Médico Cirujano, Especialista en Neurocirugía, Magíster en Neurociencias, Doctor en Medicina, Expresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales - ANGR, Gobernador Regional de Junín, Secretario General Nacional del Partido Político Nacional Perú Libre.
Perú Libre siempre ha sido un partido partícipe de la unidad de izquierda. Pese a que en estas próximas elecciones tendremos menos divisiones que en las del 2020, el reto por consolidar el sector popular sigue siendo un desafío y tiene un carácter imperioso, caso contrario, estaremos condenados a los mismos resultados.
En esta crisis sanitaria marcada por la pandemia, un asunto de vida o muerte, no hay espacio para el centro político, o se es de derecha o de izquierda, nada más. No habrá medias tintas en este proceso electoral, porque votaremos tras nuestros más de 70 mil muertos que en gran parte son responsabilidad de la derecha gobernante.
Esta situación actual anuncia una fuerte colisión y analogías contrapuestas en cuanto a las propuestas políticas, unos que seguirán defendiendo que el mercado controle al Estado y otros que apostarán por un cambio para que el Estado controle al mercado. Entre estos últimos está la izquierda, por lo menos de palabra y esperanza, pero analicemos más allá.
Solo competirán tres partidos de izquierda, realmente pocos frente a los procesos históricos anteriores. Perú Libre y Democracia Directa en la práctica forman un partido que es Nueva Constitución; Juntos por el Perú con Nuevo Perú formarán el segundo; y Frente Amplio, formará un tercero. No hay más sector de izquierda por más que quieran pintarse.
En Nueva Constitución, además de los partidos mencionados, existen aliados formales sin registro electoral, pero que suman. El Partido Humanista, alma primigenia de Juntos por el Perú; el Partido Socialista Revolucionario, que agrupa a los velasquistas y la Confederación Nacional Agraria; los partidos en vías de inscripción como Partido de los Trabajadores Emprendedores y Partido de Transformación Nacional; y un gran sector del magisterio peruano seguidores del líder Pedro Castillo, han sellado la alianza política.
Como valor agregado Nueva Constitución tiene 2 millones 500 mil firmas que han entrado en proceso de digitación para solicitar el referéndum por una nueva Constitución política, es decir, aquí no solo hay sustantivo, también verbo. Nuestro candidato es la nueva Constitución.
En Juntos por el Perú están agrupados el Partido Comunista Patria Roja, el Partido Comunista del Peruano, Nuevo Perú y algunos disidentes de otras tiendas sin mayor aporte. Patria Rojas es el que toma las decisiones finales, porque tiene la inscripción, pero además economía, y tratará de poner al tope a sus militantes. Si bien Patria Roja considera que su base social lo compone el magisterio, esto ya no es así, más aún cuando el grueso del magisterio estará en el otro flanco izquierdista. La fortaleza que tienen es la candidata presidencial que mejor se ha trabajado mediáticamente, pero por el resto existe pasivo.
El Frente Amplio, cada vez más estrecho y en una gran crisis interna. Marco Arana, su fundador, hoy no goza de la simpatía de sus bases, quienes consideran que bajo una candidatura presidenciable de su persona irían al abismo rumbo a la extinción, hipótesis real. Arana cree que en un partido se pontifica, cuando en realidad la esencia de la política es la deliberación, como no ocurre en la iglesia o en el cuartel. Hoy asistí invitado por sus bases a su IV Congreso donde reafirmé nuestra voluntad de unidad, más aún, en esta emergencia sanitaria.
La izquierda debe dejar el oportunismo de muchos de sus dirigentes, volver los ojos al pueblo, debe escuchar su clamor que es la unidad en un frente, salir del foso como decía Gramsci, caso contrario, solo jugaremos para la derecha, y en el peor de los casos haríamos lo de siempre: el triste papel dirimente entre dos candidatos de la derecha.
Para nosotros la unidad sigue siendo el camino y las condiciones están dadas, el resto es poner en evidencia un trabajo de zapa a favor de la derecha para que siga hambreando, explotando y matando al pueblo.
