Por Vladimir Huaranca Tejada
El Partido Político Nacional Perú Libre en un corto tiempo ha logrado posicionarse como un actor político de primera importancia a nivel nacional; las victorias electorales de alcance nacional en el gobierno y parlamento; el posicionamiento ideológico programático del partido del lápiz y la construcción partidaria en todas las regiones del país han puesto en guardia a los sistemas de control social de las clases dominantes y el imperialismo; quiénes ubican a Perú Libre, como el principal factor que desestabiliza lo que ellos consideran el orden natural neoliberal capitalista.
La constitución de Perú Libre como actor de primer orden en el contexto político ha tenido consecuencias, entre las que más destaca es el desarrollo en gran escala por vez primera en la historia política del país de la estrategia de la guerra judicial; concebida como una arma de cuarta generación; surge en el terreno académico como expresión del desarrollo de una nueva forma de totalitarismo técnico jurídico con componente político para deslegitimizar todo sistema jurídico alternativo al occidental; en el terreno de los diseños de estrategias militares en el siglo XXI (Charles J. Dunlap Jr.) La cualidad básica de la guerra judicial se caracteriza en la actualidad en ubicar a la ley como arma de guerra estratégica en los nuevos escenarios del siglo XXI.
En la praxis política en América Latina la guerra judicial es hoy una modalidad de guerra de baja intensidad; la utilización del sistema jurídico como instrumento para aniquilar al adversario político y de relato fundamental para derribar y sabotear gobiernos progresistas o al menos descalificar a sus principales representantes: neutralizándolos políticamente cuya consecuencia es incapacitarlos para ser candidatos en elecciones o generando golpes parlamentarios utilizando la agencia de la Fiscalía y el Poder Judicial como herramientas del poder económico-político dominante; los casos más paradigmáticos han sido de: los ex presidente Lula da Silva y Dilma Rousseff de Brasil; la persecución y descalificación electoral de Rafael Correa en Ecuador; la descalificación electoral y golpe de estado contra el expresidente Evo Morales en Bolivia; la descalificación judicial a Cristina Fernández en Argentina incapacitándola para poder ser candidata a la presidencia; todo lo cual ha perfeccionado los mecanismos de la guerra judicial en América Latina enfilándolo contra los movimientos, partidos progresistas, socialistas y alternativos al neoliberalismo y sus liderazgos.
La denominada guerra judicial es estudiada no solamente como la utilización de la ley como arma en la contradicción social sino, que tiene su natural complemento y le es consustancial el uso de la hegemonía burguesa en los medios de comunicación y las denominadas redes sociales: para sobredimensionar el efecto jurídico del caso judicial concreto; de este modo las campañas de demonización y estigma negativa se difunden especialmente contra los dirigentes políticos y gremiales que se oponen a las políticas neoliberales.
Un tercer elemento consustancial en la guerra judicial es el ataque al núcleo familiar, amical profesional de las personas que son seleccionados como como sujetos en el proceso de judicialización y estigmatización; la sociología criminal al estudiar la guerra judicial ubica por tanto el proceso de criminalización que busca apartar al dirigente político de la acción política concreta y lo incapacita no solamente para ser candidato sino que le priva de sus elementales derechos políticos; lo que va acompañado de un uso intensivo del sistema mediático para desarrollar una demonización basada en los 11 principios sobre propaganda política de Joseph Goebbels y lo complementa con la afectación de los entornos más cercanos de los dirigentes sea a: nivel familiar, político y profesional generalizando el MIEDO y la desmoralización, derrota de la persona, movimiento o partido que ha sido seleccionado como blanco de la guerra judicial.
En el Perú el uso de la lawfare ha tenido antecedentes en la denominada: criminalización de la protesta social contra dirigentes que luchaban contra las actividades de las empresas transnacionales mineras que afectaban el eco sistema de los pueblos; así como dirigentes sindicales y gremiales que asumían la defensa de los derechos de sus agremiados; en los últimos años la guerra judicial asume todo sus contornos y da un salto cualitativo en la medida que la izquierda va asumiendo la conducción de los gobiernos regionales y alcaldías; los casos más paradigmáticos son de Walter Aduviri en Puno y de Vladimir Cerrón en Junín; sin embargo, es en la presente coyuntura, donde la guerra judicial asumió sus lineamientos tácticos y estratégicos frente al desafío que supuso al imperialismo y la clases dominantes: la llegada del gobierno de Pedro Castillo y la victoria electoral de Perú Libre.
