«Cerrón no está muerto: el cadáver político que muchos quisieran enterrar sigue caminando»
Por: Tacho Robles Aliaga
En el Perú, donde la clase política hiede a cinismo y doble moral, no faltan aquellos que, desde sus cómodas tribunas mediáticas o desde los escaños del poder, repiten como loros amaestrados que Vladimir Cerrón es un “cadáver político”. Lo dicen con la soberbia del que cree que una sentencia o una persecución judicial bastará para borrar la ideología, los errores personales para deslegitimar un proyecto político, y las portadas pagadas para manipular la memoria de un pueblo. Pero la realidad, como siempre, les escupe en la cara: Cerrón no solo no está muerto políticamente, sino que sigue marcando el debate ideológico del país, incómodo para la derecha bruta y achorada, y para una izquierda vendida y tibia que se subió al carro de la difamación de los medios mermeleros.
¿Cadáver político, un hombre que, desde el exilio político, sigue manejando los hilos de un partido con inscripción vigente, cuadros organizados en todo el país y representación en el Congreso? ¿Cadáver político alguien que logró poner a un maestro rural en Palacio de Gobierno, contra toda la maquinaria del dinero, los medios, la oligarquía limeña y los partidos tradicionales? Si eso es estar muerto, entonces el Apra ya está en estado fósil y el PPC es solo una cáscara hueca.
La desesperación por declarar muerto a Cerrón no es inocente. Obedece a un temor: el de que el “cadáver” reviva electoralmente en 2026, o que sus ideas —antineoliberales, soberanistas, populares— prendan nuevamente en un país con más del 70% de su población harta del modelo económico, del centralismo limeño, de los salarios de hambre y la política de rodillas frente al capital transnacional. Temen que, incluso fuera de carrera electoral, Cerrón siga siendo un símbolo —cuestionado, odiado por algunos, pero también respetado y respaldado por otros— del cambio profundo que el Perú aún no ha tenido.
Mientras tanto, los verdaderos zombis políticos caminan sueltos: Lourdes Flores Nano queriendo regresar como senadora, Keiko Fujimori postulando por cuarta vez, Alan García convertido en mártir por una prensa decadente, y un Congreso con 130 muertos vivientes que solo legislan para sí mismos.
Cerrón podría estar judicialmente inhabilitado, pero su influencia política sigue vigente. No lo entierran porque no pueden. Lo quieren muerto porque les recuerda que el pueblo, incluso manipulado, puede un día decir basta. Y esa es una amenaza que los vivos del poder no están dispuestos a tolerar.
Conclusión:
El verdadero “cadáver político” no es Vladimir Cerrón. Son los partidos que no representan a nadie, los políticos que viven del Estado y las ideas que ya no convencen ni a sus propios autores. Cerrón es una figura incómoda, sí, pero mientras incomode al poder, estará más vivo que nunca.
Ni traidor ni vendepatria: Cerrón es el blanco porque no se arrodilla
Por Tacho Robles Aliaga
Mientras los corruptos de siempre se reparten el país a dentelladas, hay quienes todavía tienen la desfachatez de apuntar su dedo acusador contra Vladimir Cerrón, tildándolo de traidor, ladrón o “aliado” del fujimorismo. Esa narrativa repetida por fujis, caviares, mermeleros y cobardes disfrazados de izquierda no solo es miserable: es peligrosa. Porque no solo ataca a un hombre, ataca a un proyecto histórico de transformación radical que jamás se doblegó ante la oligarquía.
¿Quién es el verdadero traidor?
¿Cerrón, que fue el arquitecto del triunfo popular del 2021, llevando a Pedro Castillo —un maestro rural— a la Presidencia de la República? ¿O Castillo, que después de escalar con el respaldo del pueblo organizado, lo traicionó de la manera más vulgar, diciendo que Cerrón “ni de portero”? Y, sin embargo, Cerrón no respondió con una puñalada, respondió con principios. Jamás cambió de trinchera, jamás dejó de predicar el marxismo, el leninismo y el pensamiento de Mariátegui, incluso mientras lo arrastraban por las cloacas del lawfare.
Mientras tanto, los verdaderos traidores están libres, blindados, gobernando. Dina Boluarte, producto directo del golpe oligárquico y militar, asesinó a más de 70 peruanos, la mayoría jóvenes pobres, que protestaban por justicia. ¿Y dónde estaban los “izquierdistas” de cartón? Callados. ¿Dónde están ahora? Acusando a Cerrón de “vendido” porque no se inmola en soledad.
El Poder Judicial no es independiente: es una trinchera de los poderosos
El mismo sistema podrido que blindó a Keiko, a Alan, a Dina, a López Aliaga y a toda la calaña empresarial que ha saqueado este país, es el que hoy persigue a Vladimir Cerrón. ¿O acaso nos vamos a tragar el cuento del “debido proceso”? La justicia en el Perú es una farsa digitada por el poder económico. Cerrón no pactó con el fujimorismo: está enfrentándolo con las pocas herramientas que le quedan, entre un pueblo dividido y una izquierda timorata que prefiere la pureza estéril antes que la resistencia organizada.