Con frecuencia escuchamos al contralor de la República mencionar que la corrupción en el país se lleva un promedio del 10% del presupuesto de cada año fiscal. La noticia se magnifica y escandaliza en los medios de comunicación, el pueblo se indigna, los órganos de justicia actúan, castigan a los corruptos y el Estado neutraliza la capacidad de indignarse del pueblo que baja la guardia. El círculo vicioso de siempre.
Este “desfalco”, según ellos, solo es obra de los alcaldes y gobernadores, últimamente de los Richard Swing, quienes son culpables de esta desgracia que carcome el país, pero no se culpa a ningún ministro ni al Presidente de la República, pese a que disponen del 74% del presupuesto anual de la República, dejando solo el 26% a los 25 gobiernos regionales y las 2400 municipalidades sumadas las de los centros poblados.
Los funcionarios públicos subnacionales son perseguidos, algunos con razón y otros no, encarcelados, sentenciados, inhabilitados y con muerte civil. La pregunta es ¿con eso se ha solucionado la corrupción nacional, la pobreza del país, la falta de empleo, las enfermedades, el analfabetismo, entre otras desgracias? Claro que no, porque ese 10% es realmente nada frente a la gran corrupción que promueve y protege el Estado peruano que fácilmente sobrepasa el 80% de lo que un Estado honesto y patriota debiera recaudar como compensación a la explotación de sus riquezas y concesión de sus servicios.
Ahora demostraremos lo dicho. El país recibe de utilidades producto de la explotación de sus recursos mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos y de comunicaciones, solo el 30%, mientras permite que las transnacionales se lleven el 70%, cuando en realidad, la proporción del reparto debiera invertirse. En solo esta jugada hay miles de miles de millones que le roban a la patria.
Muchas de las grandes empresas que explotan nuestros recursos naturales y no pagan impuestos de ningún tipo, están exoneradas del canon, sobrecanon, derecho de vigencia, etc., y si les da la gana pagan el óbolo voluntario. Ahí nos roban también miles de miles de millones que el pueblo necesita para salir del subdesarrollo.
Las grandes empresas para evitar el escándalo y dar el “ejemplo” de contribución al fisco estatal algunas pagan sus impuestos, dando el mensaje al populorum que si no fuera por sus aportes este país no camina, sin embargo, el pueblo desconoce que esos impuestos le son devueltos anualmente y en cantidades mayores a las que aportan. En los años del 2016-2018 la Sunat devolvió a las transnacionales la suma de 50,148 millones de soles, la mitad del monto de la deuda externa, a las empresas mineras como devolución mientras ellas pagaron la tercera parte por IGV e impuesto a la renta. Ahí, asimismo, nos roban miles de miles de millones.
En esta crisis pandémica, el Estado ha otorgado más de 60 mil millones de soles a los bancos, financieras, AFP, famosos estudios de abogados, universidades privadas, etc., y la ministra ha dicho en una inconsciente sinceridad que, si ellos no pagaran, el Estado como garante asumiría la deuda con los impuestos recaudados. Este dinero, téngase por seguro, nunca será devuelto, no he conocido un solo rico que no sea angurriento y avaro. Aquí nos han robado miles de millones de soles.
Se habla de reservas equivalentes de más de 70 mil millones de dólares, pero el Estado sigue endeudándose de los organismos financieros mundiales, la pregunta es ¿por qué teniendo reservas? La respuesta es sencilla porque todo ese dinero no existe, están invertidos en las empresas de los ricos, como ocurre con los fondos de las AFP, ONP y FONAVI. Aquí nuevamente nos vuelven a robar miles de miles de millones al pueblo peruano.
A los grandes medios de comunicación se les paga anualmente más de mil millones de soles bajo el rubro de “publicidad estatal”, que nadie la ve, es decir, más de dos millones de soles diario van al bolsillo del Grupo Comercio, ATV y Latina; de nada sirve que el Estado tenga radio y televisión nacional. Con dos millones diarios construiríamos dos escuelas en el Perú, sobre todo en el VRAEM o la zona altoandina. Aquí también se da un robo millonario al pueblo.
