Empero, no los identifican como tal, ni siquiera como miembro del binomio corrupto-corruptor, se tiene una mirada unilateral del fenómeno y, ante la existencia de las desgracias referidas en el párrafo anterior, el pueblo no les reclama nada.
En el plano económico. El éxito más grande que exhibe el neoliberalismo es haber terminado con la hiperinflación, esto es quitarle el circulante “excedente” monetario al pueblo, para lo cual se empleó la estrategia más vieja y agresiva, el “shock económico” o “paquetazo”, encareciendo súbitamente los productos de primera necesidad, lo que se traduce inmediatamente en la reducción del circulante, pero acompañado de una significativa reducción de la capacidad adquisitiva, devaluación monetaria nacional, aumento de la pobreza, encarecimiento de los productos básicos, quiebre de los pequeños negocios, reducción de la esperanza de vida, etc.
Lo que el pueblo debe sacar como lección es que, con este método, cualquiera puede terminar con la inflación de un día para otro, no se necesita ser un genio en la economía, pero que ello no significa necesariamente mejorar las condiciones de vida del pueblo, por el contrario, generalmente siempre ha sido catastrófico, conduciendo a grandes movilizaciones y enfrentamientos con el gobierno.
El incremento de la tasa anual de crecimiento, es otro indicador económico que los neoliberales exhiben como un logro indiscutible, cuando se sabe que esta puede aumentar por el remate indiscriminado de nuestros recursos naturales, nuestras empresas estatales, nuestros principales servicios, flexibilizando los derechos laborales, reduciendo los sueldos de la clase trabajadora, reduciendo las pensiones, etc., lo que definitivamente se traducirá en mayor explotación y pobreza del pueblo.
Así deducimos que el neoliberalismo procura solo los logros de índole económicos, por ello que en este sistema no existen ni debemos esperar logros en el orden de la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la alimentación, el empleo, los sueldos, las pensiones, las jubilaciones, la justicia, la soberanía y menos la democracia. Aquí mandan los números, no las dignidades.
El neoliberalismo tiene una crítica, diría mejor una justificación, de culpar al Estado de su pobreza por realizar un excesivo gasto público dirigido al sostenimiento de sus políticas sociales, lo que le crearía un forado económico reduciendo su caja fiscal, pero lo que no quieren admitir es que la causa principal de que el Estado se mantenga en déficit es la falta de efectivizar el cobro de los impuestos, la falta de reservarnos un margen de proteccionismo arancelario, la imposibilidad de renegociar los contratos lesivos al Estado, la ausencia de autonomía en el manejo de nuestras reservas internacionales netas, la proscripción de las evasiones, exoneraciones y amnistías tributarias.
Por ello, para vencer al neoliberalismo se demanda una reforma de los regímenes de propiedad, empresa, concesión, monetaria, tributaria y democracia. No existe otra forma, pero debemos tener claro que estos cambios deben estar sujetos a condiciones políticas coyunturales favorables, sin los cuales simplemente es mejor no jugar con fuego.
En el plano social. El neoliberalismo mediante sus órganos de intervención ha logrado reemplazar o privatizar al Estado en sus funciones y facultades. Aquí es importante hacer hincapié en el concepto de dumping social. El neoliberalismo se infiltra en los bolsones sociales y organizaciones populares, mediante sus oenegés (ONG), atendiendo sus reclamos, agilizando los trámites estatales, logrando indemnizaciones, brindando defensa legal, consiguiendo recursos económicos, todo lo cual conlleva tener el control sobre el bolsón social intervenido, lo que los presenta como una organización más eficaz que el Estado propio. Una vez cautivos, la ONG determina si la organización popular debe ser controlada, neutralizada, utilizada o desaparecida.
En el plano político. Para el neoliberalismo le es rentable trabajar con gente con antecedentes ideológicos de izquierda, dirigentes sociales o activistas progresistas, porque así se camufla mejor, creando su “propia oposición” política. Es decir, estos señores a quienes se les asigna las jefaturas de las ONG, ahora van a combatir los males sociales como la inseguridad ciudadana, la corrupción, la violación de derechos humanos, el feminicidio, los delitos de odio, delitos ecológicos, etc., cuando en realidad, estos males son creación del propio capitalismo.
Ahora bien, los que estén fuera de esa “propia oposición”, para su lógica, vienen a ser catalogados como una oposición radical, extremista o terrorista, a la cual se debe neutralizar a través del uso de instrumentos judiciales en una guerra no convencional o lawfare, creando falsos positivos judiciales, para lo cual tiene como operadores a su servicio a fiscales, jueces, procuradores y tribunos, quienes están condicionados a través de becas, cursos, capacitaciones, residencias, viajes de placer, codearse con el poder político extranjero, etc., todo pagado, pero a la vez archivado en sus memorias de inteligencia para extorsionarlos en el momento que declinen a cumplir sus compromisos.
El neoliberalismo es más proclive a mantenerse con dictadura que con democracia, además de mantenerse en alianza con los poderes fácticos como son los empresarios y banqueros, incluye en su organigrama a los militares, servicios de inteligencia, operadores judiciales y medios de comunicación masivos, todos ellos orientados a la persecución de los opositores políticos de la izquierda popular, cuyas acusaciones calumniosas históricamente han ido en el siguiente orden: narcotráfico, terrorismo y corrupción.
Por ello no debe sorprendernos que militares de alta graduación, después de su pase al retiro, se conviertan en miembros del directorio empresarial o bancario de las entidades que se comportan como el poder fáctico, demostrándose de esta forma que, para los neoliberales, la seguridad jurídica, la solidez financiera estatal y la democracia, no son suficientes para garantizar sus inversiones, es necesario tener la mano de hierro de su lado.
En el plano laboral. Para el neoliberalismo, el aumento del desempleo es un buen indicador, pues les posibilita abaratar los costos de la mano de obra. Asimismo, una forma de evadir las responsabilidades laborales formales es contratar a niños, adolescentes, emigrados, indocumentados, etc., que terminan por enriquecer al empresario. Esta es la razón de por qué el desempleo es un indicador que se traduce en el triunfo del mercado neoliberal.
Otro triunfo del que se jactan los neoliberales es que desaparecieron a los sindicatos de trabajadores y ciertamente esto es real como penoso. Esto tiene una explicación, puesto que el libre mercado y los tratados de libre comercio nos inundaron con sus mercancías, terminando por convertirnos en una sociedad de consumo, dejando de ser una sociedad productora, por lo que al extinguirse esta condición no existe poder obrero, aunque aumenten los pobres, mutando del proletariado al pobretariado.
En el plano internacional. El libre mercado es aplicado y experimentado en toda su profundidad y amplitud neoliberal en los países tercermundistas, pero no ocurre así en el primer mundo. Así, tenemos que, los países altamente desarrollados, se dan la licencia de hacer lo que les está prohibido a los tercermundistas, como: subsidiar su industria y agricultura; ostentar déficit fiscal, gastando más de lo que pueden pagar; aplicar políticas proteccionistas, prohibiciones, regulaciones, exclusividad de mercados, patentes de propiedad intelectual, dumping económico, bloqueos comerciales, embargos económicos, generación de valor agregado, etc.
Como corolario, podemos concluir que todas estas “fortalezas” neoliberales son factibles de reformas, pues es obvio que todo lo construido por el hombre pueda ser modificado por él, pero para que esto sea posible, necesitamos convencernos ideológicamente de que el neoliberalismo y la economía de mercado están expoliando y empobreciendo a nuestros pueblos, reafirmando un postulado de Fidel Castro cuando planteaba que el neoliberalismo no es una doctrina, sino una política de saqueo del tercer mundo.
APEC beneficia más al Estado oligárquico que al pueblo
Vladimir Cerrón
Parte de la clase trabajadora del Perú anunció un paro nacional los días 13, 14 y 15 de noviembre, fecha en que se llevará a cabo la reunión de los países miembros del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que integra comercialmente a los países de la costa del océano Pacífico de América y a los países del Asia.
En este evento se dice que se unen las más grandes economías del mundo, pero ¿qué de grande tendría el Perú frente a esos gigantes?, creo que dentro de lo poco que tiene que ofrecer lo más resaltante es su posición geoestratégica para el control comercial del Pacífico centro y sur del continente. Atendiendo a esta oportunidad, en una maniobra maestra, China se adelantó al control geopolítico de la zona comercial, instalando con el 60 % de capitales estatales el megapuerto de Chancay, que ha sido bien recibido por el pueblo peruano.
