Vladimir Cerrón (*)
Hace mucho tiempo que la región Puno se convirtió en el epicentro político del sur, lo que le confiere un respeto, pero también una responsabilidad histórica. El golpe electoral decisivo que concluyó con el primer triunfo nacional de la izquierda peruana en el 2021 es un mérito innegable. Posteriormente, la defensa de la voluntad popular tras el golpe de Estado, la sangre derramada de sus hijos y su predisposición a la revancha histórica lo siguen situando como la vanguardia.
Mariátegui decía que los hombres y los pueblos siempre tienen una fe, una esperanza, una utopía o un sueño; caso contrario, su vida sería infecunda. Esto implica que no bastan los bienes materiales, sino que debe contarse con el espíritu que permita impulsar la lucha, con la fe de la victoria, y esta solo será posible si se aplican los cinco principios de las ciencias sociales: unidad, compromiso, identidad, decisión y acción.
Es conocida la capacidad organizativa del pueblo de Puno, habiendo creado un gran número de organizaciones populares, pero a la vez son tantas que precisamente dificultan la lucha unitaria; mientras no reconozcan que esta tarea debe encabezarla alguien, liderarla un dirigente al mando general o, en su defecto, un solo partido, no podrían ser todos. Eso parece que cuesta, porque nos gana la psicología individualista, propia de la mayoría en una sociedad capitalista.
Una vez reconocida la cabeza, debe accionarse con disciplina, jerarquía, lealtad, centralismo democrático, ejecución y balance de nuestras acciones; solo así podremos corregir errores y afianzar nuestros aciertos, llegando a la cima de nuestros objetivos. Caso contrario, estaremos condenados a una victoria parcial, infecunda e intrascendente, como fue nuestra primera experiencia de gobierno nacional.
Nadie en su sano juicio podría aplaudir el golpe de Estado al profesor Castillo, pero también debemos reconocer que el hombre no estaba preparado para conducir el país, tampoco la sucesora que terminó por usurpar el cargo en complicidad con los golpistas. Perú Libre ha hecho una profunda autocrítica en el libro Del Campo a la Ciudad, de la forma como se compuso la fórmula presidencial, responsabilidad absoluta de la dirigencia, razón por la cual en esta ocasión solo concursan militantes.
Sé que hay un sentimiento de nostalgia que invade al pueblo respecto al profesor Castillo, pero tampoco es bueno caer en la subjetividad o aferrarnos al sentimiento de la lástima. Es necesario exponer nuestras deficiencias, criticarlas, contracriticarlas, autocriticarlas y rectificarse, sin temor a los resultados.
En las actuales circunstancias de lucha de clases, solo se ha salvado una candidatura del pueblo, porque no han podido liquidarla. Me refiero a la fórmula presidencial de Perú Libre. Sustento este argumento porque líderes como Gregorio Santos, Walter Aduviri, Antauro Humala, Pedro Castillo, entre otros, están encarcelados, clandestinos, proscritos o presos posgolpe, liquidando sus aspiraciones políticas y con ellas las del grupo social que nuclean.
Estos hechos no tienen una naturaleza jurídica, son actos puramente políticos. La lucha en el fragor de la política nos ha enseñado una fórmula para resolver esta enmarañada situación, y es que a los problemas políticos se les aplican soluciones políticas y no de otra naturaleza. Es decir, esta pasa por volver a ganar las elecciones e indultarlos; no hay otra forma, pasa porque los cholos volvamos a Palacio para gobernar con realismo, audacia e inteligencia.
Respecto a la representación de Perú Libre en la Mesa Directiva. El espacio de la Mesa Directiva es un derecho, un espacio de poder, aunque en minoría. Si en 2021 y 2022 nos hubiéramos despojado de este prejuicio y no le hubiéramos dejado la Mesa servida en su totalidad a la derecha, es posible que se hubiera evitado la vacancia presidencial al renunciar un miembro ante la falta de los 104 votos para dar continuidad a dicho proceso, pero no había una voz. Fue un craso error que no debemos volver a cometer, porque espacio que no ocupas en política es ocupado por tu adversario.