Las ONG también reciben un financiamiento del estado disfrazados de “consultoría”, cuando en realidad les pagan para infiltrarse en los grupos sociales que podrían ser “conflictivos” como víctimas del terrorismo, vasos de leche, comunidades afectadas por la minería, afectados ambientales, etc., con fines de lograr el consenso entre la clase opresora y la oprimida. Este monto es similar al monto recibido por los medios de comunicación, es decir, millones de soles.
La iglesia católica, también recibe financiamiento del Estado a pesar de ser una entidad enteramente privada, no sujeta a fiscalización por la Sunat, Congreso, fiscalía, etc.; además están exoneradas de impuesto a la renta, impuesto selectivo al consumo, impuestos de sus colegios y universidades católicas, entre otras. Aquí es otra fuente en que el pueblo deja de percibir millones de soles.
¿Por qué se permite todo esto? Porque todos estos tratados están hechos bajo el rubro de “contrato ley” que lo blinda el pétreo artículo 62 de la Constitución. Así, todos estos contratos le roban al país en peajes, transporte urbano, concesión de carreteras, puertos y aeropuertos, entre otros. Aquí también por supuesto también nos roban miles de miles de millones.
Por si fuera poco, estas transnacionales solicitan prescripción de sus deudas tributarias ante los órganos de justicia como el Tribunal Constitucional y que en ocasiones han sido bien atendidas. Solo en la última demanda pretendían que se les declaren prescritas un monto astronómico de 10 mil millones de soles.
Nuestro presupuesto anual de la República, frente a todo este latrocinio, en realidad es un monto pírrico e irrisorio y el 10% del que habla el contralor es nada. Por ello su actuar no pasa de una cortina de humo para decirle al pueblo que el Estado combate la corrupción y no es corrupto, mientras deja pasar todo el megarrobo, y que los órganos de justicia son severos, honestos, autónomos e incorruptibles. No obstante, le echan mano al pírrico presupuesto anual fiscal.
El robo que hacen los ricos es legal, aunque inmoral, porque lo ampara la Constitución. En su filosofía, solo faltaría una reforma constitucional que diga que robar el 10% del presupuesto estatal anual es legal y con ello habríamos terminado con la corrupción en el país, supuestamente viviendo en una sociedad justa y democrática como pretenden hacernos ver con sus latrocinios.
A esto es menester recordar a Bastiat: “Cuando el saqueo de convierte en un modo de vida para un grupo de hombres que viven en sociedad, estos crean para sí mismos, en el transcurso del tiempo, un sistema legal y un código moral que lo autoriza”. Así se justifican los saqueos ungidos de aparente moralidad y legalidad. El contralor, el fiscal, el juez, lejos de denunciar esta mega corrupción no dicen nada, por el contrario, sabiendo lo que ocurre en el país, se prestan para ello, porque son parte del Estado.
No hubo país más saqueado por tres siglos en la colonia española que nuestro país y lamentablemente lo seguimos siendo. ¿Qué sentido tiene celebrar el bicentenario? Solo tiene sentido para los ricos y saqueadores de siempre, doscientos años de esclavitud popular. Estos escasos ejemplos expuestos son solo la cúspide, una pequeña muestra, una avanzada del latrocinio que existe, latrocinio documentado y firmado en el diario El Peruano, bajo el sistema moral y legal creado por los malhechores más grandes que haya tenido la patria.
Por ello hacen falta precursores de una nueva patria, que breguen a diario por un Perú libre, eliminando falsos profetas de la lucha anticorrupción en el país que coadyuvan a mantener la cortina de humo, persiguiendo a los de abajo en beneficio de los de arriba.
El sorprendente caso de un radical de la izquierda, el exgobernador de Junín Vladimir Cerrón. Condenados sin pruebas por dos instancias. La justicia de las encuestas y el nuevo poder de jueces y fiscales.
