Médico Cirujano, Especialista en Neurocirugía, Magíster en Neurociencias, Doctor en Medicina, Expresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales - ANGR, Gobernador Regional de Junín, Secretario General Nacional del Partido Político Nacional Perú Libre.
XXXIV aniversario del inmarcesible Jaime Cerrón Palomino
Vladimir Cerrón
Hoy, 8 de junio del 2024, se cumple treinta y cuatro años de la ausencia física de mi padre, el maestro Jaime Cerrón Palomino. La forma inesperada en que nos lo arrebataron al ser secuestrado, torturado y asesinado a manos de los criminales agentes estatales, nos dejó desconcertados y con profundo dolor, sin encontrar una justificación que explique las causas precisas de este execrable hecho. A estas alturas no caben dudas de que se trató de un crimen de lesa humanidad, ejecutado por el Estado peruano, durante el primer gobierno del Apra.
Jaime Cerrón era un maestro universitario de filosofía, un intelectual, un académico, alguien que despertaba la mente de sus alumnos y estos, a la vez, de su entorno social. Ejerció la docencia cerca de tres décadas en la Universidad Nacional del Centro del Perú. En la época de la guerra interna, la universidad peruana no dejaba de ser considerada una institución subversiva, sobre todo para los órganos de inteligencia del Estado.
Los análisis estatales recurrían a una analogía simplista: si la Universidad de Huamanga había generado una insurgencia en el sur, entonces la Universidad de Huancayo estaría cumpliendo la misma misión. Así, ambas fueron consideradas como los focos intelectuales del terrorismo, específicamente sus facultades de educación y ciencias sociales; por tanto, había que identificar, ubicar y eliminar a sus líderes intelectuales.
Jaime Cerrón ingresó a la universidad en el año 1960, fue dirigente estudiantil y debemos a su generación la nacionalización y reorganización de la Universidad de Huancayo, siendo uno de los líderes que logró recuperar de las manos apristas esta institución usurpada, la misma que, en complicidad con el presidente Manuel Prado durante el Gobierno de la Convivencia, la habían fundado como propiedad privada según la Escritura Pública 371, pero bajo la fachada de Universidad Comunal.
La reorganización de la universidad, en varias ocasiones, fue otra tarea ardua donde Jaime Cerrón también luchó decididamente. Posteriormente, después de una fructífera labor pedagógica e intelectual, estando cerca de su cese docente, fue propuesto para asumir el cargo de rector de la universidad, pero no aceptó debido a que, según su razonamiento, la institución sería más reprimida y satanizada, más aún en un gobierno aprista, por lo que decide dar un paso al costado y situarse en el vicerrectorado académico.
El asesinato de Jaime Cerrón, no fue un acto aislado, pues además de la desaparición física de un docente destacado, fue un mensaje político a la comunidad universitaria nacional, una advertencia, pues si ellos podían terminar de esa forma con una autoridad universitaria, más fácil sería contra cualquier otro miembro. Efectivamente, después de este suceso, vino la deserción estudiantil y docente, la instalación de una base militar al interior y el cambio de currículum educativo, la que finalmente hizo de este centro un lugar ajeno a la ciencia, la democracia y las aspiraciones populares.
Fueron asesinados cientos de estudiantes, decenas de docentes y una quincena de personal administrativo de esta universidad, los mismos que quedarán impunes, característica principal e infaltable en los crímenes de Estado. Este año el Congreso de la República promueve una ley de amnistía encubierta para evitar que los asesinos sean juzgados, bajo el pretexto de la no retroactividad de la ley, puesto que el Perú se adhirió a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa Humanidad el 11 de agosto del año 2003. Si se promulgara esta norma, todo lo ocurrido con anterioridad a estas alturas habría prescrito.
La muerte de Jaime Cerrón no significó una derrota total, por el contrario, fue una permanente inspiración para definirnos ideológicamente, organizarnos políticamente y gobernar con un programa popular, lo que luego condujo a fundar el Partido Político Nacional Perú Libre, el primer partido de izquierda popular que logró triunfar en una elección nacional, por la vía pacífica, logrando colocar un presidente de extracción y situación de clase campesina.
No cabe duda que la muerte de Jaime Cerrón es una expresión de la lucha de clases en el Perú, del macartismo derechista, del fascismo estatal, de una política profiláctica a todo lo que pueda significar un cuestionamiento al orden injusto que secuestra al país en toda su etapa republicana. Empero, la aspiración de lograr una mejor sociedad nunca podrá ser detenida, pues como dice Mariátegui si un niño va corriendo tras una mariposa, es porque no solo tiene la esperanza, sino la seguridad de que en algún momento podrá atraparla.
Mañana la Ley N° 24290 cumplirá 39 años, la misma que declaró de interés nacional la construcción un aeropuerto alterno al de Lima ubicado en el valle del Mantaro, de fecha 4 de junio de 1985. Esta preveía el problema con espectacular lucidez, adelantándose a un caos que podría surgir producto de las inclemencias climáticas u otras falencias, dándole la responsabilidad al Gobierno Central y al Gobierno Regional Junín asumir la tarea de su construcción. Al primero jamás le interesó y en el segundo no hubo hombres que la encarnen.
Fue nuestro gobierno regional socialista que el 2011 comienza con esta titánica tarea, cumpliendo y poniendo en acción la mencionada ley, pero nuestra intención de construirlo en Orcotuna-Sicaya fue boicoteada, desde diferentes flancos, principalmente el político y judicial, terminando con una sentencia a prisión de mi persona y de nuestros funcionarios.
El único beneficiado con esta arbitrariedad judicial indudablemente fue la empresa chilena que concesiona el único aeropuerto internacional de Lima y otros aeródromos, adueñándose monopólicamente de este rubro. Desde entonces, el Perú se convirtió geopolíticamente en una filial o franquicia aeroportuaria de Chile.
El día de ayer 2 de junio de 2024, en horas de la tarde, el aeropuerto internacional de Lima presentó una falla en las luces de la única pista de aterrizaje funcional, provocando un caos sin precedentes en el país. Ningún avión pudo aterrizar y al no existir un aeropuerto alterno al Jorge Chávez, que pudiera recibir similar capacidad, las aeronaves fueron desviadas a otros aeródromos nacionales como Pisco y Trujillo, pero al rebasar las expectativas, los otros vuelos fueron desviados a Guayaquil, Quito, Arica y La Paz.
El saldo de esta falla fueron 235 vuelos cancelados, 80 vuelos desviados hacia aeropuertos nacionales e internacionales, un avión de Iberia chocó contra un poste de luz cuando aterrizaba en Pisco, más de 10 mil afectados, entre otras pérdidas, además de la imagen de inseguridad de nuestro país ante el mundo entero. Ninguno fue desviado al valle del Mantaro, porque la parodia aeroportuaria que tenemos en Jauja, pese a ser declarada internacional, no cumple ni cumplirá jamás los requisitos establecidos para ser alterno.
Según Hugo Sánchez: “En el Perú, lejos de apoyar nuevos aeropuertos, un juez caviar dictó prisión efectiva de 3 años 6 meses (a Vladimir Cerrón), donde no hubo ningún gasto y solo se cumplió la ley y el acuerdo regional”. Continúa: “Mientras Chile tiene 351 aeropuertos, el Perú solo tiene 23”. Ciertamente, si una ciudad con aeropuerto es superior a una que carece de ello, matemáticamente estamos en un país inferior.
El Partido Político Nacional Perú Libre lamenta profundamente el deceso del presidente Ebrahim Raisi, del ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, y del gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malik Rahmati, en el trágico accidente aéreo ocurrido en la región noreste del país iraní, que ha conmocionado al mundo.
Nuestro Partido expresa las más sentidas condolencias por las pérdidas irreparables, deseando pronta recuperación al pueblo iraní, invocando a mantener la unidad y fortaleza necesaria para sobreponerse ante las grandes dificultades.
Con profundo respeto y solidaridad,
Lima, 20 de mayo de 2024
Comité Ejecutivo Nacional Partido Político Nacional Perú Libre
La historia está demostrando que pasar la valla de Perú Libre en Junín no será una tarea fácil. Sus gobiernos regionales, bajo la conducción del secretario general nacional, Vladimir Cerrón, han sido toda una cátedra de gestión, que lamentablemente despertó envidias, odios, rencores y persecuciones. ¡Las nuevas generaciones juzgarán!
Las obras en el campo material, como en el social, hasta hoy no han podido ser superadas y, por el contrario, los gobiernos sucesivos al no poder superarlas o darles el sostenimiento por celos políticos, prefirieron desactivarlos y se sumaron a la satanización del Partido y su líder.
El CEN del Partido Político Nacional Perú Libre saluda a la madre perulibrista en este día tan significativo para nosotros, expresando nuestro reconocimiento a su permanente aporte a nuestras familias, nuestra sociedad y nuestra patria.
La madre perulibrista es una mujer trabajadora del campo y la ciudad, emergente del Perú profundo, quien a través de propios esfuerzos se ha ido abriendo un camino, paso a paso, a largo de los años, que le ha permitido conquistas significativas. Es una madre joven, estudiante, trabajadora, profesional o de oficio digno, pero con compromiso político, que le permite ser protagonista de la construcción social del país.
Es una mujer que acude a las jornadas de lucha que convoca el pueblo, con su hijo tomado de la mano o cargado a sus espaldas, es la mujer que milita un partido donde va destacando por su activismo y liderazgo, para luego asumir riesgosos cargos de representación política e involucrarse en una tarea de titanes que significa construir un país en medio de enormes adversidades. Es una mujer que no traiciona a la causa popular.
La madre perulibrista no es la mujer burguesa que explota a otras mujeres para beneficio propio, por el contrario, es una mujer que lucha contra la explotación, la discriminación, el racismo y el autoritarismo. Es la mujer que trabaja, pero a la vez se educa, lo que le permite elevar su autoestima, sin esperar ser beneficiaria de una herencia o dádiva estatal. Es la madre que no sustituye los valores más sublimes, como el amor y la solidaridad, por un beneficio material.
La madre perulibrista es fuente de fortaleza para sus hijos en todos los tiempos, sobre todo en los más difíciles, es la mujer cuya palabra lleva a la reflexión al hijo más inflexible, es la que con su sabia palabra orienta con segura certeza hacia la mejor alternativa frente a las dualidades que te impone la vida. Es un ser inmejorable e insuperable por excelencia.
Asimismo, la madre perulibrista inspira al pueblo en su tarea de lograr la victoria, es la mujer que, en pocas palabras, no solo se involucra con su bienestar familiar, sino además con la tarea revolucionaria de la patria, comprometiendo en la causa a sus hijos, legando un ejemplo eterno e invalorable.
SALUDO A LAS UNIVERSIDADES ESTADOUNIDENSES POR SU SOLIDARIDAD CON PALESTINA
En un acto sin precedentes la juventud universitaria estadounidense decidió manifestar abiertamente su rechazo a la guerra de Israel contra Palestina, la misma que cuenta con el patrocinio de los Estados Unidos de América.
Esto conllevó que los estudiantes se movilicen con arengas a favor del cese de la guerra, izando la bandera palestina y solicitando a los EE. UU. y a Israel que detengan la guerra fratricida. Las casas superiores de estudios que han decidido emplazar a los que promueven la acción bélica son la University of North Carolina at Chapel Hill; Indiana University; Columbia University; Harvard University; New York University; University of Minnesota; Barnard College, entre otras.
El reclamo es detener la guerra, iniciada el 7 de octubre del 2023, la que ha costado hasta ahora un estimado de 30 mil muertos y 72 mil heridos, mayormente niños, mujeres y ancianos palestinos, aparte de las ciudades arrasadas, incluyendo los refugios y centros hospitalarios.