El proceso electoral del presente año generó una situación inédita: la izquierda peruana había logrado por vez primera en su historia una gran victoria electoral; tanto a nivel parlamentario como a nivel de gobierno central; la victoria de Perú Libre generaba legítimas expectativas de cambio radical profundo y amenazaba directamente el dominio del modelo económico neoliberal. El imperialismo las ONGs y la burguesía en sus diferentes facciones: política, económica, mediática y militar asumieron el reto desarrollando en todos sus extremos una despiadada guerra judicial en contra del partido político Perú Libre y su liderazgo representado por Vladimir Cerrón; apenas el lápiz empezó a constituirse como un actor fundamental en la primera y segunda vuelta se desató la violenta campaña de destrucción de la imagen personal e institucional con una satanización y estigmatización a través del sistema mediático privatizado y concentrado. En el Perú se cumplieron “maravillosamente” los once principios de propaganda política enunciados por el nazi Joseph Goebbels sintetizados en su famoso aforismo: “miente, miente que algo queda” la pretendida asimilación de Perú Libre, su ideología y liderazgo como expresión de una propuesta cuasi terrorista y de corrupción institucional tuvieron una caja de resonancia en el sistema mediático; para lo cual se utilizó los casos judiciales; donde se observa claramente la relación entre las instancias del Ministerio Público y el Poder Judicial con fines claramente políticos; la descalificación de Vladimir Cerrón lleva inevitablemente a la estigmatización del partido Perú Libre su ideología y programa.
El caso de Vladimir Cerrón ha materializado las principales características de la guerra judicial: uso de la ley como arma legal y estigmatización mediática generando prejuicios ya cultivados como la llamada: “lucha contra el terrorismo”; generando el miedo como categoría principal a difundir por el poder mediático; el ataque al entorno familiar así como a la dirigencia nacional del partido Perú Libre utilizando el caso de los ”Los Dinámicos del Centro” ha continuado con una seguidilla de denuncias en contra de la persona, el núcleo familiar y político más cercano al Dr. Cerrón y busca sin duda alguna su inhabilitación y del partido político Perú Libre para poder participar en futuras elecciones; debemos tomar conciencia los militantes del partido que la guerra judicial no es un tema personal de los judicializados sino es una problemática institucional qué afecta la propia existencia del partido político Perú Libre; exige de todos nosotros tener un conocimiento real de como se está utilizando estrategias de guerra de cuarta generación diseñadas por el Departamento de Estado del imperialismo norteamericano y aplicados en todos los países de América Latina donde hay movimientos progresistas y socialistas: no entender el problema es aislar el caso a términos jurídicos procesales y desconocer la estrategia global de las guerras de baja intensidad y golpes blandos en la dinámica de la lucha de clases en la actualidad en América Latina.
Por lo que presentamos los lineamientos de la presente campaña política integral para generar una respuesta institucional del conjunto de la militancia y sus órganos directivos; que nos permita asumir iniciativa y poder dar una respuesta victoriosa al desafío de la guerra judicial y el golpe blando; lo que implica necesariamente que la militancia debe internalizar ¿Cuál es la estrategia del adversario? Y ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la actual coyuntura nacional? Desterrando la idea que el problema del caso judicial del Dr. Cerrón es un tema personal o a lo sumo de algunos dirigentes del partido sino, asumirlo como una cuestión que involucra a toda la militancia desde el mayor cargo directivo hasta los simpatizantes; de ahí que la campaña política que proponemos tiene un carácter holístico e integral para poder enfrentar con éxito los desafíos de una guerra no convencional, lo que requiere: conocimiento, iniciativa, capacidad de resistencia y voluntad de victoria.