Es sabido que, para confeccionar un producto, este debe pasar por diferentes departamentos técnicos, obteniéndose cada vez una mejora del mismo, lo que ha conducido a la famosa división del trabajo, caso contrario, no podría elaborarse el producto o quedaría defectuoso. Lo mismo ocurre con la producción mundial, donde los continentes y países se someten a esa división.
Los países primermundistas son los industrializados, los productores de bienes, tecnología y conocimientos, además se sienten con la licencia de ser los grandes contaminadores medioambientales. Contrariamente, los países tercermundistas somos los proveedores de materia prima, no producimos bienes, tecnología, ni conocimientos, solo consumimos lo que ellos producen, pero, además, estamos obligados a preservar el medioambiente, para equilibrar la contaminación mundial impuesta.
Consumimos además una cultura ajena, sometiéndonos a un proceso de transculturación, alienación, nuevas formas de control social, como el control de datos personales, vulneraciones cibernéticas, inseguridad ciudadana, profesionalización de la criminalidad, abdicación a nuestra soberanía, neocolonización, etc. En realidad, todo viene impuesto, directa o indirectamente, desde las grandes potencias, sutilmente o mediante guerras.
Esta situación, dependiente y facilista, nos impide pensar mejor, nos crea reflejos condicionados, puesto que al ser consumistas “lo tenemos todo a la mano”, claro está que es todo lo que ellos determinen que consumamos, por consiguiente, no hace falta innovar, someternos al riguroso razonamiento que nos impone la contradicción dialéctica, no hace falta poner el cerebro en acción, para estas y para otras situaciones, viviendo aparentemente cómodos, donde un cambio de sistema sería impensable.
Los estados miembros del APEC han firmado con el Perú un total de 9 tratados de libre comercio, donde se benefician solamente las grandes potencias. Esto quiere decir que ninguno de los miembros, menos los tercermundistas, pueden imponer políticas proteccionistas, oligopolios, monopolios, exclusividad de mercado, prohibiciones y regulaciones, en cada uno de los países miembros, imponiéndose la antigua política del “dejar hacer, dejar pasar”.
Sin embargo, son las grandes potencias que practican en sus países estas políticas prohibidas a los países tercermundistas. Por ejemplo, EE. UU. dice no a los subsidios, pero es el país que más subsidia su agricultura e industrias; dice no al déficit fiscal, pero es el país con mayor déficit fiscal mundial; dice no al proteccionismo, pero aplican aranceles altos o vetos a la importación.
Así, concluimos que, el “libre mercado” y la “mano invisible” es una política que solo se implementa fuera de las fronteras de las grandes potencias mundiales, siendo una política creada para la explotación y el saqueo de los países subdesarrollados. Esta es la razón del porqué nadie puede entrar libremente al mercado estadounidense que cuenta con 335 millones de consumidores, así hayamos firmado uno o cientos de tratados de libre comercio.
Ninguno de nuestros países podría ir a EE. UU. a instalar un banco, ni siquiera una financiera o caja, hacer uso de los ahorros de sus trabajadores, someterlos a nuestras reglas financieras, pagarles ínfimos intereses, llevarnos las utilidades para invertirlo en nuestros países, etc. Eso es imposible, por lo que el “libre mercado” tiene un carácter unidireccional.
La burguesía peruana y sus medios nos quieren hacer creer que el Perú fue incorporado en el APEC por una gestión personalísima de Fujimori, aunado a un favor que Japón nos hizo tras el rescate de su embajada. Esto es falso, puesto que para el APEC era imprescindible asociar a nuestro país, por tres razones que seguidamente sustentamos.
Primero, ceder a las grandes potencias una posición estratégica para el control geopolítico comercial del Pacífico centro y sur; segundo, ofrecer nuestras materias primas minerales, sin valor agregado, entre otras, a las potencias asiáticas; y tercero, abrir un mercado de 34 millones de consumidores, como país más poblado del litoral, además de ofrecer la vía más cercana al gigante Brasil, sin ninguna restricción, impuesto, arancel u otra barrera proteccionista, es decir, mercado al libre albedrío.
Uno de los puntos más controversiales en el comercio internacional, al abrir nuevos mercados y brindarles todo tipo de facilidades, son los efectos de la contaminación ambiental industrial, que esto acarrea, pues, a más mercados, más contaminación mundial. Justamente, los países que no han firmado el Protocolo de Kyoto se benefician extraordinariamente del APEC, como EE. UU., China y Australia, porque esta no impone sanciones o multas por la emisión de gases con efecto invernadero.
Ahora, ¿qué gana el Estado peruano? Lógicamente, el pueblo no gana nada, sino la clase social que controla el Estado oligárquico, la burguesía burocrática y financiera, los amos del país. Los grandes empresarios se ahorrarán 10 días de navegación desde ultramar, trasladando barcos con más de 22 mil contenedores, lo que implica menos gasto en combustible, flete, eliminación de puertos intermedios, personal, alimentación, seguros y mantenimiento de maquinarias; derecho a viajar a los países asiáticos por 90 días sin necesidad de visa, excepto a EE. UU. y Canadá; una línea de crédito especial y privilegiada en el sistema con la Tarjeta ABTC (APEC Business Travel Card); instalación de zona económica especial o zona franca; compra de mercadería barata a precio de fábrica para revenderlo caro en nuestro país, sin ofrecer algún valor agregado. Ninguno de estos ahorros al empresariado se traduce en una mejora económica directa al pueblo encargado de colocar su mercancía en el destino final. Respecto al anuncio de sus políticas concerniente a los estudiantes, mujeres, ancianos y discapacitados, es solo para dorar la píldora.
Cuando utilizan el término de “ampliar el mercado”, en realidad, se refieren a que los estados firmantes están vendiendo a sus poblaciones como potenciales consumidores de lo que entrará a ese nuevo “mercado”, en otras palabras “nos están vendiendo”. El pueblo, aparentemente, consumirá mercadería más barata, pero no tendrá los privilegios mencionados, pues no todos podrán acceder fácilmente al mercado asiático, sino determinada clase social, cumpliéndose una vez más la ley de la división del trabajo.
Entonces, ¿qué pierde el Estado peruano? Pierde bastante, porque no podemos independizarnos industrialmente, las grandes potencias a través del dumping ofrecen productos baratos, incluso por debajo de su coste normal, para desmoralizar y quebrar la incipiente industria nacional, con ello se limita el empleo de la mano de obra, no hay valor agregado, no se generan nuevos puestos laborales, los sueldos permanecen congelados y la pobreza se incrementa.
El pueblo anunció un paro los días que está prevista la cumbre del APEC, algunos de los presidentes de los 21 estados, han manifestado su ausencia frente a la debilidad institucional del gobierno peruano. Sin embargo, el presidente chino, Xi Jinping, no ha confirmado su asistencia, pero anunció de todas maneras la inauguración del megapuerto de Chancay, lo que será el acto más relevante, frente a la ausencia de un Biden en las postrimerías de su existencia.
Los pensadores del liberalismo han dejado sentado que, si no hay una solidez financiera, una defensa militar óptima, una seguridad jurídica garante, instituciones sólidas y, por consiguiente, una democracia plena, el fracaso del mercado neoliberal está garantizado a corto o mediano plazo.
Esta imagen es la que quiere evitar el gobierno de Boluarte, es decir, que los demás estados miembros no sepan que tenemos una inestabilidad financiera seria, donde el banco Interbank, uno de los tres bancos integrantes del monopolio, ha sido hackeado fácilmente; una defensa débil, para lo cual han anunciado la compra de aviones caza y dado acceso al ingreso de tropas yankees; una justicia que se niega a cumplir las leyes congresales, que se ha visto en la necesidad de perseguir a sus propios jueces y fiscales por corruptos; y una democracia dirigida por una usurpadora, tras un golpe de Estado, quien goza de la aceptación del 4 % de la población; e instituciones corruptas, incluyendo a la policía.
Para evadir el papelón internacional, el gobierno convocó a un Consejo de Estado que le ha dado luz verde para que la policía pueda herir de muerte a cualquier manifestante sin ninguna consecuencia jurídica. También prohibieron las clases presenciales la semana de la cumbre, perjudicando a los estudiantes al obligarlos a las clases virtuales, en un país que no está digitalizado en su totalidad y menos en las clases más pobres.
