Autor: Vladimir Cerrón Rojas
Médico Cirujano, Especialista en Neurocirugía, Magíster en Neurociencias, Doctor en Medicina, Expresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales - ANGR, Gobernador Regional de Junín, Secretario General Nacional del Partido Político Nacional Perú Libre.
FALTA DIRECCIÓN POLÍTICA
FALTA DIRECCIÓN POLÍTICAVladimir CerrónToda lucha cuando emprende, después de un estado de letargo prolongado y una domesticación cultural, lo hace a su manera, con su propio estilo y a menudo creen estar en lo correcto, pero conforme avanza se van dando cuenta de que pueden estar en un círculo vicioso, haciéndole el juego al enemigo, salvo si existe una real dirección política que convierta a la clase dirigente en clase dominante, sin dejar de ser dirigente.Escuchar a varios jóvenes decir que defienden la democracia, está bien, pero argumentarlo mencionando que Vizcarra no debía haber salido cuando el país estaba en crisis sanitaria y económica, ya es ridículo. El país no pudo haber estado peor con Vizcarra en la pandemia y la famosa reactivación económica. Se violaron hasta los derechos laborales de muchos jóvenes.Por otra parte, ver como un triunfo la salida de Merino y la entrada de Sagasti, sigue siendo un suicidio político, porque el problema no es cambiar al sujeto Presidente, sino cambiar la génesis de la pobreza, de la corrupción, de la exclusión, del racismo, del saqueo, de la explotación, entre otros males. Creer que con Sagasti se solucionan los problemas, como quiere que interpretemos la prensa accionista de las empresas privatizadas por Fujimori, es hacer el papel de tontos útiles.Atizar en las marchas que la izquierda y la derecha son la misma porquería, es peor, evidencia la carencia del análisis crítico, poniendo en claro que hay un sector de la juventud que pisa el palito de la derecha que espera que “rechacen” a todos los partidos, para que al final no tomen parte de alguno y sigan huérfanos de dirección, cuando la solución a sus reclamos no puede ser más que política.Si realmente piensan así los jóvenes respecto de todos los partidos políticos, entonces que empiecen a crear su propio instrumento político de lucha o nos vamos al anarquismo. No hay forma de tomar el poder en una sociedad si no es con un partido, eso tienen que aprenderlo, no hablo de sindicatos, ni colectivos, hablo de partidos; no hablo de reclamos, hablo del poder.Sin embargo, hay un sector lúcido de jóvenes, sobre todo en Lima, Huancayo, Arequipa, Cuzco y Puno, que han planteado firmemente la continuidad de la lucha hasta lograr que el gobierno se comprometa a consultar en referéndum la Asamblea Constituyente. Estos jóvenes han logrado tener eco, ya se habla del tema, pero este no será tan sólido mientras gran parte de la juventud no se haya encomendado no solo en leer, sino en analizar, la Constitución Política de 1993. Se dice que se metieron con la generación equivocada, comparto ello, pero ojalá la generación no se equivoque, y eso no pasará si se persiste en coronar el éxito pariendo una Constitución del Bicentenario, caso contrario solo habremos generado un antecedente importante, y lo de Inti y Bryan, habría sido una casualidad de la vida con rumbo a la amnesia histórica como miles de casos. Además, debemos recordar que un acto revolucionario, no necesariamente es una revolución.
Vladimir Cerrón
Las últimas movilizaciones en el Perú, tras el golpe parlamentario, ponen en evidencia que el pueblo está comenzando a ser más consciente de la necesidad de un cambio de régimen económico, que permita que las mayorías tengan mejores condiciones de vida, que este país sí tiene probada capacidad de brindar.
Se pretende engañar con la prensa subsidiada, que la gente reclama el retorno del expresidente Martín Vizcarra, cuando en realidad la protesta es contra todos los niveles gubernamentales, principalmente contra el Ejecutivo y el Legislativo, pasando por agua tibia el Judicial, por ahora. La vacancia de Vizcarra no es más que una condición que permite el efecto dominó antisistema en la sociedad.
Tampoco puede negarse que la salida brusca del Presidente trae consecuencias en toda la pirámide social, con la diferencia de que en algunos es mayor y en otros es menor. En este orden de razonamiento existen tres grandes afectados.