Ante este suceso universitario, el Gobierno de los EE. UU. los ha reprimido brutalmente con el personal policial estatal, existiendo estudiantes detenidos y procesados judicialmente, con quienes nos solidarizamos abiertamente.
La posición de la juventud respecto a la guerra fratricida es una gran esperanza que promete detener la guerra pronto, es un hecho positivo, trascendentalmente histórico, saludable y ejemplar para el mundo.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL, PEDRO SÁNCHEZ, HABLA A SUS PARTIDARIOS, JUNTO A SU ESPOSA, BEGOÑA GÓMEZ, EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019. (BURAK AKBULUT / AGENCIA ANADOLU VÍA GETTY IMAGES) (PHOTO BY BURAK AKBULUT/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES)
Jueces derechistas quieren derrocar al Gobierno español
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, podría dimitir después de que un juez iniciara una investigación falsa por corrupción contra su esposa, Begoña Gómez. El caso es una farsa impulsada por grupos de presión de extrema derecha que demuestra la necesidad de frenar al politizado Poder Judicial español.
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Pedro Sánchez no es conocido por mostrar emociones. El pragmatismo frío como el hielo y la brillantez táctica del presidente del Gobierno español le permitieron superar a la derecha española, así como a los rivales de su flanco izquierdo, una y otra vez desde que se convirtió en presidente del Gobierno en 2018. Sin embargo, las cosas cambiaron la semana pasada, cuando un juez de Madrid aceptó la petición de una organización de extrema derecha de abrir una investigación por corrupción política y peculado contra su esposa, Begoña Gómez. Luego, Sánchez difundió una carta pública muy cargada en la que anunciaba que se estaba planteando dimitir.
El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de centroizquierda, también canceló todos sus compromisos públicos hasta este lunes, cuando anunciará su decisión sobre si continúa o no. «Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también», escribió Sánchez. « Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena [continuar]». También insistió en que detrás de esta campaña de acoso está el hecho de que la derecha y la extrema derecha españolas «no aceptaron los resultados electorales» del pasado julio.
En muchos sentidos, esto no es nada nuevo: el lawfare fue, después de todo, un asunto importante para la coalición de izquierdas de Sánchez desde que asumió el poder en 2020. Desde entonces, elementos reaccionarios de las altas esferas del sistema judicial operaron como un poder paralelo no democrático, con el objetivo de disciplinar y socavar lo que consideran un gobierno «ilegítimo». La actual ofensiva judicial fue implacable desde el pasado noviembre, cuando el PSOE de Sánchez ultimó una alianza parlamentaria con los partidos nacionalistas catalanes a cambio de una ley de amnistía para los implicados en el fallido impulso independentista de 2017.
La amnistía propuesta fue denunciada en términos polémicos por la mayor asociación de jueces del país como «el principio del fin de la democracia» en España. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dominado por la derecha, la caracterizó como algo que implicaba la «la abolición, del Estado de Derecho». Al mismo tiempo, los tribunales iniciaron repentinamente una serie de investigaciones por terrorismo contra políticos, periodistas y activistas catalanes, en un aparente intento de socavar la amnistía y desestabilizar la frágil mayoría parlamentaria del gobierno.
Este es el contexto en el que debemos entender la investigación judicial sobre los limitados tratos profesionales de Gómez con una compañía aérea que, como todo el sector de la aviación durante la pandemia, recibió un rescate gubernamental. El caso contra ella fue presentado por el notorio grupo de extrema derecha Manos Limpias (llamado así por los juicios italianos de principios de los 90), una organización autodenominada «anticorrupción» que se especializa en presentar demandas espurias contra objetivos progresistas como Podemos. Sin embargo, el informe presentado carece de cualquier prueba material del tráfico de favores de Gómez. Según el propio grupo, su caso se basa «únicamente» en una serie de afirmaciones publicadas en la prensa de derechas.
Como señala el corresponsal jurídico de Investigate Europe, Manuel Rico, «el verdadero escándalo» es que un juez «acepte una petición» para abrir una investigación penal sobre esa base, algo que Rico califica de «[jurídicamente] irregular» e «incomprensible». Sin embargo, lejos de ser un caso aislado, el acoso judicial a Gómez sólo puede entenderse en términos de la campaña intervencionista más amplia que los jueces reaccionarios emprendieron para frustrar la agenda del gobierno del Estado español.
Jueces contra la democracia
De hecho, no es casualidad que, extraoficialmente, se haya oído a una figura destacada del PSOE llamar al juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena «el verdadero líder de la oposición». «En España hay un problema con la separación de poderes», escribió el redactor jefe de El Diario, Ignacio Escolar, en 2021. «Pero no es el Gobierno el que se está extralimitando en las competencias que tiene asignadas, sino el Poder Judicial. Éste pretende ejercer funciones que no le son propias y hace política (…). Hace tiempo que la derecha política actúa en coordinación con la derecha judicial».
Durante el anterior gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos de 2020-2023, dicha coordinación se hizo más evidente en toda una serie de falsas investigaciones penales que implicaban a altos ministros. Fiscales, jueces y policías se confabularon repetidamente para socavar la autoridad del Gobierno electo. La investigación de 2020 sobre el ministro del Interior del PSOE, Fernando Grande-Marlaska, terminó con la destitución de altos cargos policiales de la Guardia Civil (incluido el comandante en jefe de la Comunidad de Madrid) por falsificar un informe clave. El ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias también fue sometido a meses de investigaciones judiciales y a un frenesí mediático por acusaciones infundadas de que fingió el robo del móvil de su asistente (que en realidad había sido arrebatado por un policía corrupto que lo espiaba a él y a Podemos).
Otros que estaban en el punto de mira eran la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya. Fue acusada de prevaricación y falsificación de documentos en relación con la entrada en España (para recibir ayuda médica) del líder del Frente Polisario, el movimiento de liberación nacional del Sáhara Occidental. La ex ministra de Igualdad Irene Montero fue investigada por utilizar supuestamente a su asesora gubernamental como niñera (la principal prueba de ello fue un breve vídeo en el que la asesora resultaba tener al niño en brazos).
Ninguna de las investigaciones llegó a juicio. Pero el hecho de que algunos de los jueces más importantes de España estuvieran dispuestos a abrir causas contra funcionarios del Gobierno sobre las bases más endebles garantizó que el equipo de Sánchez se viera empantanado en polémicas inútiles durante meses y creó una atmósfera que el conservador Partido Popular y el partido de extrema derecha Vox pudieron explotar. Como argumentó Íñigo Errejón, diputado de la alianza de izquierdas Sumar, el movimiento de Sánchez de esta semana no tiene que ver sólo con un líder político, sino con el hecho de que «la derecha hace imposible que la izquierda gobierne en este país en condiciones normales. La derecha política y los aparatos reaccionarios del Estado utilizan su considerable poder institucional para crear una situación insostenible [para el Gobierno]».
La derecha a la ofensiva
La actual ofensiva judicial, de la que forma parte el caso Gómez, se remonta a la llamada a las armas lanzada por el jefe de la derecha, José María Aznar, el pasado noviembre, cuando la nueva coalición entre PSOE y Sumar estaba a punto de tomar posesión. «Pedro Sánchez es un peligro para España», insistió el ex presidente del Gobierno Aznar, cuando se hizo evidente que las negociaciones del PSOE y los partidos catalanes sobre la amnistía estaban a punto de llegar a un acuerdo. «Estamos ante una crisis constitucional sin precedentes», continuó. «Quien pueda hacer algo, que lo haga, y quien pueda contribuir, que contribuya. No hay lugar para la inhibición».
Mientras sindicatos policiales, fiscales y asociaciones de jueces se movilizaban contra la amnistía en los días posteriores, utilizando un lenguaje indistinguible de los puntos de discusión del Partido Popular, los manifestantes de extrema derecha también salieron a la calle, asediando la sede del PSOE en noches consecutivas durante más de un mes en protestas que estuvieron marcadas por repetidos enfrentamientos violentos y la exhibición de símbolos abiertamente fascistas. Errejón escribió en El Diario que no se trataba tanto de un plan orquestado como de «un bloque moviéndose, no mecánica sino orgánicamente. Con roces internos y contradicciones, con sectores más extremistas y otros más cautos, con peleas por el protagonismo, con avances y retrocesos, en una dirección compartida. [El objetivo es] cercar al gobierno aún no nato, hacerlo nacer ya rehén, a la defensiva, con el margen de maniobra limitado al máximo».
Tras la investidura, la derecha siguió dos líneas de ataque en los tribunales. La primera consistió en minar la posible eficacia de la legislación de amnistía, con el fin de imposibilitar su aplicación. En este sentido, a medida que se acercaba la fecha límite para que el Gobierno español y los partidos independentistas alcanzaran un acuerdo sobre el texto final de la ley a principios de marzo, el Tribunal Supremo del país procedió a imputar al ex primer ministro catalán Carles Puigdemont como sospechoso formal en un caso de terrorismo.
La acusación a Puigdemont se relaciona con su supuesto papel de coordinación en la ocupación masiva del aeropuerto de Barcelona en 2019 por miles de activistas independentistas, una protesta que, según el Tribunal Supremo, cumple con los criterios de «terrorismo de baja intensidad». Increíblemente, el Tribunal lo justifica por el hecho de que los manifestantes «emplearon instrumentos peligrosos y artefactos de similar potencia destructiva a los explosivos, tales como extintores de incendios, vidrios, láminas de aluminio, vallas, carritos metálicos o portaequipajes». Una interpretación que un editorial de El País calificó de «como poco, polémica» y que «no puede provocar sino una profunda inseguridad jurídica».
Dado que el terrorismo es uno de los pocos delitos penales no contemplados en la propuesta de amnistía, el procesamiento de Puigdemont complica su regreso a casa y el de otros exiliados catalanes cuando la ley entre finalmente en vigor este verano. Mientras se negociaba la amnistía, el periodista Jesús Rodríguez y tres activistas independentistas también se vieron obligados a exiliarse al ser imputados por el juez reaccionario Manuel García-Castellón ante la Audiencia Nacional en un caso de terrorismo relacionado.
Sin embargo, esto se combinó con una segunda línea de ataque: intentar reproducir el tipo de maniobra legal que hizo caer al primer ministro portugués de centroizquierda António Costa el año pasado. En la izquierda española sorprendió la rapidez con la que Costa dimitió, sobre todo después de que se revelara tras su dimisión que había sido nombrado erróneamente como sospechoso, ya que los documentos de los fiscales hacían referencia al ministro de Economía, que tenía casi el mismo nombre que él. Un reciente escándalo de auténtica corrupción en el PSOE, relacionado con contratos de la época de la pandemia, no pudo ser rastreado hasta Sánchez. Pero en la tormenta mediática que se desató a su alrededor, las historias sin fundamento en torno a su mujer proporcionaron la oportunidad que la derecha estaba buscando.
Las noticias en torno a Gómez se centraron en una propuesta de acuerdo de patrocinio de 40.000 euros anuales entre el centro de investigación que dirigía en la IE University y la aerolínea Air Europa, que acabó no saliendo adelante debido a la pandemia. En realidad, la suma total de lo que IE recibió de Air Europa por el acuerdo de patrocinio propuesto parece haber ascendido a cuatro pasajes de avión. Sin embargo, esto bastó para que la prensa de derechas generara semanas de titulares sobre los supuestos favores fastuosos que Gómez había recibido de los directivos, lo que, a su vez, desembocó en la querella de Manos Limpias.
Una de las informaciones periodísticas en las que se centró el caso Manos Limpias ya tuvo su retractación, después de revelarse que la supuesta financiación pública que también habría recibido Gómez, y que el Gobierno habría pretendido encubrir, era en realidad una subvención pagada a otra persona con el mismo nombre que la esposa del presidente del Gobierno. Aún así, el juez, cuya hija es concejala del Partido Popular, aceptó este hecho como parte de la base para abrir una investigación penal.