Los enemigos dicen que nos aliamos al fujimorismo, pero si eso fuera cierto, me pregunto: ¿cuáles han sido los frutos de esa alianza? Simplemente no existen. ¿Acaso Perú Libre ha promovido o apoyado leyes sobre concesiones mineras, petroleras, gasíferas; amnistía a los militares por crímenes de lesa humanidad; exoneración de impuestos a los juegos de azar; permiso a las tropas militares estadounidenses para ingresar a territorio peruano; restablecimiento de la bicameralidad; restitución de la firma de Fujimori en la CPP 93; beneficios tributarios a las exportadoras y flexibilización laboral? No existe ninguna prueba y no pasa de ser una campaña contra el partido.
Respecto a las mal llamadas “leyes procrimen”. El Partido está en una escalada de persecución político judicial, donde actúan contra él la prensa hegemónica, los servicios de inteligencia estatal, y, el sistema nacional de Justicia, conspirando contra su existencia. Estando en la Comisión de Justicia, se han revisado las leyes con las que se persigue al pueblo y se somete a largos procesos judiciales indefinidos, con medidas coercitivas, impidiendo el ejercicio de los derechos políticos. Básicamente, tenían el espíritu de liquidar la oposición política.
Nosotros fuimos víctimas el 2021 con el caso “Saneamiento de La Oroya” (por lo que no pude postular, para que luego de 5 años el TC anulara la sentencia); el 2023, con el caso “Aeródromo Wanka” (para que luego de 2 años la CSJ me absolviera de todos los cargos); y, actualmente, con el pedido de prisión preventiva en un proceso que, finalmente, estoy seguro, será archivado en dos años.
Todos sabemos que el Sistema Nacional de Justicia (MP, PJ, PGE, JNJ, DP, TC y JNE), estuvo capturado por la izquierda caviar y, en alguna medida, persiste en el MP y el PJ. Es simple darse cuenta; sus fallos hablan por ellos.
Mis bienes han sido embargados, incluyendo mi casa; he sido separado de mis centros laborales, mis cuentas han sido extinguidas; los sueldos y pensiones de docencia y viudez de mi madre, incautados; a pesar de que no cuento ni siquiera con una acusación fiscal, sentencia, inhabilitación o reparación civil que deba al Estado. La viabilidad de mi candidatura por el JNE da fe irrefutablemente de lo que menciono.
Las leyes, antes de su modificación, violaban las garantías fundamentales de los justiciables, pero se aplicaban selectivamente; como lo que ocurría con Odebrecht, la corrupta transnacional defendida por los propios fiscales, nunca se le embargaron sus cuentas, no se le extinguieron sus bienes, no se detuvo preventivamente a Barata, se le dejó fugar a Brasil, se le devolvió la hidroeléctrica Chaglla, no terminaron de pagar su reparación civil y actualmente sigue contratando con el Estado.
Es más, la candidata presidencial caviar, exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, firmó el Decreto Legislativo N.° 1301-2016, permitiendo que los jefes de las organizaciones delictivas se acojan a los beneficios de suspensión de las penas. Así se salvó al delincuente de Jorge Barata y José Graña Miro Quesada, dueños de Odebrecht y diario El Comercio; este último defraudó más de 300 millones al Estado. Asimismo, emitió el D. U. N.° 003-2017, que “Asegura la Continuidad de Proyectos de Inversión”, permitiendo que Odebrecht siga contratando con el Estado bajo el pretexto de “evitar la desaceleración de las inversiones en el país”.