Luchar no es llorar: es pelear con uñas y dientes
El enemigo no es Cerrón. El enemigo es el aparato mafioso que tiene secuestrado el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la JNJ y la prensa, todo al servicio de una minoría rica y asesina. A Cerrón lo quieren ver muerto o preso porque no se arrodilla, porque sigue pensando como pensaba, porque no ha vendido su discurso como tantos “progresistas” de boutique.
Y, sin embargo, hay sectores de la izquierda que, en vez de cerrar filas, se dedican a disparar hacia adentro, a dividir, a intoxicar, a servir de idiotas útiles al fujimorismo. Mientras los de la derecha se unen, los nuestros se matan por egos, purismos o resentimientos. Y eso es exactamente lo que ellos quieren: una izquierda débil, fragmentada, sepultada entre rencores.
El 2026 no será una elección: será una batalla por la supervivencia
O llegamos unidos, o nos aplastan. No hay más. El fujimorismo no duerme. La derecha golpista está organizando su continuidad a sangre y fuego. Y si la izquierda no despierta, no se organiza, no se unifica, la derrota será total. No es momento de purezas, es momento de estrategia. No es tiempo de dividir, es tiempo de resistir.
A Cerrón lo atacan porque le temen. Porque representa aún la posibilidad de una organización popular con raíces ideológicas claras. Porque su permanencia como figura política molesta a todos: a la derecha corrupta, a la izquierda sumisa, a los medios comprados.
Que hablen, que griten, que calumnien. Pero no podrán con la verdad ni con la historia. Cerrón no está solo. Cerrón no ha sido derrotado. Cerrón es, para muchos, el último bastión de una izquierda con dientes.
El año 2021, el partido Perú Libre postuló a Pedro Castillo como presidente de la república, producto de una alianza entre el partido y el sindicato magisterial, ganando las elecciones generales y logrando la bancada parlamentaria más numerosa de treinta y siete congresistas, entre perulibristas y maestros.
A los escasos diez meses, en mayo de 2022, el ala magisterial de la bancada decidió fracturar la unidad por orden del mismo presidente Castillo, creando el Bloque Magisterial de Concertación Nacional. Esto trajo dos consecuencias inmediatas: primero, el fujimorismo pasó a ser la primera minoría, es decir, la bancada con mayor número de integrantes en el Parlamento, quienes premunidos de esta ventaja impulsaron la vacancia de Castillo. Segundo, precipitó la expulsión de Castillo del partido Perú Libre, el mes de junio de 2022, por su accionar subrepticio, perdiendo su apoyo primigenio.
La bancada magisterial, como ente disidente, debió percatarse de que su accionar no era más que un acto de traición a Perú Libre y su programa de gobierno. Como todo acto que nace de la deslealtad, el final ineludible era su disolución o extinción a mediano plazo, pues solo duró tres años y dos meses, porque en la política la mejor amalgama es la ideológica, sin la cual toda adhesión es temporal, volátil, inestable y peligrosa.
La ideología es la mejor arma de cohesión, porque esta no te fuerza a mantenerte al pie del cañón, a cambio de dinero u otro interés, sino que solamente exige convicción y consecuencia, nada más. Incorporado estos dos últimos valores, nada puede doblegarte; por el contrario, cualquier circunstancia que quiera descarrilarte, es rechazada con contundencia, consolidando tus convicciones.
Entonces, estamos frente a una bancada con un componente sindical sin convicción ideológica, sin consecuencia política, sin un programa de gobierno, acostumbrado a luchar solo para obtener reclamos coyunturales y reivindicativos a corto plazo, pero sin ningún objetivo a largo plazo, como para conducir los destinos de un Estado o un poder de este.
Los intereses del grupo la fueron diluyendo, la poca capacidad de análisis del fenómeno político y la escasa comprensión del enemigo, los llevó a alzar la mano contra Perú Libre, partido que los había llevado al poder. El sentirse por «encima del pueblo, del partido y los camaradas», aprovisionados de sus altos sueldos, los hizo cambiar su psicología, siendo que esta nueva realidad material los transfugó hacia los partidos más reaccionarios sin asco alguno, terminando por engrosar las filas de las bancadas derechistas como las de Podemos Perú o Somos Perú, o peor, fungir de la bancada oficialista de Boluarte.
Para el magisterio peruano, tener un presidente de la república y la bancada más numerosa, constituyó una magnífica oportunidad histórica, que pudo haber transformado su propia realidad. Sin embargo, se comportó como un experimento deplorable, un ejercicio de transfuguismo y una gran decepción histórica, sumándose a golpear a los profesores, hasta entonces solo golpeados por la oligarquía.