¿Y ahora qué?
Ahora, ante la ofensiva mediática y judicial de la derecha, Sánchez debe decidir cuál es su siguiente paso, y muchos comentaristas ven en su carta abierta un intento de movilizar a la sociedad progresista española en su apoyo para recuperar la iniciativa política frente a las fuerzas conservadoras. El periodista Daniel Bernabe interpreta el mensaje subyacente de Sánchez a los progresistas como: «si estoy solo en esto me voy, si hay una reflexión colectiva, continúo».
Las manifestaciones de apoyo al presidente del Gobierno se desarrollaron el fin de semana, e incluso quienes se sitúan a su izquierda consideran que la defensa del líder del PSOE está ligada al destino del Gobierno progresista y de la democracia española en general. Después de meses a la defensiva, el lado progresista de la política española parece animado por la última maniobra dramática de Sánchez, pero dejando una vez más deja a su socio de coalición de la izquierda, Sumar, marginado en la escena nacional.
Se especuló con la posibilidad de que Sánchez ocupe un puesto en la Unión Europea. Pero muchos dirigentes de su partido creen que se le puede convencer para que se quede. «Sánchez es un animal político, un asesino. No hay ninguna posibilidad de que se vaya». Sin embargo, si se queda, deberá enfrentarse por fin de forma más directa al control indebido de la derecha sobre los tribunales. A pesar de toda su audacia como operador político, fue muy cauto a la hora de enfrentarse al politizado Poder Judicial del país.
En concreto, el Gobierno debe priorizar un cambio normativo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Se trata del órgano estatal que controla todos los nombramientos para el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional y cuenta con una mayoría conservadora artificial desde que expiró su actual mandato en diciembre de 2018. Este fue el resultado de que el Partido Popular haya bloqueado su habitual relevo, en una táctica sacada directamente del libro de jugadas republicano estadounidense. Hasta ahora, el PSOE se mantuvo aferrado a las viejas reglas del juego y al consenso entre partidos, pero una derecha radicalizada (tanto en el Parlamento como en las Cortes) simplemente ve esto como una debilidad a explotar. Esto debe cambiar ahora.https://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjacobinlat&width=250&height=290&colorscheme=light&show_faces=true&header=true&stream=false&show_border=false&appId=107533262637761COMPARTIR ESTE ARTÍCULO FacebookTwitter Email
EOGHAN GILMARTIN
Escritor, traductor y colaborador de Jacobin con sede en Madrid.
Conversamos con Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia y uno de los más destacados intelectuales latinoamericanos. Las lecciones del golpe de Estado, el balance de los gobiernos progresistas, la relación del Estado con los movimientos sociales, el vínculo con la burguesía, las vías hacia el socialismo. Nada menos.
Está a la venta nuestro octavo número, “¿Dónde está Lenin?”. La suscripción a la revista también te garantiza el acceso a material exclusivo en la página.
Esta entrevista forma parte del #2 de Jacobin América Latina, «El laberinto latinoamericano». Para leer el resto de la revista, obtener los otros números y acceder al Club Jacobino, suscríbete aquí.
Por Martín Mosquera y Florencia Oroz
La primera pregunta, ineludible, es sobre el balance del último año, es decir, el ciclo que se extiende desde el golpe de Estado de 2019 hasta la nueva victoria electoral del MAS. Tus análisis sobre el golpe se centraron en la dinámica generada en torno a las clases medias tradicionales. ¿En qué medida la evolución de los acontecimientos modifica o confirma esa caracterización?
AGL
Los golpes de Estado siempre son maquinarias conspirativas de grupos muy reducidos, pero su viabilidad no radica en este factor. La viabilidad para un golpe de Estado radica en la existencia de un sector social que lo habilite, que le abra las puertas, que cree cierta predisposición, disponibilidad, apetencia y receptividad a una ruptura del orden constitucional y de la democracia.
Ciertamente, dentro del grupo que ha conspirado se cuenta un conjunto de generales –de las Fuerzas Armadas, de la Policía–, un conjunto de empresarios, que ha puesto el dinero para sobornar oficiales y mandos de tropa, y también, claro, Almagro, el Departamento de Estado, algún funcionario de la Iglesia Católica y algún expresidente (dos expresidentes, de hecho). Digamos que hay un núcleo que ha articulado el acto sorpresivo y de fuerza. Pero esto no ha surgido de la nada: en los últimos cuatro años se fue formando un colectivo social, un sector social enfurecido y cada vez más resistente a la democracia. Ese sector fue la clase media tradicional que, a través de sus debates, de su discurso racializado, de sus editoriales, de sus grupos en las redes sociales y de su léxico fue generando una predisposición para una solución de fuerza, para una solución autoritaria.
Creo que esta es la explicación. De hecho, modestamente, no creo que haya otra explicación sólida y consistente que funcione para explicar tanto el golpe de Estado como lo previo y lo posterior. El resultado final es que esta clase media tradicional no puede creer lo que ha sucedido, y entonces sale a hincarse delante de los cuarteles para que den otro golpe. Sus editorialistas, sus líderes cívicos y sus redes comienzan a opinar que ha habido fraude. No hay pruebas, pero no importa: ha habido fraude porque si los indios ganan, lo han hecho con fraude. Siguen siendo los mismos. Ese bloque social, que es el que ha dado sustento al golpe, no ha variado.
Todo golpe de Estado es una articulación entre una élite pequeña, reducida, que tiene la capacidad de desentrañar el sentido de la acción, con un grupo social que la mantiene, la alimenta, la respalda, la aplaude, que la apoya en sus redes, en sus editoriales, en sus consignas… Ese grupo social sigue ahí. Esta clase media tradicional, que se rebeló contra la igualdad para intentar contener este proceso de democratización del consumo, del estatus, del reconocimiento, del acceso a bienes, sigue ahí. Derrotada, porque el mundo resultante no ha sido su mundo. Le fue mal –y le va a seguir yendo mal– porque ya es una minoría; es, en cierta manera, una minoría en decadencia.
MM / FO
Una cosa que sorprendió a todos en noviembre de 2019 fue la poca capacidad de respuesta popular y gubernamental ante el golpe. ¿No asistimos a una repetición del problema de Allende, de la excesiva confianza en la «neutralidad de las FF. AA.»? Esta inacción, a su vez, contradice tu propia concepción sobre el «momento leninista-jacobino», que en tus escritos no se relaciona con el momento de ocupación del poder (que puede realizarse por vía electoral, pacífica) sino con la defensa –por medio de un hecho de fuerza– del gobierno frente al golpismo de las clases dominantes. ¿Cómo interpretar, entonces, la falta de respuesta de noviembre de 2019? Planteado en términos más generales: el asedio imperialista, derechista, golpista hacia los gobiernos populares va a seguir existiendo. Entonces, ¿cómo enfrentar ese tipo de acciones conspirativas?
AGL
Lo que pasó en noviembre de 2019 fue una derrota militar del proyecto nacional-popular. Las fuerzas conservadoras salieron al afronte, se movilizaron, ocuparon ciudades y ocuparon territorios. El gobierno confrontó esa fuerza social de manera no coercitiva, privilegiando los preceptos de la lógica de la acción colectiva, buscando que no irradie su control territorial e impulsando acciones que hagan las veces de «colchón de contención» para esas movilizaciones, a la espera de que se agoten.
La nuestra fue una respuesta política. Y, de hecho, si ahí se quedaba, la hubiéramos derrotado. Lo que nosotros no tuvimos en cuenta –y eso es un error político– es que a su acción política ultraconservadora ellos iban a sumarle una acción militar. Ahí radica la novedad. Porque en el año 2008, cuando intentaron un golpe de Estado, nosotros asumimos dos tácticas: primero, la contención política, que quede aislado, que no se irradie, movilizaciones-colchón y esperar a que se agote. Y, a medida que fuera agotándose, desarrollar la movilización social hacia el lugar.
Aquí ellos nos ganaron de mano, se movilizaron y respondimos políticamente: contención, debilitamiento. Pero, antes de que se debilite más, dieron un salto y recurrieron a las Fuerzas Armadas y a la Policía, con lo que añadieron una fuerza policial militar al golpe. Eso fue lo que nosotros no habíamos calculado: que iban a sobornar a las Fuerzas Armadas (que, de hecho, fueron sobornadas). Puede ser que haya existido un exceso de confianza en que iban a mantenerse como en el 2008. Pero lo cierto es que esto no sucedió. Y cuando ellos toman esta acción militar, tenías tú que tomar otra contraofensiva. La primera te había resultado: los estabas debilitando, la acción política de contención era efectiva, y el paso del tiempo iba a conducir al agotamiento. Estabas logrando la victoria política.
Pero cuando ellos recurren a lo militar, a nosotros se nos presentan dos opciones: convocar a movilización para enfrentar a los policías y a los militares, o no. Y en esa decisión está la autoridad del presidente, que es el que evalúa: o bien defiendo esta victoria popular, defiendo este proyecto convocando a las personas a resistir como sea posible frente a una fuerza militar superior –no sabemos con qué resultado–, o bien retrocedo. Y, claro, en esas horas aciagas de los días 9, 10, el cálculo, la reflexión del presidente, era «yo no voy a tomar la decisión de convocar a mis compañeros militantes para que haya muerte; no quiero ser el responsable de esas muertes». Es una decisión. Una decisión fundada, básicamente, en una ubicación, en una mirada moral de la vida y la muerte. Teóricamente, lo podríamos haber enfrentado, sí, pero con muchísimas bajas, con muchísimas muertes. Entonces se toma la decisión de no movilizarnos: «prefiero la renuncia».
¿Qué lecciones sacar para el futuro, para los gobiernos progresistas? Que las clases medias tradicionales –no todas las clases medias, sino las tradicionales: las que están siendo asediadas, igualadas por otras clases medias, populares, indígenas, emergentes– son sectores que, a pesar de no estar sindicalizados, de no tener estructuras corporativas, se unifican bajo otras estructuras (grupos de futbol, grupos de barrio, redes, universidades y colegios) que son distintas a las estructuras clásicas de la acción colectiva, como pueden ser los sindicatos, los gremios y otras. Nuestro gobierno no había sido receptivo, no tenía mecanismos de interlocución frente a estas estructuras corporativas alternativas.
Primera lección: hay que ir a neutralizar políticamente sus nichos de operaciones. Hay que intentar desmontar las causas de ese proceso de endurecimiento, de fascistización, sin retroceder en las políticas de igualdad. Dar marcha atrás con la igualación de los indígenas, que ocupan espacios, que ocupan puestos y consultorías, implicaría dejar de ser un gobierno progresista. Lo que sí puedes hacer, sin embargo, es mantener las políticas de ascenso, de movilidad social en las clases plebeyas y populares e impulsar, simultáneamente, políticas de movilidad o de rotación social de las antiguas clases medias tradicionales para desmontar desde el interior su encostramiento y su ultraconservadurismo.
La cuestión de la Policía y los militares es un tema más complicado, porque nunca vas a poder colocar una muralla frente a un soborno de cuatro o cinco millones de dólares de un empresario. Están ahí, es parte de la autonomía relativa del Estado; es un poder que tiene su propia dinámica y hay que tener políticas de contención, de respeto de su institucionalidad y de modificación de las estructuras curriculares para establecer un tipo de formación y de espíritu de cuerpo menos corrosible por este tipo de sobornos y más cercano a lo popular. Se trata de una modificación de la composición de clase de las Fuerzas Armadas.