Redacción : Ricardo Uceda 14 Jul 2020 | 1:56 h Ahora que el país camina a paso ligero hacia la judicialización de la política, es oportuno referirse al caso del médico Vladimir Cerrón, considerado indefendible por un amplio sector. En 2019 sus antecedentes impidieron que dos corrientes de la izquierda confluyeran en las elecciones parlamentarias. Parte de los motivos fueron expresiones de intolerancia hacia la ciudadanía LGTBI. En una ocasión, en RPP:
Patricia del Río: ¿Qué pasaría si usted encuentra a dos personas del mismo sexo besándose en la plaza de Armas de Junín? Vladimir Cerrón: Yo creo que deberían tener cierto espacio de situarse, ¿no? ¿Qué pasaría si un niño ve ese acto? El niño es un ser que todo lo aspira en conocimientos, en forma. Podría ver que se trata de una manera ordinaria en la sociedad. Todo lleva un proceso de cambio contra la fuerza de la tradición.
Del Río: ¿Qué se besen en privado? Cerrón: Por supuesto, podría ser, ¿no?
Los sentenciados Pero objeciones morales no constituyen impedimento legal para ser un candidato. En ese caso tendría problemas hasta el líder del Partido Morado, Julio Guzmán. La sentencia en contra por un delito doloso, que era el otro motivo por el que los amigos políticos de Cerrón tomaron distancia con él, sí será una barrera cuando, como es previsible, la establezca una próxima modificación constitucional. El exgobernador de Junín y fundador del movimiento Perú Libre tiene una condena por negociación incompatible. El delito ocurre cuando un funcionario público se interesa indebidamente y en su provecho, en un contrato. Para ser castigado debe probarse un daño inminente para la administración estatal.
En esta página hemos venido mostrado decisiones irrazonables en el Poder Judicial referidas a políticos afectados de impopularidad. Algunas sobre medidas cautelares en fase investigativa –Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski– y otras por falta de prueba en la sentencia, como en el caso de Walter Aduviri. El de Cerrón es otro ejemplo de esto último. No había faltas
Le imputaron incorrectamente un pago de 850 mil soles a una empresa que en el 2011 amplió el sistema de agua potable y alcantarillado en La Oroya. Por contingencias climáticas, las obras tuvieron mayores gastos por ampliación de plazos, que el contratista reclamó le fueran reconocidos. Como hubo diferencias, la empresa solicitó un arbitraje y finalmente hubo una conciliación extrajudicial, durante la administración del gobernador Vladimiro Huaroc. Cerrón, el sucesor, no hizo más que ejecutarla, basado en los informes técnicos de sus gerentes. De lo contrario habría incumplido su obligación como autoridad, produciendo daño a la economía regional.
La Contraloría produjo un primer informe que halló irregularidades. De este documento partió el Ministerio Público para investigar a diversos funcionarios. A Cerrón lo imputó por haber firmado, el 15 de diciembre del 2011, una carta solicitando la transferencia. Sin embargo, la Contraloría, en un segundo y definitivo informe, halló pertinente el pago y correcta la actuación de los gerentes que participaron en la operación.
En las cortes Cerrón fue condenado por un juzgado y por una Sala Superior Anticorrupción de Junín. Lo sorprendente es que no había pruebas, salvo que era la máxima autoridad. Cerrón no participó en ningún trato. Cuando la primera sentencia fue revisada, el ponente y presidente del tribunal de apelaciones, Carlos Carvo, dijo que era una violación flagrante del principio de culpabilidad, según el cual debe estar acreditada la responsabilidad de un hecho. Quedó en minoría. Los restantes dos vocales le impusieron a Cerrón cuatro años de prisión suspendida.
¿Qué puede explicar una actuación así de la justicia de Junín? Una hipótesis es la presión socialmediática para castigar a autoridades corruptas. Actualmente la Corte Suprema analiza si admite un recurso de casación presentado por el sentenciado. Una casación del preso Aduviri, en su caso sentenciado por el Poder Judicial de Puno, ya fue admitida por el máximo tribunal y está pendiente de decisión. Al margen de los resultados, en las elecciones del 2021 los movimientos de Aduviri y Cerrón serán relevantes desde el sur peruano.
