Autor: Vladimir Cerrón Rojas
Médico Cirujano, Especialista en Neurocirugía, Magíster en Neurociencias, Doctor en Medicina, Expresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales - ANGR, Gobernador Regional de Junín, Secretario General Nacional del Partido Político Nacional Perú Libre.
APEC beneficia más al Estado oligárquico que al pueblo
Vladimir Cerrón
Parte de la clase trabajadora del Perú anunció un paro nacional los días 13, 14 y 15 de noviembre, fecha en que se llevará a cabo la reunión de los países miembros del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que integra comercialmente a los países de la costa del océano Pacífico de América y a los países del Asia.
En este evento se dice que se unen las más grandes economías del mundo, pero ¿qué de grande tendría el Perú frente a esos gigantes?, creo que dentro de lo poco que tiene que ofrecer lo más resaltante es su posición geoestratégica para el control comercial del Pacífico centro y sur del continente. Atendiendo a esta oportunidad, en una maniobra maestra, China se adelantó al control geopolítico de la zona comercial, instalando con el 60 % de capitales estatales el megapuerto de Chancay, que ha sido bien recibido por el pueblo peruano.
Es sabido que, para confeccionar un producto, este debe pasar por diferentes departamentos técnicos, obteniéndose cada vez una mejora del mismo, lo que ha conducido a la famosa división del trabajo, caso contrario, no podría elaborarse el producto o quedaría defectuoso. Lo mismo ocurre con la producción mundial, donde los continentes y países se someten a esa división.
Los países primermundistas son los industrializados, los productores de bienes, tecnología y conocimientos, además se sienten con la licencia de ser los grandes contaminadores medioambientales. Contrariamente, los países tercermundistas somos los proveedores de materia prima, no producimos bienes, tecnología, ni conocimientos, solo consumimos lo que ellos producen, pero, además, estamos obligados a preservar el medioambiente, para equilibrar la contaminación mundial impuesta.
Consumimos además una cultura ajena, sometiéndonos a un proceso de transculturación, alienación, nuevas formas de control social, como el control de datos personales, vulneraciones cibernéticas, inseguridad ciudadana, profesionalización de la criminalidad, abdicación a nuestra soberanía, neocolonización, etc. En realidad, todo viene impuesto, directa o indirectamente, desde las grandes potencias, sutilmente o mediante guerras.
Esta situación, dependiente y facilista, nos impide pensar mejor, nos crea reflejos condicionados, puesto que al ser consumistas “lo tenemos todo a la mano”, claro está que es todo lo que ellos determinen que consumamos, por consiguiente, no hace falta innovar, someternos al riguroso razonamiento que nos impone la contradicción dialéctica, no hace falta poner el cerebro en acción, para estas y para otras situaciones, viviendo aparentemente cómodos, donde un cambio de sistema sería impensable.
Los estados miembros del APEC han firmado con el Perú un total de 9 tratados de libre comercio, donde se benefician solamente las grandes potencias. Esto quiere decir que ninguno de los miembros, menos los tercermundistas, pueden imponer políticas proteccionistas, oligopolios, monopolios, exclusividad de mercado, prohibiciones y regulaciones, en cada uno de los países miembros, imponiéndose la antigua política del “dejar hacer, dejar pasar”.
Sin embargo, son las grandes potencias que practican en sus países estas políticas prohibidas a los países tercermundistas. Por ejemplo, EE. UU. dice no a los subsidios, pero es el país que más subsidia su agricultura e industrias; dice no al déficit fiscal, pero es el país con mayor déficit fiscal mundial; dice no al proteccionismo, pero aplican aranceles altos o vetos a la importación.
Así, concluimos que, el “libre mercado” y la “mano invisible” es una política que solo se implementa fuera de las fronteras de las grandes potencias mundiales, siendo una política creada para la explotación y el saqueo de los países subdesarrollados. Esta es la razón del porqué nadie puede entrar libremente al mercado estadounidense que cuenta con 335 millones de consumidores, así hayamos firmado uno o cientos de tratados de libre comercio.
Ninguno de nuestros países podría ir a EE. UU. a instalar un banco, ni siquiera una financiera o caja, hacer uso de los ahorros de sus trabajadores, someterlos a nuestras reglas financieras, pagarles ínfimos intereses, llevarnos las utilidades para invertirlo en nuestros países, etc. Eso es imposible, por lo que el “libre mercado” tiene un carácter unidireccional.
La burguesía peruana y sus medios nos quieren hacer creer que el Perú fue incorporado en el APEC por una gestión personalísima de Fujimori, aunado a un favor que Japón nos hizo tras el rescate de su embajada. Esto es falso, puesto que para el APEC era imprescindible asociar a nuestro país, por tres razones que seguidamente sustentamos.
Primero, ceder a las grandes potencias una posición estratégica para el control geopolítico comercial del Pacífico centro y sur; segundo, ofrecer nuestras materias primas minerales, sin valor agregado, entre otras, a las potencias asiáticas; y tercero, abrir un mercado de 34 millones de consumidores, como país más poblado del litoral, además de ofrecer la vía más cercana al gigante Brasil, sin ninguna restricción, impuesto, arancel u otra barrera proteccionista, es decir, mercado al libre albedrío.
Uno de los puntos más controversiales en el comercio internacional, al abrir nuevos mercados y brindarles todo tipo de facilidades, son los efectos de la contaminación ambiental industrial, que esto acarrea, pues, a más mercados, más contaminación mundial. Justamente, los países que no han firmado el Protocolo de Kyoto se benefician extraordinariamente del APEC, como EE. UU., China y Australia, porque esta no impone sanciones o multas por la emisión de gases con efecto invernadero.
Ahora, ¿qué gana el Estado peruano? Lógicamente, el pueblo no gana nada, sino la clase social que controla el Estado oligárquico, la burguesía burocrática y financiera, los amos del país. Los grandes empresarios se ahorrarán 10 días de navegación desde ultramar, trasladando barcos con más de 22 mil contenedores, lo que implica menos gasto en combustible, flete, eliminación de puertos intermedios, personal, alimentación, seguros y mantenimiento de maquinarias; derecho a viajar a los países asiáticos por 90 días sin necesidad de visa, excepto a EE. UU. y Canadá; una línea de crédito especial y privilegiada en el sistema con la Tarjeta ABTC (APEC Business Travel Card); instalación de zona económica especial o zona franca; compra de mercadería barata a precio de fábrica para revenderlo caro en nuestro país, sin ofrecer algún valor agregado. Ninguno de estos ahorros al empresariado se traduce en una mejora económica directa al pueblo encargado de colocar su mercancía en el destino final. Respecto al anuncio de sus políticas concerniente a los estudiantes, mujeres, ancianos y discapacitados, es solo para dorar la píldora.
Cuando utilizan el término de “ampliar el mercado”, en realidad, se refieren a que los estados firmantes están vendiendo a sus poblaciones como potenciales consumidores de lo que entrará a ese nuevo “mercado”, en otras palabras “nos están vendiendo”. El pueblo, aparentemente, consumirá mercadería más barata, pero no tendrá los privilegios mencionados, pues no todos podrán acceder fácilmente al mercado asiático, sino determinada clase social, cumpliéndose una vez más la ley de la división del trabajo.
Entonces, ¿qué pierde el Estado peruano? Pierde bastante, porque no podemos independizarnos industrialmente, las grandes potencias a través del dumping ofrecen productos baratos, incluso por debajo de su coste normal, para desmoralizar y quebrar la incipiente industria nacional, con ello se limita el empleo de la mano de obra, no hay valor agregado, no se generan nuevos puestos laborales, los sueldos permanecen congelados y la pobreza se incrementa.
El pueblo anunció un paro los días que está prevista la cumbre del APEC, algunos de los presidentes de los 21 estados, han manifestado su ausencia frente a la debilidad institucional del gobierno peruano. Sin embargo, el presidente chino, Xi Jinping, no ha confirmado su asistencia, pero anunció de todas maneras la inauguración del megapuerto de Chancay, lo que será el acto más relevante, frente a la ausencia de un Biden en las postrimerías de su existencia.
Los pensadores del liberalismo han dejado sentado que, si no hay una solidez financiera, una defensa militar óptima, una seguridad jurídica garante, instituciones sólidas y, por consiguiente, una democracia plena, el fracaso del mercado neoliberal está garantizado a corto o mediano plazo.
Esta imagen es la que quiere evitar el gobierno de Boluarte, es decir, que los demás estados miembros no sepan que tenemos una inestabilidad financiera seria, donde el banco Interbank, uno de los tres bancos integrantes del monopolio, ha sido hackeado fácilmente; una defensa débil, para lo cual han anunciado la compra de aviones caza y dado acceso al ingreso de tropas yankees; una justicia que se niega a cumplir las leyes congresales, que se ha visto en la necesidad de perseguir a sus propios jueces y fiscales por corruptos; y una democracia dirigida por una usurpadora, tras un golpe de Estado, quien goza de la aceptación del 4 % de la población; e instituciones corruptas, incluyendo a la policía.
Para evadir el papelón internacional, el gobierno convocó a un Consejo de Estado que le ha dado luz verde para que la policía pueda herir de muerte a cualquier manifestante sin ninguna consecuencia jurídica. También prohibieron las clases presenciales la semana de la cumbre, perjudicando a los estudiantes al obligarlos a las clases virtuales, en un país que no está digitalizado en su totalidad y menos en las clases más pobres.
Dicho esto, claro que el paro anunciado también afecta al pueblo en alguna medida, pero no tanto como a los intereses económicos de los principales beneficiarios, el gran empresariado burocrático y financiero, que están en juego.
Entrevista a Vladimir Cerrón por Dayana Cieza de Cuarto Poder |27-10-24|
1. ¿Cómo ha tomado el allanamiento a la casa de su madre?
El allanamiento se da en una coyuntura especial en la que el ministro del Interior comete uno de sus errores más grandes al anunciar la captura de un alto líder senderista, lo que resultó en una falacia. Este espectáculo, que denigró a la policía y el ministerio, se trató de cubrir desesperadamente, sustituyéndola con otra posible captura, de la misma que no tenían ni un solo rastro real, reduciéndose a la simple especulación sobre mi paradero.