La lección tardíamente aprendida, aunque infinitamente advertida por los clásicos marxistas, es que al sindicato no se le puede pedir la consciencia, disciplina y seriedad que se le exige a un partido, porque no lo es. No basta que la extracción y situación clasista del maestro sea proletaria, campesina o clasemediera emergente, para garantizar su combatividad, pues hace falta explorar su posición clasista, lo que realmente lo definirá como revolucionario o reaccionario.
Es posible que, un gremio burocratizado, sea incluso más reaccionario de lo que parece y que la revolución venidera no debiera confiar ciegamente en ninguno, tras esta penosa experiencia, pues si esto pasa con el magisterio, el ente supuestamente de avanzada, no podemos esperar algo diferente de los otros.
Fiscal de la nación Delia Espinoza interpelada por presunto delincuente
Vladimir Cerrón
Hace algunas horas la fiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, fue víctima de una celada en una plataforma virtual, en la que sorpresivamente fue confrontada a debatir con un presunto delincuente de alto perfil, Henry Shimabukuru, quien hizo el papel de fiscal y ella de imputada, teniendo que responder a sus interrogantes. ¡Increíble!
En la emboscada, para salir del apuro, con evidente incomodidad, la fiscal manifiesta que soy un prófugo debido a una sentencia. Aclaro a la señora que sobre mi persona no pesa ninguna sentencia. La última que tuve fue revocada por arbitraria e insostenible, siendo ABSUELTO por la Corte Suprema hace meses.
En esta ocasión enfrento un pedido de prisión preventiva, negándome a acatar una resolución judicial motivada políticamente, así como usted no acata una resolución de la JNJ, que da por concluido su cargo de fiscal de la nación, por considerarla arbitraria.
Empero, a diferencia suya, mi desacato no es considerado un delito, por estar considerado dentro de la excepcionalidad: «salvo que se trate de la propia detención», pero en su caso sí lo es, aunque a usted no la procesan, no la persiguen, porque abusa del monopolio de la impunidad, cuando debiera ser la primera encartada a cumplir con la legalidad.
Fue una mañana que, como todos los días, lo recogió el chofer de la universidad en el vehículo oficial, una camioneta celeste doble cabina al servicio del vicerrectorado. Pasaron cinco minutos para que un vecino golpeara fuertemente la puerta e insistentemente exclamara: “¡algo le ha pasado a mi vecino!”. Inmediatamente, vino a mi mente que a mi padre lo habrían baleado en el vehículo, pero no fue así, fue peor.
Mi madre y yo salimos al llamado, corrimos hasta la vuelta de la esquina, encontrándonos con el siguiente escenario: tanto mi padre, como el chofer, fueron secuestrados, por hombres que descendieron de una camioneta e interceptaron el vehículo de la universidad, además de haber otros más a pie que los encañonaron directamente.
Los trasladaron de vehículo a la fuerza, mi padre fue subido a la cabina de la otra camioneta y el chofer a la tolva. Los secuestradores se distribuyeron en ambos espacios con pistolas y mini ametralladoras, para luego desaparecer raudamente. La camioneta de la universidad quedó abandonada, con las puertas abiertas y sin la llave. Era una gélida mañana del viernes 8 de junio de 1990, en la ciudad de Huancayo, zona de emergencia, donde la autoridad civil fue reemplazada por la militar.
Recurrimos a las autoridades, policiales, militares, fiscales y políticas, pero para ellos fue motivo de indiferencia, burla e intentos de coimas. Comprendimos que el Estado nos había abandonado. Ante los hechos, emprendimos una búsqueda de los secuestrados, con las autoridades universitarias y estudiantes, en las dependencias policiales y militares de Huancayo, Pampas, Lima y Cerro de Pasco. Todos nos negaban información y, peor aún, autoría.
Fueron diez días de búsqueda incesante, en el intervalo ingresó a casa una llamada telefónica que yo la contesté, me presenté a solicitud del interlocutor anónimo, quien me dijo: “tu padre está con nosotros, lo tenemos redactando documentos, comunícanos con tu madre”, les dije que estaba solo y que volvieran a llamar más tarde. En la esperanza de encontrar a mi padre vivo y ante la desprotección de las autoridades estatales, accedimos a la extorsión y nos dieron instrucciones para entregarles una suma exorbitante de dinero, que mi madre recolectó con ayuda del colegio donde era maestra.
Nos citaron en la Empresa de Transportes Jara, en Paseo La Breña, y llevamos su requerimiento, de un total de veinte millones de intis solicitados, entregamos diecinueve. El encargado de recibir fue José Lucen Torres, un joven empleado, y nos dijo que el dinero era para un señor militar de apellido Jara. Quizás él no sabía de qué se trataba, porque hasta nos firmó un recibo en un boleto de pasaje, cuyo original mantengo en mi poder.
Pasaron los días y no aparecían los secuestrados. A los diez días, el 18 de junio, por la noche, recibimos una llamada telefónica del director del diario Correo de Huancayo, Nilo Calero Pérez, citándonos a su oficina, para reconocer unas fotos que ellos habían tomado en una quebrada descampada, donde se apreciaban dos cadáveres, cuyos rostros estaban parcialmente cubiertos con chalinas negras. Al instante los reconocimos, eran mi padre y el chofer, torturados, mutilados y acribillados, probablemente el mismo día del secuestro.