Las razones por las que el Parlamento modificó las leyes, haciendo que regresen a su cauce garantista, son las siguientes, para lo cual tomaré tres ejemplos. La Ley N.º 31990, que según ellos limita la colaboración eficaz y favorece la impunidad. Falso, esta establece plazos fijos para que el colaborador eficaz corrobore su información hasta 8 meses y 8 adicionales. Si no lo haría en este tiempo, simplemente no sería eficaz, porque se supone que el Estado debe desbaratar las organizaciones criminales en el acto y no en décadas. Además, el acuerdo ahora deben hacerlo con un abogado defensor para evitar la manipulación fiscal.
La Ley N.º 31751 o “Ley Soto”, dicen que reduce el plazo de prescripción. Falso, el tiempo de prescripción es el mismo, está intacto: el máximo de la pena más la mitad del mismo. Lo que se limitó fue una figura inventada llamada “suspensión de la prescripción”, creada para sacarle la vuelta a la ley e inaplicar este derecho.
La Ley 32326, que según ellos eleva los requisitos para confiscar bienes a las organizaciones criminales. La ley se corrige para que no te despojen de tus bienes sin una sentencia firme; este abuso solo se daba en el Perú, cualquiera podía ser denunciado por cualquier delito y, antes de tener una acusación fiscal, tus bienes ya habían sido extinguidos. Actualmente, con la nueva ley, basta aplicar la incautación y el decomiso, las mismas que no se han modificado.
Nuestra candidatura combate contra dos frentes: a la derecha y a su infaltable compañera la izquierda caviar. Está de más hablar de la derecha propiamente identificada, pero es necesario desenmascarar a la falsa izquierda, esa falsa oposición que confunde al pueblo, donde encontramos a los partidos de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Venceremos.
Juntos por el Perú es la candidatura más débil del flanco izquierdista caviar, donde se han reciclado sus actuales congresistas, disidentes de Perú Libre y la familia del profesor Castillo, quienes tienen las mejores posiciones en la lista. Estructuralmente, solo tiene 26 listas de 57 e históricamente es la bancada con la menor producción legislativa.
Ahora Nación, partido que la caviarada hace lo imposible para presentarlo como una alternativa de izquierda, pero en el fondo sus líderes son viejos apristas, como su candidato a la presidencia. Este partido se articula con dos brazos. El primer brazo es caviar, donde se unen paradójicamente una facción “pro castillista” con sus captores “expolicías y golpistas de Castillo” (excoroneles Harvey Colchado y Walter Lozano). Su otro brazo es el claudicante Partido Comunista Peruano – Unidad, es decir, la heroica Construcción Civil, postulando a su secretario general Luis Villanueva al Senado.
Venceremos representa una candidatura improvisada con la misma estructura y los mismos brazos que la anterior. El brazo caviar lo conforma Nuevo Perú de Verónika Mendoza y Alberto Quintanilla. El otro brazo es el también claudicante Partido Comunista del Perú – Patria Roja, es decir, los enemigos históricos del magisterio, la Derrama Magisterial.
Me encuentro no habido, como todo perseguido político, en un espacio del que solo el pueblo me sacará y llevará hasta Palacio, si así lo considera, en un hecho histórico sin precedentes en el mundo, para darle un giro de timón al país, el mismo que no logró su objetivo el 2021.
Debemos asumir la participación de Perú Libre como un plebiscito respecto a la Asamblea Constituyente. El Partido luchará por espacios de poder político en estas elecciones y esperamos que sus resultados no sean producto del azar, sino de la conciencia del pueblo, competencia de la capacidad organizativa del partido y del ensamble con el pueblo.
Que libraremos una batalla asimétrica contra los partidos de la derecha empresarial (burguesía burocrática) y los partidos de la izquierda caviar (burguesía financiera), no es ninguna sorpresa, son las circunstancias de siempre, sobre las cuales nos hemos sobrepuesto.
Esta última es la falsa izquierda, financiada por tres fuentes: fondos extranjeros, norteamericanos (Usaid) y sionistas (George Soros); por las patronales empresariales (Confiep, grandes mineros y Grupo Intercorp); y, finalmente, por el Estado, mediante consultorías millonarias. Esta izquierda es la carnada con que siempre engatusaron al pueblo, quinta columna disfrazada de revolucionaria, que debe ser erradicada.