El fracaso terminó por multiplicarse. Por otro lado, la Fiscalía se prestó para el juego, viendo el momento preciso para vengarse de algunas leyes que la bancada perulibrista propuso y las aprobó en el Pleno del Congreso, sintiéndose de esa forma vulnerados sus herramientas coactivas, con las que hacían abuso de los investigados.
También se ha tratado de un amedrentamiento directo a mi familia, especialmente a mi señora madre, persona de la tercera edad, jubilada, a quien han empujado al ingresar a la casa, encañonándola con armas largas, sujetos que no se han identificado como tal, además de estar encapuchados.
Es la primera vez que un allanamiento se hace con estas características. La fiscal se apareció después y el defensor público nunca estuvo presente, violando la ley vigente.
2. ¿Qué piensa del ministro Juan José Santiváñez, sigue creyendo que hay una falta de liderazgo en el Mininter?
El ministro aprovechó la desesperación de Dina Boluarte para ofrecerle un trato criminal, un “toma y daca”. Santivañez, por interpósita persona, le ofreció a Boluarte desactivar la DIVIAC, unidad de la policía política, a cambio del puesto de ministro.
Una vez designado este señor y cumplido el ofrecimiento, empezó su carrera política propia y desde entonces su agenda está orientada a la pantalla televisiva, pero al pobre le ha salido todo al revés. Él no ha aprendido que las cosas en política no se hacen como uno quiere, sino como las condiciones objetivas las permitan. Lo que lo personifica como un perfecto incapaz, un iluso, un subjetivo, un “figureti”, además de torpe.
3. ¿Qué piensa del papel que cumple Dina Boluarte?
Boluarte jamás estuvo preparada para el ejercicio del cargo, es una autocrítica que asume el partido, especialmente mi persona. Ella es fruto de la improvisación a que nos obligó la inmovilización social, producto de la pandemia. El partido no pudo reunirse en asamblea para debatir las posibilidades más óptimas.
El papel que cumple Dina Boluarte en el gobierno es simplemente “constitucionalizar” el golpe de Estado que le propinó la derecha militar y parlamentaria a un debilitado Pedro Castillo. Boluarte es la expresión material y espiritual de la traición, del oportunismo, del egocentrismo y, a la vez, de una mezcla de soberbia con mediocridad. No encuentro ningún valor en su persona. Ella sabe que es un títere de la derecha, pero mientras eso le signifique economía, ahí estará cómoda.
Tampoco la culpo, ella simplemente es el producto del capitalismo, un sistema donde no hay valores, donde solo cuenta cuánto tienes y cuánto vales. Es falso que este es un gobierno de izquierda, este es un gobierno derechista, con una usurpadora a la cabeza, a quien la historia se encargará de quitarle el título de Presidenta, por haber asumido tras un golpe de Estado y con fraude parlamentario.
4. ¿Se ha comunicado con la presidenta desde la clandestinidad?
No acostumbro a tener comunicación con alguien que traiciona al partido, los que se han ido podrán dar fe de lo que digo, jamás he vuelto a comunicarme con ellos, para mí pasan a ser gente despreciable en todo sentido. Tengo un alto sentido del valor de la lealtad, sin ella no habría garantía de un proyecto político real. Con los leales podemos mover montañas, con los desleales no movemos ni una pluma.
5. ¿Qué piensa de los rumores que señalan que ella, la presidenta lo está protegiendo?
Es totalmente falso, Boluarte no puede ni protegerse sola, ni siquiera tiene una guardia propia, la rodea la guardia del sistema, es la forma de cómo el sistema “secuestra” a las autoridades con el pretexto de brindarles seguridad, pero en realidad hacen un trabajo de inteligencia, los van apartando gradualmente de su entorno y de sus bases. Castillo es el mejor ejemplo, capturado por su propia escolta, apartado del partido que lo llevó al poder.
Nadie del gobierno me protege, lo desmiento categóricamente y ese descrédito debe terminar con esta entrevista. Los comunistas estamos preparados para la batalla política en circunstancias abiertas y clandestinas, pero jamás desaparecemos de la escena, así, la clandestinidad es una forma de medir tu real presencia social.
Preferiría entregarme a la injusticia, antes de recibir la protección gubernamental de una reaccionaria, circunstancia que significaría denigrar a Perú Libre, bajarle la moral combativa al partido, llevarlo hasta niveles por debajo del piso, una actitud criminal, antes que suicida, una traición.
6. ¿Qué piensa de la poca popularidad de la presidenta?
Una vez, cuando Dina Boluarte era ministra, le increpé el por qué en casi dos años el gobierno no había construido ni un solo hospital y eso era vergonzoso, no supo qué responder. Lo hice con la autoridad que me da el haber construido tres hospitales y medio, en solo tres años y medio que estuve al frente del Gobierno Regional Junín. Claro que era posible.
La impopularidad de Boluarte no es nueva, ella ingresó a Palacio siendo impopular. El pueblo no estaba de acuerdo con su asunción. Esta característica se incrementó tras los asesinatos en la insurgencia del sur peruano, y sigue en ascenso tras su frivolidad ante la pobreza que cada día golpea más a las clases necesitadas.
Si Boluarte se sostiene por más impopular que sea, es por la bendición norteamericana, dentro de poco los EE. UU. deberá aumentar una estrella más a su bandera que represente al Perú. La derecha y sus instituciones, actúan, como siempre, como celestinas en todo el proceso, beneficiando directamente al poder empresarial y financiero.
7. ¿Qué consejo le daría?
A los difuntos políticos no se les da consejos, sino que se les practica una necropsia para saber la causa del deceso, para que otros puedan aprender qué cosas insalvables te llevan a esa irremediable situación.
Boluarte no tendrá la oportunidad de dirigirse una vez más al país el 28 de julio del 2025, su salida está prevista entre abril y julio del próximo año. Si es inteligente, debe preparar su sucesión en el poder.
8. ¿Qué piensa de las marchas en contra de las extorsiones, cree que el gobierno lo está maneja si bien?
Considero que la delincuencia no es una maldición que nos ha caído, sino que esta es un producto del desarrollo natural del capitalismo. La industria de la inseguridad ciudadana mueve mucha economía, sobre todo en el ámbito empresarial policial y militar, desde venta de cámaras, armas, blindados, helicópteros, consultorías, partidas secretas, etc., el gobierno no puede matar la gallina de los huevos de oro de quienes lo protegen a sangre y fuego.
Sin embargo, el pueblo que sufre, es el que desea que esta modalidad criminal sea erradicada, pero eso no garantiza que no aparezca una nueva, porque seguimos en capitalismo, en el mercado persa de la oferta, la demanda y la mano invisible, que inclusive se da el lujo de regular la delincuencia.
Respecto al paro de transportes, quienes marcharon contra los extorsionadores, hubo gente infiltrada en la dirigencia y eso terminó por degenerar su agenda. Es la primera vez que aspectos relacionados con la inseguridad ciudadana se culpe al Congreso, ¿a quién le van a hacer creer que con una ley se erradica la delincuencia?, sería un precio muy barato. En realidad, la Policía, a la Fiscalía y el Poder Judicial, son los órganos ejecutores y a ellos debió exigirse el pliego.
Paradójicamente, los caviares que se infiltraron con sus medios, reclamaban que no le quiten su herramienta política extorsiva, oponiéndose a la nueva ley de crimen organizado que ha definido la tipicidad criminal. Inclusive, en un acto delincuencial, los defensores de la legalidad han dicho que no van a acatar la ley. Hemos llegado a niveles de una increíble descomposición institucional.
9. Se dice que el carro de la presidenta fue utilizado para trasladarlo a Ud. por la Panamericana Sur, ¿qué piensa de ello?
Ya le dije que no tengo ninguna comunicación con la señora Boluarte, con su entorno, ni sus funcionarios. Para alguien que está en la clandestinidad sería necio trasladarse en un carro que está a la vista terrenal y satelital, no tiene sentido, es una especulación que no resiste mayor análisis.
10. ¿Es falso o es cierto, estuvo Ud. en el condominio Mikonos, la presidenta llegó a verlo hasta allá?
Es falso. No me preocupa que especulen, pero sí me preocupa el hermetismo de la señora Boluarte, quien no ha dado detalles convincentes de la razón de su estadía en el mencionado condominio, lo que infiere que ahí se realizó una actividad mucho más peligrosa. La hipótesis de haberme visitado, encubierto o trasladado, es solo una cortina de humo.
Además, debemos saber que la persecución a mi persona se ha vuelto un negocio contante y sonante para los malos policías, quienes en cada operativo le asaltan al erario nacional millones de las partidas secretas que nadie puede fiscalizar.
11. ¿Cuáles son los motivos por los que Ud. continúa en la clandestinidad?
El motivo principal que me permite resistir es mi convicción de haber sido sentenciado de manera arbitraria, no solo en un caso prescrito, sino en un caso forzado, donde todo lo que se me atribuye es un “daño potencial” por querer construir un aeropuerto para Huancayo, con capitales privados, que en nada afectó ni un solo centavo al Estado. Estoy convencido de que, en el sistema de justicia, no todos pueden ser manipulados y la verdad se abrirá paso.
Entrevista del diario El Dato de Lambayeque [25-10-24].
¿Cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a abandonar Perú?
Me encuentro en el corazón del pueblo peruano, jamás podríamos abandonar la causa que consideramos justa lucharla. El contacto es permanente con el avance de la tecnología, hoy es imposible estar distante. A donde vaya el Perú siempre estará conmigo, no tiene sentido esa interrogante.
¿Por qué decidió huir en lugar de enfrentar las acusaciones en el país?
He enfrentado todas las acusaciones, me considero ser el peruano más investigado de todos estos tiempos en el país. Me han acusado de todo, desde corrupto hasta terrorista y desde el 2011 hasta el 2024, me han abierto un total de 220 casos penales, de los cuales al día de hoy están en giro solo un promedio de 15, lo que demuestra que al haberse archivado el 93 % de ellos, en realidad, lo que existe es una persecución político judicial, sin tregua. Muchos corresponden al período después de que Perú Libre ganó las elecciones generales el 2021. Estoy librando la batalla judicial más grande que Goliat, contra un David pequeño, pero imbatible, producto del cual me sentenciaron en dos ocasiones. La primera sentencia fue anulada después de cinco años por ser arbitraria y la segunda se encuentra pendiente de fallo en un proceso de casación, del cual espero salir bien. Así que mi conclusión es que no huyo de la justicia, sino, como he ido demostrando, de la injusticia.