Dicho esto, claro que el paro anunciado también afecta al pueblo en alguna medida, pero no tanto como a los intereses económicos de los principales beneficiarios, el gran empresariado burocrático y financiero, que están en juego.
La modalidad criminal que ha ido en ascenso sostenido, especialmente en Lima, es la extorsión, orientada a todo pequeño y mediano negocio, sobre todo al sector transporte. Esto se da en pleno apogeo de la ley contra la criminalidad anterior, refrendado en el Decreto Legislativo 635; la Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado; y la Ley 27379, Ley de Procedimiento para Adoptar Medidas Excepcionales de Limitación de Derechos en Investigaciones Preliminares, promulgadas hace una década, por lo que es imposible que se haya dado durante la vigencia de la Ley 32108 Ley de Crimen Organizado, recientemente promulgada el mes de agosto de 2024.
La Ley 32108, determina las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal, exigiendo a la fiscalía cumpla los estándares para no hacer abuso de la norma que anteriormente era general y abierta, lo que se prestaba para incriminar a cualquiera de pertenecer a una organización criminal, procesarlo, imponerle medidas restrictivas y sentenciarlo.
Los órganos de justicia, han pegado un grito al cielo, porque esto les quita una herramienta con lo que podían convertir a cualquier asociación incómoda en una organización criminal, como a los gremios, cooperativas, financieras o partidos políticos, razón de por qué en el Perú, no hay ningún partido sin esa imputación. Con esto último, ellos logran “limpiar la cancha política” para no contrarrestar al Estado caviar oculto, el cual funciona independientemente de cualquier gobierno de turno.
También precisamos que, con la legislación anterior, el Ministerio Público no ha desmantelado ninguna organización criminal emblemática relacionada con la trata de personas, la minería ilegal, la tala ilegal, el sicariato, la extorsión, ni el tráfico de drogas. Es más, en esta última, durante el apogeo de las leyes anteriores hemos pasado de exportar de 80 a 1000 toneladas al año de cocaína refinada, situándonos en el segundo país en el continente.
Está de más concluir que los políticamente afectados son los caviares que controlan el Ministerio Público y el Poder Judicial, por lo que, aprovechando la movilización de los transportistas contra los extorsionadores, sus operadores políticos y mediáticos han persuadido al gremio con la idea de que la culpable de todo el ascenso extorsivo es la actual legislación, por lo que habría que derogarla, incorporándola en su plataforma de lucha.
Así, se degeneró la esencia del genuino reclamo y el paro fue al fracaso. Frente al nefasto resultado, entonces fueron a plantear el cierre del Congreso y exigir nuevas elecciones, ingresando a una plataforma exclusivamente política, concluyendo lo que ya se sabía que la derogatoria de la Ley 32108 era solo el chivo expiatorio.
Esta sospecha, de instrumentalización caviar, se consolida cuando observamos que frente a la extorsión sistemática no existe, de parte del gremio de transportes, ningún reclamo a las instituciones ejecutoras de la lucha contra este delito, que son el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional el Perú. Más claro, ni el agua.
Crítica a la tesis Dar el salto: estrategias de construcción del partido político Perú Libre entre los años 2015-2021
Vladimir Cerrón
En el año 2023, la licenciada en ciencias políticas por la PUCP, Milagros María Badillo Palomino, presentó la tesis: “Dar el salto: estrategias de construcción del partido político Perú Libre entre los años 2015-2021”, cuyo asesor fue Ricardo Martín Tanaka Gondo. Puesto que se trata de una tesis que investiga el fenómeno político de nuestro partido, me permito hacer algunas acotaciones al respecto.
Ciertamente, se trata, como la investigación misma concluye, de un hecho político de carácter excepcional en el país, refiriéndose al salto dialéctico de la conversión de movimiento político de alcance regional a un partido político de alcance nacional, que ellos lo llaman nacionalización, para no confundir conceptos.
La investigación pretende demostrar que el avance de Perú Libre se debe fundamentalmente a las redes sociales preexistentes no propias. Nosotros debemos precisar que la única red preexistente, que apoyó decididamente al partido desde que era movimiento, era el magisterio, más por una identificación clasista, que por otras motivaciones.
Paradójicamente, al liderazgo del líder regional, médico de profesión, el gremio médico fue un tenaz opositor a su mandato cuando este decide instaurar la especialización hospitalaria y la construcción de nuevas infraestructuras. Posteriormente, cuando fuimos gobierno nacional, el Colegio Médico del Perú abanderó la oposición, que devino en el cese de nuestro ministro militante, precipitado por un factor clasista y racista.
Según Meléndez, referente al que recurre la tesista: “los que constituyen movimientos regionales nacen de un perfil: élites constituidas de las gestiones locales, la cátedra universitaria y las administraciones regionales”. En el caso de Perú Libre, ninguna de estas tres condiciones se cumple en su génesis, quizás se acerque tangencialmente la cátedra universitaria de manera indirecta.
La comparación con Alianza Para el Progreso (APP), no es dable, puesto que esta responde a un grupo empresarial, donde el partido es solo un elemento, como la propia universidad, que ellos dirigen. APP no es un movimiento, ni un partido genuino, que nace a partir de una postura ideológica o que abrace alguna propuesta de cambio, sino que es un proyecto político complemento del ente empresarial, ambos orientados a sostener la superestructura neoliberal que consolida el statu quo.
El Partido Descentralista Fuerza Social, que aparentemente nace de una conglomeración de movimientos regionales, no es así. Este intento se trata de un plan centralista, si consideramos que la gran parte de sus líderes regionales eran gente allegada a la Defensoría del Pueblo, que fueron destacados a regiones para hacerse de los gobiernos regionales, constituyéndose en el embrión del Estado caviar oculto. Tampoco tiene una génesis política genuina del Perú profundo, causa de su extinción inmediata.
La autora refiere que al carecer de antecedentes en la literatura política sobre casos como el de Perú Libre, existen vacíos para identificar un verdadero derrotero que lleve a una organización política del campo a la ciudad de manera exitosa, sobre todo cuando se trata de un partido de izquierda. Para nosotros, justamente, ese “veto” se convirtió en nuestra fortaleza.
El proyecto se lleva adelante a partir de una estrategia con dos brazos, el político y el social. Primero, abrimos la escuela política del partido, un espacio fundado el 2005, mucho antes de inscribir el movimiento, donde podíamos hablar de lo que “está prohibido” en el «terreno prohibido», de marxismo puro, sin ambigüedades. Las irrefutables conclusiones del materialismo nos dotaron de credibilidad, militantes y simpatizantes comenzaban a “abrir los ojos”. Segundo, abrimos un espacio social, basado en la atención médica gratuita, desde el 2002 hasta el 2010, fecha en que ganamos las elecciones regionales, casi una década cimentando la base propia.
La tesis identifica un caudillismo personal, que es cierto, pero solo fue, como diría Vygotsky: “una condición inicial”. No hay que verlo mal, ni avergonzarse, puesto que para ganar no solo basta un caudillo, sino un pueblo caudillista que lo apoye. Esto se ve reflejado en el triunfo del líder regional como gobernador, pero sin un alcalde provincial electo, pesando más el factor caudillista que partidario.
Considerar a la cátedra universitaria como una red preexistente de apoyo directo tampoco es cierto. A pesar de que la muerte del exvicerrector de la UNCP, Jaime Cerrón Palomino, fue un suceso que impactó en la comunidad huanca, la cátedra en la Facultad de Medicina y la Facultad de Educación, donde el líder, su madre y su hermano ejercían la docencia, estas tuvieron una influencia tangencial. Además, debemos acotar que Perú Libre no solo recibió como herencia el apoyo indirecto de algunos amigos, simpatizantes y alumnos de Jaime Cerrón, sino también hereda a sus enemigos políticos, quienes manejan el diario Correo y la radio 15-50, los medios de mayor influencia en la macrorregión central.
Punto aparte, debemos resaltar al magisterio discípulo de Jaime Cerrón, quien fuera asesinado a sus treinta años de servicio docente, lo que se traduce en décadas de promociones de maestros trabajando en el campo, quienes indudablemente apoyaron al naciente movimiento, motivados por la admiración y la solidaridad tras su muerte. Este es un elemento vital, pues en lugares recónditos, donde el líder regional era un desconocido, ocurría que: “a donde llegábamos, nos decían que eran alumnos de Jaime”.