En parte, los militares se animaron también a dar el paso en falso al golpe de Estado porque vieron que pasaban uno, dos, tres días y no había una fuerza social movilizada para resistir. Claro, porque no parecía algo complicado: habíamos pasado por experiencias similares hace unos años (cuatro, diez) y no parecía algo extraordinario. Pues bien, no te confíes: cuando se den este tipo de procesos, en los que se articulan conspiraciones entre empresarios y generales y se suma la predisposición de las clases medias tradicionales y conservadoras, es necesaria una mayor movilización social. Eso puede ayudar a contener o a neutralizar cierto accionar golpista.
No se trata solamente de un aprendizaje del intelectual, del gobierno o del candidato. Creo que se trata, ante todo, de un aprendizaje social: desconfiar, movilizarse para defender lo que se tiene… Eso es lo que vimos en agosto, principalmente. Cuando el MAS convocó a las organizaciones sociales, a la gente, por su cuenta, mostró lo que había aprendido. Y lo que había aprendido es que frente a la represión por parte del gobierno, de militares y policías, su fuerza radicaba en el control territorial, como sucedió en el año 2000.
La fuerza política que emergió en el año 2000 lo hizo inicialmente por su capacidad de apoblarse en los territorios, de confiar en un tipo de soberanía popular territorial y hacer una especie de cerco concéntrico a las ciudades. Eso es lo que ha pasado acá, y es interesante porque era una experiencia que se había perdido: en 2005 no fue necesario, en 2008 no fue necesario, en 2009 tampoco… Pero con este golpe militar, sí. Y entonces, la gente (no los dirigentes, ni siquiera el partido: la gente), con su sabiduría popular, supo que frente al riesgo de una nueva represión nos hacemos fuertes si controlamos el territorio. De ahí la fuerza de agosto. Es un tipo de experiencia práctica y táctica de la sociedad para prevenir los riesgos de una nueva intentona, abuso o intento de masacre o escarmiento militar sangriento por parte de los sectores golpistas, y me parece algo extraordinario.
De hecho, agosto no fue solamente esta experiencia de control territorial. Fue una primera experiencia cuasinsurreccional, a diferencia de las movilizaciones anteriores, que habían sido meramente demostrativas. Esta tenía una cualidad seminsurreccional y, claramente, se notaron cuáles son las fuerzas fundamentales en términos de capacidad organizativa: el Altiplano, el Chapare, las zonas rurales del norte de Potosí, las ciudades de El Alto y la zona sur de Cochabamba. Se trata de cinco sectores sociales con alta capacidad de agregación, con alta disciplina, con una alta capacidad de irrigación y de control territorial. Esa es una táctica que permitió demostrarles a los golpistas que la capacidad de repetir masacres y de reprimir lo popular ya no sería tan fácil. No es que no habría confrontación cuerpo a cuerpo; pero, ante fuerza militar, la gente iba a desplegar este tipo de control territorial activo, muy bien organizado y con capacidad de desplazamiento y de cercamiento.
Este tipo de aprendizajes colectivos, en tanto conforman una experiencia social efectiva, debe ser reforzado y potenciado. La manera de defender un proceso político es esa; la discusión no es tanto la temática específicamente militar, sino cómo se da el aprendizaje táctico de las personas ante la posibilidad de una confrontación, de una acción colectiva «jacobina». En un país con fuerte presencia de lo rural, con fuerte presencia de lo que se llama «sectores urbanos empobrecidos», sin mucho proletariado organizado en sectores industriales, esta fue la manera que el pueblo encontró. Su propio camino, digamos. Y esta es una veta que hay que profundizar y desarrollar. No la habíamos visto antes porque ha emergido fruto de la derrota táctica de 2019. Creo que, a futuro, hay que irradiar, ampliar y mejorar estas maneras de acción para volver inútil el desplazamiento policíaco y militar en caso de golpe.
MM / FO
¿Y cómo caracterizás el momento actual en América Latina? Tiendo a pensar que hay un exceso de optimismo entre quienes ven en este «nuevo ciclo» una mera reedición de la etapa progresista anterior, más allá de los límites que ya aparecieron en aquella etapa. Tanto por la coyuntura internacional como por el perfil que parecen adoptar estos nuevos gobiernos, este atisbo de nuevo ciclo progresista aparenta ser una edición devaluada, más moderada, más contenida, más de consenso con los grandes poderes que la anterior. Me gustaría saber cómo ves vos este momento.
AGL
Yo prefiero hablar más de oleadas que de ciclos… porque «ciclo» es como muy determinista, en cambio «oleada» es más de fluir, es algo más dinámico. El concepto de oleada es un concepto que usa Marx para estudiar la revolución de 1848, un concepto de Marx para estudiar las revoluciones: «dentro de una revolución, los movimientos se dan por oleadas», dice.
Entonces la nueva oleada no puede ser (no va a ser, ni es) una repetición de la primera oleada, y esto por un conjunto de elementos: ya no hay una expansión de los commodities, la economía ha entrado en los últimos años en una recesión jamás vista, las personas son distintas, no tienen por qué ser iguales los nuevos líderes que están emergiendo… Pero hay un hecho fundamental, más allá de estos elementos: a diferencia de los años 2005 a 2015, en los que la derecha quedó atónita frente a esta oleada, en los que no tenía respuesta, ahora ha intentado una. Es una respuesta improvisada y de pies muy cortos, pero es una respuesta. Violenta, agresiva, machista, racista, muy conservadora… Sí, esa es su respuesta, y es antidemocrática: es un neoliberalismo enfurecido.
A la crisis del neoliberalismo, entre los años 2000 y 2005, le siguió el posneoliberalismo, y ellos no tenían con qué responder. Intentaban reponer el viejo neoliberalismo, pero no funcionaba, no atraía a nadie. Así estuvieron una década y, pues, tuvieron que inventarse esto. En verdad no es un nuevo proyecto, es el viejo pero recalentado, podrido. No es una nueva propuesta, pero enfrenta algo que sí es nuevo, y eso es lo que hace de este período un período de oleadas y contraoleadas simultáneamente.
A la gran oleada conservadora le siguió una oleada rosa. Ahora, lo que hay, es una oleada rosa fragmentada y una oleada conservadora fragmentada. Pugnando, peleando, avanzando en un territorio, cediendo en otro. Y esta va a ser la dinámica por un buen tiempo. Entonces no puede ser igual que la anterior, y sería un error ponerte a pensar que va a regresar ese tipo de acuerdos, ese tipo de estabilidad y consenso progresistas. Es imposible, porque las victorias –propias y ajenas– son temporales. Y eso es una cualidad que se observa a nivel mundial. Mi hipótesis es que el mundo está viviendo en un tiempo suspendido. El mundo y también América Latina. Porque no hay un horizonte, y cuando no hay horizonte no hay línea del tiempo, y cuando no hay línea de tiempo no hay curso del tiempo.
Evidentemente, hay un tiempo físico: pasa un minuto, pasan dos, pero no está habiendo tiempo social. Hay tiempo social cuando hay una flecha de tiempo que apunta, imaginariamente, hacia cierto lugar. Pero cuando esa flecha no aparece, el tiempo social no tiene orientación, es un tiempo suspendido. ¿Por qué no tiene orientación? Porque no se sabe a dónde va ir el mundo: no sabes si vas a tener trabajo de aquí a tres meses, no sabes si va a haber una nueva pandemia. Nadie sabe, nadie puede prever qué va a suceder en un año.
Esta reflexión filosófica, que siempre perteneció a pequeños cuadros sofisticados, ahora es una reflexión de la gente. La gente no puede prever su futuro, en el mundo entero no podemos prever el futuro. El vecino, el vendedor, el comerciante, el transportista, el obrero… Se ha desdibujado el imaginario de lo que se viene, de lo que debería ser nuestro destino. En verdad, la vida es siempre así. Pero eso lo sabe el filósofo o el sociólogo (que el futuro siempre es contingente); las sociedades no funcionan con creencias de contingencia, las sociedades funcionan con creencias de horizonte, con creencias de predictividad de ese horizonte. Tienen que inventarse, narrarse esa predictividad, y en el mundo social eso tiene un efecto performativo: imaginar un destino es crear un destino.
Entonces ahora, cuando no se nos presenta un destino, la política se vuelve tácticamente muy intensa y estratégicamente suspendida. Tácticamente, vas a encontrar que lo que tenía que suceder en diez años ha sucedido en un año en Bolivia. Lo que tendría que haber sucedido en catorce años en Argentina, un ciclo conservador, dura cuatro, y no sabes si este ciclo progresista durará más allá de otros cuatro años. Con Bolivia, igual: ¿quién sabe si durará dos años, cuatro o seis? Nadie puede prever nada, y la gente lo sabe y lo vive con angustia.
Esta incertidumbre estratégica en común (ya no solamente de una élite filosófica, universitaria, sino de la gente de a pie, que es lo que importa) configura un mundo excepcional. Esta es una nueva cualidad de la nueva oleada. En el año 2005, como no había una respuesta conservadora, el ciclo progresista aparecía como la sustitución definitiva del momento neoliberal. Luego se vio que no, que tiene problemas, que tiene dificultades. Aunque no es un proyecto agotado, tiene que reorganizarse, extraer aprendizajes de la experiencia… Pero hoy ya no es un proyecto exclusivo, puesto que se presenta otro más: el ultraconservador.
A su modo, lo que ha pasado con Estados Unidos también demuestra que el discurso del odio tiene un límite. Porque eso es Trump: discurso del odio, neoliberalismo enfurecido con algo de proteccionismo, más anfibio; recoge cosas del viejo neoliberalismo y mete otras que no son del neoliberalismo, y tiene pies cortos en el mundo entero. Pero todos los proyectos tienen pies cortos. Por un tiempo, ningún proyecto va a presentarse como definitivo. En este caos planetario, que iba a darse en algún momento, es importante que los proyectos progresistas puedan cuestionarse, superar debilidades, continuar y enriquecer lo que vienen haciendo. Que puedan ser el norte de la humanidad a mediano plazo, algo que está aún por definirse.
Decir, entonces, que este ciclo es una repetición del anterior es un falso debate. No, este es muy nuevo, es un ciclo extraordinario, y el hecho de que haya propuestas progresistas le puede brindar a las clases menesterosas, a las clases humildes, a las clases sencillas, la posibilidad de que no les vaya tan mal. Pero eso no es algo inevitable, no va a suceder solo por contar con mejores repertorios para mejorar sus condiciones.
Lo interesante, sin embargo (y yo creo que esa es la enseñanza a extraer de lo que ha pasado en Bolivia), en esta circunstancia tan caótica, tan suspendida en lo estratégico y tan caótica en lo táctico, es que la posibilidad de que un proyecto, una propuesta progresista, de izquierda, pueda remontar en medio de tantas adversidades y tantas turbulencias planetarias radica en dos cosas. Una es la que dijimos antes: que esté sustentada en acción colectiva previa, que haya habido acción, construcción. Pero además hay otra: que el proyecto de poder sea su proyecto de poder, de lo popular; no un proyecto para lo popular, sino su proyecto.
Entonces puede haber golpes de Estado, puede haber retrocesos temporales, pero al final vas a vencer. Creo que Bolivia enseña eso: cómo se vuelve a reconstruir después de tanto maltrato, agobio y persecución. Luego se puede analizar en detalle, pero lo central es esto: que este gobierno indígena popular fue imaginado como el gobierno, el proyecto, el proceso de cambio propio de los sectores subalternos. En tanto logres eso, tienes combustible histórico. Porque si no, si solamente piensas «voy a hacer para ellos», tu combustible se agota una vez que lo cumples. Pero cuando no solamente vas a hacer para ellos sino que de lo que se trata es de lo que ellos quieren hacer sobre sí mismos, tienes un combustible casi infinito (metafóricamente hablando) que te permite sobreponerte a la adversidad, a los golpes, a los escarmientos y puedes remontar las circunstancias más duras.