¿Cómo responde a las acusaciones de corrupción en su contra?
Como patrañas jurídicas. En el último caso, me sentenciaron por colusión simple, en el intento de construcción de un aeropuerto para la región Junín, del cual fui su gobernador dos veces. No se gastó un solo centavo del erario público, ni de la empresa privada que tenía el interés de ejecutar con sus propios recursos, pero se forzó un fallo para sentenciarme por un supuesto “daño potencial” inexistente, en un contrato que, inclusive, fue declarado nulo. Se me impuso una reparación civil millonaria, impagable, con tal de inhabilitarme políticamente, cuando no hay nada que reparar al Estado.
¿Qué opinión tiene sobre el sistema judicial peruano y su imparcialidad en su caso?
Por principio dialéctico no existe en el mundo nada independiente de nada, todo responde a los intereses de clase. Nuestro sistema capitalista es natural que cree un sistema judicial para defender su estructura y por ende para contrarrestar lo que considere una amenaza. Recuerde que el Poder Judicial, se constituye aparentemente como un árbitro neutral, pero como decía Mariátegui: todo testigo cumple una misión. Así, como dice Lenin, el sistema judicial en todos los estados, constituye un “cerrojo del sistema”.
¿Cómo ha afectado su situación actual el apoyo de sus seguidores y del partido Perú Libre?
Mientras el Partido tenga la capacidad académica, profesional y política de analizar sesudamente esta única sentencia, por el cual me persiguen, con la acuciosidad que amerita, se irá convenciendo cada vez más de mi transparencia e irá consolidando su moral de lucha. Está demostrado que no soy ningún delincuente, siendo la misma razón que me permite resistir con la esperanza y la fe convicta de victoria.
¿Cómo ve su relación con otros líderes políticos en el país mientras se encuentra en la clandestinidad?
Sé que están a la expectativa de cómo se resolverá finalmente este caso, porque ningún político que quiera el cambio estructural del país podría estar tranquilo, sabiendo que en cualquier momento irán por ellos. Si hacemos un mapeo de los políticos de izquierda nos vamos a dar con la sorpresa de que muchos están en similares circunstancias, por ejemplo, Gregorio Santos está preso, Walter Aduviri está en la clandestinidad, mi persona también está en la clandestinidad, y hay algo curioso, los tres fuimos gobernadores, proveníamos del sector popular, teníamos ideas afines a la izquierda, somos candidatos presidenciables, pero, fuimos enjuiciados y destituidos de los cargos al que accedimos por la voluntad popular. También tenemos perseguidos a miembros de la dirección de nuestro partido como Arturo Cárdenas Tovar, Waldir Vilcapoma Manrique, José Bendezú Gutarra y Eduardo Reyes Salguerán, quienes actualmente se encuentran encarcelados, acusados de integrar una organización criminal que la misma policía y fiscalía inventaron para criminalizarnos después del triunfo electoral del 2021 y con eso conseguir que los cuadros del Partido no asuman espacios claves del gobierno.
¿Cómo ha cambiado su perspectiva sobre la política y la justicia tras su experiencia?
En nada. Mi diagnóstico de la política y la justicia, siguen siendo lo mismo, es más, todo aquel que haya estudiado materialismo histórico, podría reafirmarlo. La justicia no está al servicio del pueblo, sino al servicio del sistema, del cual obtienen dividendos económicos, privilegios y un estado de excepcionalidad, por sus servicios aparentemente democráticos. El Poder Judicial y la Policía, tienen por prioridad la defensa del sistema, del Estado neoliberal, siendo que, la búsqueda de justicia y la seguridad ciudadana, solo son temas para pretextar su existencia, un tema secundario para las tribunas populares.
¿Qué implicaciones tiene su situación para la estrategia y futuro de Perú Libre?
El enemigo cree que al neutralizarme o impedir mi postulación, el Partido podría sufrir un revés y estaría condenado a desaparecer, pero se equivoca. Mientras subsistan las causas que dieron origen a Perú Libre, es imposible que desaparezca, podrán retenerlo, atrasarlo, conspirarlo, pero siempre estará latente esperando el momento propicio para lanzarse como una saeta sobre el blanco y para ese día, como decía Vallejo, debemos preparar el alma.
¿Cómo cree que el público en general percibe su situación y qué impacto tendrá eso en su imagen?
Al inicio lo percibía con dudas sobre mi inocencia, aunque no quiero decir que esta percepción ha desaparecido del todo, pero las últimas acciones de hostigamiento sobre mi núcleo familiar, mis partidarios y amigos, como el allanamiento por sexta vez a la casa de mi señora madre, pone en evidencia la persecución política judicial. Estos actuados van dilucidando las dudas en el pueblo, acerca de nuestra culpabilidad o inocencia, llegando a la conclusión que se trata de un lawfare.
¿Cómo ve su caso en comparación con otros políticos que han enfrentado situaciones similares en Perú?
Creo que tengo una ventaja, sin igual, haber constituido la principal herramienta política: el Partido. Sin esta organización sería difícil enfrentar esta situación, porque esta explica a nivel nacional las verdaderas causales de la persecución, difunde nuestro programa e ideario, se solidariza por diferentes medios y han permitido mantener vivo lo que es una prioridad liquidar para nuestros enemigos, nuestra organización clasista. Es el Partido, además, que puede habilitar los relevos respectivos, cuando haya una situación de emergencia.
Foro de Sao Paulo: Reunión del Grupo de Trabajo
Ciudad de México, 29 de septiembre de 2024
Declaración final
Los partidos y movimiento políticos miembros del Grupo de Trabajo del Foro de São Paulo, reunido el 29 de septiembre de 2024 en Ciudad de México, agradecemos al Partido del Trabajo y al MORENA por auspiciar la realización de esta exitosa actividad.
En esta reunión, hemos constatado que las luchas de nuestras fuerzas políticas por la democracia siguen urgentes en nuestros países, con la amenaza creciente del extremismo de derecha, del neofascismo y del imperialismo, y que es fundamental la unidad de las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias, así como levantar la bandera de la paz, la integración soberana y la justicia social en nuestra región.
Vivimos un momento de graves agresiones a la paz y a seguridad del planeta, con la persistencia de los ataques a Palestina por parte de Israel, con apoyo de sus aliados, y más recientemente el bombardeo al Líbano. En esta oportunidad, declaramos nuestra condena al genocidio y la limpieza étnica del Gobierno Netanyahu de Israel contra el pueblo de Palestina, e invitamos los países a unirse a la demanda de Sur África en La Haya para declarar como criminal de guerra a Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Galant, así como invitamos a los países a congelar relaciones con Israel y su presencia en la ONU hasta que cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas. La escalada de la guerra hacia Líbano, matando a más de 1500 civiles y líderes políticos y promoviendo el desplazamiento forzado de cerca de 1 millón de personas, solo demuestra que el gobierno israelí no respeta ninguna norma o estructura internacional y comprueba su inocultable interés de provocar un conflicto en toda la región al buscar involucrar a Irán.
Igualmente, a pesar de las propuestas e intentos de una salida política al
conflicto en Ucrania, especialmente por parte de Brasil y China, la OTAN permanece como una fuerza de agresión y amenaza constante a los pueblos del mundo.
Actualmente se registra el fortalecimiento de la extrema derecha en el mundo, como han dejado claro los resultados de las elecciones para el Parlamento Europeo, el crecimiento de la extrema derecha en las legislativas en Francia y, más recientemente, en las regionales en los Estados de Sajonia y Turingia, en Alemania. Este ascenso de la derecha trae consigo, entre otras medidas, una defensa incondicional de perversas políticas ultra neoliberales y conservadoras, especialmente contra la inmigración, los derechos de las mujeres y la diversidad de género, así como la negación de los efectos del cambio climático. Este discurso representa una amenaza no solamente a nuestros pueblos, sino a todo el planeta.
Una característica del repunte de la extrema derecha es su coordinación a nivel global, con los distintos grupos en diversos países intercambiando estrategias y, no menos importante, el financiamiento desde grupos económicos interesados en influenciar la política y los destinos de los pueblos desde el punto de vista de los intereses del capital financiero internacional y las transnacionales, a costo de la vida de la gente, de la humanidad y del planeta.
Resaltamos, asimismo, que se afianza la tendencia global de una creciente multipolaridad, lo que hace que el imperialismo estadunidense tenga como prioridad frenar la influencia de China y Rusia en América Latina y el Caribe, región por ellos considerada su “patio trasero”, en su búsqueda por fuentes de recursos naturales y mercados. En ese marco, todas las iniciativas de las fuerzas populares y gobiernos progresistas para el avance de nuestra soberanía e independencia pasan a ser combatidas por innúmeros mecanismos ya conocidos: bloqueos económicos, sanciones económicas unilaterales, guerra mediática y judicial (lawfare), y una creciente presencia militar del Comando Sur de EE.UU.
Ante la actuación de la extrema derecha, se convierte en un imperativo para nuestras fuerzas políticas hacer un llamado a respetar la institucionalidad democrática de Venezuela y la autodeterminación del pueblo venezolano con relación a los resultados electorales que dieron la victoria al presidente Maduro.
Saludamos el reciente Congreso Mundial contra el Fascismo, el Neofascismo y Expresiones Similares, los días 10 y 11 de septiembre en Caracas como también la creación de la Internacional Anti-Fascista. La realización de esta actividad en Venezuela tiene una importancia transcendental, debido a la coordinación internacional y el trabajo conjunto de las fuerzas de extrema derecha para atacar los resultados de la elección presidencial venezolana y la victoria del presidente Nicolás Maduro.