Al encontrarlos, en el paraje de Aramachay o Tierra Blanca, distrito de Sincos, provincia de Jauja, terminó nuestro dolor agudo causado por la ansiedad de no encontrarlo, pero empezó nuestro dolor crónico ante la sistemática impunidad de su crimen. Mi madre participó del levantamiento de cadáver y la necropsia, trajo a mi padre de vuelta a casa y, con la valentía que la caracteriza, nos prohibió espectáculos de lástima.
El 20 de junio, a pesar del estado de emergencia, mi padre y el chofer, fueron llevados en hombros, escoltados por una multitud de miles de acompañantes y tropas de zampoñas, como contundente forma de protesta popular, hasta su última morada. Nunca olvidaré que, en todo el trance, desde la Municipalidad de Huancayo hasta el Cementerio General de Huancayo, por toda la calle Real y el Paseo La Breña, cayeron del féretro oscuras gotas de sangre sobre el asfalto. Pero, ahí la pregunta que inmediatamente exigía una respuesta coherente ante los sucesos y la historia: ¿quién era Jaime Cerrón?, ¿por qué lo mataron?
Jaime fue un hombre de extracción campesina, muy a pesar de que mi abuelo había sido alcalde dos veces en el pueblo y la familia gozaba de cierta trascendencia. En su época juvenil fue contador mercantil y escribano de Estado. Como me dijo alguna vez, quizás ahí hubiese quedado su vida, hasta que surgió lo impensable: la fundación de la Universidad Comunal del Perú, el 16 de diciembre de 1959. Creada en el Gobierno de la Convivencia, a partir de una iniciativa de los campesinos del sur del valle, pero usurpada en propiedad privada por Ramiro Prialé y compañía, con la complicidad del presidente Manuel Prado.
Los estudiantes, al enterarse de la existencia de la hasta entonces clandestina Escritura Pública 371, con la que se descubre que la universidad no era comunal, sino una propiedad privada con derecho a herencia de los más altos dirigentes apristas, empezaron una lucha que involucró a las fuerzas vivas de Huancayo. Y, agrupados en un frente antiaprista, lideraron tres marchas de sacrificio a Lima, llegando a nacionalizarla el 2 de enero de 1962.
Jaime, como miembro de la primera promoción de la universidad, asumió los cargos de secretario general del Centro Federado de la Facultad de Educación y posteriormente la de presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú (FEUNCP), en representación del Frente Estudiantil Revolucionario (FER). Indudablemente, fue uno de los líderes de la nacionalización, que le devolvió al pueblo su alma mater; desde entonces, sería considerado un enemigo declarado del Partido Aprista Peruano.
Egresado de la universidad en 1965, ejerció la docencia y fue electo secretario general del Sindicato Regional de Profesores de Educación Secundaria Común (SIRPESCO), cuya jurisdicción comprendía Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho, ante la aún inexistencia del SUTEP, recién fundado el 6 de julio de 1972.
En 1969, invitado por los estudiantes, Jaime llega a la cátedra universitaria, renuncia a todo activismo político, nunca militó en algún partido y se dedicó enteramente a su labor de maestro de Filosofía y Ciencias Sociales. Ocupó cargos de director de Bienestar Universitario, decano de la Facultad de Pedagogía y Humanidades, y de vicerrector de la Universidad Nacional del Centro del Perú.
Su llegada al último cargo ocupado, se da en una época convulsa, de guerra interna, guerra civil o época de terrorismo, como quieran llamarlo, circunstancia que lo lleva a declinar de su postulación al rectorado, ante la posibilidad inequívoca de un incremento de la represión a la comunidad universitaria, que el gobierno del Apra, partido que lo consideraba su enemigo, y sus comandos paramilitares, con Alan García al frente, habían iniciado.
Es cierto que la universidad estaba cerca de caer en la hegemonía senderista, aunque tampoco la tenían fácil. En realidad, la casa de estudios se había convertido en un polvorín, en un centro de disputa académica, política y, por qué no, hasta militar, entre Sendero Luminoso, el MRTA, el Comando Rodrigo Franco, los servicios de inteligencia estatal y las propias fuerzas armadas y policiales que intervenían constantemente el campus.
Todo esto conllevó un saldo aproximado de 250 estudiantes, entre asesinados y desaparecidos, además de 10 profesores y 15 trabajadores no docentes ejecutados extrajudicialmente. Esta magnitud de represión no ocurrió ni siquiera en la Universidad de Huamanga, menos en la Universidad La Cantuta o San Marcos. Empero, la represión en las universidades capitalinas se magnificó en los medios, mientras que en las provincianas se silenció. El centralismo de las instituciones de Derechos Humanos no pudo ser más evidente, pudiendo calificarse sin dudas como clasismo y, en el extremo, llegando a sospechas de complicidad.