El primer grupo afectado son las grandes transnacionales, aliados del gran capital nacional, que están en el centro de la tormenta como principales entes generadores de la corrupción, pues las investigaciones han llevado a la suspensión, arbitrajes y otros litigios en las obras contratadas, congelando sus capitales y en otros casos, no desean invertir en el país. Sin embargo, lo que más les afecta es en el plano político social, pues la salida de Vizcarra desencadenó eso que el pueblo tenía reprimido hace tiempo, la protesta contra el sistema neoliberal, lo que pone en riesgo miles de miles de millones adquiridos mediante los famosos contratos ley. Hoy reclamar en las calles la necesidad de una Asamblea Constituyente ya no es una utopía, sino una realidad.
El segundo grupo afectado son los que trafican frecuentemente con el membrete de Sociedad Civil, las ONG, que, a pesar de recibir financiamiento del extranjero, de patronatos empresariales nacionales, también reciben partidas millonarias del gobierno nacional bajo el rubro de consultorías tercerizadas, que asciende a más de 500 millones anuales, razón por la que estos solicitan al Tribunal Constitucional declarar ilegal la vacancia de Vizcarra.
El tercer grupo afectado son los grandes medios de comunicación nacional, como los grupos Comercio, ATV y Latina, que inicialmente alababan a Vizcarra, pero hoy ante la protesta social adoptan una postura ambigua, frente a la disyuntiva Merino – Vizcarra, pues de este último recibían aproximadamente según un cálculo atrevido, 1,500 millones de soles por concepto de publicidad estatal. A este grupo deben sumarse las encuestadoras que constantemente trafican con la opinión pública.
Es lógico entender que, convocada la Asamblea Constituyente, el capítulo más duramente cuestionado será respecto al régimen económico del Estado, que privilegia al mercado sobre la vida propia del pueblo; que prohíbe facultades e iniciativas empresariales al Estado; que privilegia el capital internacional sobre el nacional; que facilita el monopolio, el dumping, la concertación de precios, la exclusividad de los sectores estratégicos en manos privadas; que protege al monopolio sin prohibirlo; que protege al consumidor solo desde el punto de vista informativo, pero no en la regulación de precios; que permite la libre circulación de moneda extrajera; que nos hizo renunciar a nuestros derechos financieros en el plano internacional; que facilita el salvataje económico a los bancos, financieras y AFP; que exonera de impuestos a las universidades y colegios privados; que financia a la iglesia pese a ser institución privada; que impide revisar los contratos ley; entre otros. Perder estos privilegios genera pánico en la plutocracia internacional y oligarquía nacional.
En este espiral también se afectan las clases populares, quienes sufren el embate de la subida de precios de los productos de primera necesidad, la pérdida de empleo por la paralización de obras, los que perderían sus empleos tras el cambio de gobierno, etc.
En esta lucha el pueblo está en su primer momento, caracterizada por salir a las calles, pero dispersos, rompiendo las creencias hegemónicas del neoliberalismo, las falsas expectativas y la autorregulación del mercado. Los poderes del Estado han perdido legitimidad y solo responden con represión. El segundo momento avizora una crisis de la hegemonía estatal y pronto los intelectuales abandonarán al gobierno para tomar partido por las masas movilizadas. Esto es solo el comienzo de una larga lucha que ha emprendido el pueblo hace pocos días.
El Presidente Martín Vizcarra fue vacado de su cargo y mañana asumirá el Presidente del Congreso, Manuel Merino Lama. Evidentemente, existe una crisis nacional para los sectores empresariales del país, mas no para el pueblo, que siempre estuvo abandonado a su suerte.
Este es el sexto presidente de la República que cae en serie, lo que pone en evidencia que estamos frente a una crisis estructural del Estado neoliberal, no frente a una crisis coyuntural. Esta estructura estatal se sostiene en la Constitución Política de 1993, la que estimula el saqueo, el robo, la corrupción y termina enlodando a todas las instituciones del país.
El sistema no da para más, pese a la defensa de los corporativos medios de comunicación, de las seudoencuestadoras, de los miles de trolls con que cuenta el gobierno, del apoyo norteamericano y del Grupo de Lima. La Constitución es causa y efecto de la destrucción del Estado y del gobierno. No hay ninguna institución pública que se salve de la corrupción, tampoco privada.