Saludamos la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 1 de octubre de 2024, que dará continuidad al segundo piso de la 4ª Transformación y celebramos la aprobación en el Congreso Mexicano de la Reforma Judicial promovida por el presidente AMLO, en el sentido de fortalecer en el país el Estado de Derecho mediante los procedimientos democráticos de la Constitución mexicana. En ese sentido, rechazamos las declaraciones injerencistas, arrogantes y extemporáneas del Departamento de Estado estadunidense sobre esta reforma.
En Ecuador, apoyamos la postura de las bancadas legislativas de Pachakutik, Revolución Ciudadana y de los partidos, movimientos y organizaciones sociales, indígenas y populares, en rechazo a la intención de reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa, que busca la instalación de una base militar estadounidense en territorio ecuatoriano, abandonando la soberanía nacional.
En ese marco, conocemos, denunciamos y rechazamos las declaradas
intenciones del Comando Sur del EE.UU. de intensificar y ampliar las bases militares y laboratorios de armas biológicas que atentan contra la salud de nuestros pueblos y la seguridad en la región latinoamericana y caribeña, bien como la creación de la Fuerza Aérea del Comando Sur, y reafirmamos la importancia de que nuestra región siga siendo una Zona de Paz, como lo proclamó la Cumbre de la CELAC en La Habana, en enero de 2014, especialmente en un momento de escalada de guerras y conflictos militares en el mundo.
Rechazamos la articulación de Daniel Noboa con la derecha regional y nacional, minando los procesos de integración latinoamericana y de los pueblos del mundo, sus políticas neoliberales que generan un aumento de la pobreza, el desempleo y la migración forzada de ecuatorianos que huyen del modelo aplicado. Con alegría, saludamos los esfuerzos de las fuerzas de izquierda y progresistas ecuatorianas para el impulso de la unidad programática construida en el marco de la mesa de diálogo por la unidad frente al neoliberalismo y a las fuerzas de derecha.
Manifestamos el apoyo a la Presidenta Xiomara Castro, de Honduras, y a todo el pueblo en Resistencia, hoy amenazado por las mismas fuerzas violentas que dieron el Golpe de Estado en ese hermano país en 2009. Estados Unidos debe respetar la Soberanía y la Autodeterminación de Honduras y de todos los pueblos de América Latina y el Caribe. La lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción y contra el crimen en todas sus formas debe ser fuerte, pero no puede seguir siendo utilizada arbitrariamente cómo herramienta injerencista y desestabilizadora, escondiendo los intereses imperiales de sus promotores. Los pueblos merecen justicia, no lawfare. Acompañamos a Honduras en su valiente lucha contra los golpistas de siempre.
Denunciamos la violación sistemática a los derechos humanos y la persecución política en El Salvador; a cada día, la democracia salvadoreña se ve reducida por el régimen autoritario, neofascista y de ultraderecha que gobierna de manera ilegítima en El Salvador.
Expresamos nuestra condena enérgica contra el uso de la justicia para aniquilar a exponentes de la lucha democrática en la región y hacemos votos por la inmediata liberación del compañero Pedro Castillo, del Perú, y Jorge Glass, del Ecuador, así como expresamos nuestra solidaridad con el Dr. Vladimir Cerrón, víctima de lawfare, y muchos otros perseguidos de nuestra región, quienes sufren la condena por abrazar la convicción de hacer de sus naciones territorios libres y soberanos.
Reiteramos nuestra solidaridad al presidente colombiano Gustavo Petro, que sufre los intentos de un golpe por parte de poderes económicos, políticos y mediáticos mediante la utilización del Consejo Nacional Electoral y de la justicia dos años después de las elecciones. Rechazamos los movimientos que buscan sabotear el Gobierno Petro, impedir la concreción de las reformas populares por las que su gobierno fue elegido, y manifestamos nuestra solidaridad con las fuerzas políticas de izquierda y progresistas que integran su gobierno y los esfuerzos unitarios del Pacto Histórico y otros sectores progresistas indispensables para mantener y profundizar el proyecto del cambio. Asimismo, manifestamos nuestro apoyo a sus enormes esfuerzos para avanzar en los diálogos y conquistar la Paz Total en Colombia.
Rechazamos las amenazas contra la vida del presidente Petro, que se
recrudecen con la denuncia presentada por el mismo presidente de una compra fraudulenta y mafiosa del software espía Pegasus, a Israel. Este software fue utilizado por el gobierno de extrema derecha en Colombia para reprimir la movilización social y atentar contra la vida de líderes y lideresas sociales.
Alertamos a los gobiernos del continente para que investiguen sobre este instrumento de espionaje, fabricado por la poderosa industria bélica de Israel.
En Argentina, el Gobierno de extrema derecha de Javier Milei sigue un proceso cada vez más profundo de destruir el país y acabar con la posibilidad de un estado justo y democrático, que garantice los servicios mínimos a su población.
Actuando junto al Congreso, Milei logra aprobar medidas que crean aún más dificultades sociales y económicas en el país. Apoyamos la lucha del pueblo argentino y sus grandes manifestaciones por defender un Estado actuante y garante de políticas sociales y económicas que se busquen el bienestar de la población.
En Brasil, aunque la extrema derecha haya sido derrotada en las elecciones de 2022, en las que triunfó el Presidente Lula, ella sigue buscando fortalecerse y dificultar los éxitos del gobierno brasileño, que viene logrando sacar el país del mapa del hambre, con crecimiento económico y distribución de ingresos y expresivo aumento de los índices de empleo y de derechos sociales. En un grave momento de calor y sequía debido al cambio climático, los incendios y quemadas se han intensificado en un 40% y hoy tienen cuatro a cinco veces más probabilidades de ocurrir, habiendo fuertes sospechas de una acción criminal orquestada para provocar esta situación.
Este mes de octubre, Brasil realizará elecciones locales y la disputa se dará entre las mismas fuerzas políticas de 2022: la izquierda democrática y la extrema derecha golpista. La lucha será contra las amenazas y ataques constantes de grupos que no aceptan el juego político democrático, actúan a través de fake news por medio de un ecosistema de redes sociales de extrema derecha, tal cual 2018 y 2022.
También en Uruguay se realizarán elecciones generales, con la posibilidad del retorno del Frente Amplio al gobierno del país, después de un periodo de retrocesos sociales y económicos resultantes de políticas neoliberales adoptadas por el Gobierno de Lacalle Pou. Deseamos éxitos a las fuerzas de izquierda y progresistas en estas elecciones, y el retorno del Uruguay al grupo de países donde las políticas sociales y el bienestar de la población deben ser el principal objetivo de un gobierno verdaderamente democrático.
Deseamos éxitos también a las fuerzas populares de izquierda y progresistas de Chile en las elecciones locales para alcaldías, concejales, consejeros y gobernadores, que se realizarán los días 26 y 27 de octubre de 2024.
Seguiremos firmes en nuestra lucha e incondicional apoyo al pueblo cubano. Por ello, reiteramos la exigencia de la exclusión inmediata de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y condenamos y demandamos el levantamiento incondicional del criminal y recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Exigimos el fin de las sanciones contra Nicaragua y Venezuela y rechazamos los intentos imperialistas de controlar las naciones latinoamericanas.
Manifestamos nuestra preocupación por la situación en Haití y extendemos nuestra disposición a promover la cooperación solidaria, sin injerencias externas, para el beneficio y el cumplimiento de las necesidades del pueblo haitiano.
También seguimos nuestra lucha contra el colonialismo y la defensa del derecho a la soberanía y autodeterminación de Puerto Rico, Aruba, Guadalupe, Martinica, entre otras naciones caribeñas y de todo el mundo.
Los desafíos del mundo actual son de gran complejidad y dificultad.
Hacemos un llamado a superar las diferencias, construyendo la unidad más amplia en la diversidad de partidos, movimientos sociales y populares e intelectuales progresistas y de izquierda dentro de cada organización, país y continente, para juntos encontrar los caminos para promover la soberanía y el progreso de los pueblos de América Latina y el Caribe.
¡Viva la Unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe por la Paz y la
Autodeterminación!
Grupo de Trabajo
Foro de São Paulo
Ciudad de México, 29 de septiembre de 2024.
LA ESENCIA POLÍTICA DEL PARO CONTRA LA EXTORSIÓN
Vladimir Cerrón
La modalidad criminal que ha ido en ascenso sostenido, especialmente en Lima, es la extorsión, orientada a todo pequeño y mediano negocio, sobre todo al sector transporte. Esto se da en pleno apogeo de la ley contra la criminalidad anterior, refrendado en el Decreto Legislativo 635; la Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado; y la Ley 27379, Ley de Procedimiento para Adoptar Medidas Excepcionales de Limitación de Derechos en Investigaciones Preliminares, promulgadas hace una década, por lo que es imposible que se haya dado durante la vigencia de la Ley 32108 Ley de Crimen Organizado, recientemente promulgada el mes de agosto de 2024.
La Ley 32108, determina las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal, exigiendo a la fiscalía cumpla los estándares para no hacer abuso de la norma que anteriormente era general y abierta, lo que se prestaba para incriminar a cualquiera de pertenecer a una organización criminal, procesarlo, imponerle medidas restrictivas y sentenciarlo.
Los órganos de justicia, han pegado un grito al cielo, porque esto les quita una herramienta con lo que podían convertir a cualquier asociación incómoda en una organización criminal, como a los gremios, cooperativas, financieras o partidos políticos, razón de por qué en el Perú, no hay ningún partido sin esa imputación. Con esto último, ellos logran “limpiar la cancha política” para no contrarrestar al Estado caviar oculto, el cual funciona independientemente de cualquier gobierno de turno.
También precisamos que, con la legislación anterior, el Ministerio Público no ha desmantelado ninguna organización criminal emblemática relacionada con la trata de personas, la minería ilegal, la tala ilegal, el sicariato, la extorsión, ni el tráfico de drogas. Es más, en esta última, durante el apogeo de las leyes anteriores hemos pasado de exportar de 80 a 1000 toneladas al año de cocaína refinada, situándonos en el segundo país en el continente.