No significa que no te vayas a equivocar. Puedes equivocarte y vas a equivocarte muchas veces, vas a tener problemas y fallas, malos manejos tácticos… Pero si no pierdes de vista que este es el proyecto de ellos, que se trata de su autorreconocimiento, de su organización, de su capacidad de tomar decisiones en la historia, entonces vas a reponerte. Te pondrán muchas murallas y aparecerán retos y dificultades, pero si no pierdes ese enraizamiento vas a poder remontarlos.
Foto: Ariel Feldman (ig: arielfeldmanph)
MM / FO
Hay un viejo debate sobre cómo los gobiernos populares deben enfrentar la reacción de las clases dominantes. Dentro de la historia latinoamericana, se desarrollaron de manera condensada en la experiencia de la Unidad Popular. ¿Son inevitables las concesiones a las clases dominantes y a la oposición política para neutralizar su agresividad y para ampliar el campo de apoyo político o, por el contrario, es necesario radicalizar el enfrentamiento para quitarle poder social y político a la burguesía y galvanizar una base social propia en condiciones de derrotar a la reacción? En términos del debate al interior de la UP, ¿«Consolidar para avanzar» o avanzar para consolidar (lo que, en términos del MIR, se expresaba como «Avanzar sin transar»)? ¿Cuál es tu opinión en relación a este debate? ¿Y cómo ves al nuevo gobierno del MAS en ese aspecto?
GL: El qué hacer con las oligarquías es un tema complicado. Las revoluciones militarmente triunfantes no tuvieron que hacerse esa pregunta, porque el triunfo militar resuelve ese problema. Las transformaciones que se hacen por la vía democrática electoral, en cambio, te plantean esto como un problema inevitable y que te va a acompañar durante toda tu gestión, porque tienes que convivir con ellos, tienes que convivir con esa clase social. Las soluciones militares más radicales te colocan ante la posibilidad de la disolución de esa clase social, pero una transformación democrática no te plantea esa posibilidad y hay que ser claros –no hay que hacerse los astutos, es una obviedad– en que has de convivir con ellos. Son los límites del modo en que llegaste al gobierno, no tienes la capacidad ni la posibilidad real histórica de disolver una clase social. Y estas son las formas de transformación que se están dando en el continente (y que se seguirán dando en el continente).
En torno a esas formas de transformación hay que pensar la idea de socialismo democrático. Si, por circunstancias históricas específicas y no planificadas, el proceso toma otro curso, pues, ¡bienvenido! y te montas. Es el lado leninista de las cosas. Pero si no se da, convives con esta manera de transformación social sustentada en el ámbito democrático electoral. Y entonces ahí los gobiernos progresistas tienen que tener una relación de articulación y desplazamiento temáticos.
Un gobierno progresista –por muy radical que este sea– que ha accedido por la vía democrática tiene que encontrar métodos prácticos de convivir con ese sector empresarial del país. No solamente porque posee un conjunto de recursos y de propiedades reconocidas por el ámbito constitucional, sino porque en sus manos está el desarrollo y el impulso de ciertos sectores de la sociedad frente a los cuales la sola estatización no resuelve el problema de la transformación del sistema económico. Porque la estatización de los medios de producción no es socialismo. Estatizando los medios de producción, quedan en manos de un monopolio: el Estado es un monopolio (el monopolio de monopolios) y la socialización es la democratización de los medios de producción. Entonces, por definición, no hay posibilidad de socialismo alguno vía el Estado.
Puede ayudar a defender un proceso de transformación, puede ayudar a atemperar cierto tipo de presiones, sí, sin duda, pero son soluciones tácticas, circunstanciales. Lo que puede hacer un gobierno progresista (y para ello usa el monopolio de monopolios, el conjunto de recursos que están a disposición del Estado) es atemperar el poder económico de ese sector. Para ello, un gobierno progresista necesita un Estado con un mínimo indispensable de control del Producto Interno Bruto, para no estar sometido, no estar engrillado, a los poderes fácticos económicos (muchos de ellos más poderosos que el Estado). Ahí tienes un conjunto de mecanismos: tributarios, impositivos, de políticas fiscales, de inversiones y, llegado el caso, también de nacionalización.
Ese sería el momento en que el proyecto progresista va más allá de los acuerdos tácticos y de desplazamiento. Desplazamiento en el sentido de que el Estado tenga un nivel de poderío económico con el que pueda romper el efecto de encierro y de aislamiento al que lo llevan los poderes económicos más grandes. Un 30% del PIB, mínimo, tiene que ser del Estado. Eso permite que cuando entre al diálogo o a la acción con otros sectores empresariales, lo haga desde una posición de poder y no de subordinación. Y, evidentemente, si estos sectores entran en una actitud conspirativa hay que afectarlos. No puedes simplemente contemplar, o asumir la actitud de dejarlos seguir con su conspiración. Revisa sus impuestos, mira sus propiedades, sus cuentas bancarias, tienes un menú de opciones de gobierno con las cuales atemperar y contener ese tipo de acciones.
¿En qué momento de un proceso progresista se podrá ir más allá de esta convivencia táctica y de desplazamiento? Cuando las sociedades sean capaces de rebasar a estos sectores. Cuando se ponga en debate –por parte de la misma sociedad, no del gobierno progresista, no de un partido– la posibilidad de la democratización de esa riqueza. Si esto no se da como un debate de la sociedad, como un requerimiento de la propia sociedad, el gobierno simplemente va a sustituir un tipo de monopolio privado por otro tipo de monopolio, y no va a variar la distancia del trabajador con respecto a la propiedad. Habrá un cambio de forma, porque ya no es un monopolio meramente privado, sino que el monopolio pasa a formar parte de los recursos comunes (porque el Estado es esta dualidad de lo común por monopolio, de los bienes comunes por monopolio).
Si tú nacionalizas, esas propiedades pasan a formar parte de los recursos comunes; pero son recursos comunes al Estado como monopolio, y frente al trabajador sigue habiendo distancia: no se ha roto o no se ha superado la distancia entre trabajador directo y medios de producción. La posibilidad de ir más allá en el régimen de propiedades (ir más allá frente a las conspiraciones y no meramente de manera defensiva) va a radicar en que la sociedad plantee la posibilidad de la gestión social de la riqueza. Y eso va a depender de qué pasa con los trabajadores de cada sector (de los bancos, de la industria), qué pasa con la sociedad en su conjunto, de cómo esté asumiendo el debate sobre sus condiciones de existencia, de si la aflicción de una crisis económica la conduce a pensar en asumir el control de esa propiedad, etcétera. Si eso se da, pues le toca a un gobierno progresista apuntalar y pujar por su realización. Por eso los términos de la discusión que ustedes planteaban se me hacen muy de élite: ¿qué corresponde hacer, transar o desplazarlos? Estás transando y desplazando en tanto eres solamente tú, gobierno. ¿Cuándo se rompe esto? Cuando la sociedad va más allá.
MM / FO
Si analizamos tus textos más teóricos, uno puede encontrarse con una sorpresa. Si bien sos muy crítico con las tesis del tipo «cambiar el mundo sin tomar el poder», colocás, sin embargo, el centro del cambio en la sociedad civil y no en el Estado. Incluso limitás de forma bastante tajante la capacidad de acción transformadora del Estado, sobre todo en tus reflexiones sobre la forma-valor y la forma-comunidad. Eso me genera una duda teórica y estratégica: ¿en qué sentido podemos esperar que se mantenga activa la sociedad civil si el centro de la actividad de la izquierda luego del acceso al gobierno pasa a la gestión del Estado (y más específicamente, según tu opinión, a la gestión macroeconómica, es decir, a una actividad netamente estatal)? ¿La relación con los movimientos sociales no tiende entonces a convertirse en una relación de integración al Estado que erosiona su capacidad disruptiva? A su vez, esta concepción sobre el límite tan marcado de la capacidad de acción del Estado, ¿no termina por «desresponsabilizar» al gobierno de sus propias limitaciones?
Has escrito que las masas suelen girar hacia la apatía luego de los primeros avances políticos de un gobierno popular y, a la vez, que el centro de la actividad de la izquierda luego del acceso al gobierno debe estar en la economía. ¿Cómo hacer, entonces, para que la irrupción de la sociedad civil no se convierta en un deux ex machina?
AGL
Lo que pasa es que el Estado es un estado de la sociedad. Así como hay un estado líquido, uno gaseoso, uno sólido de la materia, el Estado es un estado de la sociedad, es una «manera de estar» de la sociedad, y esa concepción te permite superar muchas de las lecturas instrumentalistas, antiestatalistas y algo ingenuas dentro del marxismo. Esto viene aparejado con esta lectura de Marx de que el Estado es una comunidad ilusoria, es una comunidad, es lo común, sólo que es ilusorio porque está hecho por monopolios, es «lo común por monopolios», aunque parezca una paradoja.
Así te enfrentas con todas las corrientes anarquistas o marxistas que sostienen que no hay que tomar el poder, porque el poder es lo que tiene en común una sociedad. ¿Qué tienen en común los argentinos? Lo que está en el Estado: comenzando por el idioma, sus instituciones, su historia, sus riquezas naturales, sus impuestos, su sistema de salud, sus derechos… Eso está en el Estado, no es que ha salido del Estado, lo que pasa es que el Estado lo centraliza, se lo apropia. Eso es el Estado: esa facultad de monopolizar y centralizar lo que surge de la sociedad, la relación estatal. No puedes imaginar el Estado por fuera de la sociedad porque el Estado es una manera de estar de la sociedad.
Por eso esa lectura de Gramsci del Estado ampliado como sociedad política más sociedad civil. Así puedes criticar de esta manera marxista muy sólida a estas lecturas seudomarxistas que sostienen que no hay que tomar el poder. Y lo aplauden los ricos, porque dicen «qué bien que no tomen el poder, porque yo tengo el poder y voy a hacer lo que me da la gana con el poder». Y tú en tu casa, en tu barrio, pensando que no hay Estado, igual vas a usar el dinero del Estado, igual vas a mandar a tu hijo al colegio de ese Estado. Entonces, ellos dicen «yo voy a decidir dónde va estudiar tu hijo, voy a definir cuánto vale el dinero, voy a pagar tu salario para que sigas escribiendo que no hay que tomar el poder». Es así, perverso, pero es así.
Pero así como hay esa crítica a esta lectura está la crítica de quienes te dicen que el Estado es un Estado perverso, maléfico, que está para dominar e imponerse a la sociedad. Una crítica que tampoco funciona, claro, porque simplemente ponle dinamita a ese ente maléfico y ya, tienes el comunismo. Eso no es cierto, porque en tu alma está el Estado, en tu manera de delegar cosas está el Estado, en tu manera de aceptar e imaginar cosas está el Estado, y mientras eso no sea demolido en tu misma psique, en tu esquema mental, va a seguir habiendo Estado.
Esta es la manera de enfocar teóricamente esta temática: dentro del Estado está la sociedad, la fuerza del Estado es la fuerza de la sociedad, su manera de ser, de estar articulada o desarticulada como Estado. ¿Cuándo se da la posibilidad de que sectores populares sean reconocidos por el Estado? Cuando se movilizan. ¿Cuándo hay un derecho? Cuando la gente asume que tiene ese derecho y lo conquista. ¿Cuándo se amplían los recursos comunes del Estado? Cuando la gente cree que ese es un recurso común y la manera de volverlo un recurso común es apelar al Estado, que los interconecta a todos, y puede convertir ese recurso en común. ¿Cuándo deja de tener recursos comunes el Estado? Cuando la gente cree que están mal utilizados por una burocracia política de corruptos y ve con buenos ojos que eso deje de ser de todos, porque cree que al pasar al sector privado también le va a alcanzar a él, y da paso entonces a la privatización, la acepta. Porque se ha privatizado con aceptación de las personas, no es que necesariamente se le metió bala para que acepten. A unos cuantos, sí, pero la mayoría aceptó porque creía que era la mejor manera de acceder directamente a esas cosas que eran comunes.