Esta es la razón por la que nunca emiten un solo comunicado contra el imperialismo norteamericano, ni contra el Estado genocida de Israel, pero saludan el golpe de Estado a Evo Morales, califican de dictadura a Cuba y saludan la invasión a Venezuela, lo que evidencia su dependencia financiera como agentes del imperio.
En el plano internacional, hemos sido testigos de la invasión militar a Caracas, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, más de 100 asesinados, entre venezolanos y cubanos, defendiendo la revolución bolivariana, que no es más que defender a la propia Latinoamérica. Asimismo, el imperio amenaza con arreciar el bloqueo a Cuba y las agresiones se extienden a Nicaragua y México. También vemos atónitos el intento de EE. UU. de apropiarse de Groenlandia y somos testigos de la guerra franca contra Rusia a través de Ucrania y la guerra velada contra China a través de Taiwan.
Es que debemos entender que la guerra no es ninguna maldición del cielo, sino el curso natural del desarrollo capitalista. Al existir una guerra despiadada y encarnizada entre los grandes monopolios, cárteles o grupos económicos, esta se traduce en la necesidad de controlar las rutas económicas, los mercados internacionales, los recursos naturales y la mano de obra colonizada, conllevando un nuevo reparto del mundo y, finalmente, la anexión territorial.
En Latinoamérica, la derecha ha recuperado posiciones por la razón, la fuerza o la invasión. No seamos ajenos a lo sucedido con Venezuela, pues la motivación principal fue apropiarse del petróleo y sus riquezas minerales.
En el Perú y especialmente en Puno, la guerra futura se dará por el litio y por el agua dulce del lago Titicaca. Si desde ahora no tomamos precauciones, el exterminio de nuestro pueblo se dará inexorablemente, tras un ataque directo o indirecto a través de otra nación. No hay que ser brujo para darse cuenta.
Como parte de esta ocupación está la toma de posesión por 10 años de la Base Naval del Callao, las misma que será prorrogable. La justificación es que se realizará una inversión de 1500 millones USD, que pagará el Estado peruano, para modernizar su infraestructura, pero que la misma estará a cargo de los militares estadounidenses. Conforme la historia nos demuestra, ellos no saldrán jamás, como sucedió con la Base Naval de Guantánamo en Cuba y otras que controlan en el mundo.
No podemos callar este oprobio, sería desmentir la esencia del nombre de nuestro partido: Perú Libre. El presidente José Jerí es el principal responsable de esta capitulación a la soberanía, además de la mayoría vendepatria del Congreso, los mismos que han autorizado para que este 2026 los militares estadounidenses estén presentes en las 24 regiones del país; indudablemente Puno está en la lista.
Sumado a ello, se quiere privatizar la estatal Petroperú y entregar el poder energético al oligopolio constituido por Repsol, Primax y Pecsa, afectando económicamente a la clase trabajadora. Los trabajadores deben ser conscientes de que, sin ideología proletaria, sin partido socialista, sin sindicatos leales y sin Estado fuerte, están desarmados, liquidados y condenados a la explotación perpetua.
Mariátegui habló de la revolución sin calco ni copia. En esa tarea es que se diseña la construcción de Perú Libre hace 20 años, un partido que marcha del campo a la ciudad, con defectos, con errores, con traiciones, con conspiraciones, con persecuciones, pero siempre avanzando, con modestos logros y nunca deteniéndose. Esa es la razón por la que hemos llegado hasta aquí.
Hoy en día, la revolución no la hará el proletariado o el campesinado solo, pues se necesita del concurso de todos, incluyendo a la clase media emergente y a los empresarios nacionales patriotas. Si logramos su articulación, constituirá un avance sin precedentes, librándose una lucha clasista entre la clase mayoritaria, productiva y ayuna de poder, contra la clase minoritaria, improductiva que controla el poder.