Peor que matar A nivel de opinión pública, incluyendo a los medios, existe la creencia generalizada de que Vladimir Cerrón es corrupto porque se desconocen los detalles descritos, que no hemos relacionado con sus ideas –el exgobernador se ha solidarizado con Nicolás Maduro– ni sus expresiones. Es un caso distinto al de Gregorio Santos, que tiene pruebas concretas de soborno y por ello fue condenado a 19 años de prisión. El exgobernador izquierdista de Cajamarca está siendo investigado por un segundo acto colusorio. Otra sentencia en contra suya podría tener la dimensión de la primera. Cumpliría 35 años, el tope existente por ley. No hay que ser jurista para comprobar que el fervor anticorrupción que marea al gobierno, la prensa y los legisladores ha llevado a que se pierdan las proporciones razonables del castigo. Los delitos establecidos en el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, para autores de crímenes de lesa humanidad, que incluyen exterminio de un grupo social por motivos de raza, religión o política, entre otras atrocidades, tienen un máximo de 30 años de cárcel. Hay cadena perpetua para jefes, que puede ser revisada a los 25 años. Pasados de vueltas Aquí se nos pasó la mano y ningún dirigente lo advierte, sobre todo los juristas anticorrupción, que nadan con la corriente. La justicia de encuestas consolidará un nuevo poder: el de los jueces y fiscales de primera instancia, futuros dueños del escrutinio de la política. Ellos decidirán quién puede ser candidato. El clima imperante no permite ver que hay una afectación del derecho de elegir y ser elegido, mientras alguien sea inocente, derecho que en algún momento restablecerá la justicia supranacional.
SORPRENDIDO 1 #ÁlvarezRodrich: «sobre las sentencias a Vladimir Cerrón en el que se ofrece evidencia muy razonable de que la condena sería injusta y que, por tanto, no sería corrupto. Cualquier discrepancia política con Cerrón, como en mi caso, no puede dejar de reconocerlo».
SORPRENDIDO 2 #AldoMariátegui con lo siguiente: «No simpatizo nada con Vladimir Cerrón, pero uno lee el informe de Uceda en LR y queda claro que su condena fue injusta».
Antonio Gramsci es el marxista de la superestructura, postuló necesario forjar una hegemonía cultural popular que conlleve a cambiar el Estado Capitalista por el Estado Socialista.
La interrogante es ¿qué tan valioso son sus aportes para una revolución social en América Latina?
Para ello recurrimos al libro “Con Gramsci en el ALBA de Nuestra América” (2016) de Luciano Vasapollo e Isabel Monal, importante compendio de ensayos de varios intelectuales rigurosamente seleccionados.
«Gramsci decía que lo más difícil de cambiar en una sociedad es la fuerza de su tradición que lo cimientan la educación oficial, la religión y los medios de comunicación, aparentemente rígido, pero que, en realidad, se transformaba continuamente. «Planteó que el dominio de una sociedad se fundamenta en la hegemonía cultural del opresor, tras lograr un consenso con la clase dominada, y que para ello el Estado tenía diversos mecanismos.
Sin hegemonía, perdería legitimidad. La hegemonía es sostener un ethos cultural que permite vivir ordenadamente, bajo un proyecto político, que consolida un sujeto comunitario. Este ethos cuando se desarrolla lo suficiente exige la creación de nuevas leyes acorde a la nueva cultura de vida, un nuevo poder. Por otro lado, Gramsci plantea que es la hegemonía cultural popular la única que puede eliminar definitivamente un modelo de Estado, sustituyéndolo por otro.
Otro aporte de Gramsci es que en las sociedades modernas el poder estatal no es el que realmente se nos presenta, eso solo es la cúpula, solo la avanzada, a esto le llamaba Estado Restringido, constituido por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero, además, existe el Estado Ampliado, constituido en el sector privado por los grandes empresarios y en la población mediante organismos que se hacen llamar Sociedad Civil, actualmente dominada por ONGs, cuya misión es resguardar el núcleo duro del poder político, frenando los impulsos revolucionarios.