También se alude una red de compañeros de estudios de las facultades de Ingeniería Eléctrica en la UNCP e Ingeniería Civil en la UPLA, aspecto que tampoco compartimos, puesto que el paso fue efímero de un año y meses, además que los ingenieros son más proclives a la derecha. Más contundente fue la compactación inmediata, durante la campaña y el gobierno regional, de la promoción colegial del líder regional, egresados del Colegio Nacional Santa Isabel, un soporte activo hasta la actualidad.
Cabe mencionar que el partido Perú Libertario es el mismo Perú Libre, solo que adopta esta denominación por una emergencia, debido a que el JNE no acepta una “duplicidad” de nombre con el movimiento. Haber escogido la palabra “Libertario” fue un doble desacierto, confundió al partido socialista con el anarquismo, pudo haber sido otro, pero fue un paso obligado para luego adoptar el nombre final.
Asimismo, el símbolo de Perú Libertario fue suicida, improvisado y una mala copia del Partido del Trabajo de México, tomado en la emergencia electoral. El JNE dijo al inicio que el partido en inscripción podía llevar el símbolo del lápiz, que no existía incompatibilidad con el movimiento, pero llegado el momento se retractó. Por ello, más adelante, tuvimos que recurrir a la fusión por absorción, entre el movimiento y el partido, siendo la primera y única experiencia exitosa en el país.
Es cierto que Huancayo y Chupaca, siempre han sido bastiones de Perú Libre: “en las buenas y en las malas”, demostrado en todos los procesos electorales locales, regionales y nacionales, absolutamente en todos, lo que concluye que el pueblo ha demostrado fidelidad como cuna del partido.
El movimiento aumenta su arraigo en toda la región, para las elecciones venideras del 2018, debido a sus obras tangibles como hospitales, puentes, carreteras y programas sociales, siendo una prueba irrefutable la reelección del líder con un porcentaje mayor al que fue electo el 2010, a pesar de que en la provincia de Jauja solo obtiene el 2 %, causado por el problema aeroportuario, lo que puso en evidencia lo fuera del foco político en que se situaba esta provincia.
Considero un acierto que, en las elecciones generales del 2021, se sumaron los gremios magisteriales y ronderiles, pero esta fue más por la causa gremial que la partidaria, por ello su desarticulación también fue rápida tras la caída de Castillo. El magisterio llega al partido con sus propias mañas y taras, querer ser todos líderes, asaltar las dirigencias, aplicar el asambleísmo para legitimarse, intentar un “golpe de Estado” a la dirigencia, creerse los lúcidos revolucionarios, etc., pero chocan con el núcleo duro del partido, no logrando sus pretensiones.
En cuanto a las entrevistas, se toman escasamente cuatro referencias. Noel Jaimes Tarazona, estudiante, exsecretario de juventudes del partido en los primeros momentos de incursión a la capital, es decir, en los tiempos de improvisación. Su trabajo fue tan malo que no tuvimos contacto con las federaciones estudiantiles secundarias ni universitarias. Gregorio Cerrón, dirigente magisterial, con quien nunca se mantuvo un contacto directo, ni cercano, allegado al Fenatep, quien expresa el pragmatismo gremial: utilizar al partido, sin comprometerse con sus ideales ni su militancia. Zaira Arias, comerciante, renuncia al partido al no ser electa candidata a la primera regiduría de Lima. Yuri Castro, profesor, secretario general de Lima, sería, en realidad, la única voz autorizada en la investigación.
Lo que causó un impacto importante que sobresaltó a la derecha fue el encuentro “Voces del Cambio” en enero del 2019 en Huancayo, luego en junio del 2019 en Cusco, a partir del cual se comienza a planificar una persecución a Perú Libre, principal promotor de esta unificación nacional de la izquierda, lo que llevó a la destitución de la gobernación al líder del partido, tras una sentencia arbitraria, con la consiguiente frustración del encuentro planificado para el mes septiembre del 2019 en Chiclayo. Aunque debemos agregar dos componentes más que precipitaron estos sucesos: la inscripción de Perú Libre como partido nacional y el viaje de su líder a Venezuela.
A partir de esta persecución, se comenzó a percibir la contradicción entre la izquierda caviar y la popular. La moralista izquierda caviar cuestiona a la izquierda popular, aprovechando el lawfare, sumándose al ataque de la derecha con la intensión de “despejar la cancha”, con lo que intenta frustrar la consolidación del partido a nivel nacional. Ante esta situación, Perú Libre declara que la principal amenaza a la izquierda popular es la infiltración del imperialismo y la burguesía financiera a través de una “oposición” creada por ellos mismos, ese reformismo mediocre, socialismo domesticado y democracia farisea, del que hablaba Mariátegui.
El partido premia la consecuencia y la lealtad, asimismo castiga lo contrario. Los camaradas que en la primera gestión regional desempeñaron bien sus cargos, han sido ascendidos en la organización y continuaron en los cargos de confianza para la segunda gestión, con lo que el partido demuestra una reciprocidad con su militancia, además de esa forma mantiene el espíritu combativo para el que fue creado. Lo mismo se mantuvo en el breve gobierno del Ejecutivo y el Legislativo.
El partido no cobra las candidaturas, por ser una columna de la moral socialista, pero en un mundo neoliberal esto es inverosímil, que los disidentes y tránsfugas creen que, por no cobrárseles, ellos han sido convocados por sus cualidades propias e inclusive que le han hecho un favor al partido. Si les hubiera costado la candidatura, quizá pensarían mejor al abandonar el partido que “les ha costado”. Sin embargo, esta cualidad es religiosa, se mantiene en el partido, lo que a la larga le ha dado fuerza moral para exigir a sus autoridades consecuencia con los valores y principios ideológicos.
Los liderazgos son impulsados en el partido cuando se identifican militantes con vocación de convertirse en cuadros políticos. El objetivo es que Perú Libre no tenga un solo referente que, hasta hace poco, era solo el líder fundador. Contrariamente, hemos visto que, cuadros impulsados por el partido, luego de tomar cuerpo y ganados por el individualismo optan por la disidencia, con fines de formar su propio partido, para luego terminar en el ostracismo, hasta ver su realidad: “eran frutos del partido y sin él no son nada”.
Como dice la tesista, creo que el aporte y legado cultural, aunque también creemos político, de Perú Libre a nuestra sociedad es haber rescatado la autoestima del provinciano en la capital, habiendo demostrado que tenemos la fuerza necesaria para llegar por lo menos al gobierno, confirmando que los cholos sí podemos entrar a Palacio, aunque, por ahora, todavía no al poder.
Un factor preexistente que la tesista no le toma la importancia vital es la pandemia del Covid-19. Para nosotros esta fue como el terremoto de Managua para el FSLN. La naturaleza, a pesar de sus males, se puso de nuestro lado, evidenciando que, mientras el pueblo se moría en cada esquina, los ricos tenían el privilegio de ir a vacunarse a EE. UU. o hacerlo a escondidas, como el caso de Hernando de Soto o el presidente de la república y su séquito ministerial, respectivamente.
Las escuelas y academias cerraron y frente a esta circunstancia, el partido creó la Academia Preuniversitaria Perú Libre, que tuvo una acogida masiva por las redes sociales. Todos los militantes profesionales debían dictar sus clases y así lo hicieron. Este fue un factor que cimentó nuestro prestigio en vista a las elecciones generales del 2021.
El pragmatismo del partido también ha sido puesto en cuestión, no lo negamos y lo seguiremos aplicando de ser necesario. La candidatura del derechista Ricardo Belmont el año 2016, nos permitió ingresar al mercado político limeño, algo que estaba vetado para un partido de izquierda y peor de origen provinciano. Esto permitió que el partido “meta la nariz en la Lima” y se haga conocido, poco a poco, paso a paso.
La elección de candidatos el partido lo realiza mediante delegados, democracia indirecta, método congruente al principio leninista: el centralismo democrático. No somos partícipes del asambleísmo, ni de la democracia directa, que nos ha pasado factura muchas veces, improvisando candidatos, quienes creyendo tener un apoyo “sobrenatural” de las bases condicionan sus prerrogativas, además de desconocer el liderazgo, la dirección, la jerarquía y la disciplina del partido.
Los métodos de campaña están en utilizar todos los medios al alcance, desde los más tradicionales hasta los más modernos, desde las tácticas legales hasta las alegales, desde el “boca a boca” hasta la televisión nacional. Cualquier método por más arcaico que sea funciona, desde el humilde “mosquito” hasta la red social más potente. No se escatima absolutamente nada.