La fuerza y la debilidad de un Estado en su estructura material, en su infraestructura, en sus recursos, es la propia sociedad. En la experiencia continental, ¿cuándo se han dado procesos de nacionalización de recursos que estaban en manos de los ricos? Cuando la sociedad había discutido previamente que había que nacionalizar, que era injusto que eso, que era de los bolivianos, o de los ecuatorianos, o de los venezolanos, se lo llevaran los gringos. Antes de que entre Evo, antes de que entre Correa, antes de que entre Chávez, la gente lo sentía así. Cuando entran, la gente les dice «eso es nuestro, ¿por qué sigue en manos de un extranjero?», entonces viene el gobierno y lo nacionaliza. Y entonces hay más dinero para construir escuelas, construir hospitales, pagar mejores salarios, y la gente lo vive así.
Se mejora, claro, pero eso no quita que haya un monopolio de esa mejora. No es un control directo sobre esa riqueza, sino a través de un monopolio. Un monopolio por el que la gente se siente representada, con el que puede dialogar, pero sigue siendo un monopolio. Un gobierno progresista se mueve en esos márgenes.
Claro, siempre hay un margen limitado de autonomía en cualquier gobierno. Si es más progresista, será más radical en función de la demanda social. Y si es progresista pero más centrista, a la demanda social siempre le pondrá un «pero», la dilatará un poco, en la letra chica del decreto o la ley establecerá un conjunto de limitaciones, de comisiones, que dilatarán en el tiempo la eficacia de una medida. Si es un gobierno más vinculado a lo popular, emergente de lo popular, no habrá letra chica y será como una acción más directa de ampliación de derechos, de ampliación del bien común, de estatización, de nacionalización.
Pero, en el margen, un gobierno progresista siempre se sostiene o está en la cresta de una ola social. ¿Por qué un gobierno progresista no puede andar, ir más allá? ¿Por qué no se plantea el horizonte socialista? Pero, además, ¿quién sabe qué es el socialismo? ¿Que estaticemos la banca, las empresas, la industria…? Resulta que no fue eso. Cuando uno revisa lo que pasó en 1917, en la comuna de París en 1871, reaparece el viejo debate marxista, el viejo debate comunista: el socialismo no es la estatización. Son medidas temporales, una serie de instrumentos temporales y circunstanciales para favorecer, para defenderte. Pero el socialismo era la capacidad de que la gente, la sociedad, pudiera ir democratizando no el posibilidad de beneficiarse de esos bienes, sino el control de esos bienes, la propiedad de esos bienes, el uso de esos bienes, la gestión de esos bienes.
¿Cómo implantas esa forma de comunidad de bienes? ¿Por un decreto? No, eso no se establece por decreto, porque el decreto lo va a hacer cumplir una burocracia, una élite, que podrá ser popular, revolucionaria, pero que se asume la ejecutante de lo popular, y algo que podemos sacar de la experiencia de las revoluciones sociales del siglo XX es eso: no se puede suplantar, no se puede decir «yo represento a la clase obrera», no me puedo atribuir la representación de la clase obrera, ni me puedo atribuir la representación de las mujeres, la representación de los indígenas… O lo hacen las mujeres o no, no se hace. Al movimiento lo hacen las mujeres, al movimiento lo hacen los indígenas, al movimiento lo hacen los obreros, no yo, simulando, suplantándote a vos como mujer, como obrero, como campesino, como indígena.
Suplantar es fácil, pero no te conduce a ninguna revolución. Eso no es el socialismo. Ese tipo de experiencia revolucionaria es la que fracasó, la que sacamos como herencia del siglo XX. Se trató de un proceso de suplantación por parte del Estado de la propia experiencia de la sociedad. Entonces, ¿qué? ¿Hay que esperar porque es la sociedad la que, en última instancia, en definitiva, puede marcar el horizonte? Pues sí. ¿Cuándo se va a poder avanzar en procesos de radicalización de las medidas de un gobierno? Cuando haya ese movimiento previo, ese debate previo de que hay que avanzar.
¿Cuándo un gobierno progresista puede ir más allá? Cuando tiene un debate social, un empuje social que abre, que produce una ruptura cognitiva, algo distinto, que no se ha dado todavía. ¿Se dará? Ojalá, ese es nuestro sueño, ¿no? Nuestro sueño es que pueda ir más allá y, de hecho, eso es el socialismo democrático. No es una medida en particular: el socialismo democrático es la posibilidad de que un conjunto de transformaciones sociales in crescendo sean una conquista. Es el desborde de la democracia, es ir del hecho electoral al hecho estatal, del hecho estatal al hecho económico, del hecho económico a la fábrica, al banco, al dinero, a la propiedad… un desborde de la democracia.
Ahora, ¿qué significará eso en los hechos concretos? Hubo algunos atisbos cuando se dio el debate en la Asamblea Constituyente sobre la distribución de las tierras en Bolivia, o cuando los mineros tomaron la mina y comenzaron a gestionarla. ¿Qué hizo el gobierno ante esta toma de la mina para hacerla producir? La estatizas, y dejas que los compañeros se hagan cargo, no solamente del sindicato, sino de la gestión, de la administración, de la parte técnica, confiando también en que van a hacerse cargo de las ganancias a favor de todos y no solamente de ellos (cosa que no se dio, pero es lo que intentas impulsar). Yo reivindico eso.
Decías «pero, ¿no es una manera como de lavarte las manos?». Lo cierto es que no hay otra manera de avanzar la propuesta práctica de un socialismo democrático: o la sociedad avanza y empuja al Estado a procesos de mayor democratización, o no hay tal socialismo democrático. Porque el Estado no va poder sustituir esa acción, el Estado siempre va a ser –por más popular, democrático, revolucionario que sea, por muy compuesto por bolcheviques, leninistas, indianistas, cataristas– siempre va a ser un monopolio. Si no, ya no es Estado. Cuando deja de ser monopolio, ya no es Estado, ya estás en otra sociedad.
Si la sociedad no se anima a experimentar por su cuenta y riesgo propios formas distintas de propiedad del dinero y de las empresas, el Estado no puede hacerlo, porque eso no es socialismo, eso es simplemente una nueva estatización de medios de producción administrados por una élite. Buena gente, progresista, pero una élite que define qué se invierte, cuándo se invierte, dónde se compra, cómo está la relación con el trabajador… y el trabajador sigue siendo un trabajador dependiente de un salario, sin poder frente a la máquina y sin poder frente a la gestión de esa empresa.
Hemos llegado a la reflexión de cómo convivir (en nuestra experiencia) con la burguesía, cómo convivir y cómo desplazar temáticamente a la burguesía hasta que se dé un proceso de mayor radicalización. Proceso que no tiene que ser solamente nacional, sino la perspectiva de que sea una radicalización más regional, que se puedan apoyar entre distintos países, para que esta experiencia de nuevas formas de propiedad sean apoyadas por otras formas de propiedad en el continente. Eso es algo que ya no depende solamente de una experiencia a ser resuelta por un solo país (el viejo debate de si se puede dar el socialismo en un solo país).
MM / FO
El argumento sobre la estatización tiene varios puntos sobre los que me gustaría detenerme. En primer lugar, hay un aspecto sobre el que no tengo objeciones: la estatización no es suficiente para la socialización. Esto ya fue planteado, por ejemplo, por Castoriadis y Lefort, cuando hacían eje en que se necesitaba cuestionar la división capitalista del trabajo al interior del proceso productivo y que no bastaba con cambiar la forma jurídica de las relaciones de producción. Sin embargo, desarrollás también un segundo argumento que indica que no es deseable ir muy lejos con la estatización, porque si uno va muy lejos lo que está haciendo es suprimir mediante actos de voluntad formas sociales –el dinero, el mercado, el valor– que solo pueden transformarse en el curso de «largos procesos» y no mediante actos administrativos de gobierno.
Respecto a este segundo punto: la crítica a una concepción «hipercentralista» o «hiperestatista», ¿no corre el riesgo de recaer en el problema inverso, es decir, ignorar las constricciones estructurales que la propiedad capitalista impone a todo proceso de cambio social y político? Estoy pensando en explicaciones clásicas, como las de Fred Block, cuando describe la dependencia del Estado respecto al capital: en la medida en que se mantiene el monopolio privado de la inversión, los capitalistas pueden abstenerse de invertir, fugar capitales, y todo concluye en espirales inflacionarias que suelen deteriorar a los gobiernos y derrotar los procesos.
Fue el caso de Allende (la crisis inflacionaria posterior al aumento de salarios de 1971), de Venezuela (sobre todo, a partir de la caída del precio del petróleo) o incluso de experiencias menos radicales: cuando se genera un clima que no es considerado confiable o favorable a los negocios, las clases dominantes responden de este modo, incluso de forma espontánea. La pregunta es: aun si no es suficiente la estatización, ¿no es necesaria respecto a los resortes fundamentales de la economía (lo que creo que incluye la banca y el comercio exterior), para evitar las constricciones estructurales que impone la «confianza empresarial» sobre la acción del Estado? Cuestionando las lógicas hiperestatistas, ¿no corremos el riesgo de recaer en una concepción gradualista, que siempre nos enfrenta al problema del límite objetivo que pone a las reformas redistributivas el imperativo de rentabilidad de una economía que sigue siendo capitalista? ¿Qué se puede esperar de la estabilidad de un proceso de cambio, si la burguesía sigue allí como clase económicamente dominante?
AGL
Es interesante el enfoque de Block porque te muestra (a diferencia de todas las otras interpretaciones marxistas) un hecho muy práctico, real, concreto: cómo son las constricciones. Es decir, tipos que, sin necesidad de acordar, cuando ven un gobierno muy progresista, que no sabemos bien qué va a hacer, guardan su plata, de forma natural, sin necesidad de ninguna conspiración, pero sugiriendo sí una acción de clase y una compresión de clase hacia el Estado, hacia el gobierno.
Pero se supone que un gobierno de izquierda o progresista ha irrumpido en un momento de crisis, donde esos que tienen la plata no están pagando bien, no están contratando, están teniendo problemas… Porque si estaba funcionando bien el gobierno y la economía, entonces el gobierno de izquierda no hubiese llegado. ¿Cuándo ha entrado un gobierno de izquierda cuando la economía está bien, cuando todo está tranquilo, cuando todos tienen empleo? No, no entran. Los gobiernos progresistas entran porque está funcionando mal, es decir, cuando esa constricción justamente está en duda, porque sacaron sus capitales al extranjero, porque no están invirtiendo, están especulando en la banca, están generando desempleo y sufrimiento social.
Cuando llega un gobierno progresista de izquierda es porque la gente le dice «oye, haz algo frente a estas agresiones que vivimos». Eso le da la autoridad y la legitimidad para poder tomar un conjunto de medidas. Que no lo haga ya no es un tema de constricciones, ya no es un tema de veto, sino que es que no quieres hacerlo, no te sientes predispuesto, no ha habido el suficiente debate, le tienes miedo o no estás para eso. Ya se trate de una limitación del gobierno, de sus esquemas mentales, de su manera de ver el mundo, de entender el mundo, y de lo que se cree capaz de hacer, la cuestión es que los mecanismos están ahí.