Lo que debe hacer el gobierno entrante es convocar a un referéndum para redactar una nueva Carta Magna, mediante una Asamblea Constituyente, cuya autorización debe aprobarse mediante un referéndum aprovechando las elecciones convocadas para el 11 de abril del 2021. Mientras esto no se resuelva debemos olvidarnos de los agasajos del Bicentenario y otras quimeras estúpidas, debemos desterrar de una vez por todas el saqueador régimen económico del Estado, la economía social de mercado y la dictadura del mercado.
La Constitución Política de 1993 se ha convertido en un boomerang para los mandatarios, pues al mismo tiempo que permite el saqueo impune del país, como lo hizo la UNOPS cobrando comisiones millonarias solo por licitar una obra en Moquegua, termina virando y cortando la cabeza de los políticos que lejos de nadar contra la corriente se unieron a ella.
Lima, 9 de noviembre de 2020
LA COMISIÓN POLÍTICA
DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE
PERÚ LIBRE AL 2021
Vladimir Cerrón
Hace muchos años que el Perú no tenía un partido de izquierda que representara las aspiraciones del pueblo. Perú Libre nació en Huancayo hace doce años, pero tiene una actividad política activa de quince años.
No fue fácil hablar de izquierda a inicios del nuevo mileno, menos en una provincia considerada zona roja, militarizada, testigo de masacres, secuestros, asesinatos, entierros, destierros y desentierros, pero lo hicimos, no fue cómodo, pero el anhelo de no dejarle la cancha a la derecha seguía palpitando.
Perú Libre ganó el gobierno regional de Junín en el 2010, casi vuelve a lograrlo en el 2014, volvió a triunfar en el 2018 y en las elecciones complementarias del 2020 fue el partido más votado en Junín, a la vez que hacía su presencia a nivel nacional con más de medio millón de votos. Hoy cuenta con 36 alcaldes entre Junín y Cusco. Modestamente, para su debut no está mal.
Al incursionar en la capital despertamos la molestia de la derecha política, pero también de la izquierda asentada cómodamente, y a decir verdad estos últimos fueron los que más se incomodaron. Hubo una política de invisibilizarnos, pero fuimos haciéndonos visibles, para ello tuvimos que hacer lo que la izquierda limeña había renunciado hace años, recuperar los principios y banderas de lucha sin vacilaciones.
Fuimos perfeccionando el trabajo político con escuelas, prácticas de buen gobierno, análisis científicos para ganar batallas electorales, adquirimos un local en la capital para sentar la institucionalidad, nos integramos al Foro de Sao Paulo y viajamos al extranjero a eventos internacionales de izquierda.
El Partido fue asimilando nuevos conceptos como el internacionalismo, superior al nacionalismo chauvinista del que algunos padecíamos. La materialización máxima ha sido la defensa por los pueblos amenazados por el imperio y la marcha multitudinaria en Huancayo rechazando el golpe de Estado en Bolivia que derrocó a Evo Morales. Ningún partido de izquierda se atrevió a tanto, lo que forja en nuestro Partido una nueva actitud y en nuestro pueblo el valor de la solidaridad mundial.
Perú Libre siempre bregó por la unidad de la izquierda, pero era constantemente boicoteada por la propia izquierda, pero la perseverancia fue sensata y estábamos a punto de lograrlo en el 2019. Era evidente que esto comenzó a preocupar a la derecha y urdiendo una conspiración judicial sentenciaron al líder del Partido y de la unidad, por el solo hecho de cumplir una conciliación extrajudicial que tiene rango de sentencia. Ello conllevó a desintegrar la unidad de la izquierda casi lograda.
Tras este golpe el Partido decidió continuar su misión, aunque esta vez solo, característica frecuente en algunos tramos de la lucha revolucionaria. Más adelante fue tomando legitimidad y se interrelacionó con las organizaciones populares como la sindical magisterial, entre otros.