La tesis en cuestión adolece de una investigación acerca de la persecución judicial del que sigue siendo víctima el partido por parte de los órganos de justicia, los servicios de inteligencia estatal y los medios de comunicación nacional, elementos que en conjunto constituyen el uso de instrumentos bélicos no convencionales en la guerra jurídica o lawfare, digitados desde el poder empresarial y financiero del país. Esta circunstancia, en alguna ocasión, se convirtió en un boomerang a favor nuestro, pero también ha dejado secuelas de encarcelamientos a los dirigentes nacionales.
Una falencia de la tesis es no haber resaltado que el financiamiento de la campaña lo hizo el propio pueblo, con sus aportes directos a sus comandos de campaña, partidarios o ajenos, desde el volante hasta la gigantografía más modesta, la gente de a pie se cargó la mochila, fue un suceso sui géneris. La “base central” del partido, contrariamente a lo que afirma la investigación, jamás envió financiamiento a las provincias, ni siquiera del fondo público, los mismos que se centraron al pago de los medios nacionales en Lima, siendo un despropósito total esta conclusión.
Si bien es cierto que las organizaciones sociales obtuvieron una plataforma para reclamar al Estado y a la vez postular a un cargo, mediante un partido inscrito ante el JNE, esto se dio a cambio del apoyo de sus bases al partido, como bien la tesista llama un “trade off”, pero sin extenderse a que Perú Libre obtuviera recursos económicos a cambio, su moral socialista siempre se impuso como rasgo distintivo.
La relativa fácil fidelización de las nuevas bases, a través de las escuelas políticas, evidencia que estamos frente a un pueblo dispuesto a escuchar el mensaje y las propuestas de la izquierda. Es más difícil llegar a un pueblo e identificarse como partido de derecha y exponer un plan empresario o banquero para el pueblo, por ello, esos partidos ocultan su identidad genética, es más, utilizan el programa de la izquierda para ganar.
Una limitación más de la investigación que no se contempla respecto al triunfo de Perú Libre es el apoyo extranjero, que todo partido nacional serio no deja de tenerlo. No hablo de apoyo económico, como se da en otras tiendas, es más, frente al ofrecimiento de algunos camaradas extranjeros, nuestra postura fue agradecer y prescindir del recurso. El no aceptar recursos económicos, a largo plazo, consolidó nuestra amistad con esos partidos y gobiernos, quienes se convencieron de que aquí hay un partido socialista y no mercantilista.
Existen otras tesis de otras universidades que han abordado el fenómeno de Perú Libre, pero desde otro problema, hipótesis y objetivos, por lo que consideramos que, a pesar de nuestras observaciones, este trabajo aporta mucho a lo que ellos mismos han identificado como un hecho excepcional, hasta ahora, en la política peruana.
Con frecuencia Perú Libre es atacado por las fuerzas derechistas en su afán de hacerle creer a la población, e inclusive a la militancia, intenciones ajenas a nuestras pretensiones socialistas. Este documento revela nuestra política económica al servicio del pueblo, aclarando que la misma responde a los intereses clasistas del obrero, del campesino, de la clase media y del empresariado nacional patriota.
Aquí precisamos los doce puntos de nuestra propuesta de modelo de producción, al que denominamos Economía Popular Con Mercados, cuyo objetivo es crear un Estado: regulador del mercado, que controle la gran economía, descentralizado, fuerte y con facultades, revisor de contratos, redistribuidor de riqueza, industrializador, nacionalizador, sin deuda pública, priorizador de la demanda interna, estabilizador de la microeconomía y enteramente soberano.
De su lectura, podrá deducirse que el Partido no tiene en su programa, con relación al pueblo, la confiscación de empresas, apropiarse de sus bienes, intolerancia a la mediana o pequeña inversión privada, enemistad con las concesiones justas o con el propio mercado. Por el contrario, es la derecha capitalista la que aplica estas premisas contra el pueblo, sin dejarlo desarrollarse, boicoteando sus iniciativas, sin permitir la competencia limpia, creando monopolios, concertando precios, recurriendo al dumping, etc., convirtiéndonos en una sociedad de consumo y no productiva.
Este documento debe ser de dominio de la militancia, sobre todo de los dirigentes orgánicos y representantes gubernamentales, para poseer una claridad al persuadir y educar al pueblo, en el proceso de su integración a la brega emancipadora, pero, además, como herramienta vital para la polémica con los adversarios en el campo de la economía.
¡No más pobres en un país rico!
Lima, octubre de 2024
Vladimir Cerrón Rojas
Secretario General Nacional
Líder Fundador
ECONOMÍA POPULAR CON MERCADOS
12 puntos del modelo económico del Partido
El Partido tiene la misión de invertir las relaciones de dominación del capital sobre el trabajo, de la economía sobre la política y del mercado sobre el Estado, para ello recurre a experiencias mundiales, continentales y nacionales, afines a su pensamiento y objetivos. Nosotros lo denominamos resumidamente: Economía Popular Con Mercados.
Al hablar de economía, estamos haciendo mención del nervio que garantiza la materialización de las proyecciones estatales. Es popular porque está al servicio del pueblo, de las clases mayoritarias, de los intereses clasistas, del obrero, del campesino, de la clase media y del empresariado nacional patriota. No descarta el mercado, como legado de la humanidad y no un patrimonio del capitalismo.
Los planteamientos vertidos no son una creación genial del Partido, sino del pueblo latinoamericano, cuyas experiencias hemos acogido, adaptándolos a nuestra realidad concreta, de la experiencia gubernamental de la República Plurinacional de Bolivia y de la República del Ecuador, del gobierno de Morales y Correa, respectivamente. El primero se refiere al Modelo Social Económico Comunitario Productivo y el segundo al modelo de la Revolución Ciudadana. Además, se agregan experiencias propias fruto de nuestro gobierno regional, parlamentario y nacional. Es necesario precisar que nuestro país es plurinacional, por ello hemos planteado fórmulas económicas de carácter general y no particular, válido para todas las regiones, incluyendo la capital.
Estado regulador del mercado. El Estado está enteramente regulado y sometido a la supremacía del mercado, que en la práctica instaló una dictadura de mercado, condición lamentable que define nuestras políticas nacionales, regionales y locales.
Como en todo mercado prevalecen sus dos leyes supremas, la oferta y la demanda, que han logrado desnaturalizar los valores de nuestra sociedad, al extremo de convertirnos en mercancía como “capital humano”.
El Estado reducido cede a los grandes empresarios la exclusividad del mercado, su presencia oligopólica, la concertación de precios, el dumping para quebrar la empresa nacional y la exoneración de impuestos. La Constitución ampara la iniciativa empresarial privada, pero no la mixta y menos la pública, sin garantizar el pluralismo económico. El Estado no debiera estar ajeno a los beneficios del mercado.
En conclusión, necesitamos recuperar la supremacía del Estado, regulando el mercado en función del bienestar popular, transitando de la sociedad de mercado a una sociedad con mercados privados, mixtos y públicos, logrando una patria democrática, descentralista, inclusiva, internacionalista, soberana y humanista.
Estado que controle la gran economía. Sustitución del Estado ajeno al control de la economía por un Estado que controle la gran economía del país (mineros, petroleros, gasíferos, hidroenergéticos y comunicacionales), permitiendo y estimulando a la vez que la mediana, pequeña y artesanal economía pueda ser privada, mixta o pública.
Estado descentralizado. El Estado centralista es propio de las oligarquías, es decir, de los pequeños grupos de ricos que gobiernan un país. La economía producida por los pueblos se concentra en la capital, desconociéndose los derechos de quienes realmente la generan. El Perú profundo produce, los pueblos son explotados, contaminados, reprimidos y mal pagados, mientras en el Perú oficial, especialmente en Lima, radica el cajero.
Históricamente, el Gobierno Central se asigna un promedio de 70 % del presupuesto, el 18 % para los 25 gobiernos regionales y el 12 % para las 4385 municipalidades, incluyendo centros poblados. Así, el centralismo se expresa en la opulencia económica de algunas ciudades y la pobreza extrema de otras.
Las empresas que desarrollen actividades económicas en regiones debieran garantizar el empleo de sus habitantes hasta en el 60 % del total de sus trabajadores, transferir tecnología con capacitación y equipamiento, adquirir bienes y servicios que brindan las pequeñas y medianas empresas regionales impulsando sus actividades económicas y generando empleo, señalar su domicilio fiscal en la sede productiva y no en región distinta, para contribuir a la descentralización fiscal y tributaria.