Nosotros entramos en medio de una crisis económica y, si no hubiéramos tomado medidas de nacionalización, la crisis hubiese continuado durante los diez años siguientes. Entramos y no había plata, pues, ¿dónde está la plata? En telecomunicaciones, en energía eléctrica y en hidrocarburos. También hay dinero en otras cosas, sí, pero ya es más complicado; con esto ya tienes una primera fuente. El Estado se potencia, has nacionalizado el gas, el petróleo, la electricidad, las telecomunicaciones, ya tienes una fuente de ingreso que te permite un conjunto de políticas públicas.
Luego, el tema de los salarios siempre va a ser una cosa complicada. Pero, en catorce años, nosotros nunca nos reunimos con los empresarios para negociar salarios: nos reuníamos con la COB (Central Obrera Boliviana) y no con los empresarios; no había nunca una tripartita. Pero también hacías tus cálculos: cómo está el tema de ventas acá, cómo está el tema de ganancias, cómo están registrando los impuestos, cómo ha crecido la economía… Tienes una mirada sobre dónde puedes ajustar, y vas a ajustar a los empresarios por acá, pero después tienes que devolver el dinero por otro lado (subvención de tarifas eléctricas, subvención de transporte, de gasolina). Entonces, cuando el empresario protesta, le puedes decir: «si te doy a vos gasolina a mitad de precio, te doy gas a la tercera parte y te doy agua a la quinta parte, y tú no quieres aumentar el salario. ¿Quieres que nivele? ¿Quieres que ponga un precio industrial a todo, un nuevo precio, sin subvenciones?».
El Estado tiene esas facultades, eres monopolio de monopolios. Uno de tus monopolios es fijar los precios, fijar las tasas de convertibilidad de la propiedad, del dinero, de los servicios. Esas son facultades del Estado, y las utilizas. Porque tu horizonte de acciones es distinto: no has entrado con temor a tomar decisiones, pero sabes también que no puedes jalar mucho, ¿no? Nosotros logramos aumentar 450% el salario real del trabajador: de 50 a 306 dólares. Si le quitas la inflación, del 50%, en catorce años tienes un aumento de salarios del 400%.
¿Por qué no más? Pues porque si seguías aumentando los salarios corrías el riesgo –y comenzó a suceder– de afectar a las empresas pequeñitas, cuyas tasas de rentabilidad son menores. Habías jalado lo suficiente, entonces. Pasar de 50 a 310 dólares es un buen avance. Queríamos 400 dólares de salario mínimo, pero ahí ya veías que a las microempresitas, a la que contrata cuatro personas para vender zapatos, o bicicletas, ya no le da. De hecho, algunas habían comenzado a cerrar. Entonces te detienes. Ahí un gobierno progresista tiene que saber cómo moverse, porque vas a tomar en cuenta a los trabajadores, pero luego también a los que están encima de los trabajadores, este sector medio, medio-popular, la gente que tiene pequeñas empresitas, que contrata dos operarios para una tienda, para un servicio, para vender comida. Los de arriba pueden soportarlo, siguen ganando y no te preocupas por ellos. Pero sí preocúpate por este sector que, en nuestra sociedad, es parte del bloque popular.
El ajuste, entonces, se dirige hacia arriba. Has nacionalizado las empresas extranjeras, te has peleado, y comienzas pues a afectar la banca: le pusimos un impuesto de 50% a sus ganancias, que van al Estado, y eso funciona. Si la banca generó dos mil millones de bolivianos en un año, mil pasan al Estado. Y la banca puede disminuir aún más su rentabilidad, entonces obligas a que preste crédito productivo, y eso fue lo que hicimos: el 60% del dinero de la banca al sector productivo y el 40% a especulación, a comercio, a las tasas que quiera. Pero el 60% al sector productivo. ¿Para qué? Para que generes inversión, para que todo ese dinero ahorrado (que en verdad es de los bolivianos) se reinyecte a la producción.
Tienes así una dinámica de crecimiento de la economía utilizando el dinero de los privados. Porque eres monopolio, puedes definir tasas de convertibilidad, puedes definir tasas de interés, puedes obligar al dinero a ir en una determinada dirección. La posibilidad de que el Estado implemente un conjunto de políticas económicas que rompan este poder de veto empresarial pasa por políticas de ese tipo. Allí donde el poder de veto es demasiado fuerte, simplemente lo quiebras: te metes y construyes una empresa del Estado.
Un ejemplo: el caso de la soja en Bolivia. La soja se produce en el oriente; hay cuatro empresas agroindustriales, de la oligarquía cruceña (que no solamente era nuestra enemiga política antes –y lo es ahora–, sino que encima dependía de ellos el abastecimiento del alimento de una parte de la población. Y como la carne de pollo es la más popular, porque es la más barata, entonces ellos tenían un poder de veto: no vendo torta de soja a los pequeños productores de carne de pollo, entonces el precio del pollo se encarece y entonces, ¿quiénes protestan? Pues la gente, la familia popular, que come pollo, y protesta contra el gobierno porque el pollo ha subido de 10 a 15 o 20 bolivianos. ¿Qué haces entonces? Te metes, le quitas al sector sojero la base social de dependencia del pequeño productor. El pequeño productor campesino, nuestra gente, depende del productor sojero porque le adelanta dinero para insumos, para fumigantes, para máquinas, y le compra por adelantado la soja, pues tiene toda la cadena. Pero, como Estado, puedes intervenir: le compras tú la soja a ellos y, como siempre va a haber un empresario más pequeñito dispuesto a procesar esa soja, entonces es posible cortar esa cadena. Ahí es cuando comienzas a aumentar tu facultad de negociación, a quebrar ese poder de veto, ese poder de control frente al gobierno.
Pongo este ejemplo pero es un razonamiento general. Se trata de cruzarle el camino a los sectores empresariales que tienen demasiado poder de veto. No necesariamente estatizas todo, pero sí cortas la cadena, los debilitas, y eso hicimos con la soja; ya nunca más volvió a ser un problema. Desde 2009 hasta el 2020 ese mecanismo de chantaje que existía con la soja nunca más volvió. Y si molestan un poco más, les suspendes las exportaciones, porque como gobierno tienes el monopolio de decidir si se exporta o no se exporta. Entonces estableces, simplemente, que no se puede exportar porque es para el consumo interno. Aunque el 80% de la producción de soja es para el extranjero, hay un 20% que es para consumo interno. Pues bien, dejas exportar solo el 20, 30, 50%, ellos se asfixian (no tú) y ya. No voy a hacer la guerra, voy a vender la soja a los polleros a un precio definido por el Estado. Cualquier poder de veto por parte de las fuerzas empresariales puede ser disminuido, relativizado o afectado. Depende de si el gobierno tiene la decisión de hacerlo.
Sin embargo, el problema central en todo esto sigue siendo, para mí, si en la sociedad hay fuerza para ir más allá de estas regulaciones, de estas convivencias. Y eso ya no es un tema del Estado. Un Estado y un gobierno tienen una infinidad de herramientas para mantener este control, esta regulación y convivencia; pero no disponen de las herramientas para ir más allá de eso, para plantearte una nueva relación de propiedad de la riqueza. Ningún gobierno las tiene, porque dependen del empuje de la sociedad.
Ahí veo yo la preocupación, la dificultad, de nuestras experiencias progresistas. Y aquí también me estoy peleando con la mirada de los compañeros que dicen que las experiencias progresistas son un tipo de revolución pasiva. Porque, claro, eso funciona si tuvieras una poderosa acción colectiva yendo más allá, planteándote temas de nuevas relaciones de propiedad, de democratización de la riqueza más radical. Si ahí viniera un gobierno progresista a asfixiar, a encasillar, a contener, a reprimir ese tipo de experiencias… Esos compañeros hablan de memoria, no conocen la experiencia real de la sociedad.
Los que intentan introducir el concepto de revolución pasiva o la idea de pasivización de la sociedad por parte de los gobiernos progresistas tienen que, primero, con hechos prácticos, con algo de etnografía social, mostrar qué experiencias de la sociedad, qué experiencias de acción colectiva han ido más allá de las formas de propiedad, de las formas de gestión que están prevaleciendo. Pongo el caso de Bolivia. Cuando ha habido alguna experiencia –como el caso minero de huanuni – de ir más allá de la forma de propiedad y de gestión por parte de los trabajadores, el gobierno se ha sumado. Pero el resultado ha sido todo lo contrario a lo que se suponía: en una mina con cinco mil trabajadores, en la que los trabajadores hacen una autogestión de la empresa con recursos públicos, al final resulta que las ganancias de esa empresa no regresan a la sociedad sino que se quedan en los mismos cinco mil trabajadores.
Al final, no son dos personas las que se apropian y gestionan un bien de todos, pero se lo apropian y gestionan cinco mil personas en lugar de 10 millones, como debería ser en una forma de autogestión real. Entonces estas formas de autogestión, que se dieron entre los años 2010-2011 y 2017-2018, incluso fomentadas por el gobierno, apuntaladas por el gobierno, acabaron –por la propia dinámica de los compañeros, por la falta de experiencia en gestión y por la propia experiencia cultural– en una forma de apropiación privada. Ese es el caso más novedoso de una forma de gestión que se planteó la propiedad y la gestión más allá del régimen capitalista pero, al final (y no por culpa del gobierno, al contrario, con apoyo financiero del gobierno), recayó en esta forma de apropiación.
Entonces esta otra crítica tampoco tiene asidero, es más un juego de palabras para ver quién es más gramsciano, más izquierdista, pero no tiene sustento en la realidad práctica de acciones colectivas que hayan apuntado más allá y gobiernos progresistas malvados, que hayan venido a asfixiar ese despertar de la sociedad. Los gobiernos progresistas, por lo general –puede haber excepciones– han acompañado los niveles de maduración y de debate de la propia sociedad. Tampoco se han distanciado mucho más hacia arriba ni han ido por atrás: han acompañado, ha habido una relación más bien virtuosa entre la acción colectiva y la dinámica del gobierno progresista.
MM / FO
La concepción de que es necesario esperar nuevas oleadas de movilización popular para que el Estado pueda ir más lejos, ¿no corre el riesgo de convertir al gobierno en una representación pasiva de la sociedad, disminuyendo la autonomía estatal y, por lo tanto, también su responsabilidad? ¿No es posible pensar una figura intermedia entre el vanguardismo «sustituista» y el mero acompañamiento al estado de ánimo social, un concepto de dirección en el que las fuerzas gobernantes de un proceso de cambio funcionan como un revulsivo de radicalización de la experiencia de las masas?
Para tomar ejemplos de la historia latinoamericana: la experiencia de Chávez luego del intento de golpe de 2002 y, sobre todo, del lockout patronal de 2004, ¿no puede entenderse así, como un revulsivo permanente que empujaba hacia la radicalización social? La declaración del carácter socialista de la revolución cubana en 1961, ¿no puede también comprenderse de este modo? A mi juicio, es una mala explicación la que adjudica la radicalización de la dirección cubana fundamentalmente a la “presión de las masas”. En todo caso, la evolución de la dirección encontró un eco, un contexto propicio, en la dinámica social. Nunca es transparente qué es lo que quieren las masas, hasta donde están dispuestas a ir, cuáles son las relaciones de fuerza. Se trata de interpretar y actuar políticamente sobre ellas. El gobierno considerado como agente que actúa sobre la sociedad, y no solo como representante de la sociedad, ¿no tiene más para hacer en pos de tensar y abrir las relaciones de fuerza sociales?
AGL
Ciertamente, un gobierno tiene muchas herramientas para ayudar, e incluso para agendar temas. Tener el control de las cosas comunes de una sociedad ya es mucha cosa. No todo lo común está en el Estado, ojo. Hay cosas comunes que no están en el Estado. Pero, cuando pueda, se las va a jalar: esa es su función. Si no, no es Estado. El tener esas cosas comunes ya te da una fuente de poder muy grande, incluso sobre los elementos de la reflexión, del sentido común, de los esquemas mentales. Si a eso le sumas los recursos… El 20, el 30 o el 40% del PIB de un país otorgan los elementos materiales y técnicos para convertir esas ideas o esas propuestas en hechos eficaces. No es poca cosa.