Enfrentaremos un proceso electoral nacional hacia el 2021, caracterizado por la participación de veinticuatro partidos en busca de lo mismo, lograr el gobierno nacional y copar la mayor cantidad de curules parlamentarias. En el flanco derecho existen veintidos y en el flanco izquierdo dos. Perú Libre está consciente de que debe ganar el debate primero en casa, esto es deslindar con la izquierda a la que usualmente llaman “caviar”, aquella financiada con el dinero confiscado a los maestros en un banco magisterial con fachada previsional, asalariada por el gobierno nacional y las ONG de USAID.
El espacio electoral no debe limitarse a ser una exposición de planes de gobierno, como domesticadamente pretende el neoliberalismo, sino algo más importante, un estadio pedagógico donde el pueblo aprenda a discernir quiénes son los verdaderos amigos del pueblo y quiénes no, donde aprenda a denunciar con energía la opresión, la injusticia, el saqueo y la explotación, pero también donde aprenda a plantear la solución al problema.
La única base de nuestro desarrollo futuro solo puede ser tras el control total de nuestras principales fuentes de riqueza, de nuestros recursos naturales, de la revisión de los contratos ley e inversión de la proporción en el reparto de utilidades, para lograr un superávit económico que permita generar industria nacional y crear fuentes de trabajo digno, además de subvencionar los programas sociales a los más necesitados. Todo esto implica marchar hacia una Asamblea Constituyente y redactar una nueva Constitución.
Vladimir Cerrón
Las elecciones internas se hacen supuestamente para promover la democracia interna en un partido político, sin embargo, esto no es más que demagogia. Su único fin es entretener al pueblo con falsos procesos “democráticos” que en nada amenazan al neoliberalismo y menos promueven la democracia al interior de la organización. Si el pueblo no estaría entretenido, podría ocuparse en pensar, conspirar y hasta derrocar al gobierno o al sistema.
En este año 2020, en el Perú se realizarán por primera vez las elecciones primarias o internas dirigidas por la ONPE, para garantizar una democracia que permita que los candidatos salgan de la expresión genuina de sus bases y no por decisión de las cúpulas partidarias. Suena bien.
Según argumentan, estas elecciones internas al tener su primera experiencia peruana servirán de piloto para futuros procesos, craso error porque unas elecciones en pandemia no es lo frecuente para servir como muestra. Este es el primer enigma que salta a la vista.
Se postula en un partido hasta tres fórmulas presidenciales, que competirán entre ellos, de lo que podemos inferir que cada uno tiene un plan de gobierno distinto del otro. Un absurdo. Esta competencia solo podría entenderse cuando las fórmulas se someten a un concurso de belleza y no a un programa político.
Proclaman que democráticamente en su organización hay dos o tres fórmulas presidenciales, obviamente los neófitos le creen. Llegado el momento de la inscripción, el personero legal del partido inscribirá solo la fórmula aceptada por la dirigencia máxima del partido, como ocurrió en UPP, o bloqueará a los otros contendores sometiéndolos a disciplina, como en el FA.
En la lista parlamentaria cada partido tiene hasta el 20% para poder designar o invitar candidatos sin elecciones internas, así el partido se reserva las mejores ubicaciones preferenciales. Los números no preferenciales se someten al proceso interno y se respetan las ubicaciones según el resultado para alardear de democracia.
En realidad, las listas y las ubicaciones potencialmente elegibles se determinan atendiendo a los intereses políticos de la organización, base social o clase social a la que representan, si realmente esta es una institución política y eso no está mal.
Habría que preguntarse cuántos millones de soles le significarán al país, en plena pandemia, esta parodia de las elecciones internas. Sin lugar a dudas, un espacio amplio para la corrupción.
Así, las elecciones internas devienen en una franca hipocresía electorera y no en un proceso democrático y, contrariamente, la elección por delegados es un proceso genuino que al aplicar el centralismo democrático determina sus candidatos representantes y consolida su organización.
SOBRE EL TRIUNFO DEL MAS EN BOLIVIA
Vladimir Cerrón
A estas horas Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) a la presidencia de la República de Bolivia, ha logrado 52,4% de los votos contra un 31,5% de Carlos Mesa, lo que hace imposible una segunda vuelta al haberle sacado ventaja de más del 10% de votos.
Este triunfo cantado por el pueblo boliviano con anterioridad pone en evidencia que el año 2019 no hubo fraude electoral y que Evo Morales fue víctima de un golpe de Estado orquestado por el ministerio de Haciendas de los Estados Unidos, la OEA.