En 1946 nacieron estas ONG, en 1968 pasan a integrar los consejos consultivos de la ONU y se multiplican en la década del 70, asumiendo nuevas peculiaridades como su financiamiento por la casta empresarial y el tesoro público, revestidas de consultorías y en el colmo de la hipocresía se presentan como contrapuestas al Estado.
Gramsci es un seguidor y enriquecedor de Marx; no es el Gramsci que “revisa” a Marx, ni funda una nueva teoría. En realidad, el pensamiento gramsciano es la teoría marxista y leninista enriquecida. La mayor fortaleza de la izquierda latinoamericana es haber logrado un discurso antineoliberal que ha permitido varios triunfos electorales en el continente. Ahora, para defender esos triunfos, Gramsci llamaba así a formar una nueva intelectualidad orgánica que defienda la revolución recomendando que todo grupo que detente el poder debía hacerlo, si desea sobrevivir.
Finalmente, como decía Hidalgo, debemos orientarnos al proyecto económico de un “Consenso Sin Washington”.»
El MINEDU aprobó el día 14 de agosto del 2020 la Norma Técnica denominada: “Disposiciones que regulan y orientan los convenios para la gestión de instituciones educativas públicas de educación básica a cargo de entidades sin fines de lucro”, amparándose en la privatista Ley General de Educación N° 28044, promulgada por Alejandro Toledo, que en su artículo 71° contempla tres tipos de instituciones educativas, entre ellas, las instituciones públicas de gestión privada con entidades sin fines de lucro.
La norma reconoce como entidades privadas sin fines de lucro a las personas jurídicas de derecho privado y, sorprendentemente, a la Iglesia católica, a quien considera persona jurídica de carácter público. Precisa que la entidad competente para firmar los convenios es el Gobierno Regional, pudiendo delegar la misma a la Dirección Regional de Educación, previo informe técnico de la UGEL.
La gran interrogante es ¿qué ganan estas instituciones privadas y la Iglesia católica al hacerse cargo de una problemática estructural del Estado? Obviamente que persiguen un fin económico y político, a pesar de que manifiesten que no se perderá la gratuidad de la enseñanza. ¿Cuál será la ayuda si la norma precisa que el mantenimiento y los sueldos del personal docente y administrativo seguirán siendo asumidos por el Estado?
En realidad, el convenio faculta al ente privado a proponer el personal directivo, jerárquico, docente, auxiliares y administrativos, con lo que pasaría a controlar la planilla de la institución y para garantizar su “éxito” también se encargarán de la capacitación a los docentes formándolos en su visión privatista neoliberal. Además, determinarán la tercerización de la empresa que se encargue de la limpieza, mantenimiento, comedor, cafetines, etc., cuyo pago deberá asumir el Estado. Un negocio redondo.
Si en algún momento el convenio no fuera bien visto por el Estado, ellos están facultados para llevar la controversia a un arbitraje, deslizando la pregunta, ¿es posible que una institución privada invierta mucho tiempo y dinero para ganar un arbitraje por un convenio no lucrativo, o es que en realidad se trata de instituciones privadas de lucros sin fin?
Nuestro Partido, hoy en la dirección del Gobierno Regional Junín, rechaza contundentemente la R.M. N° 326-2020-MINEDU que privatiza la educación pública.
Antonio Gramsci decía que coexisten dos formas de Estado en una nación. En el Perú sería el Estado Restringido que es el habitualmente conocido por nosotros, conformado por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, pero también existe el Estado Ampliado, conformado en su extensión privada por los grandes empresarios y en su extensión social, conformado por la llamada Sociedad Civil representada por las ONG. El primero solo es la avanzada del segundo que detenta todo el poder.
Hace pocos días sostuvimos un conversatorio virtual por las redes, por no decir una polémica con el exgobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz Benavides (**), quien es un defensor del sistema neoliberal y por ende del Estado Ampliado. La conversación fue alturada y respetuosa.