Esto nadie me lo contó, fui testigo como estudiante de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, sentí con dolor la desaparición, deserción y muerte, de mis compañeros de estudio. Estaba claro que, bajo estas condiciones, todo miembro de la universidad huanca era un potencial sospecho, y, seguramente, para el gobierno aprista, Jaime Cerrón sería sin duda un presunto subversivo.
En resumen, la muerte de Jaime Cerrón no es más que la expresión material de la lucha de clases. Su extracción campesina, su liderazgo estudiantil universitario, su pasado de líder magisterial, su condición de profesor de filosofía materialista, su producción intelectual y su ascenso como autoridad de una universidad pública, eran elementos suficientes para situarlo como un hombre del lado del pueblo. Los rumores de una presunta militancia subversiva, no fueron más que el pretexto profiláctico creado por el partido de gobierno, que siempre quiso eliminarlo.
He tenido la oportunidad de investigar, escribir y publicar, acuciosamente sobre los gobiernos rectorales de la Universidad Nacional del Centro del Perú, desde el gobierno de Javier Pulgar Vidal hasta el de Jesús Sánchez Marín, por tanto, tengo alguna autoridad para realizar un balance del impacto político de lo que significa el actual rectorado de Amador Vilcatoma Sánchez sobre nuestra comunidad.
Hace muchos años que la universidad peruana perdió su liderazgo en la sociedad peruana al pasar de un ente dinámico en la investigación, formación y proyección, a ser una institución paquidérmica e indiferente, sin el menor liderazgo, donde cualquiera puede ser autoridad y encomendarle nuestros destinos. Peor aún, estamos distanciados años luz para ser una institución líder que combine sus tareas con el deporte, la cultura y el trabajo manual.
La UNCP específicamente se ha desarrollado gracias a la izquierda y su lucha se resume en cuatro palabras: “Lucha Contra El Apra” y lo demostraré brevemente. Su creación en el año 1959, fue impulsada por las comunidades campesinas del sur, pero se funda con la Escritura Pública 371, donde los “intermediarios” Ramiro Prialé Prialé, Javier Pulgar Vidal, Jesús Véliz Lizárraga y Jesús Solís Rojas, se adjudican la institución en propiedad privada, usurpando la paternidad comunal.
Su nacionalización en 1962, fue una obra del Frente Estudiantil Revolucionario |FER|, que expulsó del rectorado a los apristas del sólido norte, Pulgar Vidal, Arroba Niño y Carranza Márquez; su reorganización, primer estatuto, cuentas saneadas, archivos legales y declaratoria de principios, los hizo el rector Efraín Morote Best.
La toma u ocupación del terreno “donado” por el empresario minero Benavides de la Quintana lo comandaron los rectores Adriel Osorio Zamalloa y Morote Best; la ciudad universitaria fue construida por el presidente Juan Velasco Alvarado, un gobierno nacionalista popular; la Facultad de Medicina Humana, la Escuela de Post Grado, la Facultad de Periodismo, las Especialidades de Inicial y Primaria y la Facultad de Ingeniería de Sistemas, fueron creadas el año 1990, por el rector Rodolfo Vizcardo Arce.
En este último tramo invocado, se tenía en mente crear las facultades de Derecho y Artes, pero la universidad fue severamente reprimida por el gobierno aprista de Alan García y su heredero político Alberto Fujimori, con el lamentable saldo de 250 estudiantes, entre asesinados extrajudicialmente y desaparecidos; 10 profesores; y, 15 trabajadores no docentes.
Últimamente, con la bancada de Perú Libre se logró destrabar la construcción de la infraestructura de la Facultad de Ingeniería Civil, se tramita la ampliación del terreno de ciudad universitaria, se logró la Compensación por Tiempo de Servicios, el nombramiento excepcional y la aprobación de la homologación para los docentes universitarios.
Después de la masacre en la guerra civil, los gobiernos rectorales de derecha retomaron el poder, confabulándose con Fujimori para el castramiento intelectual del estamento estudiantil al cambiar el currículo, lo que llevó a la universidad a convertirse en un “kindergarten”, ocasionando que la emprendida carrera de caballos termine en una parada de burros.
Es en esa parada, que encontramos a rectores como Amador Vilcatoma Sánchez, sin ninguna trascendencia en su mandato, sin liderazgo, sin misión científica, política, ni social, en la universidad. Es el típico rector que parió la posguerra vivida por el país en los años 80 y 90, el que no quiere meterse en “problemas”, quien les dice a los alumnos que la universidad solo sirve para estudiar, quien necesita esconderse en las faldas del Poder Judicial para ejercer sus tareas de oficio, el inconfundible pusilánime que se arrincona frente a un periodicazo de la burguesía para “quedar bien”, conducta del típico “calzonudo”.