En conclusión, debemos sustituir al Estado centralista que beneficia económicamente a la iniciativa privada por un Estado central, unitario, de orden vertical, pero descentralizado en los planos económico, fiscal y tributario, que beneficie al sector privado, mixto y público. No somos partícipes del Estado federalizado, de orden horizontal, por ser proclive a la anarquía.
Estado fuerte y con facultades. El Estado ha sido reducido por las grandes empresas nacionales y transnacionales a tal punto que han llegado a sustituirlo en la mayoría de sus facultades. En realidad, estamos frente a dos estados, uno restringido y el otro ampliado.
El Estado restringido, minimizado, es casi imperceptible, moribundo, solo es vigilante, supervisor, recaudador, frente al otro Estado que actúa de facto en la sombra, pero que es fuerte y tiene toda la ventaja, aplicando una férrea dictadura de mercado.
El Estado débil no puede regular los precios a los especuladores oligopólicos, así estemos en emergencia nacional, como en la pandemia del Covid-19, donde murieron cerca de 300 mil peruanos. Las cadenas de farmacias y clínicas se enriquecieron y osaron en solicitar préstamos al Estado con Reactiva Perú. El Estado débil no pudo defender a su pueblo de estos crímenes y la corrupción siempre estuvo de la mano. Hasta ahora no se sabe cuánto costaron las vacunas.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado pasivo, vigilante, supervisor, contemplativo y recaudador, por un Estado activo, fuerte e interventor a todo acto lesivo, planificador del futuro nacional, innovador del conocimiento científico, promotor del talento humano, con facultad empresarial, competidor con el sector privado y protector de su pueblo.
Estado revisorde contratos. El Perú es uno de los pocos países en el mundo que tiene contratos con rango de ley, nos referimos a los contratos ley, blindados por la Constitución fujimorista (art. 62), los mismos que no pueden ser modificados por el Parlamento.
Los contratos ley en realidad son la libertad para saquear nuestras riquezas, logrando que la gran corrupción en el país tenga rango y protección constitucional. Revisarlos permitirá invertir la proporción en el reparto de utilidades, en las que las transnacionales se llevan hoy el 70 % y el Estado el 30 %, en clara desventaja para nuestro desarrollo.
El Estado no debe dar privilegios constitucionales al capital transnacional, perdiendo soberanía e impidiéndose su revisión aún sean lesivos. El Estado debe contratar con seguridad jurídica, pero sin privilegios ni inmunidades legislativas, judiciales, financieras o tributarias.
Para revisar, renegociar o anular estos contratos ley, se necesita un ente superior al Parlamento, con mayores y amplísimas facultades, y esa institución no puede ser otra que la Asamblea Constituyente.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado que promueve el blindaje de las concesiones lesivas al pueblo, como los contratos ley, por un Estado transparente que permita la revisión, renegociación o anulación de las mismas.
Estado redistribuidor de riqueza. El Estado constantemente hace gala de contar con grandes reservas en miles de millones de dólares, lingotes de oro, presume de una alta recaudación tributaria, manifiesta que el sector minero capta mejores divisas, que no tenemos inflación, que nuestra moneda es fuerte, que estamos en bonanza y crecemos como ejemplo continental, etc., sin embargo, los sueldos siguen congelados y las protestas sociales continúan hace décadas. El Estado acumulador solo favorece al gran empresariado, que osa reinvertir nuestras propias reservas para beneficio propio.
El Estado debe reevaluar como fuentes redistribuibles de riquezatodas las concesiones; nacionalización de los recursos naturales; revisar los TLC; invertir la proporción del reparto de utilidades; cobrar todos los impuestos; abolir sueldos dorados; abolir el Concordato con la Santa Sede; finalizar la cédula viva de exparlamentarios; finalizar la pensión vitalicia de los presidentes; participar a las comunidades como accionistas en la explotación de sus recursos; eliminar los seguros extranjeros a altos funcionarios; etc.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado acumulador que favorece al empresariado transnacional, atentando las mejoras salariales por un Estado redistribuidor de la riqueza, para lograr una mejor infraestructura, equipamiento y recursos humanos, que fortalezca al empresariado nacional, alcanzando el descongelamiento e incremento de los sueldos.
Estado industrializador. Según la gran división mundial del trabajo, los países tercermundistas estamos restringidos a ser solo exportadores de materia prima, no podemos desarrollar industria. Somos países dependientes de las grandes potencias que se dan la licencia de ser los únicos industrializados del planeta. Estamos obligados a consumir sus productos manufacturados con el valor agregado a nuestra propia materia prima.
Un Estado primario exportador tiene enormes desventajas para su desarrollo, como no generar industria nacional, no generar empresa, no generar valor agregado, no generar su propio mercado, no generar empleo, no mejorar los sueldos, no invertir en el país, no desarrollar infraestructura ni tecnología, no captar mayores divisas, ser dependientes del poder económico foráneo y continuar con el círculo vicioso que empieza al esclavizar a nuestros jóvenes terminando con enriquecer a los extranjeros.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado primario exportador que reduce las plazas laborales por un Estado industrializador, generador de valor agregado, captador de divisas, promotor de inversiones concurrentes, generador de empleo, descongelando los sueldos y generando bienestar social.
Estado nacionalizador. No hay que temer a la nacionalización, estatización o recuperación de nuestros recursos naturales estratégicos, base fundamental para nuestro desarrollo y soberanía. Un país desprovisto de empresas e industrias, tiene que trazar su desarrollo a partir de la explotación sostenible de los mismos.
Si las compañías no aceptaran la renegociación de los contratos ley, con las nuevas condiciones planteadas a favor del pueblo, el Estado debe proceder a la nacionalización del yacimiento en cuestión, de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros.
La exclusividad del manejo de algunos recursos naturales estratégicos solo puede ser reservado para el Estado peruano en salvaguarda de los intereses nacionales en materia de economía, soberanía, seguridad, energía, alimentación y otros que lo ameriten.
En conclusión, debemos desterrar al Estado privatizador de nuestros recursos naturales y exportador de capitales, que fortalece la economía externa, por un Estado nacionalizador de sus recursos estratégicos, rescatista de nuestra dignidad y soberanía, que fortalezca la economía interna, invirtiendo sus capitales en el país.
Estado sin deuda pública. La deuda externa es impagable e incobrable por razones históricas y matemáticas, precisaba Fidel, si se continúa con la misma política impuesta por el imperialismo a los pueblos del mundo.
En la actual coyuntura nacional y mundial, somos partícipes de que toda deuda pública, externa e interna, debe ser pagada, previa renegociación de las cifras primarias.
Para el año 2023, la deuda pública continuó incrementándose a la suma de 87,769 millones USD (100 %). De esta cantidad, la deuda externa fue 42,209 millones USD (48 %) y la deuda interna 45,559 millones USD (52 %). Esto significa que nuestro país, respaldado con la complicidad estatal, se sigue endeudando cada vez más con la oligarquía nacional, quienes han logrado desplazar a los acreedores extranjeros.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado dependiente del endeudamiento público, que en el extremo otorga salvatajes al gran empresariado como al Banco Wiese o Reactiva Perú, generando déficit fiscal, por un Estado que genere sus recursos internos a partir de su soberanía sobre los recursos estratégicos, generando superávit fiscal.
Estado priorizador de la demanda interna. Nuestra producción nacional capitalista está diseñada para satisfacer las necesidades del primer mundo, más no las nuestras propias.
El mercado debe estar regulado y orientado por el Estado para resolver las demandas populares, como el alto índice de desnutrición, la mortalidad infantil, la muerte materna, el analfabetismo, la prevalencia de enfermedades infecto contagiosas, el empleo informal, la falta vivienda y saneamiento, la ausencia de seguridad social, etc., y no priorizar la demanda externa del primer mundo que goza de mejores indicadores en bienestar humano.
Para lograr mejores resultados debemos ejecutar programas bandera como los médicos de la familia, los odontólogos en los colegios, los psicólogos por colegio, la movilización por la alfabetización, residentado médico regional, creación de universidades de educación y de ciencias médicas en cada región, entre otras.
En conclusión, debemos sustituir el Estado que orienta su economía productiva acorde a la demanda externa por un Estado que oriente su economía productiva para priorizar la demanda interna, sin descuidar la externa.
