Pugnas geopolíticas por el Megapuerto de Chancay
Vladimir Cerrón
No cabe duda que la República Popular China está reconocida como la primera potencia económica del mundo. Como es natural, su hegemonía basada en el socialismo de mercado difiere mucho de la economía social de mercado de EE. UU., pero a la vez guardan algunos puntos en común.
Lenin decía en su obra El Imperialismo Fase Superior del Capitalismo (1916), que el sistema capitalista tiene dos fases bien marcadas. La primera corresponde al libre mercado y la segunda, al monopolio empresarial y financiero. Estamos en la segunda fase capitalista, por tanto, disputarse los espacios claves para el control exclusivo del mercado internacional se torna de vital importancia para cualquier potencia.
La tesis leninista hace un razonamiento preciso sobre el origen y la naturaleza del monopolio y lo define como una hija de la política colonial. Los países invasores antes gozaban de la exclusividad en la explotación del país colonizado. Los colonialistas han tratado de justificar estas ocupaciones bajo el pretexto haber llevado la civilización por el bien de la humanidad. Actualmente, persiste, pero se da en otras esferas, pretextando que nuestro desarrollo está en dependencia de las inversiones que ellos hagan en nuestro país.
No dejan de tener razón en gran medida, pero nos ocultan que su capital financiero del que tanto hablan en su país no tiene sentido invertirse debido al grado de desarrollo y madurez económica que han alcanzado, por tanto, la exportación de capitales para ellos se convierte en un imperativo. Para ello, se escogen países del tercer mundo donde los terrenos son de bajo precio, la educación limitada a lo elemental, el avance tecnológico primario, la mano de obra barata y sus materias primas no han sido del todo explotadas.
Ubicado el país, se despliega un movimiento a través de las “esferas de influencia”, la que “reemplaza a la competencia en el libre mercado”, que les permite llegar al gobierno y firmar con el Estado convenios ventajosos, donde la inversión para construir una obra es solo la punta del icerberg de los beneficios que obtendrán, condicionando la transacción de su capital al logro de operaciones rentables, beneficios monopolistas, inversiones concurrentes, cercanía a yacimientos de recursos estratégicos, compra de sus productos, manejo del transporte aledaño, etc. Simplemente, si no hay estas condiciones, no se invierte.
En otras palabras, la obra beneficiará mucho más a los capitalistas que al país receptor. En la misma obra, Lenin mencionaba: “En estas transacciones internacionales, el acreedor casi siempre obtiene un provecho extra: una cláusula favorable en un tratado comercial, una explotación carbonera, un contrato para construir un puerto, una concesión jugosa o un pedido de armas”.
Así, la inversión inicial sirve solo como un vehículo o un eslabón a través del cual fluirán nuestras materias primas al exterior, muchas veces sin valor agregado, y en el colmo de los hechos, hacen que el Estado los cofinancie. Eso es lo que ha ocurrido con la inversión del Megapuerto de Chancay, que cuenta con capitales de la empresa estatal china Cosco Shipping Ports Limited y capitales peruanos de la compañía minera Volcan.
Para uno que sabe, el ABC del imperialismo es absolutamente normal. El Perú tiene reservas mineras de cobre, plomo, zinc, estaño, plata y oro, cuya explotación representa más del 70% de nuestras exportaciones. Estos commodities (materias primas), tienen gran demanda en el mercado asiático, los que, a través de este megapuerto y los mineroductos en construcción, podrán exportarse a menores costos, en barcos más grandes, ahorrando horas de viaje, venderlos más ventajosamente y, lo más importante, haciendo que Chile y Ecuador tengan que depender del puerto peruano.
Esta última ventaja descrita ha generado un conflicto geopolítico con el “dueño” del continente, los EE. UU. Este país ha presumido del control total de Latinoamérica y ven amenazados sus intereses económicos ante el avance de China, además de otro gigante como Rusia, que ha comenzado con sus inversiones en Venezuela, ambos adversarios geopolíticos, comerciales, financieros y militares.
Nuestro país posee una localización estratégica que permite el control de los países aledaños y del océano Pacífico. Las inversiones chinas en el Perú han ido desplazando a las norteamericanas, alemanas y canadienses. China tiene un total de 170 empresas de capital estatal en el Perú, que representa una inversión de más de 30 mil millones de dólares, con presencia en los principales yacimientos mineros de Toromocho, Las Bambas y Marcona, además de contar con China Three Gorges que compró Luz del Sur y la Central Hidroeléctrica de Chaglla.
Ante esta situación la Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de su Procuraduría, ha presentado una demanda contenciosa administrativa para declarar la nulidad del acuerdo que ellos mismos firmaron, publicado en el diario oficial El Peruano el 11 de febrero del 2021, donde otorgaron los beneficios monopólicos siguientes: “Artículo 2.- Otorgar a la empresa la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria; y el Artículo 4.- El proyecto será de titularidad privada, uso público, marítimo y de alcance nacional, cuya actividad esencial es multipropósito para carga de graneles sólidos, líquidos, carga rodante y contenedores”. Firmado por el presidente del directorio de la APN, Carlos E. González Diez Canseco.
Está claro que esto no nació espontáneamente, sino que responde al interés de los EE. UU. de bloquear las inversiones chinas, existiendo para ello un sistema judicial influenciado por el país del norte, que pudiera afectar seriamente la seguridad jurídica. Este bloqueo a China, sin dudas, tiene la autorización del más alto nivel en el Perú, de un gobierno que, si no es por su servilismo yankee, ya se hubiera caído.