Esta es la razón que asiste como insumo para entender por qué el rector Amador Vilcatoma está en contra de la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Chupaca y de la Universidad Nacional de Jauja, además de despotricar el Ciclo Cero, que acaba con las mafias que han privatizado la educación en el nivel preuniversitario. Considera que todas afectan su feudo, del cual ahora se cree el Señor.
Es de conocimiento público que, por razones políticas, fui sentenciado el año 2019 por negociación incompatible, lo que trajo como consecuencia que, en aplicación de la ley universitaria, sea separado de mis labores de docente nombrado de la UNCP, así como es de conocimiento que el Tribunal Constitucional el 3 de diciembre de 2024 anuló la sentencia en todos sus extremos, motivo por el cual pedí mi reincorporación a la Facultad de Medicina Humana.
Esto fue seguido de una contracampaña mediática de los empresarios y banqueros que controlan su propia prensa, terminando por reducirle los niveles de testosterona al rector Amador Vilcatoma. Esto lo afirmo porque, según Asesoría Legal, el proyecto de resolución para mi reincorporación recomendaba declararlo fundado, pero el rector ordenó al asesor legal cambiar su informe para declarar lo contrario.
La justificación del rector, según mi fuente, fue: “¿qué dirá la prensa nacional? Además, no tengo plaza, ni presupuesto”, justificando en el extremo: “en las resoluciones que adjunta a su solicitud de reincorporación el juez no me obliga a reponerlo. Mejor esperemos una orden judicial para no tener problemas”. Pero algo tenía que decir la resolución denegatoria, no podía dejarse de responder, entonces decidió recurrir a medias verdades, que, en realidad, son falsedades.
Refiere, según los medios, porque hasta ahora no me ha notificado la resolución, que mi destitución nunca se impugnó, pero en caso extremo, no hubiese sido así, no es trascendente, para los efectos legales, pues la destitución se hizo aplicando la ley universitaria y fui separado por un caso extrínseco a la universidad.
Alega que en el registro web de SERVIR que aún me encuentro inhabilitado. Así sea cierto, una página web desactualizada no puede estar por encima de una resolución de la Corte Suprema de Justicia que levanta taxativamente la inhabilitación. Es más, en la misma web, existe el ícono para descargar por qué es la inhabilitación y es fácil confirmar que se trata de la misma sentencia anulada por el TC.
Finalmente, alega que tengo una prisión preventiva por el caso Dinámicos del Centro, cuando ni siquiera tuve una comparecencia restringida. Y, si así fuera, en el extremo, la ley universitaria faculta la destitución de la docencia solo en sentencia por delito doloso y no por prisión preventiva. Esta es la mayor aberración jurídica. Aquí lo único firme es la pusilanimidad del rector.
Impugnaré la resolución, que sorprendentemente fue filtrada a la prensa, reafirmando su carácter mediático y político. El tema es claro, fui destituido por una sentencia judicial en mérito a la ley universitaria, la misma que hoy está anulada, por lo que debo ser repuesto con la misma norma.
Yuri Castro Romero Esta semana que termina ha sido de las más fructíferas para la carrera política del Dr. Vladimir Cerrón. No solo ha recibido dos sentencias a su favor en dos de los casos emblemáticos por los cuales la caviarada y los grandes medios de comunicación se llenaban la boca diciéndole sentenciado por corrupción y, en otros casos, tildándolo de corrupto. Analicemos caso por caso: La reciente sentencia emitida por el juez César San Martín sobre el caso «Aeródromo Huanca,» que involucraba al Dr. Vladimir Cerrón, ha levantado polvo. Los detractores del Dr. Vladimir no pueden tildar al juez San Martín de fujimorista, mucho menos de cerronista, ni tampoco de estar coludido con la Sra. Dina Boluarte (que es lo que han querido vender con su adjetivación de fujicerronismo). Recordemos que el Sr. San Martín es el mismísimo juez que sentenció al sátrapa Alberto Kenya Fujimori Fujimori, dicho fallo, lo catapultó como Dios de los caviares y como un reputado juez y defensor de los derechos humanos para los que no lo éramos, no solo en Perú, sino también por la comunidad internacional. En esta casación, la Corte Suprema (máxima instancia judicial en el país), ha señalado que no se ha probado el acto colusorio por parte de la fiscalía; es decir, que no se puede sentenciar con pena de cárcel a alguien sin tener pruebas. Con lo cual lo han absuelto, es decir, lo han declarado inocente de los cargos imputados. Eso es lo que les duele a los enemigos políticos de Cerrón: el no poder tildar de amañada la sentencia del juez San Martín. En otro revés para los detractores del Dr. Cerrón, el Tribunal Constitucional le ha dado la razón a la defensa de Cerrón en el caso del saneamiento de Orolla. En este caso, el TC señala que no se le