En esa contradicción se bate esta campaña: el pueblo con su movilización política y los ricos comprando los medios masivos. Pero existe algo que ellos jamás tendrán para combatirnos: la ideología del proletariado, que sin mayor herramienta que la persuasión o el convencimiento es capaz de destruir los privilegios de clase de los ricos. Conquistada la meta, no debemos caer en lo que cayó el gobierno del profesor Castillo, que paso a enumerar:
- Prescindir del Partido, como fuerza dirigente de la militancia, del gobierno y la sociedad. Sin un partido es imposible acceder, sostenerse y sucederse en el poder.
- Fraccionar la bancada parlamentaria, lejos de fortalecerla, sumarla, mantenerla o, en el peor de los casos, minimizar su reducción. En el parlamento se deciden hasta las cosas morales, éticas o religiosas, por el número de votos; no hay que ser ciegos, así no estemos de acuerdo.
- Quitarse la idea de hacer la revolución aplicando o concesionando recetas neoliberales, que terminaron en el D.S. 164-2021-PCM, documento que arrió la bandera del cambio popular, asumió el programa socialdemócrata caviar y plasmó históricamente la traición al programa perulibrista.
- No confiar en nuestra militancia, en nuestros cuadros políticos, así sean principiantes. Es natural que nuestros cuadros carezcan de la experiencia abundante; es algo natural en un gobierno del pueblo, porque nunca ha estado en el poder, no se le puede exigir una amplia experiencia.
- Solo técnicos en el gobierno. Los pocos hombres que conduzcan el nuevo Estado deben ser políticos altamente técnicos y a la vez técnicos altamente políticos. No se debe recurrir, por ningún motivo, a los técnicos de la burguesía; eso es un craso error. El gobierno no se puede compartir con los derrotados de clase.
- No integrarse al bloque socialista latinoamericano. Ser antimperialistas es un principio abierto, lo que crea conciencia en las masas e impide que usen nuestra cabeza, llegando al extremo de hacernos repetir su perversa doctrina: “América para los americanos”.
Al asumir el gobierno, el presidente debe convocar su consejo inaugural con cinco medidas claves:
- El Consejo de Ministros debe aprobar el proyecto de ley de referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente, alternativamente el retorno a la Constitución de 1979 o solicitar facultades legislativas constitucionales al Congreso.
- Invitar a los grandes empresarios nacionales y transnacionales para renegociar bilateralmente los contratos-ley lesivos al pueblo peruano, en aplicación al artículo 62 de la actual Constitución.
- La nacionalización, estatización o recuperación de la administración de un yacimiento estratégico solo procede cuando se agoten los mecanismos de derecho.
- Potenciar las facultades de Indecopi para desarticular los oligopolios y monopolios, en aplicación del artículo 61 de la actual Constitución.
- Establecer un pacto de gobierno público entre la PCM y la ANGR, las que serán los brazos ejecutores de un gobierno popular, para reimpulsar la descentralización en miras a su irreversibilidad.
Finalmente, el término de “Vamos por la revancha” significa tres cosas: 1) Lucha popular, para hacer respetar la voluntad del pueblo, la misma que fuera desconocida después de elegir a su presidente; 2) Lucha interna, contra los traidores, disidentes y tránsfugas, que no cumplieron con implementar el programa de gobierno; 3) Lucha externa, orientada a disciplinar a la derecha, la oligarquía y la casta golpista nacional y foránea, haciendo que regrese el partido al gobierno.
Muchas gracias y deseo todo el éxito a nuestros candidatos en estas elecciones nacionales rumbo a Palacio y al Congreso.
¡Vamos por la Revancha! ¡Hasta Más Allá de la Victoria!
Ciudad de Puno, 25-01-26
(*) Discurso del secretario general nacional de Perú Libre, Dr. Vladimir Cerrón, en la presentación de candidatos a la Fórmula Presidencial y Parlamento.