Está de más concluir que los políticamente afectados son los caviares que controlan el Ministerio Público y el Poder Judicial, por lo que, aprovechando la movilización de los transportistas contra los extorsionadores, sus operadores políticos y mediáticos han persuadido al gremio con la idea de que la culpable de todo el ascenso extorsivo es la actual legislación, por lo que habría que derogarla, incorporándola en su plataforma de lucha.
Así, se degeneró la esencia del genuino reclamo y el paro fue al fracaso. Frente al nefasto resultado, entonces fueron a plantear el cierre del Congreso y exigir nuevas elecciones, ingresando a una plataforma exclusivamente política, concluyendo lo que ya se sabía que la derogatoria de la Ley 32108 era solo el chivo expiatorio.
Esta sospecha, de instrumentalización caviar, se consolida cuando observamos que frente a la extorsión sistemática no existe, de parte del gremio de transportes, ningún reclamo a las instituciones ejecutoras de la lucha contra este delito, que son el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional el Perú. Más claro, ni el agua.
Crítica a la tesis Dar el salto: estrategias de construcción del partido político Perú Libre entre los años 2015-2021
Vladimir Cerrón
En el año 2023, la licenciada en ciencias políticas por la PUCP, Milagros María Badillo Palomino, presentó la tesis: “Dar el salto: estrategias de construcción del partido político Perú Libre entre los años 2015-2021”, cuyo asesor fue Ricardo Martín Tanaka Gondo. Puesto que se trata de una tesis que investiga el fenómeno político de nuestro partido, me permito hacer algunas acotaciones al respecto.
Ciertamente, se trata, como la investigación misma concluye, de un hecho político de carácter excepcional en el país, refiriéndose al salto dialéctico de la conversión de movimiento político de alcance regional a un partido político de alcance nacional, que ellos lo llaman nacionalización, para no confundir conceptos.
La investigación pretende demostrar que el avance de Perú Libre se debe fundamentalmente a las redes sociales preexistentes no propias. Nosotros debemos precisar que la única red preexistente, que apoyó decididamente al partido desde que era movimiento, era el magisterio, más por una identificación clasista, que por otras motivaciones.
Paradójicamente, al liderazgo del líder regional, médico de profesión, el gremio médico fue un tenaz opositor a su mandato cuando este decide instaurar la especialización hospitalaria y la construcción de nuevas infraestructuras. Posteriormente, cuando fuimos gobierno nacional, el Colegio Médico del Perú abanderó la oposición, que devino en el cese de nuestro ministro militante, precipitado por un factor clasista y racista.
Según Meléndez, referente al que recurre la tesista: “los que constituyen movimientos regionales nacen de un perfil: élites constituidas de las gestiones locales, la cátedra universitaria y las administraciones regionales”. En el caso de Perú Libre, ninguna de estas tres condiciones se cumple en su génesis, quizás se acerque tangencialmente la cátedra universitaria de manera indirecta.
La comparación con Alianza Para el Progreso (APP), no es dable, puesto que esta responde a un grupo empresarial, donde el partido es solo un elemento, como la propia universidad, que ellos dirigen. APP no es un movimiento, ni un partido genuino, que nace a partir de una postura ideológica o que abrace alguna propuesta de cambio, sino que es un proyecto político complemento del ente empresarial, ambos orientados a sostener la superestructura neoliberal que consolida el statu quo.
El Partido Descentralista Fuerza Social, que aparentemente nace de una conglomeración de movimientos regionales, no es así. Este intento se trata de un plan centralista, si consideramos que la gran parte de sus líderes regionales eran gente allegada a la Defensoría del Pueblo, que fueron destacados a regiones para hacerse de los gobiernos regionales, constituyéndose en el embrión del Estado caviar oculto. Tampoco tiene una génesis política genuina del Perú profundo, causa de su extinción inmediata.
La autora refiere que al carecer de antecedentes en la literatura política sobre casos como el de Perú Libre, existen vacíos para identificar un verdadero derrotero que lleve a una organización política del campo a la ciudad de manera exitosa, sobre todo cuando se trata de un partido de izquierda. Para nosotros, justamente, ese “veto” se convirtió en nuestra fortaleza.
El proyecto se lleva adelante a partir de una estrategia con dos brazos, el político y el social. Primero, abrimos la escuela política del partido, un espacio fundado el 2005, mucho antes de inscribir el movimiento, donde podíamos hablar de lo que “está prohibido” en el «terreno prohibido», de marxismo puro, sin ambigüedades. Las irrefutables conclusiones del materialismo nos dotaron de credibilidad, militantes y simpatizantes comenzaban a “abrir los ojos”. Segundo, abrimos un espacio social, basado en la atención médica gratuita, desde el 2002 hasta el 2010, fecha en que ganamos las elecciones regionales, casi una década cimentando la base propia.
La tesis identifica un caudillismo personal, que es cierto, pero solo fue, como diría Vygotsky: “una condición inicial”. No hay que verlo mal, ni avergonzarse, puesto que para ganar no solo basta un caudillo, sino un pueblo caudillista que lo apoye. Esto se ve reflejado en el triunfo del líder regional como gobernador, pero sin un alcalde provincial electo, pesando más el factor caudillista que partidario.
Considerar a la cátedra universitaria como una red preexistente de apoyo directo tampoco es cierto. A pesar de que la muerte del exvicerrector de la UNCP, Jaime Cerrón Palomino, fue un suceso que impactó en la comunidad huanca, la cátedra en la Facultad de Medicina y la Facultad de Educación, donde el líder, su madre y su hermano ejercían la docencia, estas tuvieron una influencia tangencial. Además, debemos acotar que Perú Libre no solo recibió como herencia el apoyo indirecto de algunos amigos, simpatizantes y alumnos de Jaime Cerrón, sino también hereda a sus enemigos políticos, quienes manejan el diario Correo y la radio 15-50, los medios de mayor influencia en la macrorregión central.
Punto aparte, debemos resaltar al magisterio discípulo de Jaime Cerrón, quien fuera asesinado a sus treinta años de servicio docente, lo que se traduce en décadas de promociones de maestros trabajando en el campo, quienes indudablemente apoyaron al naciente movimiento, motivados por la admiración y la solidaridad tras su muerte. Este es un elemento vital, pues en lugares recónditos, donde el líder regional era un desconocido, ocurría que: “a donde llegábamos, nos decían que eran alumnos de Jaime”.
También se alude una red de compañeros de estudios de las facultades de Ingeniería Eléctrica en la UNCP e Ingeniería Civil en la UPLA, aspecto que tampoco compartimos, puesto que el paso fue efímero de un año y meses, además que los ingenieros son más proclives a la derecha. Más contundente fue la compactación inmediata, durante la campaña y el gobierno regional, de la promoción colegial del líder regional, egresados del Colegio Nacional Santa Isabel, un soporte activo hasta la actualidad.
Cabe mencionar que el partido Perú Libertario es el mismo Perú Libre, solo que adopta esta denominación por una emergencia, debido a que el JNE no acepta una “duplicidad” de nombre con el movimiento. Haber escogido la palabra “Libertario” fue un doble desacierto, confundió al partido socialista con el anarquismo, pudo haber sido otro, pero fue un paso obligado para luego adoptar el nombre final.
Asimismo, el símbolo de Perú Libertario fue suicida, improvisado y una mala copia del Partido del Trabajo de México, tomado en la emergencia electoral. El JNE dijo al inicio que el partido en inscripción podía llevar el símbolo del lápiz, que no existía incompatibilidad con el movimiento, pero llegado el momento se retractó. Por ello, más adelante, tuvimos que recurrir a la fusión por absorción, entre el movimiento y el partido, siendo la primera y única experiencia exitosa en el país.
Es cierto que Huancayo y Chupaca, siempre han sido bastiones de Perú Libre: “en las buenas y en las malas”, demostrado en todos los procesos electorales locales, regionales y nacionales, absolutamente en todos, lo que concluye que el pueblo ha demostrado fidelidad como cuna del partido.
El movimiento aumenta su arraigo en toda la región, para las elecciones venideras del 2018, debido a sus obras tangibles como hospitales, puentes, carreteras y programas sociales, siendo una prueba irrefutable la reelección del líder con un porcentaje mayor al que fue electo el 2010, a pesar de que en la provincia de Jauja solo obtiene el 2 %, causado por el problema aeroportuario, lo que puso en evidencia lo fuera del foco político en que se situaba esta provincia.
Considero un acierto que, en las elecciones generales del 2021, se sumaron los gremios magisteriales y ronderiles, pero esta fue más por la causa gremial que la partidaria, por ello su desarticulación también fue rápida tras la caída de Castillo. El magisterio llega al partido con sus propias mañas y taras, querer ser todos líderes, asaltar las dirigencias, aplicar el asambleísmo para legitimarse, intentar un “golpe de Estado” a la dirigencia, creerse los lúcidos revolucionarios, etc., pero chocan con el núcleo duro del partido, no logrando sus pretensiones.
En cuanto a las entrevistas, se toman escasamente cuatro referencias. Noel Jaimes Tarazona, estudiante, exsecretario de juventudes del partido en los primeros momentos de incursión a la capital, es decir, en los tiempos de improvisación. Su trabajo fue tan malo que no tuvimos contacto con las federaciones estudiantiles secundarias ni universitarias. Gregorio Cerrón, dirigente magisterial, con quien nunca se mantuvo un contacto directo, ni cercano, allegado al Fenatep, quien expresa el pragmatismo gremial: utilizar al partido, sin comprometerse con sus ideales ni su militancia. Zaira Arias, comerciante, renuncia al partido al no ser electa candidata a la primera regiduría de Lima. Yuri Castro, profesor, secretario general de Lima, sería, en realidad, la única voz autorizada en la investigación.
Lo que causó un impacto importante que sobresaltó a la derecha fue el encuentro “Voces del Cambio” en enero del 2019 en Huancayo, luego en junio del 2019 en Cusco, a partir del cual se comienza a planificar una persecución a Perú Libre, principal promotor de esta unificación nacional de la izquierda, lo que llevó a la destitución de la gobernación al líder del partido, tras una sentencia arbitraria, con la consiguiente frustración del encuentro planificado para el mes septiembre del 2019 en Chiclayo. Aunque debemos agregar dos componentes más que precipitaron estos sucesos: la inscripción de Perú Libre como partido nacional y el viaje de su líder a Venezuela.