ha llevado un debido proceso y que, al haber un juicio viciado, este debe volver a foja cero. Como recordamos, en este caso, esta obra fue licitada en el gobierno del expresidente regional de Junín Vladimiro Huaroc (anterior al de V. Cerrón). El Sr. Huaroc fue vicepresidente de la plancha presidencial de Keiko Fujimori, a quien la fiscalía ni siquiera incluyó en la denuncia, limpiándolo de polvo y paja, cuando él (Huaroc) era el principal responsable de la demora en la ejecución de la obra, por lo cual la empresa solicitó que se le pague adendas (sobrecostos), ya que se vieron obligados a paralizar la obra debido a que el proyecto no tenía el certificado de no existencia de restos arqueológicos en el trazo de la misma. La pregunta debe ser: ¿de quién es la culpa de que ese certificado no estuviera en el proyecto? ya que, debido a ello, la obra tuvo los retrasos señalados, vinieron las lluvias y con ellas las inundaciones de las zanjas y demás daños, sin contar con el concerniente sobrecosto por maquinarias Por consiguiente, la empresa solicitó que se le reconozcan los sobrecostos y los valorizó en un millón seiscientos mil soles, a lo que la procuraduría del estado llegó a una conciliación extrajudicial y llegaron a un acuerdo con la empresa de que el importe a pagar sea de ochocientos cincuenta mil (casi la mitad del monto solicitado por la empresa). El resto ya es historia conocida: al Dr. Vladimir Cerrón lo sentenciaron indebidamente, lo sacaron de su cargo como gobernador regional, perdió su plaza de médico nombrado en ESSALUD y, además, perdió su cátedra en la UNCP, en la que formaba a nuevos médicos para salvar vidas. Con estos dos triunfos legales, el Dr. Vladimir Cerrón tiene el camino expedito para ser candidato en las próximas elecciones, ya que ambas sentencias han sido revocadas. Por último: como cereza del pastel, en una entrevista televisada, el secretario nacional de prensa de Perú Libre, Richard Rojas, al igual que ya lo habían hecho antes el vocero de la bancada, Flavio Cruz Mamani, y otros congresistas de su bancada como Américo Gonza, Kelly Portalatino, Isaac Mita, María Agüero, entre otros, han señalado claramente que el Dr. Vladimir Cerrón es el candidato natural de su partido para las próximas elecciones de 2026. Esta noticia ha generado reacciones diversas, donde algunos están llorando por la noticia, otros buscan la forma de censurar a Cerrón de las próximas elecciones. El congresista Montoya ha señalado que el Congreso no debe permitir la postulación de un comunista en las próximas elecciones (como se observa, el talante democrático no es característica de la ultraderecha). Sin embargo, otros como el Sr. Phillip Butters y Jorge del Castillo del APRA, en el programa del primero en PBO, han expresado su deseo de debatir con el Dr. Vladimir Cerrón en una próxima contienda presidencial. Así está el panorama actual de las próximas elecciones; espero ver cómo se va desarrollando en los próximos días.
CORTE SUPREMA ABSUELVE A VLADIMIR CERRÓN POR CASO AERÓDROMO WANKA
Después de una ardua batalla jurídica, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, máximo ente de la judicatura peruana, absolvió a Vladimir Cerrón del delito de colusión simple en el caso conocido como Aeródromo Wanka.
Vladimir Cerrón fue sentenciado en primera instancia por el juez Guido Reynaldo Arroyo Ames, con la Resolución N° 39 de fecha 07 de febrero de 2023, a cuatro años de prisión efectiva y al pago de dos millones de soles como reparación civil, por el delito de colusión simple. Esta sentencia fue apelada.
En segunda instancia, el colegiado integrado por los jueces Walter Chipana Guillén, Carlos Richar Carhuancho Mucha y Roberto John Meza Reyes, el día seis de octubre de 2023, a través de la Sentencia de Vista Nro. 045-2023-SPTEDCF/CSJJU/PJ, ratificó la sentencia condenatoria, pero reformándola a tres años y seis meses de prisión efectiva y a un pago de 800 mil soles de reparación civil.
Recurrida esta en casación a la Corte Suprema de Justicia, la Sala Permanente de Apelaciones, a través de la Sentencia de Casación N.º 3280-2023/JUNÍN, el juez César San Martín Castro absolvió a Vladimir Cerrón por dos consideraciones precisas. La primera fue que la prueba indiciaria, al no existir prueba directa, no aportó el elemento subjetivo que demuestre el interés de defraudar patrimonialmente al Estado al haber sido un caso trasnparente y público, alejado de toda clandestinidad. En segundo lugar, llega a la conclusión que las faltas administrativas no constituyen delito y esta de por sí no puede constituir un acto colusorio.
En conclusión la sentencia a Vladimir Cerrón fue ARBITRARIA, ILEGAL E INCONSTITUCIONAL. La casación de la Corte Suprema de Justicia llegó a la conclusión por unanimidad de que la sentencia del caso AERÓDROMO WANKA, en la Corte Superior de Junín, se realizó de manera ARBITRARIA. Fig. 1.