El golpe de Estado trajo mucho dolor a Bolivia, con innumerables muertos, torturados y desaparecidos, al cual se prestaron las fuerzas represivas indignamente, al mando de un gobierno cívico militar, encabezado por el sector empresarial gasífero y petrolero del país altiplánico.
Puede afirmarse que Evo Morales, mediante Luis Arce, recupera el gobierno, mas no el poder, y para lograr este último necesita reconquistar el poder político y económico, pero además ir tras el control del poder militar, caso contrario, no se podrá construir hegemonía cultural popular.
El golpe debe haber hecho reflexionar al MAS sobre la necesidad de no dar concesiones a la derecha, de culturizar al pueblo y de organizar al pueblo para defender el gobierno popular.
Finalmente, la recuperación del gobierno boliviano es la antesala del regreso del correísmo en Ecuador, pero también influirá en las elecciones peruanas del 2021, haciendo que el sur consolide, con más fuerza, su aspiración de contar con el primer gobierno de izquierda en el país.
Vladimir Cerrón
Perú Libre siempre ha sido un partido partícipe de la unidad de izquierda. Pese a que en estas próximas elecciones tendremos menos divisiones que en las del 2020, el reto por consolidar el sector popular sigue siendo un desafío y tiene un carácter imperioso, caso contrario, estaremos condenados a los mismos resultados.
En esta crisis sanitaria marcada por la pandemia, un asunto de vida o muerte, no hay espacio para el centro político, o se es de derecha o de izquierda, nada más. No habrá medias tintas en este proceso electoral, porque votaremos tras nuestros más de 70 mil muertos que en gran parte son responsabilidad de la derecha gobernante.
Esta situación actual anuncia una fuerte colisión y analogías contrapuestas en cuanto a las propuestas políticas, unos que seguirán defendiendo que el mercado controle al Estado y otros que apostarán por un cambio para que el Estado controle al mercado. Entre estos últimos está la izquierda, por lo menos de palabra y esperanza, pero analicemos más allá.
Solo competirán tres partidos de izquierda, realmente pocos frente a los procesos históricos anteriores. Perú Libre y Democracia Directa en la práctica forman un partido que es Nueva Constitución; Juntos por el Perú con Nuevo Perú formarán el segundo; y Frente Amplio, formará un tercero. No hay más sector de izquierda por más que quieran pintarse.
En Nueva Constitución, además de los partidos mencionados, existen aliados formales sin registro electoral, pero que suman. El Partido Humanista, alma primigenia de Juntos por el Perú; el Partido Socialista Revolucionario, que agrupa a los velasquistas y la Confederación Nacional Agraria; los partidos en vías de inscripción como Partido de los Trabajadores Emprendedores y Partido de Transformación Nacional; y un gran sector del magisterio peruano seguidores del líder Pedro Castillo, han sellado la alianza política.
Como valor agregado Nueva Constitución tiene 2 millones 500 mil firmas que han entrado en proceso de digitación para solicitar el referéndum por una nueva Constitución política, es decir, aquí no solo hay sustantivo, también verbo. Nuestro candidato es la nueva Constitución.
En Juntos por el Perú están agrupados el Partido Comunista Patria Roja, el Partido Comunista del Peruano, Nuevo Perú y algunos disidentes de otras tiendas sin mayor aporte. Patria Rojas es el que toma las decisiones finales, porque tiene la inscripción, pero además economía, y tratará de poner al tope a sus militantes. Si bien Patria Roja considera que su base social lo compone el magisterio, esto ya no es así, más aún cuando el grueso del magisterio estará en el otro flanco izquierdista. La fortaleza que tienen es la candidata presidencial que mejor se ha trabajado mediáticamente, pero por el resto existe pasivo.
El Frente Amplio, cada vez más estrecho y en una gran crisis interna. Marco Arana, su fundador, hoy no goza de la simpatía de sus bases, quienes consideran que bajo una candidatura presidenciable de su persona irían al abismo rumbo a la extinción, hipótesis real. Arana cree que en un partido se pontifica, cuando en realidad la esencia de la política es la deliberación, como no ocurre en la iglesia o en el cuartel. Hoy asistí invitado por sus bases a su IV Congreso donde reafirmé nuestra voluntad de unidad, más aún, en esta emergencia sanitaria.