Estado estabilizador microeconómico. El Estado adormece al pueblo publicitando mejoras sobre las cifras macroeconómicas, como la tasa anual de crecimiento del PBI, las RIN, inflación o desempleo, indicadores que no es de común entendimiento porque hay que tener una noción elemental.
Según Correa, la tasa de crecimiento no es el mejor indicador, porque puede aumentar, pero a la vez incrementar la pobreza por la explotación al pueblo y recorte de sus beneficios laborales en favor de los dueños de los medios de producción. Podemos vender todos nuestros recursos sin dejar nada al Estado, podemos permitir la explotación y mejorará la tasa de crecimiento, pero no el bienestar social.
Evitan hablar de indicadores microeconómicos, la que estudia el comportamiento de las empresas, hogares e individuos con el mercado, aspectos tangibles para el pueblo. Es importante porque nos permite planificar los recursos limitados y optimizarlos.
En conclusión, debemos sustituir al Estado que prefiere la estabilidad macroeconómica por un Estado que prefiera la estabilidad microeconómica del hogar, del empleo, las empresas, las microfinanzas, etc., sin descuidar la macroeconomía.
Estado soberano. Nuestra economía está sometida a fórmulas dictadas por instituciones como el Consenso de Washington, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Reserva Federal de los EE. UU., Gobierno de los EE. UU., etc.
El Gabinete ministerial está capturado y dividido en dos bloques, los sociales y los productivos. Los sociales los maneja USAID, planificando nuestras políticas en salud, educación, justicia, trabajo, cultura, inclusión social, etc. Los productivos, como son los ministerios de transportes, vivienda, producción, energía y minas, agricultura, etc., lo manejan los grandes empresarios agrupados en la CONFIEP, en contubernio con el capital transnacional.
La soberanía permite la administración total de los recursos estratégicos en mar, cielo y tierra; recuperación del suelo y subsuelo como derecho comunal; el carácter vinculante de la consulta previa; impulsar política de fronteras vivas; recuperar tierras agrícolas; revisión, regulación o anulación de los TLC; soberanía tecnológica digital, jurídica, territorial, alimentaria y militar.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado sometido a las fórmulas del Consenso de Washington, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Reserva Federal de los EE. UU., Gobierno de los EE. UU., Unión Europea, etc., por un Estado soberano sin dependencia política, con un superávit que peruanice la economía.
No cabe duda de que México marcará un nuevo rumbo jurídico en el continente, habiendo decidido poner la llave en la cerradura judicial. Todos somos testigos de que la guerra contrasubversiva “convencional” se cambió por una guerra contrasubversiva “no convencional”, que tiene como eje estratégico al Poder Judicial en todos los países subyugados.
Este poder del Estado es impuesto como un poder “autónomo”, un feudo, en cuyos dominios el señor puede disponer que sus deseos se eleven al rango de ley. Un poder que no se somete a la voluntad popular para su elección, fiscalización, revocación, ni mandato imperativo, siendo, por consiguiente, un superpoder blindado que sí tiene injerencia en los demás poderes del Estado.
Hace tres décadas que EE. UU. cambió sus escuelas militares de entrenamiento contrasubversivo por escuelas de jueces y fiscales contrasubversivos en nuestro continente, pero en la ecuación final, ambos siguen orientados al mismo objetivo: neutralizar o eliminar al enemigo político.
Para lograr este objetivo, EE. UU. entrena, capacita, beca, facilita visas, concede residencia, otorga nacionalidad, promueve roces con el poder político yankee y paga viajes de placer, a través de sus ONG, a los magistrados, sus familiares y su entorno más cercano.
Estos son los mecanismos por el cual no solo resetea la mente de los operadores de justicia, sino que obtiene fallos a su medida, pero para asegurar el éxito guarda las pruebas escritas, auditivas, fotográficas o de vídeo, de estos “beneficios” a través de sus órganos de inteligencia, asegurando extorsivamente que sus inversiones no caigan en saco roto y que los magistrados no puedan torcerse ante los compromisos.
Instalado los jueces, fiscales, procuradores, contralores, superintendentes, tribunos, defensores del pueblo o todo el sistema de justicia nacional, en función del lawfare o la guerra jurídica, estos contarán con el apoyo decidido de los medios de comunicación dominantes y de los servicios de inteligencia estatal, también infiltrados y financiados por EE. UU.
El juez que ingresa al sistema, no tiene escapatoria; si se tuerce, el mismo sistema se encarga de aplastarlo. Es como entrar a la mafia o una organización criminal que tiene sus mismos mecanismos de ajuste de cuentas.
Es a través del lawfare que en estas últimas décadas se han dado los golpes de Estado sin recurrir a los militares, sino a los jueces, amenazando a la democracia de cualquier país.
Identificado el problema, era necesario darle una solución y eso pasaba por reformar el sistema de justicia en todos los países sometidos al designio del imperialismo. Esto evidentemente implica ir contra los deseos y el poder de los EE. UU.
Rafael Correa trató de llevar una reforma judicial, pero fue revertida; Evo Morales, instaló una reforma parcial con la elección de jueces por voto popular; Alberto Fernández, hizo lo propio, con las reformas anti lawfare, pero no tuvo éxito; y finalmente, Andrés López Obrador, plantea abiertamente una reforma judicial por la vía democrática, con cambios sustanciales y mayoría parlamentaria, que equivale a la instalación de una asamblea constituyente.
Es así como México asume un liderazgo más sólido para reformar el Poder Judicial en un país que tampoco es ajeno a la manipulación jurídica de la superpotencia del norte. Ante esto, EE. UU., ha manifestado su oposición, bajo el pretexto de estar atentando contra la “autonomía” judicial en democracia.
México se pone en el epicentro antiimperialista a través de su reforma judicial, aprobada por amplia mayoría en el Senado, así como Venezuela se impuso al imperio a través de sus elecciones democráticas, triunfando una vez más la Revolución Bolivariana.
La reforma judicial del Gobierno de México propone cuatro objetivos concretos:
1. Nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia, garantizando la eficiencia, austeridad y transparencia.
2. Elección de jueces por voto popular, para investirlos de legitimidad democrática.
3. Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por órganos administrativos y disciplinarios independientes.
4. Nuevas reglas procesales, para que la misma sea expedita y con equilibrios de poderes.
Primer objetivo. La nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia: se reduce el número de magistrados de 11 a 9 miembros; se reduce el periodo de su encargo, de 15 a 12 años; se eliminan las dos Salas, se sesionará solo en el Pleno y de manera pública; se elimina la pensión vitalicia para los jueces; y sus remuneraciones no pueden ser más que para el presidente de la república.
Segundo objetivo. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Electoral, y miembros del Tribunal de Disciplina, se elegirán a nivel nacional en elecciones ordinarias a partir de candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes del Estado: El Poder Ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas, el Poder Legislativo propondrá hasta 5 candidaturas por cada Cámara (Diputados y Senadores) y el Poder Judicial propondrá hasta 10 candidaturas a través del Pleno.
Las campañas durarán 60 días, no habrá precampañas, no se permite el financiamiento público o privado, los candidatos tendrán acceso a tiempos de radio y televisión y podrán participar en foros de debate, los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial, resolverá las impugnaciones y declarará los resultados, salvo cuando se trate de sus propios integrantes, cuya resolución corresponderá a la Corte Suprema de Justicia.
En caso de ausencia definitiva de jueces, el Senado designará por mayoría calificada a una persona interina para que ocupe el cargo hasta que se realice la siguiente elección ordinaria.
Tercer objetivo. El Tribunal de Disciplina Judicial será integrado por 5 magistrados electos a nivel nacional por un periodo de 6 años, propuestos por los Poderes del Estado. Podrá recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a todo magistrado y personal judicial por actos contrarios a la ley, al interés público o a la administración de justicia, incluyendo corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, o cuando sus resoluciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia. Sus sanciones incluyen amonestación, multa, suspensión o destitución (excepto de jueces de la Corte Suprema de Justicia). Asimismo, podrá dar vista al Ministerio Público en caso de delitos, o solicitar el juicio político ante el Congreso.
El Órgano de Administración Judicial, estará integrado por 5 personas designadas por un periodo de 6 años por los Poderes del Estado. El Poder Ejecutivo nombrará 1; el Senado nombrará 1; y la Corte Suprema de Justicia nombrará 3. Será responsable de las funciones administrativas, de carrera judicial, control interno y elaboración del presupuesto del Poder Judicial.