Además subraya la MALA VALORACIÓN DE PRUEBA INDICIARIA, concluyendo de que la SENTENCIA del caso AERÓDROMO WANKA, dado en la Corte Superior de Junín, NO SE PUEDE SOSTENER, puesto que los defectos administrativos no son delito, además de que no existe el elemento subjetivo de la presunta colusión. Fig. 2.
Poder político de magistrados debe eliminarse por reforma judicial
Vladimir Cerrón
El año 2019 fui sentenciado ilegalmente en el caso Saneamiento La Oroya, esto demostró que una sola persona, una juez unipersonal, podía tener más poder que los 221 mil 550 habitantes, quienes recientemente me habían elegido gobernador regional de Junín. La sentencia me inhabilitó políticamente, por lo que fui destituido del cargo y no pude postular en la fórmula presidencial el año 2021. Estaban satisfechos de su flamante poder político, decidir quienes gobiernan las regiones y el país. Pasaron de administradores de justicia a operadores políticos.
Este hecho fue denunciado, el 14 de julio de 2020, por el periodista Ricardo Uceda, con el titular: “El indefendible. El sorprendente caso de un radical de la izquierda, el exgobernador de Junín Vladimir Cerrón. Condenados sin pruebas por dos instancias. La justicia de las encuestas y el nuevo poder de jueces y fiscales”. Fue el primero en creer en mi inocencia y lo paradójico es que lo hizo desde una trinchera caviar, el diario La República.
El día de hoy, 19 de enero de 2025, el mismo periodista, publica un artículo similar: “Los fiscales encubiertos”, cuestionando duramente la labor de los jueces y fiscales, además de sus órganos de control, denunciando que el poder político mal habido de los operadores de justicia, que denunciara el año 2019, permanece intacto e impune, permitiendo el abuso de los magistrados “caneros”, quienes imponen prisiones preliminares y preventivas, en casos que no ameritan, para complacencia de las cámaras y de algún adversario político poderoso que no da la cara, y que los utilizan como mascarón de proa. Una vez más, lo paradójico de este artículo, es que lo hace desde la nueva trinchera caviar, el diario El Comercio.
El poder político de los magistrados nace a partir de la doctrina del lawfare creada en EE. UU. y aplicada en Latinoamérica con bastante éxito. En el Perú, las normas fueron introducidas por los congresistas caviares de períodos anteriores, quienes invistieron del marco legal necesario a los jueces y fiscales para crear los falsos positivos judiciales. Con estas facultades, pueden destituir, inhabilitar o encarcelar a cualquier político con solo una sentencia trucha en primera instancia, atentando al derecho constitucional de la presunción de inocencia y la pluralidad de instancias, aspecto que los posiciona por encima de la voluntad popular, haciendo del Estado un paraíso de la arbitrariedad y la antidemocracia.
El artículo concluye con la siguiente frase necesaria y premonitora: “Si estas instituciones (Fiscalía y Poder Judicial) no reaccionan de inmediato, introduciendo reformas radicales, el repudiado Congreso los va a reformar a su medida”, y parece que será así. Por lo pronto, la bancada de Perú Libre, está de acuerdo unánimemente por una reforma total del sistema de justicia en el país, contribuyendo a la extinción del deep state o estado oculto, que nos gobierna hace tres décadas.
SOBRE LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL CASO VLADIMIR CERRÓN
Prof. Dr. Raúl Pariona Arana
Abogado penalista – Profesor universitario
La decisión del Tribunal Constitucional en el caso “Vladimir Cerrón” (Exp. N° 174.2024-PHC/TC Junín)
Primero. El Tribunal Constitucional establece que el computo de la prescripción requiere determinar la naturaleza del delito contenido (instantáneo, continuado o permanente) y, aunado a ello, desde qué momento se inicia la prescripción. En consecuencia, la omisión de este extremo, al momento de realizar el cómputo, constituye una clara afectación al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.
Segundo. La sentencia refiere que el delito de colusión es un delito instantáneo, como lo asume la propia jurisprudencia del Poder Judicial. Este criterio constituye doctrina dominante. Por tanto, en virtud de las normas vigentes, el inicio del plazo de la prescripción es en el momento mismo de la consumación de la concertación.
Tercero. Respecto a la consumación de la colusión simple, el TC señala que ocurre en el momento del acuerdo colusorio. Los hechos posteriores, que constituyen indicios de la concertación, no pueden considerarse como punto de inicio para el cómputo de la prescripción.
Cuarto. En cuanto a los plazos de prescripción del delito de colisión simple, el Tribunal Constitucional enfatiza que no existe controversia. La prescripción ordinaria se da por seis (6) años y la extraordinaria a los nueve (9) años, debiendo adicionársele a este último plazo un (1) año en razón de la suspensión de la formalización de la investigación. Esta interpretación es conforme con los artículos 82°, 83° y 84° del Código Penal.
La justicia penal será legítima en la medida que se respeten las garantías del debido proceso, por ello, es bueno que los principios de la justicia de un Estado democrático de Derecho sean resguardados por la justicia constitucional.