A partir de esta persecución, se comenzó a percibir la contradicción entre la izquierda caviar y la popular. La moralista izquierda caviar cuestiona a la izquierda popular, aprovechando el lawfare, sumándose al ataque de la derecha con la intensión de “despejar la cancha”, con lo que intenta frustrar la consolidación del partido a nivel nacional. Ante esta situación, Perú Libre declara que la principal amenaza a la izquierda popular es la infiltración del imperialismo y la burguesía financiera a través de una “oposición” creada por ellos mismos, ese reformismo mediocre, socialismo domesticado y democracia farisea, del que hablaba Mariátegui.
El partido premia la consecuencia y la lealtad, asimismo castiga lo contrario. Los camaradas que en la primera gestión regional desempeñaron bien sus cargos, han sido ascendidos en la organización y continuaron en los cargos de confianza para la segunda gestión, con lo que el partido demuestra una reciprocidad con su militancia, además de esa forma mantiene el espíritu combativo para el que fue creado. Lo mismo se mantuvo en el breve gobierno del Ejecutivo y el Legislativo.
El partido no cobra las candidaturas, por ser una columna de la moral socialista, pero en un mundo neoliberal esto es inverosímil, que los disidentes y tránsfugas creen que, por no cobrárseles, ellos han sido convocados por sus cualidades propias e inclusive que le han hecho un favor al partido. Si les hubiera costado la candidatura, quizá pensarían mejor al abandonar el partido que “les ha costado”. Sin embargo, esta cualidad es religiosa, se mantiene en el partido, lo que a la larga le ha dado fuerza moral para exigir a sus autoridades consecuencia con los valores y principios ideológicos.
Los liderazgos son impulsados en el partido cuando se identifican militantes con vocación de convertirse en cuadros políticos. El objetivo es que Perú Libre no tenga un solo referente que, hasta hace poco, era solo el líder fundador. Contrariamente, hemos visto que, cuadros impulsados por el partido, luego de tomar cuerpo y ganados por el individualismo optan por la disidencia, con fines de formar su propio partido, para luego terminar en el ostracismo, hasta ver su realidad: “eran frutos del partido y sin él no son nada”.
Como dice la tesista, creo que el aporte y legado cultural, aunque también creemos político, de Perú Libre a nuestra sociedad es haber rescatado la autoestima del provinciano en la capital, habiendo demostrado que tenemos la fuerza necesaria para llegar por lo menos al gobierno, confirmando que los cholos sí podemos entrar a Palacio, aunque, por ahora, todavía no al poder.
Un factor preexistente que la tesista no le toma la importancia vital es la pandemia del Covid-19. Para nosotros esta fue como el terremoto de Managua para el FSLN. La naturaleza, a pesar de sus males, se puso de nuestro lado, evidenciando que, mientras el pueblo se moría en cada esquina, los ricos tenían el privilegio de ir a vacunarse a EE. UU. o hacerlo a escondidas, como el caso de Hernando de Soto o el presidente de la república y su séquito ministerial, respectivamente.
Las escuelas y academias cerraron y frente a esta circunstancia, el partido creó la Academia Preuniversitaria Perú Libre, que tuvo una acogida masiva por las redes sociales. Todos los militantes profesionales debían dictar sus clases y así lo hicieron. Este fue un factor que cimentó nuestro prestigio en vista a las elecciones generales del 2021.
El pragmatismo del partido también ha sido puesto en cuestión, no lo negamos y lo seguiremos aplicando de ser necesario. La candidatura del derechista Ricardo Belmont el año 2016, nos permitió ingresar al mercado político limeño, algo que estaba vetado para un partido de izquierda y peor de origen provinciano. Esto permitió que el partido “meta la nariz en la Lima” y se haga conocido, poco a poco, paso a paso.
La elección de candidatos el partido lo realiza mediante delegados, democracia indirecta, método congruente al principio leninista: el centralismo democrático. No somos partícipes del asambleísmo, ni de la democracia directa, que nos ha pasado factura muchas veces, improvisando candidatos, quienes creyendo tener un apoyo “sobrenatural” de las bases condicionan sus prerrogativas, además de desconocer el liderazgo, la dirección, la jerarquía y la disciplina del partido.
Los métodos de campaña están en utilizar todos los medios al alcance, desde los más tradicionales hasta los más modernos, desde las tácticas legales hasta las alegales, desde el “boca a boca” hasta la televisión nacional. Cualquier método por más arcaico que sea funciona, desde el humilde “mosquito” hasta la red social más potente. No se escatima absolutamente nada.
La tesis en cuestión adolece de una investigación acerca de la persecución judicial del que sigue siendo víctima el partido por parte de los órganos de justicia, los servicios de inteligencia estatal y los medios de comunicación nacional, elementos que en conjunto constituyen el uso de instrumentos bélicos no convencionales en la guerra jurídica o lawfare, digitados desde el poder empresarial y financiero del país. Esta circunstancia, en alguna ocasión, se convirtió en un boomerang a favor nuestro, pero también ha dejado secuelas de encarcelamientos a los dirigentes nacionales.
Una falencia de la tesis es no haber resaltado que el financiamiento de la campaña lo hizo el propio pueblo, con sus aportes directos a sus comandos de campaña, partidarios o ajenos, desde el volante hasta la gigantografía más modesta, la gente de a pie se cargó la mochila, fue un suceso sui géneris. La “base central” del partido, contrariamente a lo que afirma la investigación, jamás envió financiamiento a las provincias, ni siquiera del fondo público, los mismos que se centraron al pago de los medios nacionales en Lima, siendo un despropósito total esta conclusión.
Si bien es cierto que las organizaciones sociales obtuvieron una plataforma para reclamar al Estado y a la vez postular a un cargo, mediante un partido inscrito ante el JNE, esto se dio a cambio del apoyo de sus bases al partido, como bien la tesista llama un “trade off”, pero sin extenderse a que Perú Libre obtuviera recursos económicos a cambio, su moral socialista siempre se impuso como rasgo distintivo.
La relativa fácil fidelización de las nuevas bases, a través de las escuelas políticas, evidencia que estamos frente a un pueblo dispuesto a escuchar el mensaje y las propuestas de la izquierda. Es más difícil llegar a un pueblo e identificarse como partido de derecha y exponer un plan empresario o banquero para el pueblo, por ello, esos partidos ocultan su identidad genética, es más, utilizan el programa de la izquierda para ganar.
Una limitación más de la investigación que no se contempla respecto al triunfo de Perú Libre es el apoyo extranjero, que todo partido nacional serio no deja de tenerlo. No hablo de apoyo económico, como se da en otras tiendas, es más, frente al ofrecimiento de algunos camaradas extranjeros, nuestra postura fue agradecer y prescindir del recurso. El no aceptar recursos económicos, a largo plazo, consolidó nuestra amistad con esos partidos y gobiernos, quienes se convencieron de que aquí hay un partido socialista y no mercantilista.
Existen otras tesis de otras universidades que han abordado el fenómeno de Perú Libre, pero desde otro problema, hipótesis y objetivos, por lo que consideramos que, a pesar de nuestras observaciones, este trabajo aporta mucho a lo que ellos mismos han identificado como un hecho excepcional, hasta ahora, en la política peruana.
INTRODUCCIÓN
Con frecuencia Perú Libre es atacado por las fuerzas derechistas en su afán de hacerle creer a la población, e inclusive a la militancia, intenciones ajenas a nuestras pretensiones socialistas. Este documento revela nuestra política económica al servicio del pueblo, aclarando que la misma responde a los intereses clasistas del obrero, del campesino, de la clase media y del empresariado nacional patriota.
Aquí precisamos los doce puntos de nuestra propuesta de modelo de producción, al que denominamos Economía Popular Con Mercados, cuyo objetivo es crear un Estado: regulador del mercado, que controle la gran economía, descentralizado, fuerte y con facultades, revisor de contratos, redistribuidor de riqueza, industrializador, nacionalizador, sin deuda pública, priorizador de la demanda interna, estabilizador de la microeconomía y enteramente soberano.
De su lectura, podrá deducirse que el Partido no tiene en su programa, con relación al pueblo, la confiscación de empresas, apropiarse de sus bienes, intolerancia a la mediana o pequeña inversión privada, enemistad con las concesiones justas o con el propio mercado. Por el contrario, es la derecha capitalista la que aplica estas premisas contra el pueblo, sin dejarlo desarrollarse, boicoteando sus iniciativas, sin permitir la competencia limpia, creando monopolios, concertando precios, recurriendo al dumping, etc., convirtiéndonos en una sociedad de consumo y no productiva.
Este documento debe ser de dominio de la militancia, sobre todo de los dirigentes orgánicos y representantes gubernamentales, para poseer una claridad al persuadir y educar al pueblo, en el proceso de su integración a la brega emancipadora, pero, además, como herramienta vital para la polémica con los adversarios en el campo de la economía.
¡No más pobres en un país rico!
Lima, octubre de 2024
Vladimir Cerrón Rojas
Secretario General Nacional
Líder Fundador
ECONOMÍA POPULAR CON MERCADOS
12 puntos del modelo económico del Partido
El Partido tiene la misión de invertir las relaciones de dominación del capital sobre el trabajo, de la economía sobre la política y del mercado sobre el Estado, para ello recurre a experiencias mundiales, continentales y nacionales, afines a su pensamiento y objetivos. Nosotros lo denominamos resumidamente: Economía Popular Con Mercados.
Al hablar de economía, estamos haciendo mención del nervio que garantiza la materialización de las proyecciones estatales. Es popular porque está al servicio del pueblo, de las clases mayoritarias, de los intereses clasistas, del obrero, del campesino, de la clase media y del empresariado nacional patriota. No descarta el mercado, como legado de la humanidad y no un patrimonio del capitalismo.