La izquierda debe dejar el oportunismo de muchos de sus dirigentes, volver los ojos al pueblo, debe escuchar su clamor que es la unidad en un frente, salir del foso como decía Gramsci, caso contrario, solo jugaremos para la derecha, y en el peor de los casos haríamos lo de siempre: el triste papel dirimente entre dos candidatos de la derecha.
Para nosotros la unidad sigue siendo el camino y las condiciones están dadas, el resto es poner en evidencia un trabajo de zapa a favor de la derecha para que siga hambreando, explotando y matando al pueblo.
Vladimir Cerrón
Con frecuencia escuchamos al contralor de la República mencionar que la corrupción en el país se lleva un promedio del 10% del presupuesto de cada año fiscal. La noticia se magnifica y escandaliza en los medios de comunicación, el pueblo se indigna, los órganos de justicia actúan, castigan a los corruptos y el Estado neutraliza la capacidad de indignarse del pueblo que baja la guardia. El círculo vicioso de siempre.
Este “desfalco”, según ellos, solo es obra de los alcaldes y gobernadores, últimamente de los Richard Swing, quienes son culpables de esta desgracia que carcome el país, pero no se culpa a ningún ministro ni al Presidente de la República, pese a que disponen del 74% del presupuesto anual de la República, dejando solo el 26% a los 25 gobiernos regionales y las 2400 municipalidades sumadas las de los centros poblados.
Los funcionarios públicos subnacionales son perseguidos, algunos con razón y otros no, encarcelados, sentenciados, inhabilitados y con muerte civil. La pregunta es ¿con eso se ha solucionado la corrupción nacional, la pobreza del país, la falta de empleo, las enfermedades, el analfabetismo, entre otras desgracias? Claro que no, porque ese 10% es realmente nada frente a la gran corrupción que promueve y protege el Estado peruano que fácilmente sobrepasa el 80% de lo que un Estado honesto y patriota debiera recaudar como compensación a la explotación de sus riquezas y concesión de sus servicios.
Ahora demostraremos lo dicho. El país recibe de utilidades producto de la explotación de sus recursos mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos y de comunicaciones, solo el 30%, mientras permite que las transnacionales se lleven el 70%, cuando en realidad, la proporción del reparto debiera invertirse. En solo esta jugada hay miles de miles de millones que le roban a la patria.
Muchas de las grandes empresas que explotan nuestros recursos naturales y no pagan impuestos de ningún tipo, están exoneradas del canon, sobrecanon, derecho de vigencia, etc., y si les da la gana pagan el óbolo voluntario. Ahí nos roban también miles de miles de millones que el pueblo necesita para salir del subdesarrollo.
Las grandes empresas para evitar el escándalo y dar el “ejemplo” de contribución al fisco estatal algunas pagan sus impuestos, dando el mensaje al populorum que si no fuera por sus aportes este país no camina, sin embargo, el pueblo desconoce que esos impuestos le son devueltos anualmente y en cantidades mayores a las que aportan. En los años del 2016-2018 la Sunat devolvió a las transnacionales la suma de 50,148 millones de soles, la mitad del monto de la deuda externa, a las empresas mineras como devolución mientras ellas pagaron la tercera parte por IGV e impuesto a la renta. Ahí, asimismo, nos roban miles de miles de millones.
En esta crisis pandémica, el Estado ha otorgado más de 60 mil millones de soles a los bancos, financieras, AFP, famosos estudios de abogados, universidades privadas, etc., y la ministra ha dicho en una inconsciente sinceridad que, si ellos no pagaran, el Estado como garante asumiría la deuda con los impuestos recaudados. Este dinero, téngase por seguro, nunca será devuelto, no he conocido un solo rico que no sea angurriento y avaro. Aquí nos han robado miles de millones de soles.
Se habla de reservas equivalentes de más de 70 mil millones de dólares, pero el Estado sigue endeudándose de los organismos financieros mundiales, la pregunta es ¿por qué teniendo reservas? La respuesta es sencilla porque todo ese dinero no existe, están invertidos en las empresas de los ricos, como ocurre con los fondos de las AFP, ONP y FONAVI. Aquí nuevamente nos vuelven a robar miles de miles de millones al pueblo peruano.