Cuarto objetivo. Las nuevas reglas procesales incluyen: una justicia expedita, estableciendo como plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales, y de 1 año para asuntos penales. Si rebasa estos plazos, la autoridad judicial debe informarlo al Tribunal de Disciplina Judicial, que investiga y sanciona la demora. Se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. En la justicia local, los poderes judiciales de las entidades federativas establecen reglas para la elección directa de sus jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes. Los fideicomisos del Poder Judicial, una vez que concluyan los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, respetando los derechos y prestaciones de los trabajadores.
Uno de los grandes aportes de Roma al mundo fue el Derecho. Espartaco fue el primer revolucionario del mundo de quien se tienen evidencias y reportes históricos sin mayores dudas, emprendió una lucha sin cuartel enfrentando a dos clases sociales irreconciliables: esclavos y esclavistas.
Una vez derrotado fue sometido, él y su ejército, a la pena de muerte mediante crucifixión, castigo que no era para cualquier delincuente, sino para el delincuente político, para el subversivo, para el que se atreviera a levantarse contra el régimen establecido.
Cuando Jesús de Nazareth comenzó su periplo político, consciente o inconscientemente, desafió al poder del César, logrando captar adeptos. Esto comenzó a preocupar a la clase dominante que sostenía al imperio.
El Estado Romano, al ver amenazado su existencia, ante el nuevo liderazgo, no solo decide acabar con él, sino también aprovechar las circunstancias para escarmentar al pueblo en la posibilidad de que hubiera otros potenciales revolucionarios.
Los presos comunes, como Barrabás, también estaban tras los barrotes, pero sin mayor castigo que el encierro en condiciones deplorables, casi no había presos políticos, porque estos últimos eran ejecutados de manera sumaria.
Pero Jesús de Nazareth era un político químicamente puro que el César no pudo imputarle nada concreto y, ante esta orfandad y la presión del Sanedrín, decidió que el pueblo sugiera el castigo. Así, Poncio Pilatos se lavó las manos.
Cuando el César somete al escrutinio popular a Jesús versus Barrabás, la pregunta fue a quién se debía liberar, la pregunta no fue a quién debía crucificarse, esta surgió incentivado por operadores políticos infiltrados en el populorum.
No es que Jesús no tuviera pecados para el sistema opresor, claro que sí, pero estos eran del orden político. El Sanedrín lo acusaba de subvertir el orden, de oponerse al pago de los impuestos y hacerse llamar el Mesías. Es decir, eran acusaciones de orden político e ideológico.
Sin embargo, el Estado represor necesitaba darle otra figura, encontrar una “apariencia de legalidad”, justificarlo de otra manera para que no sea percibido como tal, como hasta nuestros días, una de ellas era acusar a los políticos de ladrón, malhechor o bandido. En esa época a los judíos sublevados en Jerusalén contra Roma los catalogaban como “una nueva especie de bandidos”.
Jesús fue crucificado con otros dos personajes, el “ladrón bueno” y el “ladrón malo”. Las preguntas que hasta ahora no ha respondido Roma al mundo son: ¿Por qué se crucificó a estos dos señores?, ¿Quién decidió esa pena extrema?, ¿Eran realmente ladrones o agitadores políticos? ¿Por qué escoltaron a Jesús en su muerte? Estos personajes también han trascendido por los siglos de los siglos, motivo por el cual sus casos debieron haberse dilucidado a la luz de la historia y no reducirlos al mísero adjetivo calificativo.
En realidad, no eran ladrones, sino subversivos, agitadores políticos o seguidores de Jesús, pero no los imputaron como tal para justificar la crucifixión. Fue la misma razón del porqué crucificaron a Espartaco, escoltado por su ejército, por sublevarse contra el Estado Romano.
Recordemos además que este método capital era de uso exclusivo en el imperio, instalándose en estos casos descritos, lo que podemos interpretar al día de hoy como uno de los primeros falsos positivos judiciales. Es así como el Derecho legado al mundo, también es legado con su negación: el lawfare.
Crucifixión de Espartaco y su ejército. Un crimen político.Crucifixión de Jesús y dos subversivos. Un crimen político.
Reelección de autoridades y eliminación de movimientos regionales
Vladimir Cerrón
La reelección reafirma la voluntad popular. No cabe duda de que la reelección es un mecanismo democrático de reafirmación de la voluntad popular, a través de las urnas, donde el pueblo expresa su satisfacción con la autoridad en ejercicio para nuevamente delegarle su confianza.
Permite hacer una carrera política. La reelección permite un ejercicio y capacitación continua en la gestión pública, evitando improvisados en el camino que ingresan al cargo para recién aprender a gobernar, lo que lleva al estancamiento del desarrollo de la jurisdicción a cargo, salvo excepciones.
Permite proyectar grandes obras. Existen megaobras que, por su propia naturaleza, necesitan más de un período de gobierno para su culminación, caso contrario, las autoridades se limitan a hacer obras pequeñas e intrascendentes por el temor a que la gestión entrante, generalmente un enemigo político, la boicotee sin culminarla, acarreando un desprestigio a la autoridad saliente, como el que “abandonó” o “no culminó” su obra emprendida.
Consolida el liderazgo político. La reelección permite que la autoridad brille más allá de su jurisdicción y, como es lógico, aspire a otros altos niveles de gobierno, dando el salto cualitativo en la conducción de un gobierno local a uno regional o nacional, al adquirir la experiencia necesaria. Para el statu quo esta es la mayor amenaza.
No genera corrupción. Hace algún tiempo empezó una intensa campaña contra la reelección de las autoridades políticas a todo nivel, bajo el único pretexto de que esta generaba corrupción. Creen equivocadamente que para ser corrupto hay que ser reelecto; lo cierto es que esto responde a otras motivaciones políticas, como mencionamos en el párrafo anterior, el de liquidar los liderazgos nacientes.
Antes el pretexto era el narcotráfico y el terrorismo. Actualmente, la corrupción es la palabra mágica que han encontrado los poderes fácticos para justificar la persecución a sus adversarios políticos, la que por sí sola no sería efectiva, si no fuera porque tienen los otros tres componentes esenciales, los medios de comunicación, el sistema de justicia y los órganos de inteligencia estatal, bajo su dominio.
Atrasa, desordena y paraliza la ejecución de obras. El último año de gestión, la mayoría de los alcaldes ni siquiera asisten al presupuesto participativo, menos traen nuevos proyectos para su ejecución, porque en realidad, según su lógica errada: “ese ya no es su problema”, el problema ahora le corresponde resolver a la autoridad entrante.
Obliga la postulación a otro nivel de gobierno. El alcalde que no puede ser reelecto en su mismo cargo, para continuar en el ejercicio de la política, es obligado, contra su voluntad, a postular a otro cargo de mayor jerarquía. Así, vemos exalcaldes que son electos gobernadores regionales sin tener la menor idea para qué sirve esta instancia de gobierno y gobiernan erróneamente como si estuvieran frente a un municipio grande, craso error.
La política de la fragmentación. La potencia dominante sobre Latinoamérica se encargó de infiltrar al Estado durante muchos años, mediante ONG y otros medios, siendo uno de los fines lograr en nuestro país la máxima fragmentación política posible, a esto responde la existencia de 40 partidos políticos y cientos de movimientos regionales en el país, que se comportan como pequeñas y medianas empresas, hipotecando a sus candidatos al mejor postor y debilitando a los verdaderos partidos políticos.
Eliminación de los movimientos regionales. Se debate en el Congreso de la República la eliminación de los movimientos regionales y Perú Libre está de acuerdo, pese a que tiene una génesis en un movimiento regional. Esta aparente paradoja, podemos explicarla mejor: sucede que un movimiento regional debe tener una ideología definida, una acción política real y un programa de gobierno que involucre paulatinamente a toda la sociedad, lo cual debiera convertirlo en el mediano plazo en un partido político de alcance nacional. Si estas características no se consolidan, el movimiento regional no deja de ser una caricatura política que debe desaparecer.
Perú Libre es el único movimiento que se hizo partido. En la historia del Perú, en su tránsito del campo a la ciudad, esto solamente ha ocurrido con Perú Libre; razón de por qué apoyamos la eliminación de los movimientos regionales que, pasado el tiempo suficiente, no han podido ascender al peldaño político inmediato superior.