Los planteamientos vertidos no son una creación genial del Partido, sino del pueblo latinoamericano, cuyas experiencias hemos acogido, adaptándolos a nuestra realidad concreta, de la experiencia gubernamental de la República Plurinacional de Bolivia y de la República del Ecuador, del gobierno de Morales y Correa, respectivamente. El primero se refiere al Modelo Social Económico Comunitario Productivo y el segundo al modelo de la Revolución Ciudadana. Además, se agregan experiencias propias fruto de nuestro gobierno regional, parlamentario y nacional. Es necesario precisar que nuestro país es plurinacional, por ello hemos planteado fórmulas económicas de carácter general y no particular, válido para todas las regiones, incluyendo la capital.
Estado regulador del mercado. El Estado está enteramente regulado y sometido a la supremacía del mercado, que en la práctica instaló una dictadura de mercado, condición lamentable que define nuestras políticas nacionales, regionales y locales.
Como en todo mercado prevalecen sus dos leyes supremas, la oferta y la demanda, que han logrado desnaturalizar los valores de nuestra sociedad, al extremo de convertirnos en mercancía como “capital humano”.
El Estado reducido cede a los grandes empresarios la exclusividad del mercado, su presencia oligopólica, la concertación de precios, el dumping para quebrar la empresa nacional y la exoneración de impuestos. La Constitución ampara la iniciativa empresarial privada, pero no la mixta y menos la pública, sin garantizar el pluralismo económico. El Estado no debiera estar ajeno a los beneficios del mercado.
En conclusión, necesitamos recuperar la supremacía del Estado, regulando el mercado en función del bienestar popular, transitando de la sociedad de mercado a una sociedad con mercados privados, mixtos y públicos, logrando una patria democrática, descentralista, inclusiva, internacionalista, soberana y humanista.
Estado que controle la gran economía. Sustitución del Estado ajeno al control de la economía por un Estado que controle la gran economía del país (mineros, petroleros, gasíferos, hidroenergéticos y comunicacionales), permitiendo y estimulando a la vez que la mediana, pequeña y artesanal economía pueda ser privada, mixta o pública.
Estado descentralizado. El Estado centralista es propio de las oligarquías, es decir, de los pequeños grupos de ricos que gobiernan un país. La economía producida por los pueblos se concentra en la capital, desconociéndose los derechos de quienes realmente la generan. El Perú profundo produce, los pueblos son explotados, contaminados, reprimidos y mal pagados, mientras en el Perú oficial, especialmente en Lima, radica el cajero.
Históricamente, el Gobierno Central se asigna un promedio de 70 % del presupuesto, el 18 % para los 25 gobiernos regionales y el 12 % para las 4385 municipalidades, incluyendo centros poblados. Así, el centralismo se expresa en la opulencia económica de algunas ciudades y la pobreza extrema de otras.
Las empresas que desarrollen actividades económicas en regiones debieran garantizar el empleo de sus habitantes hasta en el 60 % del total de sus trabajadores, transferir tecnología con capacitación y equipamiento, adquirir bienes y servicios que brindan las pequeñas y medianas empresas regionales impulsando sus actividades económicas y generando empleo, señalar su domicilio fiscal en la sede productiva y no en región distinta, para contribuir a la descentralización fiscal y tributaria.
En conclusión, debemos sustituir al Estado centralista que beneficia económicamente a la iniciativa privada por un Estado central, unitario, de orden vertical, pero descentralizado en los planos económico, fiscal y tributario, que beneficie al sector privado, mixto y público. No somos partícipes del Estado federalizado, de orden horizontal, por ser proclive a la anarquía.
Estado fuerte y con facultades. El Estado ha sido reducido por las grandes empresas nacionales y transnacionales a tal punto que han llegado a sustituirlo en la mayoría de sus facultades. En realidad, estamos frente a dos estados, uno restringido y el otro ampliado.
El Estado restringido, minimizado, es casi imperceptible, moribundo, solo es vigilante, supervisor, recaudador, frente al otro Estado que actúa de facto en la sombra, pero que es fuerte y tiene toda la ventaja, aplicando una férrea dictadura de mercado.
El Estado débil no puede regular los precios a los especuladores oligopólicos, así estemos en emergencia nacional, como en la pandemia del Covid-19, donde murieron cerca de 300 mil peruanos. Las cadenas de farmacias y clínicas se enriquecieron y osaron en solicitar préstamos al Estado con Reactiva Perú. El Estado débil no pudo defender a su pueblo de estos crímenes y la corrupción siempre estuvo de la mano. Hasta ahora no se sabe cuánto costaron las vacunas.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado pasivo, vigilante, supervisor, contemplativo y recaudador, por un Estado activo, fuerte e interventor a todo acto lesivo, planificador del futuro nacional, innovador del conocimiento científico, promotor del talento humano, con facultad empresarial, competidor con el sector privado y protector de su pueblo.
Estado revisor de contratos. El Perú es uno de los pocos países en el mundo que tiene contratos con rango de ley, nos referimos a los contratos ley, blindados por la Constitución fujimorista (art. 62), los mismos que no pueden ser modificados por el Parlamento.
Los contratos ley en realidad son la libertad para saquear nuestras riquezas, logrando que la gran corrupción en el país tenga rango y protección constitucional. Revisarlos permitirá invertir la proporción en el reparto de utilidades, en las que las transnacionales se llevan hoy el 70 % y el Estado el 30 %, en clara desventaja para nuestro desarrollo.
El Estado no debe dar privilegios constitucionales al capital transnacional, perdiendo soberanía e impidiéndose su revisión aún sean lesivos. El Estado debe contratar con seguridad jurídica, pero sin privilegios ni inmunidades legislativas, judiciales, financieras o tributarias.
Para revisar, renegociar o anular estos contratos ley, se necesita un ente superior al Parlamento, con mayores y amplísimas facultades, y esa institución no puede ser otra que la Asamblea Constituyente.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado que promueve el blindaje de las concesiones lesivas al pueblo, como los contratos ley, por un Estado transparente que permita la revisión, renegociación o anulación de las mismas.
Estado redistribuidor de riqueza. El Estado constantemente hace gala de contar con grandes reservas en miles de millones de dólares, lingotes de oro, presume de una alta recaudación tributaria, manifiesta que el sector minero capta mejores divisas, que no tenemos inflación, que nuestra moneda es fuerte, que estamos en bonanza y crecemos como ejemplo continental, etc., sin embargo, los sueldos siguen congelados y las protestas sociales continúan hace décadas. El Estado acumulador solo favorece al gran empresariado, que osa reinvertir nuestras propias reservas para beneficio propio.
El Estado debe reevaluar como fuentes redistribuibles de riquezatodas las concesiones; nacionalización de los recursos naturales; revisar los TLC; invertir la proporción del reparto de utilidades; cobrar todos los impuestos; abolir sueldos dorados; abolir el Concordato con la Santa Sede; finalizar la cédula viva de exparlamentarios; finalizar la pensión vitalicia de los presidentes; participar a las comunidades como accionistas en la explotación de sus recursos; eliminar los seguros extranjeros a altos funcionarios; etc.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado acumulador que favorece al empresariado transnacional, atentando las mejoras salariales por un Estado redistribuidor de la riqueza, para lograr una mejor infraestructura, equipamiento y recursos humanos, que fortalezca al empresariado nacional, alcanzando el descongelamiento e incremento de los sueldos.
Estado industrializador. Según la gran división mundial del trabajo, los países tercermundistas estamos restringidos a ser solo exportadores de materia prima, no podemos desarrollar industria. Somos países dependientes de las grandes potencias que se dan la licencia de ser los únicos industrializados del planeta. Estamos obligados a consumir sus productos manufacturados con el valor agregado a nuestra propia materia prima.
Un Estado primario exportador tiene enormes desventajas para su desarrollo, como no generar industria nacional, no generar empresa, no generar valor agregado, no generar su propio mercado, no generar empleo, no mejorar los sueldos, no invertir en el país, no desarrollar infraestructura ni tecnología, no captar mayores divisas, ser dependientes del poder económico foráneo y continuar con el círculo vicioso que empieza al esclavizar a nuestros jóvenes terminando con enriquecer a los extranjeros.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado primario exportador que reduce las plazas laborales por un Estado industrializador, generador de valor agregado, captador de divisas, promotor de inversiones concurrentes, generador de empleo, descongelando los sueldos y generando bienestar social.
Estado nacionalizador. No hay que temer a la nacionalización, estatización o recuperación de nuestros recursos naturales estratégicos, base fundamental para nuestro desarrollo y soberanía. Un país desprovisto de empresas e industrias, tiene que trazar su desarrollo a partir de la explotación sostenible de los mismos.
Si las compañías no aceptaran la renegociación de los contratos ley, con las nuevas condiciones planteadas a favor del pueblo, el Estado debe proceder a la nacionalización del yacimiento en cuestión, de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros.
La exclusividad del manejo de algunos recursos naturales estratégicos solo puede ser reservado para el Estado peruano en salvaguarda de los intereses nacionales en materia de economía, soberanía, seguridad, energía, alimentación y otros que lo ameriten.
En conclusión, debemos desterrar al Estado privatizador de nuestros recursos naturales y exportador de capitales, que fortalece la economía externa, por un Estado nacionalizador de sus recursos estratégicos, rescatista de nuestra dignidad y soberanía, que fortalezca la economía interna, invirtiendo sus capitales en el país.
Estado sin deuda pública. La deuda externa es impagable e incobrable por razones históricas y matemáticas, precisaba Fidel, si se continúa con la misma política impuesta por el imperialismo a los pueblos del mundo.
En la actual coyuntura nacional y mundial, somos partícipes de que toda deuda pública, externa e interna, debe ser pagada, previa renegociación de las cifras primarias.
Para el año 2023, la deuda pública continuó incrementándose a la suma de 87,769 millones USD (100 %). De esta cantidad, la deuda externa fue 42,209 millones USD (48 %) y la deuda interna 45,559 millones USD (52 %). Esto significa que nuestro país, respaldado con la complicidad estatal, se sigue endeudando cada vez más con la oligarquía nacional, quienes han logrado desplazar a los acreedores extranjeros.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado dependiente del endeudamiento público, que en el extremo otorga salvatajes al gran empresariado como al Banco Wiese o Reactiva Perú, generando déficit fiscal, por un Estado que genere sus recursos internos a partir de su soberanía sobre los recursos estratégicos, generando superávit fiscal.