Cillóniz decía que el problema del país era el Estado obsoleto y que este había fracasado, que había que reducirse la planilla burocrática y combatir la corrupción como el tráfico de influencia, ejemplificando con el caso Richard Swing. Está convencido de que el único componente que genera riqueza y prosperidad en el país es el sector empresarial privado, y es partidario de que el Estado sea más reducido y desprovisto de mayores facultades, en otras palabras, que el inversionista privado, nacional o extranjero, debe hacerse cargo de la vida de la nación.
Mi postura fue que, si el Estado ha fracasado, como lo sustenta Cillóniz, es casualmente porque es dirigido por los empresarios privados, aspecto que él niega. Sin embargo, es fácil demostrar, una vez electo el Presidente este elige a sus ministros empresarios. Pedro Pablo Kuczynski fue ministro de Economía y luego presidente, fundador de la empresa Westfield Capital y First Capital; el actual presidente, Martín Vizcarra, es fundador de la Sociedad Empresarial G y M Vizcarra; el padre y el hermano de la ministra de Economía, María Antonieta Alva, son accionistas de la empresa Hidroenergía Consultores en Ingeniería S.R.L; el ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui Zevallos, director de Inmobiliaria Parque de Paz, propiedad de su padre, consultor del BID, director en Turmalina Metals Corp y Cañariaco Cooper Peru y vicepresidente de la compañía sudafricana Golds Fields. Así sucesivamente haríamos una larga lista. Todos ellos trabajan para favorecer a sus pares y viceversa, pues este es el famoso Estado Ampliado.
Cillóniz cree que el problema del Estado es la corrupción, pero que selectivamente lo encuadra en el tráfico de influencias, que es importante, pero no principal. El problema no son los “Richard Swing”, que no pasan de ser cortinas de humo, la gran corrupción viene de los contratos ley que el Estado no puede (ni quiere) modificarlos, y de la apropiación de nuestros recursos energéticos. Ahí se exoneran de impuestos, canon, sobrecanon, derechos de vigencia, devolución de impuestos, entre otros, que en realidad son un enorme robo al país.
Cillóniz también mostró una estadística sobre la recaudación del Estado, iniciada con el mandato de Fujimori, la misma que se había incrementado sostenidamente, pero lo que rebatí fue que eso que llama “éxito” solo corresponde, en parte, al 30% de las utilidades dejadas por las transnacionales porque ellos se llevan el 70%, y que la recaudación tenía que ser, en realidad, tres veces más. Además, la solución no parte por la recaudación, sino por quién administra lo recaudado, obviamente no es el pueblo peruano.
Afirmé que el Estado peruano contaba con cerca de 70 mil millones de dólares de reservas en el BID y que no se hacía uso de ello prefiriendo el endeudamiento. Cillóniz rebatió mi postura afirmando que el monto era cierto, pero que no se encontraba solo en el BID, sino que estaban invertidos en bonos, lingotes, préstamos, etc. Cillóniz es ingeniero en economía y sabe lo que dice. Pero, en realidad, lo que nos dijo fue que no hay reservas y no pasa de ser un eufemismo para engañar al pueblo, porque si están invertidas entonces no existen las reservas, la cosa es clara. Es lo mismo que sucedía con FONAVI y sucede con las AFP y ONP, donde nuestros fondos fueron prestados a los bancos.
Me sorprendió que abogue por la medicina y la educación gratuitas y por un sistema único entre Minsa y EsSalud, aspecto que compartimos, pero obvió al sistema privado de salud. A esto le recordamos que el Estado, mediante su Ministra de Economía, se opone a darle el 6% del PBI a Educación, y de Salud mejor no hablamos, porque tienen otras prioridades.
Cillóniz dijo que eso del “imperialismo” era solo un pretexto, pero le recordamos que los diez puntos del Consenso de Washington están recogidos en el Régimen Económico de la Constitución de 1993 y que, si no se cambia la misma, en el Perú no se cambia nada.
Finalmente, algo en que coincidimos plenamente fue cuando afirmó que la vacuna por él es bienvenida, aunque sea rusa, cubana, norteamericana o inglesa, aspecto que saludo porque los empresarios del Estado Restringido y del Estado Ampliado no piensan igual.