A los grandes medios de comunicación se les paga anualmente más de mil millones de soles bajo el rubro de “publicidad estatal”, que nadie la ve, es decir, más de dos millones de soles diario van al bolsillo del Grupo Comercio, ATV y Latina; de nada sirve que el Estado tenga radio y televisión nacional. Con dos millones diarios construiríamos dos escuelas en el Perú, sobre todo en el VRAEM o la zona altoandina. Aquí también se da un robo millonario al pueblo.
Las ONG también reciben un financiamiento del estado disfrazados de “consultoría”, cuando en realidad les pagan para infiltrarse en los grupos sociales que podrían ser “conflictivos” como víctimas del terrorismo, vasos de leche, comunidades afectadas por la minería, afectados ambientales, etc., con fines de lograr el consenso entre la clase opresora y la oprimida. Este monto es similar al monto recibido por los medios de comunicación, es decir, millones de soles.
La iglesia católica, también recibe financiamiento del Estado a pesar de ser una entidad enteramente privada, no sujeta a fiscalización por la Sunat, Congreso, fiscalía, etc.; además están exoneradas de impuesto a la renta, impuesto selectivo al consumo, impuestos de sus colegios y universidades católicas, entre otras. Aquí es otra fuente en que el pueblo deja de percibir millones de soles.
¿Por qué se permite todo esto? Porque todos estos tratados están hechos bajo el rubro de “contrato ley” que lo blinda el pétreo artículo 62 de la Constitución. Así, todos estos contratos le roban al país en peajes, transporte urbano, concesión de carreteras, puertos y aeropuertos, entre otros. Aquí también por supuesto también nos roban miles de miles de millones.
Por si fuera poco, estas transnacionales solicitan prescripción de sus deudas tributarias ante los órganos de justicia como el Tribunal Constitucional y que en ocasiones han sido bien atendidas. Solo en la última demanda pretendían que se les declaren prescritas un monto astronómico de 10 mil millones de soles.
Nuestro presupuesto anual de la República, frente a todo este latrocinio, en realidad es un monto pírrico e irrisorio y el 10% del que habla el contralor es nada. Por ello su actuar no pasa de una cortina de humo para decirle al pueblo que el Estado combate la corrupción y no es corrupto, mientras deja pasar todo el megarrobo, y que los órganos de justicia son severos, honestos, autónomos e incorruptibles. No obstante, le echan mano al pírrico presupuesto anual fiscal.
El robo que hacen los ricos es legal, aunque inmoral, porque lo ampara la Constitución. En su filosofía, solo faltaría una reforma constitucional que diga que robar el 10% del presupuesto estatal anual es legal y con ello habríamos terminado con la corrupción en el país, supuestamente viviendo en una sociedad justa y democrática como pretenden hacernos ver con sus latrocinios.
A esto es menester recordar a Bastiat: “Cuando el saqueo de convierte en un modo de vida para un grupo de hombres que viven en sociedad, estos crean para sí mismos, en el transcurso del tiempo, un sistema legal y un código moral que lo autoriza”. Así se justifican los saqueos ungidos de aparente moralidad y legalidad. El contralor, el fiscal, el juez, lejos de denunciar esta mega corrupción no dicen nada, por el contrario, sabiendo lo que ocurre en el país, se prestan para ello, porque son parte del Estado.
No hubo país más saqueado por tres siglos en la colonia española que nuestro país y lamentablemente lo seguimos siendo. ¿Qué sentido tiene celebrar el bicentenario? Solo tiene sentido para los ricos y saqueadores de siempre, doscientos años de esclavitud popular. Estos escasos ejemplos expuestos son solo la cúspide, una pequeña muestra, una avanzada del latrocinio que existe, latrocinio documentado y firmado en el diario El Peruano, bajo el sistema moral y legal creado por los malhechores más grandes que haya tenido la patria.
Por ello hacen falta precursores de una nueva patria, que breguen a diario por un Perú libre, eliminando falsos profetas de la lucha anticorrupción en el país que coadyuvan a mantener la cortina de humo, persiguiendo a los de abajo en beneficio de los de arriba.