Estado priorizador de la demanda interna. Nuestra producción nacional capitalista está diseñada para satisfacer las necesidades del primer mundo, más no las nuestras propias.
El mercado debe estar regulado y orientado por el Estado para resolver las demandas populares, como el alto índice de desnutrición, la mortalidad infantil, la muerte materna, el analfabetismo, la prevalencia de enfermedades infecto contagiosas, el empleo informal, la falta vivienda y saneamiento, la ausencia de seguridad social, etc., y no priorizar la demanda externa del primer mundo que goza de mejores indicadores en bienestar humano.
Para lograr mejores resultados debemos ejecutar programas bandera como los médicos de la familia, los odontólogos en los colegios, los psicólogos por colegio, la movilización por la alfabetización, residentado médico regional, creación de universidades de educación y de ciencias médicas en cada región, entre otras.
En conclusión, debemos sustituir el Estado que orienta su economía productiva acorde a la demanda externa por un Estado que oriente su economía productiva para priorizar la demanda interna, sin descuidar la externa.
Estado estabilizador microeconómico. El Estado adormece al pueblo publicitando mejoras sobre las cifras macroeconómicas, como la tasa anual de crecimiento del PBI, las RIN, inflación o desempleo, indicadores que no es de común entendimiento porque hay que tener una noción elemental.
Según Correa, la tasa de crecimiento no es el mejor indicador, porque puede aumentar, pero a la vez incrementar la pobreza por la explotación al pueblo y recorte de sus beneficios laborales en favor de los dueños de los medios de producción. Podemos vender todos nuestros recursos sin dejar nada al Estado, podemos permitir la explotación y mejorará la tasa de crecimiento, pero no el bienestar social.
Evitan hablar de indicadores microeconómicos, la que estudia el comportamiento de las empresas, hogares e individuos con el mercado, aspectos tangibles para el pueblo. Es importante porque nos permite planificar los recursos limitados y optimizarlos.
En conclusión, debemos sustituir al Estado que prefiere la estabilidad macroeconómica por un Estado que prefiera la estabilidad microeconómica del hogar, del empleo, las empresas, las microfinanzas, etc., sin descuidar la macroeconomía.
Estado soberano. Nuestra economía está sometida a fórmulas dictadas por instituciones como el Consenso de Washington, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Reserva Federal de los EE. UU., Gobierno de los EE. UU., etc.
El Gabinete ministerial está capturado y dividido en dos bloques, los sociales y los productivos. Los sociales los maneja USAID, planificando nuestras políticas en salud, educación, justicia, trabajo, cultura, inclusión social, etc. Los productivos, como son los ministerios de transportes, vivienda, producción, energía y minas, agricultura, etc., lo manejan los grandes empresarios agrupados en la CONFIEP, en contubernio con el capital transnacional.
La soberanía permite la administración total de los recursos estratégicos en mar, cielo y tierra; recuperación del suelo y subsuelo como derecho comunal; el carácter vinculante de la consulta previa; impulsar política de fronteras vivas; recuperar tierras agrícolas; revisión, regulación o anulación de los TLC; soberanía tecnológica digital, jurídica, territorial, alimentaria y militar.
En conclusión, necesitamos sustituir al Estado sometido a las fórmulas del Consenso de Washington, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Reserva Federal de los EE. UU., Gobierno de los EE. UU., Unión Europea, etc., por un Estado soberano sin dependencia política, con un superávit que peruanice la economía.
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México y la reforma judicial
México y la reforma judicial
Vladimir Cerrón
No cabe duda de que México marcará un nuevo rumbo jurídico en el continente, habiendo decidido poner la llave en la cerradura judicial. Todos somos testigos de que la guerra contrasubversiva “convencional” se cambió por una guerra contrasubversiva “no convencional”, que tiene como eje estratégico al Poder Judicial en todos los países subyugados.
Este poder del Estado es impuesto como un poder “autónomo”, un feudo, en cuyos dominios el señor puede disponer que sus deseos se eleven al rango de ley. Un poder que no se somete a la voluntad popular para su elección, fiscalización, revocación, ni mandato imperativo, siendo, por consiguiente, un superpoder blindado que sí tiene injerencia en los demás poderes del Estado.
Hace tres décadas que EE. UU. cambió sus escuelas militares de entrenamiento contrasubversivo por escuelas de jueces y fiscales contrasubversivos en nuestro continente, pero en la ecuación final, ambos siguen orientados al mismo objetivo: neutralizar o eliminar al enemigo político.
Para lograr este objetivo, EE. UU. entrena, capacita, beca, facilita visas, concede residencia, otorga nacionalidad, promueve roces con el poder político yankee y paga viajes de placer, a través de sus ONG, a los magistrados, sus familiares y su entorno más cercano.
Estos son los mecanismos por el cual no solo resetea la mente de los operadores de justicia, sino que obtiene fallos a su medida, pero para asegurar el éxito guarda las pruebas escritas, auditivas, fotográficas o de vídeo, de estos “beneficios” a través de sus órganos de inteligencia, asegurando extorsivamente que sus inversiones no caigan en saco roto y que los magistrados no puedan torcerse ante los compromisos.
Instalado los jueces, fiscales, procuradores, contralores, superintendentes, tribunos, defensores del pueblo o todo el sistema de justicia nacional, en función del lawfare o la guerra jurídica, estos contarán con el apoyo decidido de los medios de comunicación dominantes y de los servicios de inteligencia estatal, también infiltrados y financiados por EE. UU.
El juez que ingresa al sistema, no tiene escapatoria; si se tuerce, el mismo sistema se encarga de aplastarlo. Es como entrar a la mafia o una organización criminal que tiene sus mismos mecanismos de ajuste de cuentas.
Es a través del lawfare que en estas últimas décadas se han dado los golpes de Estado sin recurrir a los militares, sino a los jueces, amenazando a la democracia de cualquier país.
Identificado el problema, era necesario darle una solución y eso pasaba por reformar el sistema de justicia en todos los países sometidos al designio del imperialismo. Esto evidentemente implica ir contra los deseos y el poder de los EE. UU.
Rafael Correa trató de llevar una reforma judicial, pero fue revertida; Evo Morales, instaló una reforma parcial con la elección de jueces por voto popular; Alberto Fernández, hizo lo propio, con las reformas anti lawfare, pero no tuvo éxito; y finalmente, Andrés López Obrador, plantea abiertamente una reforma judicial por la vía democrática, con cambios sustanciales y mayoría parlamentaria, que equivale a la instalación de una asamblea constituyente.
Es así como México asume un liderazgo más sólido para reformar el Poder Judicial en un país que tampoco es ajeno a la manipulación jurídica de la superpotencia del norte. Ante esto, EE. UU., ha manifestado su oposición, bajo el pretexto de estar atentando contra la “autonomía” judicial en democracia.
México se pone en el epicentro antiimperialista a través de su reforma judicial, aprobada por amplia mayoría en el Senado, así como Venezuela se impuso al imperio a través de sus elecciones democráticas, triunfando una vez más la Revolución Bolivariana.
La reforma judicial del Gobierno de México propone cuatro objetivos concretos:
1. Nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia, garantizando la eficiencia, austeridad y transparencia.
2. Elección de jueces por voto popular, para investirlos de legitimidad democrática.
3. Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por órganos administrativos y disciplinarios independientes.
4. Nuevas reglas procesales, para que la misma sea expedita y con equilibrios de poderes.
Primer objetivo. La nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia: se reduce el número de magistrados de 11 a 9 miembros; se reduce el periodo de su encargo, de 15 a 12 años; se eliminan las dos Salas, se sesionará solo en el Pleno y de manera pública; se elimina la pensión vitalicia para los jueces; y sus remuneraciones no pueden ser más que para el presidente de la república.
Segundo objetivo. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Electoral, y miembros del Tribunal de Disciplina, se elegirán a nivel nacional en elecciones ordinarias a partir de candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes del Estado: El Poder Ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas, el Poder Legislativo propondrá hasta 5 candidaturas por cada Cámara (Diputados y Senadores) y el Poder Judicial propondrá hasta 10 candidaturas a través del Pleno.
Las campañas durarán 60 días, no habrá precampañas, no se permite el financiamiento público o privado, los candidatos tendrán acceso a tiempos de radio y televisión y podrán participar en foros de debate, los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial, resolverá las impugnaciones y declarará los resultados, salvo cuando se trate de sus propios integrantes, cuya resolución corresponderá a la Corte Suprema de Justicia.
En caso de ausencia definitiva de jueces, el Senado designará por mayoría calificada a una persona interina para que ocupe el cargo hasta que se realice la siguiente elección ordinaria.
Tercer objetivo. El Tribunal de Disciplina Judicial será integrado por 5 magistrados electos a nivel nacional por un periodo de 6 años, propuestos por los Poderes del Estado. Podrá recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a todo magistrado y personal judicial por actos contrarios a la ley, al interés público o a la administración de justicia, incluyendo corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, o cuando sus resoluciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia. Sus sanciones incluyen amonestación, multa, suspensión o destitución (excepto de jueces de la Corte Suprema de Justicia). Asimismo, podrá dar vista al Ministerio Público en caso de delitos, o solicitar el juicio político ante el Congreso.
El Órgano de Administración Judicial, estará integrado por 5 personas designadas por un periodo de 6 años por los Poderes del Estado. El Poder Ejecutivo nombrará 1; el Senado nombrará 1; y la Corte Suprema de Justicia nombrará 3. Será responsable de las funciones administrativas, de carrera judicial, control interno y elaboración del presupuesto del Poder Judicial.
Cuarto objetivo. Las nuevas reglas procesales incluyen: una justicia expedita, estableciendo como plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales, y de 1 año para asuntos penales. Si rebasa estos plazos, la autoridad judicial debe informarlo al Tribunal de Disciplina Judicial, que investiga y sanciona la demora. Se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. En la justicia local, los poderes judiciales de las entidades federativas establecen reglas para la elección directa de sus jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes. Los fideicomisos del Poder Judicial, una vez que concluyan los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, respetando los derechos y prestaciones de los trabajadores.