En ese sentido, un gobierno progresista puede ayudar a agendar temas de debate, puede ayudar a esclarecer la propia experiencia de la sociedad. Hay una infinidad de tareas que se le presentan a un gobierno, más allá de la mera gestión. Tareas de carácter pedagógico, de carácter reflexivo para con la sociedad, pero lo que nunca puede hacer es sustituir la experiencia de la sociedad, no. Ni siquiera convirtiéndola en relato, convirtiéndola en libro, en texto, en video, en ley o en decreto. No puede sustituir esa experiencia, y el socialismo es una experiencia de la sociedad.
En ese sentido, soy más leninista. Pero no del comunismo de guerra, sino de la NEP, que es un poco la confesión de Lenin: no importa cuán radical haya sido la vanguardia, no importa cuántas medidas de avanzada haya podido implementar (un momento necesario para protegerse). En los hechos, solo se podrá avanzar hacia algo distinto al capitalismo si la sociedad experimenta la necesidad de algo distinto al capitalismo. Eso es la NEP y ahí he quedado yo, en ese Lenin del «Más vale poco y bueno» de 1923.
Ese textito es una reflexión, una especie de confesión de Lenin, que evalúa lo que se hizo, el comunismo de guerra, y traza una especie de balance de esos tiempos tan turbulentos en los que se creía que se podían tomar medidas muy audaces para que luego vengan los hechos a decirte «bueno, lo que tenemos es un capitalismo de Estado». Hemos de poder superar el capitalismo de Estado no por cuántas estatizaciones hagamos, sino por cuántas maneras de comunidad real construyan las personas en el hecho económico. El fondo es cómo construyes esas formas de comunidad en tanto experiencia de las personas.
Porque el socialismo es eso: avanzar en la construcción de comunidades, no desde arriba sino como la única forma de comunidad que puede haber: entre personas. No por decisión de élites o de los monopolios, porque eso es justamente la negación de la comunidad. El Estado es, por definición, una negación de la comunidad. Es un monopolio y, por lo tanto, no puede construir comunidad. Puede colaborar, puede visibilizar, decir «por aquí van las cosas», ayudar a crear… Pero decir «oye, bueno, ahora ustedes hacen comunidad; vengan, produzcan»… eso no es comunidad. Eso es comunidad desde arriba, y ya sabemos a dónde conduce.
El debate de los cubanos de los últimos diez años va un poco en esa sintonía: cómo implementar un conjunto de medidas que no sean las medidas que el Estado ha decidido, que el Estado ha regulado. Porque, según el Lenin de 1921, eso no es más que capitalismo de Estado, y entonces ponle ese nombre: capitalismo de Estado. ¿Cómo da un paso más ese capitalismo de Estado? Con comunidad. ¿Quién forma la comunidad? La gente y el trabajador en la fábrica o en el campo.
Y ahí viene todo el debate sobre cómo se dan las experiencias de comunidad en la sociedad, pues, claro, hay experiencias locales, fragmentadas. El mundo indígena campesino tiene una herencia de comunidad. Mutilada, sí, pero la tiene. El mundo urbano tenía construidas comunidades locales en lo barrial, sí, en ciertos aspectos: para temas de consumo, de servicios… En fin. Tienes un fragmento de comunidades, de retazos de comunidades, y eso puede ser un punto de partida para lo nuevo, para lo comunitario. El Estado puede ayudar, pero no puede sustituir ni puede inventar. Porque comunidad hay en tanto hay creación libre y asociada de los propios productores directos, no puede ser una asociación impuesta, regulada y administrada por el monopolio del Estado, porque eso ya no es una comunidad.
Entonces la posibilidad de una salida intermedia, es decir, una salida no vanguardista que sustituye, pero tampoco el simple acompañamiento, está en ese Lenin. En esa versión leninista que te decía que hay que estar a un paso –y nada más que a un paso– de la gente. No dos, ni cuatro. Un paso: ochenta centímetros. No más de ochenta centímetros de las personas, de lo que están sintiendo, de lo que están experimentando. No estás arriba, no estás en el segundo piso, ni en el tercero: estás a un paso, pero al lado de ellos. En el mismo hueco, quizás. No se me ocurre una salida intermedia, no la he reflexionado, no la veo, no me convence, tampoco. Me gusta esa expresión de Lenin. Ir exactamente a un paso y nada más que a un paso de la experiencia de la sociedad laboriosa, de los trabajadores.https://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjacobinlat&width=250&height=290&colorscheme=light&show_faces=true&header=true&stream=false&show_border=false&appId=107533262637761COMPARTIR ESTE ARTÍCULO FacebookTwitter Email
ÁLVARO GARCÍA LINERA
Ex vicepresidente de Bolivia (2006-2019) e integrante del consejo asesor de Jacobin América Latina.
Cuadro comparativo entre el anarquismo y el socialismo
Vladimir Cerrón
Socialismo
Anarquismo
1. Extinción paulatina del Estado, después de la abolición de las clases sociales. 2. Destrucción total del Estado y sustituida por otra nueva, formada por obreros armados tipo Comuna de París o soviet. 3. No se pueden eliminar la autoridad y la jerarquía. La revolución es enteramente autoritaria. 4. Estado Centralizado. Unitario, descentralizado, pero con orden vertical. 5. Piedra angular: las masas. 6. Consigna: “Todo para las masas”. 7. Apuestan por la dictadura del proletariado. 8. Socialismo basado en el orden, solidaridad y trabajo social. 9. De cada cual, según su capacidad; a cada cual, según su necesidad.
1. Abolición inmediata del Estado, de la noche a la mañana. 2. La abolición del Estado planteado por ellos, sin alternativa de sustitución. 3. Abolición de toda forma de autoridad y jerarquía. 4. Estado federalizado. Descentralizado, pero con orden horizontal. 5. Piedra angular: el individuo. 6. Consigna: “Todo para el individuo”. 7. Rechazan la dictadura del proletariado. 8. Socialismo en comunidades, basada en la libertad individual, cooperación voluntaria y la autogestión de las comunidades. 9. Igualdad social, justicia y solidaridad plena para todos.
El 18 de abril del 2024 el Congreso de la República aprobó por amplia mayoría la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Chupaca (UNAC), iniciativa legislativa del Dr. Waldemar Cerrón Rojas y la Bancada Parlamentaria Perú Libre, considerándose once facultades que irán implementándose hasta ser una realidad concreta, como pedagogía, humanidades, ingeniería ambiental, ingeniería civil, biotecnología, arquitectura, contabilidad, derecho, ciencias políticas, entre otras. Solo queda esperar estos días que la autógrafa sea firmada por el Ejecutivo y publicada en el diario oficial El Peruano, para dar por concluida la conquista.
En la historia universitaria del país debemos considerar que todo centro de formación de ese nivel requiere de una coyuntura política especial que lo acondicione para que la idea sea cristalizada. No puede nacer de un simple deseo, sino de las necesidades imperativas de una realidad concreta, de las condiciones creadas con ese fin, de los hombres que se comprometan con la tarea y de una fuerza política que la encarne.
La Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), fue una iniciativa de las comunidades de la zona altina de Huancayo, canalizada por el gobierno de la convivencia del Apra y Manuel Prado Ugarteche en 1959. La Universidad Peruana Los Andes (UPLA), fue una iniciativa de algunos profesionales militantes de Acción Popular en 1983, quienes, aprovechando la coyuntura del segundo gobierno belaundista, lograron la ley de creación. Esa es la razón de por qué todos sus promotores fundadores eran de esa tienda política.
La UNAC, que ya es un hecho real, ha sido un clamor del pueblo de Chupaca, de su juventud estudiosa, del campesinado, de sus autoridades locales y algunas personalidades, desde hace varios años, pero que no encontraba la resonancia necesaria para que la idea cuajara. Hasta que se crearon las condiciones «objetivas y subjetivas», estribillo muy repetido por la izquierda.
Perú Libre, un partido provinciano creado en la región Junín el año 2008, ganó las elecciones nacionales el año 2021, sin duda un hecho sin precedentes, logrando que por primera vez la izquierda nacional ingrese a gobernar el país. Esto permitió que el pueblo tenga una bancada parlamentaria, inicialmente de treinta y siete, luego mermada a poco más de una decena, producto de traiciones y transfuguismos. Pero igual, contábamos con una cuota de poder real.
Crear una universidad en Chupaca era una tarea pendiente, por lo que las autoridades locales se presentaron ante la bancada, logrando el compromiso del Dr. Waldemar Cerrón Rojas, congresista nacido en Chupaca, para que fuera el encargado de redactar el proyecto de ley respectivo.
Inicialmente, la pretensión legislativa fue rechazada por la Comisión de Educación. Había que esperar mejores condiciones o crearlas. No fue fácil, hubo que buscar amplios consensos con el tiempo necesario. Llegó un momento en que la cosa se puso difícil, pues una parlamentaria de Junín renunció al Partido, lo que restó fuerzas para las negociaciones políticas con otras bancadas.
El año 2023, se presentaron las elecciones para elegir a la Mesa Directiva en el Parlamento y el congresista Waldemar Cerrón logró ingresar en la Segunda Vicepresidencia, siendo este el punto donde las cosas fueron cambiando. Muchos criticaron su elección, acusaron a Perú Libre de un pacto con el fujimorismo, una calumnia total, sin entender la necesidad que significa ingresar estratégicamente a la cabeza del Parlamento. Hay sectarios que piensan que, si la oposición vota “A”, nosotros siempre tenemos que votar “Z”, como una respuesta refleja e inconsciente, un mecanicismo infantil.
Ante este nuevo escenario, nuevamente se retomó el proyecto de ley hasta lograr su aprobación en la Comisión de Educación. Finalmente, tras la sustentación del congresista Cerrón, el 18 de abril del 2024, el Pleno del Parlamento sometió a votación el Proyecto de Ley N.º 6843-2023/CR, aprobándose por amplia mayoría con 95 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra, de un total de 130 parlamentarios. Si la derecha hubiera pensado como algunos sectarios de izquierda, simplemente hubieran votado en contra, por ello en política es imprescindible el consenso estratégico.
Esta es la importancia de haber creado el Partido, de la consecuencia de sus cuadros políticos, de la perseverancia de la bancada parlamentaria, del pensamiento de izquierda y, finalmente, del poder. Por eso, Lenin decía: ¡Salvo el poder, todo es ilusión! Bueno, aquí ya no hay ilusiones, el poder nos ha llevado a una nueva realidad, hay una ley, un ordenamiento legal que ha creado la Casa Superior de Estudios.
Chupaca siempre ha sido un pueblo que, en las buenas y las malas, apoyó a Perú Libre y no lo estamos defraudando. Las obras que ejecutó el gobierno regional socialista de Junín, en sus dos gestiones, como los puentes Comunero I y II, el puente Eternidad, el Hospital de Chupaca, los asfaltados integrales de Chongos Bajo y Áhuac, tierra de mis padres, son un modesto legado del Partido, porque fue su Plan de Gobierno que planificó estas obras. Aquí no hay la idea genial de nadie, sino un trabajo conjunto de los mejores hijos del pueblo.
Esta universidad también debe recordar a los grandes hombres que defendieron Chupaca de la invasión chilena, de los que lograron provincializarla y de los que la edificaron paso a paso. Es obvio que esto que narro es solo un eslabón de la heterogénea cadena política, donde todos aportamos, para que la UNAC sea una realidad. Era el momento en que la sumatoria cuantitativa de pase al salto cualitativo, es hora de cantar, además de “En la Normal de Chupaca”, ahora “En la Universidad de Chupaca”.